Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 13892
"VAZQUEZ MARCOS Y ORTIZ SILVINA RAMONA C/ FAZZIO NOEMI MARIA DEL CARMEN Y CAJA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
CAUSA MO-13892-10 R.S.313/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Diciembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "VAZQUEZ MARCOS Y ORTIZ SILVINA RAMONA C/ FAZZIO NOEMI MARIA DEL CARMEN Y CAJA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ” MO-13892-10, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDÁ-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada de fs.401/413?
A LA CUESTION PROPUESTA el Señor Juez Doctor JORDA, dijo:
Contra la sentencia definitiva de fs. 401/413 apelan los actores a fs. 421 y la demandada y citada en garantía a fs.420, expresando agravios ambas partes, vía electrónica.-
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda iniciada por el Sr. Marcos Vazquez y Silvina Ramona Ortiz, por daños y perjuicios, contra Noemí María del Carmen Fazzio por la suma total de $ 1.411.000.- haciendo extensiva la condena a Caja de Seguros S.A. dentro de los limites de la poliza.-
Tanto los actores como la demandada se agravian del fallo por entender los primeros, bajos los montos establecidos para indemnizar el daño físico, daño psicológico, tratamiento psíquico y daño moral. La demandada denuncia la falta de acreditación de las lesiones de los actores y sobrevaluación de los puntos de incapacidad física y el monto por alto, repudia la incapacidad psicológica y el tratamiento y sus valores por excesivos, asimismo rechaza la forma de cuantificar el daño moral, los gastos de farmacia, tratamiento kinésico, atenciones médicas y por último la aplicación de la tasa pasiva mas alta.-
1. Trataré en primer término la queja de la demandada respecto de los daños físicos y su monto .
En el expediente penal N° 10-01-002058-10 labrado en la UFI N° 2 consta a fs. 6 la declaración del Sr. Vazquez : “…que después de la colisión se presentó personal policial y una ambulancia y como le había subido la presión le dio una pastilla para compensar…Que al estar en esa seccional se comenzó a marear, sintiendo mucho dolor de cabeza, y en la espalda, como así en la cintura, por lo que al retirarse se hizo atender en el Hospital de Ituzaingo en donde le hicieron placas radiográficas y le recetaron calmantes para los dolores…”
A fs. 24 consta la declaración de la Sra. Ortiz: “…Que por el impacto sintió un fuerte dolor en la nuca, en la espalda y se sintió mareada y shokeada…que como estaba muy mal llamo a un familiar y más tarde fue trasladada en auto particular al consultorio Hurlingham Salud en donde le hicieron varias placas radiográficas y le diagnosticaron Traumatismo Cervical, Traumatismo en Hombro Derecho y Traumatismo Lumbar…”.-
En el expediente principal figura un informe del Hospital de Atención primaria de Ituzaingo, Dr. Ramón Carrillo de fs. 271 y 274 donde consta que fue atendido el Sr. Vazquez el día 4-4-2010 con diagnóstico de politraumatismo y le recetan diclofenol, no figura ningún diagnóstico.-
A fs. 265 y 266 consta informe médico de los actores, realizado con fecha 7-4-2010, en el Centro de Salud Hurlingham Traumatologia y Rehabilitación.-
El perito médico Dr. Tumarkin en su detallado informe de fs. 313/325 les otorga a ambos actores, por igual, una incapacidad física parcial y permanente del 38,75%.-
Los actores a fs. 330/31 solicitan explicaciones.A fs. 335/338 la parte demandada y citada en garantía cuestionan severamente el informe del facultativo, a fs. 349/352 el experto responde los cuestionamientos de ambas partes actores y demandada y citada en garantía. A fs. 354/355 la demandada reitera observaciones, que son nuevamente contestadas por el Dr. Tumarkin a fs. 377.-
La prueba por excelencia, en temas de complejidad técnica, es la pericial, si bien las normas procesales vigentes no acuerdan al dictamen pericial carácter de prueba legal, para desacreditar su experticia es necesario traer elementos de juicio que desvirtuen o cuestionen las conclusiones arribadas.-
La demandada y citada en garantía en sus diversas observaciones oponen argumentos de parejo rigor científico al de la pericia, vinculado con la conexión causal entre el hecho y el daño informado.-
Por lo que valorando las conclusiones periciales, a la luz de los demas elementos de convicción y en merito a la sana crítica, considero que debe reducirse el importe de indemnización fijado para ambos actores (art. 474 del CPCC).-
Por ello fijo para el Sr. Vazquez una indemnización de $ 300.000 .- y para la Sra. Ortiz $ 300.000 .- (art. 165 del CPCC).-
La demandada y citada en garantía se quejan por la incorporación de un psicodiagnóstico de un experto no desansiculado.-
En mi opinion, el perito medico legista carece de competencia para expedirse respecto de la cuestión psicológica y eso es lo que aquí ha sucedido.
Aquí tenemos una evaluación psicodiagnóstica de la Sra. Ortiz presentada por una profesional que no fuera designada legalmente por el juzgado, Y la determinación de incapacidad psicológica del Sr. Vazquez efectuada por el medico legista, profesional médico, quien fuera designado para que efectuara una peritación técnica acorde con su profesión y dentro de sus incumbencias.
Si bien las partes tienen la carga de ofrecer las pruebas especificamente relacionadas con los hechos que desean acreditar, no toda y/o cualquier prueba es idonea para dejar acreditado un hecho.-
Las partes son libres en la elección de los medios de prueba de que intenten valerse, pero asumen las consecuencias de que el medio escogido no sea idóneo para probar el hecho cuya verificación persiguen.-
Por ello surge con toda evidencia que no se puede tener en cuenta ni darle eficacia jurídica por un lado a una opinión de un médico legista que no tiene incumbencies en licenciatura en psicología, ni es su profesión ni ciencia especifica, como tampoco admitir el trabajo de otro professional que no fue nombrado legal y procesalmente por la Sra. Jueza.-
Por las consideraciones expuestas, propicio rechazar los porcentajes de incapacidad psíquica y sus tratamientos, haciendo lugar a la queja de la demandada y citada en garantía.-
La parte actora estima bajo el monto establecido para el daño moral y la demandada lo considera inexistente.-
El daño moral siempre agrede o lesiona un derecho de la personalidad, como la libertad individual, la salud, la integridad psicofísica, el estado espiritual. Su indemnización no se halla sujeta a parámetros objetivos porque la aflicción se produce en el ámbito espiritual de la víctima.
Más que en cualquier otro rubro, el establecimiento de la cuantía del daño moral queda sujeta al prudente arbitrio judicial, porque se traduce en vivencias personales del afectado y en factores subjetivos que no hacen fácil la ponderación judicial del sufrimiento de la víctima.-
En este caso debe tenerse en cuenta el sufrimiento en el momento del accidente, su impacto en la esfera emocional, pérdida de conocimiento, el dolor físico propio de las lesiones, las molestias inherentes a las curaciones y los eventuales menoscabos que subsisten aún despues del tratamiento.-
En tal sentido, por este motivo, propongo confirmar el monto de $ 200.000.- para cada actor.- art. 384 y 165 del CPCC), rechazando las quejas deducidas.-.
4. La demandada y citada en garantía cuestiona, por elevados, los montos otorgados por tratamiento kinésico y gastos médicos, de farmacia, traslados.- Según reza, de un modo textual, el artículo 260 del ordenamiento adjetivo la expresión de agravios debe contener “una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Es decir que cuando se impugna la sentencia, el quejoso tiene la carga de introducir reflexiones o articulaciones razonadas, fundadas que objetivamente se exhiban como conducentes, para evidenciar lo desacertado de la sentencia de primera instancia. Caso contrario, la suerte del recurso fatalmente desembocará en su deserción por insuficiencia técnica. Aquí la demandada y citada en garantía cuestionan las cifras impuestas por la Sra. Jueza por una mera discrepancia de opinion.-
Por lo dicho, considero que deben rechazarse los agravios y confirmarse la resolución.-
La demanda y citada en garantía objetan la aplicación de la tasa pasiva más alta.-
Es que, no es dificultoso apreciarlo, dentro del género “tasa pasiva” que paga el Banco de la Provincia de Buenos, en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, la denominada “digital”-que es aquella vigente para cuando la modalidad de captación de fondos tiene como escenario la usualmente denominada “Banca Internet Provincia” (BIP)- tiene una alícuota que es sensiblemente superior a la tradicional o de “pizarra”. Circunstancia ésta que compatibiliza mejor con las mentada realidad económica y con la teleología de los accesorios moratorios.-
Dicha tesitura ha obtenido el respaldo de la misma Suprema Corte de Justicia, al sentenciar en la causa “Cabrera” del 15 de junio de 2016 (C. 119.176). Precisamente allí el Superior, enfatizando su función uniformadora de la jurisprudencia, sostiene que la tasa de interés que debe aplicarse sobre el capital de condena debe ser “...la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días...”.
A lo expuesto debo añadir que la Suprema Corte de Justicia ha dictado dos pronunciamientos-causas 120.536 y 121.536-con un criterio que podría ser considerado divergente al referenciada (y que son a las que aluden concretamente los quejosos).
Empero, en mi criterio, no se advierte que tal doctrina sea aplicable a la especie. Esto porque además de que el Superior bonaerense no dice, de ningún modo, que abdica de su postura anterior se trata de dos fallos aislados, que abordan cuestiones inherentes a la responsabilidad del estado (que se rige por sus propios principios y reglas).
Por lo demás la compulsa de datos oficial (Sistema JUBA), a la fecha, no informa la existencia de ningún pronunciamiento emanado del Superior provincial que permite avalar la existencia de un cambio de criterio en el tópico (conf. mi voto en la Sala II, causa 10.461, entre otros análogos).
Las razones expuestas me suscitan la indispensable convicción acerca de la no viabilidad de este agravio traído por la parte demandada y citada en garantía. En consecuencia he de proponer la confirmación de este aspecto del fallo, estableciendo entonces que los intereses moratorios deberán ser calculados según la tasa pasiva digital (BIP) que paga el Banco de la provincia de Bs. As. en sus operaciones de depósito a treinta días.
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia, reduciéndose el monto indemnizatorio a la suma total de $ 1.014.000.- correspondiendo $ 507.000.- para el Sr. Vazquez y $ 507.000 .- para la Sra. Ortiz.-
Costas de Alzada en el orden causado, atento el resultado propuesto para los recursos y el éxito (solo parcial) del de la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).-
Voto, en consecuencia,
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, más los que aquí añado y preciso.-
En cuanto al menoscabo físico he de recordar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular ; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento la base referencial que estábamos utilizando es la de $13.000 por punto de incapacidad; empero la evolución de las variables económicas del año próximo pasado (desde que comenzáramos a utilizar tal valor referencial, cfe. Causa nro. 56.382 RS 2/17) hacen que, a mi modo de ver, resulte menester ajustar el mismo y operar –desde ahora- con un nuevo valor referencial, de $15.000 por punto de incapacidad.-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo , adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible , se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.