Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 25785
CAUSA: MO 25.785 13 R.S.:9 /19
//// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Febrero de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "CALABRESE, EMANUEL Y OTRO C/ ROMAN, MARTÍN DIEGO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS " y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. JORDA - GALLO , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 336/349?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte demandada a fs. 350 y la parte actora a fs. 354 La primera de las mencionadas formula sus agravios a través de la presentación electrónica número 240600416014533439, mientras que su contraria lo hace por medio de la presentación, de igual naturaleza, referenciada con el número 249500416014477359.
II. La sentencia en trance revisión hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Emanuel Matías Calabrese y Yanina Soledad Hernández contra Martín Diego Román y, en consecuencia, condena a éstos últimos-de modo total- a abonarle a los primeros la suma de $ 197.000; con más intereses calculados desde la fecha del ilícito- 20 de marzo de 2011- y hasta el efectivo pago, según la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días digital. Asimismo hace extensiva la condena a Agrosalta y les impone las costas del juicio.
III. Los accionantes se disconforman con el pronunciamiento respecto de los importes fallados en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral. En tal sentido y medularmente arguyen que aquellos son insuficientes para reparar los padecimientos, tanto de orden físico como espiritual, que han sufrido. Asimismo objetan la desestimación del reclamo en concepto de daño material; afirmando al respecto que, contrariamente a lo resuelto, se han demostrado la existencia y magnitud de los desperfectos experimentados por el Renault 19 del actor Calabrese. De igual modo cuestionan el rechazo del rubro privación de uso y alegan, como sustento de tal crítica, que con la prueba testimonial ha acreditado el perjuicio generado por la indisponibilidad del rodado. También cuestiona la desestimación del reclamo en concepto de desvalorización del rodado; esto por cuanto entiende que acreditada la existencia de los daños, aquella implica la demostración de este perjuicio. Por último se agravian de la especie de tasa de interés estipulada-tasa pasiva más alta-predicando al respecto que aquella no repara adecuadamente el perjuicio que les genera la desvalorización monetaria. Piden, en consecuencia, se fije la tasa activa.
A su turno la citada en garantía discrepa con el quantum indemnizatorio fallado en favor del demandante Calabrese. Así dice que aquella es desproporcionada por cuanto no se condice con la auténtica magnitud del daño físico que ha sufrido. También cuestiona la procedencia, en relación a la coaccionante Hernández, de la fijación de un resarcimiento por daño físico cuando de la pericia médica producida en autos surge la inexistencia de incapacidad alguna. De igual modo objeta la cuantía asignada para el rubro daño moral, afirmando al respecto que el importe ha sido fijado de un modo arbitrario. Igualmente critica la especie de tasa de interés establecida como así también la fecha establecida como inicio de su cómputo. Como sostén de esta queja alude a que, tal como ha sentenciado la Suprema Corte provincial, al fijarse la condena a valores actuales la tasa debe ser del 6 % anual y comenzar a computarse desde la producción de los daños. Por último se agravia de que se le haya impuesto en su totalidad las costas del juicio cuando, afirma, el pronunciamiento ha rechazado varias facetas del reclamo resarcitorio.
IV. Entiendo conveniente resaltar que no habré de seguir a los apelantes en todos y cada uno de sus planteamientos sino que, no obstante examinarlos in totum , me limitaré a exponer en este voto las razones que estimo pertinentes para la solución del caso . (conf. doctrina de la CSJN, Fallos 265:301, 278:271, etc.).
Se hace menester puntualizar, atendiendo a la genérica y difusa alegación traída por la parte demandada (que lejos se encuentran de constituir “una crítica concreta y razonada”), que la arbitrariedad se configura cuando la sentencia no es el fruto de la derivación razonada de los hechos y el derecho y, por ende, aquella se aprecia como una suerte de acto dogmático del juez desprovisto de todo fundamento (arg. artículos 15 y concordantes de la Constitución provincial).
La simple lectura del pronunciamiento, a mi juicio, deja claramente en evidencia que tal patología no es predicable en el caso. En tanto y en cuanto aquel arriba a sus conclusiones apontocándose en el análisis de las constancias probatorias producidas. La disconformidad que pueden suscitarle aquellas a las partes, en modo alguno, conllevan la configuración del vicio de mentas.
Luego de estas reflexiones iniciales me abocaré a examinar las quejas asociadas con el monto fallado, traídas por ambos contendientes procesales, para el reclamo por daño físico por el coactor Calabrese.
Vengo afirmando sostenidamente que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona ( ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168, mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759, Sala II, causa 57.713, Sala III, causa 58.461, entre muchos otros precedentes).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros mis votos, Sala I causa 56.759, Sala II, causa 57.713, entre muchos otros).
La pericia médica-estudio científico de indubitable trascendencia para la ilustración del juez en la materia-aunque no vinculante-establece que a raíz del evento dañoso ventilado en autos el actor padece de síndrome de latigazo cervical; especificando que dicha afección conlleva una incapacidad parcial y permanente, que porcentualiza en un 10 % de T.O. (ver pericia de fs. 239/244)
Dichas conclusiones, que amén del examen físico, se apoyan en estudios complementarios (vrg. resonancia magnética cervical y electromiograma de ambos miembros superiores) se aprecian consistentes con el informe emitido por el Hospital San Juan de Dios, que se encuentra agregado a fs. 181/183. (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc.)
Ahora bien en las lides de la cuantificación dineraria, como también vengo afirmando, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente el valor resarcible en sí mismo es la integridad física genéricamente considerada.
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”. Las indemnizaciones tabuladas, son por esencia propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Con tales directrices de análisis y al ponderar la edad de la víctima al momento del ilícito- 28 años- que es de estado civil soltero, que se domicilia en la ciudad de Palomar, partido de Morón, ( vive en la casa de sus padres, con ellos y un hermano), su situación socioeconómica- es empleado de un laboratorio y sus ingresos mensuales ascienden a $ 4.000 aproximadamente y no posee bienes de fortuna- la naturaleza de la incapacidad que experimenta y el importe del salario mínimo vital y móvil fijado por la resolución del CNEPSMVM) 3-E/2017; me convencen de que la suma justipreciada en la sentencia en recurso es razonable. Por tal razón he de proponer la desestimación de sendos agravios (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; 165 del Código Procesal; ver pericial médica de fs. 239/244; expediente sobre beneficio de litigar sin gastos 25.786, por cuerda, declaración jurada de fs. 73 y testimoniales de fs. 60/61 y fs. 64).
Respecto al reclamo formulado por la coactora Hernández por el mismo ítem (daño físico), se impone resaltar que una de las exigencias asociadas a la configuración de la incapacidad sobreviniente, es que las afectaciones de la integridad físico-psíquica de la persona ostenten, indispensablemente, connotaciones de “definitividad”. Pues, en caso contrario, los padecimientos que pudieren haberse experimentado encuentran adecuado cauce reparatorio a través del resarcimiento que se fije en concepto de daño moral (arg. artículos 1068, 1078 y concordantes del Código Civil, su doc.; mi voto en la Sala I, causa 25.247, entre varias otras).
En la especie el perito médico informa que la apelante no presenta patología alguna que conlleve secuelas incapacitantes relacionadas con el ilícito de autos (ver pericial médica de fs. 239/244).
Por otra parte del análisis del informe remitido por el Hospital San Juan de Dios, agregado a fs. 184/185, surge que aquella fue atendida en dicho establecimiento asistencial por un cuadro de latigazo cervical; prescribiéndosele reposo e ingesta de analgésicos.
Así las cosas, y según las pautas que dimanan de las reglas de la sana crítica, considero que el dictamen pericial médico producido en los actuados se encuentra solventemente fundado, tanto en el análisis integral de las constancias obrantes en autos como en los principios científicos de la disciplina médica; razón por la que considero que no existe mérito para apartarse de aquel. (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
En suma, la valoración global de los medios de prueba producidos en los actuados, siempre conforme el cartabón procesal de la sana crítica, devela a mi juicio que la codemandante Hernández sufrió a causa del accidente que protagonizara un latigazo cervical. Mas aquel cuadro no se tradujo en secuelas incapacitantes, que ameriten la recepción favorable del reclamo en concepto de daño físico. Sino que, como ya pusiera de relieve, tal cuadro deberá ser reparado bajo el ítem daño moral. (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; 384, 474 y concordantes del Código Procesal).
Las reflexiones concretadas me convencen acerca de la pertinencia de la crítica ensayada por la aseguradora; razón por la que propongo su admisión con la consecuente revocación de esta faceta del decisorio de grado.
Precisa y seguidamente examinaré los agravios planteados por ambos contendientes procesales, relativos a la entidad dineraria asignada al reclamo por daño moral.
Para precisar la conceptualización del daño moral, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros)
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que “...no cabe limitarlo al tradicional pretium dolaris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente, atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, su doc).
En tal sentido, y de modo específico en el caso del coactor Calabrese, debo considerar la edad del accionante al momento del ilícito-28 años- el contexto socieconómico en el que se desenvuelve su existencia y al que ya hiciera referencia, el tipo de lesión sufrida (síndrome de latigazo cervical), el los tratamiento que se le ha prescripto (esencialmente analgesia y reposo) y las demás circunstancias personales y familiares que sobre el damnificado inciden. Con tales parámetros, entiendo que el monto fallado por daño moral, es razonable (arg. artículos 1078 del Código Civil; 375, 384, 474 y concordantes; ver pericial médica de fs. 239/244 e informe medico de fs.181/183). Por este motivo propongo que el mismo sea confirmado (arg. artículo 165 y concordantes del Código Procesal).
En el caso de la codemandante Hernández se encuentra demostrada que aquella contaba con 27 años de edad al momento del accidente, que es de estado civil soltera, que vive junto a sus padres en la ciudad de Ituzaingó, que es empleada en una empresa de media jornada y que carece de bienes de fortuna ( arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver expediente de beneficio de litigar sin gastos acollarado 25.786, declaración jurada de fs. 72 Y ratificaciones testimoniales de fs. 60/61 y de fs. 64).
De igual modo, como ya fuera manifestado, también ha quedado acreditado que la nombrada reclamante ha sufridos lesiones-latigazo cervical-sin secuelas incapacitantes- debiendo guardar reposo y someterse a tratamiento analgésico (ver informe medico de fs. 184/185).
La consideración interrelacionada de todas las circunstancias apuntadas me convencen que la cifra fijada en la instancia de origen es exigua. Por tal motivo entiendo pertinente admitir el agravio planteado por la coactora y, en consecuencia, incrementarla a la suma de $10.000 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Cuestiona el pronunciamiento el coactor Calabrese por cuanto ha rechazado su pretensión resarcitoria del daño material sufridos por el vehículo.
Al respecto debe señalarse, a mérito de la argumentación que en el tópico exhibe la sentencia recurrida, que la falta de producción de la prueba pericial no desencadena per se la improcedencia del ítem de marras.
Es decir que en la medida en que se logre demostrar adecuadamente que el vehículo, a raíz del ilícito, ha sufrido deterioros el juzgador se encuentra plenamente habilitado para, en ejercicio de la facultad prescripta por el artículo 165 del ordenamiento adjetivo, concrete una razonable y equitativa estimación del perjuicio, en consonancia con las circunstancias de la causa.
En la especie, además de que ha devenido firme la mecánica del accidente relatada por la parte actora, existen fotografías adjuntadas por aquella (fs. 8/12) que no fueron desconocidas por los codemandados Martín Diego Román y Martín Adolfo Román, quienes fueron declarados rebeldes (ver resoluciones de fs. 92 y de fs. 105), y que se ajustan precisamente al aludido relato que contiene la presentación liminar. Amén de que también guardan lógica coherencia con la especie de lesiones, ya reseñadas, sufridas por ambos codemandantes. A lo que debe adunarse el testimonio otorgado por Jorge Andrés Duarte quien, según surge del acta de fs. 171/171 vta., tuvo a la vista el vehículo y apreció los daños que tenía. La valoración sistemática de tal material probatorio, con el prisma de la sana crítica, y la presunción que dimana de los artículos 60 y 354 inciso 1) del Código Procesal, me suscitan la indispensable convicción respecto a la atendibilidad de este agravio traído por el coactor (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal).
En cuanto a la cuantificación del rubro, a partir de la presunción de autenticidad que cabe asignársele al presupuesto glosado a fs. 7, en función de la aludida rebeldía de los codemandados Román y a que el detalle de los desperfectos que aquel contiene sustancialmente se ajusta a los daños especificados por el reclamante, estimo adecuado fijar la suma de $ 18.700 (arg. artículos 60, 165, 354 1), 384 y concordantes del Código Procesal).
Como también ya se reseñara objeta el coactor Calabrese la sentencia, en lo atinente a la desestimación del rubro desvalorización del automotor.
Éste es un daño que se produce en el patrimonio de su dueño perjudicándose el propietario del rodado, que por la circunstancia de reducir el potencial precio de reventa, ve correlativamente disminuido su patrimonio (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, su doc.). Empero, como es obvio, la procedencia de tal reparación exige la adecuada demostración del mentado detrimento; pues como sostiene el Superior provincial para el derecho la prueba del daño es capital, de modo que un daño no acreditado carece de existencia. (conf. doctrina sentada en Acuerdos 37989, 111739, entre muchos otros).
Ahora bien la demostración de aquel menoscabo requiere, indefectiblemente, para la procedencia del resarcimiento la producción de la contar con la prueba pericial idónea. Pues, tal como se alega, aún cuando se asocien los desperfectos con una inevitable disminución del precio de reventa, ello no pasa de ser una mera especulación, no se presume. De modo que debe acreditarse que la reparación de aquellos conllevan secuelas con tal efecto disvalioso(arg. artículos, 1068, 1110 y concordantes del Código. Civil; 375 y concordantes del Código Procesal).
En la especie y conforme a lo expuesto la declaración de negligencia en la producción de la prueba pericial de ingeniería mecánica decretada a fs. 291/292, deja en evidencia con meridiana claridad la improcedencia del agravio.
Igual suerte adversa, a mi juicio, debe correr la queja vinculada con la desestimación del ítem privación de uso.
Ello es así a partir de la manifiesta insuficiencia de los agravios en el punto, que de ninguna manera satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC.-
Nótese que el fallo en crisis se apoya, en el punto, en la doctrina del Superior Tribunal local (fs. 346/vta.) y los quejosos, a este respecto, nada dicen.-
Con lo cual, el postulado basal del decisorio sale incólume del embate recursivo.-
Ambos apelantes discrepan con la especie de tasa de interés fijada en el pronunciamiento. Los accionantes pretenden la fijación de la tasa activa, mientr
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