Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 69723
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSE RECHAZAN los agravios traídos respecto de la resolución de fs. 2305/2306vta., la que se confirma, con costas al apelante (art. 68 del CPCC) y se revoca la resolución de fs. 2346/2347, desestimándose la liquidación practicada, con costas de ambas instancias al Dr. Olcese (arts. 68 y 274 del CPCC).-
Causa Nº C8-69723 R.S.34/2019
1°.-¿Es ajustada a derecho la resolución apelada de fs. 2305/2306vta.?
2°.- ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada de fs. 2346/2347?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 de este Departamento Judicial a fs. 2305/2306vta. resolvió desestimar el pedido de adecuación y disminución de embargo solicitado a fs. 2299/2302, imponiendo las costas al incidentista vencido.
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 2307 el Dr. Podesta -por derecho propio y en carácter de administrador de los herederos-, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 2308 y se fundó con el memorial de fs. 2309/2315 que no mereció réplica alguna.-
3. A fs.2375vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Se agravia el recurrente por el rechazo del pedido de adecuación de un -a su criterio- infundado, injustificado e irracional embargo trabado sobre bienes y acciones de los herederos.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
En primer término cabe aclarar que sólo el criterio de elasticidad tantas veces utilizado por este Tribunal para apreciar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley adjetiva (art. 260) en la faena de sustentar el recurso de apelación de que se trate, es el que nos autoriza a desechar la aplicación de la sanción contenida en el art. 261 del mismo cuerpo normativo y a ingresar al análisis del fondo de la cuestión sub discussio, pues mínimamente el escrito de fs. 2309/2315 cumple con dichos requisitos.-
Otra cuestión que es preciso aclarar antes de abordar el estudio del presente, es lo relativo al pedido de la elevación de la causa 37.190 a esta Alzada, que sin perjuicio de lo estatuido por el art. 270 del C.P.C.C., la misma ha sido requerida al juzgado de origen.-
Ahora bien.-
Como es señalado por el actor en su escrito de fs. 2304 y vta., en oportunidad de decretarse la medida cautelar que hoy se pretende reducir, no hubo objeción alguna por parte de los embargados; y los fundamentos traídos a esta alzada más que procurar obtener la reducción de aquella medida, se perfilan hacia su decreto; así, se ataca como si la medida se estuviera decretando con el auto de fs. 2305/2306vta.-
Por otro lado, es necesario recordar que el ordenamiento ritual determina que puede decretarse el embargo preventivo "si quien lo solicita hubiere obtenido una sentencia favorable, aunque estuviese recurrida" (art. 212 inc. 3º , CPC). Dicha norma, al otorgar la posibilidad de la medida cautelar citada al que hubiere alcanzado un fallo estimativo, involucra sin duda a los profesionales de la parte ganadora por el monto de sus honorarios (arts. 1º, 2º y 10, ley 8904). Así se decidió que sin perjuicio de la observancia del procedimiento idóneo reglado por las normas pertinentes para perseguir el cobro de honorarios profesionales regulados en concepto de costas (arts. 497, 498 inc. 3º, CPCC; 58 ley 8904), no hay obstáculo para la traba de un embargo preventivo aunque la regulación se encuentre recurrida o ante la circunstancia de que al momento de solicitarse tal medida cautelar la obligada al pago aún no estuviera notificada de las regulaciones practicadas.(CCiv.Com. Sala I, Quilmes causa 16092 230/14 fallo del 16/12/2014)
En consonancia con lo expuesto, se ha dicho que lo que pretende el acreedor con el otorgamiento de las cautelares es evitar la enajenación y ocultación de los bienes del deudor, de manera tal que el deudor no pedir que se suspenda o deje sin efecto un embargo ya ordenado retrotrayendo a su estado anterior el bien sobre el cual recae la medida, dado a que se estaría dejando garantías al acreedor. C. Civ. y Com. La Matanza, sala 1°, ca. 860 RSI-146- fallo del 09/10/2005).-
A mas de lo expuesto, se ha dicho que son admisibles las medidas precautorias por estipendios devengados por labor profesional en favor del letrado que actuó en el expediente, ya que las costas integran la sentencia y, por lo tanto, el crédito por honorarios respecto de quien ha sido condenado en costas encuadra dentro de las previsiones del art. 212 inc. 3 del Código Procesal. Tal conclusión no se ve obstada por la circunstancia que al tiempo de la cautelar decretada no se encontraran aún regulados los honorarios correspondientes, en tanto no existe imposibilidad de establecer prudencialmente a esos fines el monto a resguardar, sin que se requiera la prueba acabada de tales valores. (C. Civ. y Com. San Nicolas, ca. 12757 fallo del 03/10/2017).-
Sentado ello, del estudio de las presentes actuaciones se desprende que -como bien lo explicita el Sr. Juez a quo en la resolución en crisis- existen honorarios pendientes de regulación por la actuación en la Alzada, Suprema Corte y CSJN.-
Y no es ocioso recordar que para que proceda la reducción o el levantamiento de alguna medida cautelar, la parte embargada debe como presupuesto básico demostrar que el crédito por el cual prospera la misma está garantizado con otros bienes; pero, como surge del expediente, el embargado no lo hace.-
Así las cosas, no veo motivo alguno para apartarme de la resolución en crisis, la cual propondré su confirmación-
Si mi propuesta es compartida se deberá rechazar los agravios traídos y consecuentemente, confirmar la resolución en crisis. Ello con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
I.-Antecedentes
En resolución obrante a fs. 2346/2347 el Sr. Juez a quo rechazó las impugnaciones planteadas por los ejecutados a fs. 2316/2329 y fs. 2330/2339, aprobando la liquidación efectuada por el Dr. Olcese a fs. 2291 e impuso las costas a la parte demandada vencida.-
Contra tal forma de decidir a fs. 2349 y vta. y fs. 2350, los Dres. Lopez de Belva y Podesta interpusieron recurso de apelación. Los mismos fueron concedidos en relación a fs. 2351 y se fundaron con los memoriales obrante a fs. 2352/2357 vta. y fs. 2358/2363 vta. que no merecieron réplica alguna.
II.-Las quejas
Se agravian los quejosos por considerar arbitraria la resolución en crisis.
Manifiestan que la sentencia debe ser revocada porque para regular eventuales honorarios pendiente no corresponde fijar base regulatoria en base a importes que no estuvieron en juego en ninguno de los incidentes.
Por otra parte, sostienen que la Señora juez ha omitido tratar cuestiones formuladas en su oportunidad (fs. 2330) en relación a la liquidación y base arancelaria.-
Asimismo plantean la prescripción de los honorarios.-
Para cada argumento los quejosos esgrimen una serie de argumentos a los que, en homenaje a la brevedad, me remito.
III.-La solución desde la optica del suscripto.
Comenzando a dar respuesta al planteo efectuado respecto a la prescripción planteada en el memorial de agravios.-
Habré de señalar que esta Sala en numerosos pronunciamientos sostuvo que "el Tribunal de Alzada, por imperio de lo normado en el artículo 272 del Código de Procedimientos antes citado, se encuentra vedado de expedirse sobre las cuestiones o capítulos que no han sido propuestos ante el Juez de grado inferior en el momento procesal oportuno. Ello, es consecuencia de la naturaleza revisora del procedimiento ante la Alzada; de allí entonces que la expresión de agravios o memorial, según el caso, no sea la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (conf. ésta Sala en Causa Nº 45.404, R.S. 93/01, entre otras), pues la función prístina del "ad-quem" no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de la instancia inferior (HITTERS, Juan Carlos. Técnica de los Recursos Ordinarios, pág. 406)..-
Las consideraciones hasta aquí vertidas devienen de plena aplicación al "sub examine".
Ello permite manifestar que la prescripción no fue opuesta oportunamente por ante el magistrado de la instancia originaria introduciendo la cuestión recién al fundamentar el recurso en estudio, conllevando ello a la imposibilidad de tratamiento en esta instancia de los argumentos vertidos en tal sentido (art. 272 del C.P.C.C.).-
Dicho esto, comenzaré a tratar los agravios relativos a la liquidación.-
Para hacerlo es menester señalar que la liquidación es la operación numérica que tiene por objeto determinar las sumas debidas con sujeción a las bases indicadas en la sentencia de mérito, transformando en líquido lo ilíquido (esta Sala en causa nro. 52.355 R.S. 479/07, entre otras). O sea, es la traducción numérica de lo sentenciado (esta Sala en causa MO 19770 RSI-40-17 S 23-3-2017)
Debe distinguirse entre la liquidación definitiva, la cual se encuentra regulada por los arts. 557 y 589 del C.P.C.C., de la liquidación a los fines regulatorios.-
Ambas liquidaciones persiguen finalidades distintas, ya que mediante la primera se busca determinar cual es el monto por el cual debe efectuarse el pago al acreedor, mientras que a través de la segunda se establece el quantum del proceso a los fines regulatorios (CCiv.Com. Azul Sala I causa 51386 RSI-205-7 I 15/08/2007).-
Ahora bien.-
De la compulsa de estos actuados, podemos ver que asiste razón a los apelantes en tanto el Sr. Juez de Grado omitió dar respuesta a las manifestaciones introducidas a fs. 2330, cuestiones estas que serán abordadas por esta Alzada por imperio de lo normado por el art. 273 del código de rito.-
Es que, con anterioridad a hablar de la liquidación (como operación numérica), resulta menester determinar -con claridad- la procedencia -o no- de su efectivización.-
Es decir, si la misma resultaba necesaria a los fines indicados por quien la llevó a cabo.-
Así, tenemos que en autos ya se han regulado honorarios por el principal , donde se adoptó una base regulatoria que -claro está- se encuentra firme .-
Y así las cosas, las regulaciones que pretende el Dr. Olcese a fs. 2291/vta. no deben traer aparejadas nuevas liquidaciones (lo que hace que las efectuadas a tales fines sean improcedentes), por cuanto -reitero- ya se encuentra una base regulatoria y aquellas regulaciones deberán realizarse bajo los lineamientos establecidos por el art. 31 de la ley 8904/77 -ley que se encontraba vigente al momento de efectuarse las tareas que se pretenden remunerar (esta Sala en causa nro. MO 1858-08 R.H 11/19)-.-
En efecto: como -al practicar la liquidación (fs. 2291)- se habla de honorarios por labores en instancias recursivas , los mismos -en el aludido Decreto ley- se determinan con base en los de primera instancia.-
Entonces, es clara la innecesariedad de practicar nuevas liquidaciones.-
Y en cuanto a las ejecuciones, tampoco se vislumbra la necesidad de practicar liquidación en el principal, si los estipendios deben regularse de conformidad con el monto de las mismas.-
Así las cosas, es claro que resultaba improcedente -por innecesaria- la confección de una nueva liquidación, como bien lo han manifestado los quejosos en sus respectivas réplicas.-
Que por todo lo hasta aquí expuesto se deberán receptar los agravios traídos y consecuentemente revocar el fallo apelado en cuanto aprueba la liquidación, la cual se habrá de desestimar.-
Ello con costas, de ambas instancias, al Dr. Olcese en su calidad de vencido (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RECHAZAN los agravios traídos respecto de la resolución de fs. 2305/2306vta., la que se confirma, con costas al apelante (art. 68 del CPCC) y SE REVOCA la resolución de fs. 2346/2347, desestimándose la liquidación practicada, con costas de ambas instancias al Dr. Olcese (arts. 68 y 274 del CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
Fin de la sentencia