Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12958
“ CONTRERAS RICARDO DANIEL C/ PERNIA MARTIN GUILLERMO GUSTAVO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-12958-2013 R.S.77/2019
R.H. /2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 02 de Mayo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "CONTRERAS RICARDO DANIEL C/ PERNIA MARTIN GUILLERMO GUSTAVO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-12958-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el auto regulatorio dictado a fs. 475/476 por la Sra. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental se alzan vía electrónica tanto la parte demandada y su aseguradora como la mediadora interviniente, interponiendo sendos recursos de apelación, los que fueron concedidos en relación a fs. 479vta., presentando también vía electrónica los respectivos memoriales los dias 16/07/18 y 31/07/18, a cuya lectura me remito en homenaje a la brevedad, de los que se confirió el correspondiente traslado a fs. 484.-
2. A fs.486vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Dada la multiplicidad de cuestiones que llegan recurridas he de parcelar mi razonamiento para dotarlo de la mayor claridad expositiva.-
A.- Recurso de la accionada y su aseguradora
La recurrente cuestiona la base arancelaria adoptada en el auto regulatorio, destacando que se ha omitido fijar la misma conforme al monto del acuerdo celebrado; señalando que no se ha cumplido el recaudo de notificar la resolución que así lo debería haber ordenado, privando a su parte de debatir la cuestión en la alzada.-
Si bien podríamos considerar el cuestionamiento de la falta de notificación de la aprobación de la liquidación, una mirada superior -sobre la cuestión de fondo, en neto resguardo del principio de economía procesal- nos permite observar que no le asiste razón con el planteo en su aspecto sustancial, el cual se relaciona la adopción del monto del acuerdo como base arancelaria.-
Veamos.-
De la compulsa de las presentes actuaciones observamos que luego del dictado de la sentencia definitiva (fs.427/437), en la instancia de origen, a fs. 445/446 se presenta en autos un acuerdo de pago.-
El juzgado de origen no homologó el mismo al resultar posterior a la mentada sentencia.-
Más aún, a fs. 453 se hace saber que -a los fines regulatorios- debía practicarse liquidación de intereses, conforme las pautas establecidas en la sentencia dictada en autos. Y manda aclarar los términos de la clausula séptima del acuerdo.-
A fs. 466/467 el perito ingeniero práctica liquidación, arrojando la misma la suma de $1.942.201,20, confiriéndose a fs. 468 traslado de la misma.-
A fs. 469 nos encontramos con la contestación del traslado de la hoy recurrente, manifestando en la misma que corresponde regular los honorarios de la mediadora y de los peritos en función al monto del acuerdo, resultando improcedente la liquidación que se pretende imponer; cabe destacar, además, que no efectúa ninguna objeción en cuando al cálculo liquidatorio.-
A fs. 472 se aprueba la mentada liquidación que arrojara la suma de $1.942.201,20, desestimando la solicitud de la demandada y citada en garantía, argumentando que la sentencia dictada en autos se encuentra firme y en la misma se difirió la respectiva regulación de honorarios hasta la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva.-
Arribamos así al dictado del auto cuestionado, mediante el cual adoptando como base arancelaria el monto de la liquidación aprobada y se procedió a regular los emolumentos, provocando -como vimos- el embate de la demandada y citada en garantía.-
Ahora bien, mas allá de lo atinente a la aprobación de la liquidación, la cuestión de cuál es el monto que correspondía adoptar a los fines regulatorios puede perfectamente analizarse en este momento procesal, habiendo contado la recurrente con posibilidad de ejercer su derecho de defensa al respecto, con lo cual no caben mayores consideraciones en cuanto a la notificación que se dice preterida, sino que estamos en condiciones de ingresar a lo sustancial de su queja.-
Al respecto, desde este Tribunal al decidir en la causa 56.864, R.S. 152/09, se ha destacado que:
"una transacción hecha después del dictado de una sentencia firme no es tal, sino un convenio distinto (art. 832 del Código Civil y S.C.B.A., Ac. 70.624 "Pereyra, Juan Carlos cl Giaccio, José s/Cobro de australes" fallo del 23-12-2002).-
Descartado entonces el carácter transaccional del acuerdo en cuestión no deviene de aplicación el art. 25 del Dec. Ley 8904/77 para fijar la base regulatoria, lo que así han señalado nuestros tribunales. (Cám. 10 Civ. y Com. La Plata Sala III 211749, RSD -118-92 fallo del 14-5-1992; Cám. Civ. y Com. San Martin Sala II causa 52246 RSD-205-6 fallo del 4-7-2006); debiendo fijarse la base arancelaria, en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria como el presente, en su cuantía (arts. 16 inc. a) y c.Ley $904/77).-
En tal contexto, es claro que la trascendencia económica de la presente acción esta dada por la sentencia definitiva firme y no del acuerdo de pago (que no es transaccional) arribado con posterioridad a la misma.-
En virtud de lo cual considero que se deberá, sin más, rechazar el agravio traído y confirmar la base arancelaria adoptada por la a quo en el auto regulatorio.-
B.- Agravio de la mediadora
Teniendo en cuenta el embate de dicha profesional cabe recordar lo sostenido por este Tribunal en la causa MO-12.359-2017, R.S. 12/19:
Se decía allí que:
"En orden a dar respuesta a la cuestión planteada, cabe referenciar –de todo comienzo- la normativa específicamente aplicable al caso.-
Según establece el art. 31 de la ley 13.951, “el Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado. En el supuesto que fracasare la Mediación, el Mediador podrá ejecutar el pago de los honorarios que le corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio”.
Debemos, entonces y frente a tal remisión legislativa, acudir al Decreto reglamentario.-
Su art. 27, reglamentando el art. 31 de la ley, bajo el título "Honorarios del Mediador" determina que:
“El honorario del mediador judicial será determinado sobre las siguientes pautas mínimas, debiendo abonarse el equivalente en pesos de los jus arancelarios -Ley 8904- que se establecen:
1. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos hasta la suma de pesos tres mil ($ 3.000): dos jus arancelarios. Esta retribución será considerada básica a los efectos del artículo 14 de la Ley N° 13.951.
2. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos tres mil uno ($ 3.001) y hasta seis mil ($ 6.000): cuatro jus arancelarios.
3. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos seis mil uno ($ 6.001) y hasta pesos diez mil ($ 10.000): seis jus arancelarios
4. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos diez mil uno ($ 10.001) y hasta pesos treinta mil ($ 30.000), diez jus arancelarios.
5. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos treinta mil uno ($ 30.001) y hasta pesos sesenta mil ($: 60.000), catorce jus arancelarios.
6. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos sesenta mil uno ($ 60.001) y hasta pesos cien mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios.
7. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos cien mil ($ 100.000) el honorario se incrementará a razón de un jus por cada pesos diez mil ($ 10.000) o fracción menor, sobre el importe previsto en el inciso precedente.
8. Asuntos de monto indeterminado, catorce jus arancelarios.
A los fines de determinar la base sobre la que se aplicará la escala precedente, se tendrá en cuenta el monto del reclamo, acuerdo o sentencia, según corresponda, incluyendo capital e intereses.
En todos los casos de la escala precedente se adicionará 1 jus por cada audiencia a partir de la cuarta audiencia inclusive.
Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasase y el reclamante no iniciase el juicio dentro de los sesenta (60) días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios el equivalente de nueve jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara posteriormente la acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. El plazo se contará desde el día en que se expidió el acta de finalización de la mediación.
Si el juicio fuese iniciado dentro del término mencionado, la parte deberá notificar la promoción de la acción al mediador que intervino. El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entreéstos y la suma que hubiese percibido a cuenta. Deberá notificarse al mediador la conclusión del proceso, la homologación de un acuerdo que ponga fin al juicio y la resolución que disponga el archivo o paralización de las actuaciones.
Si el reclamante desistiera de la mediación cuando el mediador tomó conocimiento de su designación, a éste le corresponderá la mitad de los honorarios a que hubiese tenido derecho”.-
Así entonces, vemos que el Decreto -al que envía la ley- fija una escala que vincula los honorarios del mediador con la cuantía del asunto, fijando ciertas "pautas mínimas" (confrontar el primer párrafo de la norma) para la determinación de tal retribución; aclaro que es la preceptiva a la que me vengo refiriendo la aplicable para determinar los honorarios de los mediadores y no el Decreto Ley 8904/77, que se ve desplazado dada la especificidad de la ley 13.951 y su Decreto reglamentario.-
Por cierto, es necesario tener en cuenta que la suma que se ha de abonar al mediador es una retribución por el trabajo que llevó a cabo; con lo cual, para la determinación de la retribución, siempre es necesario tener presente cual es la entidad de la "tarea desempeñada" (art. 31 ley 13.951) y articular el resultante de la aplicación de las escalas reglamentarias con las concretas circunstancias del caso (art. 171 in fine Const. Pcial.).-
Por lo demás, si bien asiste razón a la quejosa en relación a la no aplicación del art. 730 del CCCN, esta Sala ha dicho en causa mo19903 R.H. 27/2018 que es necesario tener en cuenta que la jurisdicción cuenta con la posibilidad que le otorga el art. 1255 del CCyCN en el caso de resultar la regulación efectuada mediante la ley arancelaria manifiestamente desproporcionada en relación a la trascendencia de las labores llevadas a cabo, actuando como válvula de escape cuando los cálculos arrojen resultados irrazonables.-
Entonces, no lleva razón la mediadora en cuanto pretende excepcionar los honorarios de los mediadores del tamiz del art. 1255 del CCyCN; normativa que, en tanto se vincula con el costo del acceso a la justicia y con la garantía del debido proceso, merece una interpretación amplia y favorable a la corrección de situaciones excesivas.-
Lo que, obviamente, siempre debe hacerse fundadamente.-
Por lo demás, elementales razones de prelación normativa, hacen que las disposiciones arancelarias locales -y la ley de mediación contiene artículos arancelarios- carezcan de potencialidad para escapar a las directivas de la ley de fondo (Código Civil, en su momento; ahora CCyCN), más aún cuando estas últimas se vinculan con el costo del acceso a la justicia (CIDH, "Cantos").-
Desde esta Sala se ha dicho que cuando el precio de los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, y que los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida (esta Sala en causa nro. 56.409 R.S. 495/09)".-
A ello cabe agregar que, desde mi punto de vista, la técnica del Decreto 2530 fue la que, en definitiva, terminó instalando ciertas circunstancias, muy controvertidas, que desembocaron en la necesidad de acudir al art. 1255 antes aludido (y, finalmente, a derogar aquel Decreto y dictar uno nuevo).-
Es que, al segmentar los procesos con montos fijos, y establecer la regulación en unidades variables (el jus) la progresiva erosión del signo monetario hizo que, a los pocos años de vigencia del Decreto, sus escalas y formas de retribución terminaran siendo distorsivas de aquellas consagradas para los primeros tiempos de su vigencia.-
De este modo, muchos procesos (la mayoría) terminaron instalándose en los tramos mas altos de las escalas previstas y tal circunstancia -insisto- fue la que obligó a acudir a las pautas del art. 1255 del CCyCN.-
Sobre este piso de marcha, entiendo que no lleva razón la mediadora cuando postula la inaplicabilidad de las reglas del art. 1255 del CCyCN a los honorarios del mediador.-
Tampoco considero que lleve razón en su planteamiento vinculado con la fijación de la base arancelaria, pues las normas aplicables al caso no confieren la posibilidad al mediador de realizar estimaciones a los fines de fijar la base arancelaria.-
Ahora bien, pasando al caso y al monto establecido, tenemos que el presente ostenta características similares al analizado por nosotros en la causa antes citada: aquí la mediación no pudo llevarse a cabo y, en esencia, las labores de la mediadora se circunscribieron a la citación de las partes, cursado de las notificaciones y labrado del acta (ver fs. 31/vta.).-
En tal sentido, entiendo que tampoco le asiste razón a la quejosa cuando sostiene que, para determinar sus estipendios, no puedan tenerse en cuenta las tareas efectivamente desempeñadas.-
Esa es la pauta rectora del art. 1255 del CCyCN (que no pueden ser traspasadas por la preceptiva local) y, por lo demás, el fundamento mismo de toda retribución: las labores llevadas a cabo.-
Pero, por otro lado, también es cierto que si la tarea de la mediadora quedó así circunscripta no fue por razones atribuibles a ella, sino por cuestiones vinculadas con el domicilio del requerido y, en definitiva, a la parte que requirió la mediación y aportó el domicilio.-
Destaco ello para que calibremos, lo mas certeramente posible, la situación".-
Tal antecedente resulta plenamente aplicable al concreto caso de autos, lo que lleva -por los fundamentos allí expuestos- al rechazo de los agravios traídos por la quejosa.-
En efecto: la suma que correspondería frente a la aplicación estricta del Decreto reglamentario se torna evidentemente desproporcionada con la labor llevada a cabo, y de la que dan cuenta las piezas glosadas en autos (fs. 2) que dan cuenta de que la mediación no pudo efectuarse por incomparecencia del requerido. -
Esto, si bien es ajeno al proceder del mediador, necesariamente debemos tenerlo en cuenta a los fines de calibrar la importancia retributiva.-
Porque sería ajeno a cualquier expectativa de razonabilidad la regulación de los estipendios en la forma en que prevé el Decreto, por las (limitadas) labores que trasunta lo obrado según la constancia de fs. 2.-
Es que las quejas que hablan de la confidencialidad y de que el magistrado no puede conocer la entidad de las labores se dan de bruces con la concreta realidad de esta controversia, donde la mediación no se pudo llevar a cabo.-
Consecuentemente, y a tenor de lo que llevo dicho, deberán rechazarse los agravios de la mediadora que apuntan a la determinación de los estipendios exclusivamente conforme el Decreto reglamentario 2530 y con abstracción de las previsiones del art. 1255 del CCyCN.-
Consecuentemente, las reglas del art. 1255 en cuestión devienen plenamente aplicables a supuestos como los de autos.-
Ahora, cuando llega el momento de determinar cuál es la suma que -a la luz de las previsiones de dicho artículo- resultaría ajustada a un standard de razonabilidad (porque la norma deja expuesta una regla abierta y muy flexible) entiendo que la solución puede pasar por adoptar -como pauta de ponderación- las reglas del Decreto 43/2019.-
Aclaro que no procedo así por considerar que sea este Decreto el que debe ser aplicado para determinar los estipendios, por la sencilla razón de que las labores fueron efectivizadas con anterioridad a su entrada en vigencia (cfe. el criterio adoptado por la SCBA en "Morcillo"; ver, asimismo, GOUVERT, Juan F., Eficacia temporal del nuevo escalafón arancelario de la mediación bonaerense en particular, con proyección a los abogados en general , LLBA Abril 2019, nro. 2, p. 1) sino -insisto- como guía intepretativa, en orden a buscar algunas reglas medianamente claras, uniformes y previsibles para la dinamización de las previsiones del art. 1255.-
Ello así en tanto el aludido Decreto 43/2019 ha procurado zanjar la situación arancelaria que se daba con el anterior derogado (2530) con lo cual, desde mi punto de vista, parece adecuado abrevar en él como pauta de trabajo, antes que estar operando con otro tipo de parámetros, que pueden arrojar soluciones desiguales, poco previsibles o mas bien subjetivas.-
En suma: en aquellos casos en que resulte necesario dinamizar las previsiones del art. 1255 del CCyCN para fijar los estipendios de los mediadores, entiendo que puede tomarse válidamente como pauta de trabajo la retribución que resultaría de la aplicación del Decreto 43/2019.-
Hecha esta aclaración destácase, finalmente, que -en cuanto a la aplicación de las previsiones del art. 505 del Código Civil (actual art. 730 CCyCN)- una vez regulados los honorarios (y revisados, en su caso, por la Alzada) , debería, en caso de corresponder, efectuarse el pertinente prorrateo (en la instancia previa) en orden a determinar los alcances del deber de responder del condenado en costas por aplicación de la regla legal antes aludida.-
Entonces, no cabe aquí formular disquisiciones en tal sentido, sino centrarnos en los montos arancelarios que nos llegan recurridos (esta Sala causa nro. 50.491, R.H. 119/10, entre otras) y, eventualmente, habrá de analizarse lo que corresponda en relación a la norma aludida.-
Así las cosas, atento la entidad de las labores llevadas a cabo en autos y que concluyeran con el acta de fs. 2, tomando como base regulatoria el monto de la liquidación aprobada a fs. 472 - $1.942.201,20 -, conforme lo resuelto en la presente, y de conformidad con lo preceptuado por el art. 27, inc. 7, del Dec. 2.530/10, reglamentario del art. 31 de la Ley 13.951 (vigente al m
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