Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 66499
Causa Nº C1-66499 R.S.103/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 23 de Mayo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SILVA MARIO C/ ANTONIO WALTER ENRIQUE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" , Causa N º C1-66499 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental a fs. 576/587 dictó sentencia mediante la cual resolvió hacer lugar a la demanda promovida, en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron (vía electrónica) la actora, la demandada y la citada en Garantía interponiendo recurso de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 588 y 591 y se los fundó con las expresiones de agravios (ambas electrónicas) código de referencia 237100416014848601 (actora) y 236800416014944405 (demandada y citada en garantía).-
Esta última mereció el responde electrónico plasmado en la presentación código de referencia 219400416015012014 y la primera fue replicada con el escrito electrónico código de referencia 220900416015012006.-
3. A fs. 604VTA., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que la actora se queja de los montos fijados en concepto de daño físico, psicológico, moral e intereses, la demandada y citada en garantía lo hacen contra las sumas establecidas por los mismos rubros resarcitorios (no por los intereses), y también por lo resuelto en cuanto a los gastos. Asimismo, piden la reducción de los montos alegando un enriquecimiento indebido y sin causa.-
A los términos de sendas fundamentaciones recursivas cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
Dado que son múltiples las cuestiones que se someten a nuestro conocimiento y decisión, iré abordando las mismas parceladamente para dotar a mi exposición de mayor claridad.-
Ello no sin dejar señalado, antes que nada, que ambas expresiones de agravios sortean las exigencias del art. 260 del CPCC en cuanto a la crítica concreta, razonada, autónoma y autosuficiente de los aspectos del fallo que son materia de agravio.-
Y, asimismo, que la Sra. Juez de Grado ha fallado el caso de conformidad con las normas vigentes al tiempo de acontecer el hecho dañoso (art. 7 CCyCN), coincidiendo con el temperamento que hemos adoptado desde esta Sala, aspecto del fallo que -incluso- no es cuestionado por ninguno de los recurrentes.-
a) Incapacidad física
Las quejas respecto de este rubro se centran en la cuantía del mismo ($400.000).-
Hecha esta introducción, es tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva del punto de incapacidad en la suma de pesos 1.000; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Ahora bien, respecto a tal temática, posteriormente hemos elevado la tarifación del punto base de incapacidad siendo en la actualidad la suma de $ 15.000.-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Es tiempo de pasar a referirme, ahora, a los elementos de prueba colectados.-
Memorando, antes, que en cuanto al valor probatorio de los dictamenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y la misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Sobre esta plataforma conceptual, vamos al caso.-
Y así diré que, en el punto, el dictamen pericial médico de fs. 453/459vta. es prueba esencial (arts. 384 y 474 C.P.C.C.).-
El experto, en fundado dictamen, referencia que como consecuencia del hecho el actor presenta secuela de trauma de muñeca izquierda, no dominante, con fractura de extremo distal de radio, intraarticular, con afectación cuneana y del escafoides, con limitación funcional, compromiso del nervio mediano en grado moderado a nivel del carpo.-
Aludiendo a una incapacidad parcial y permanente del 30% .-
Aclaro que el dictamen no fue objeto de pedido de explicación alguno.-
Por lo demás, tenemos las constancias médicas de fs. 162 y, especialmente de fs. 17 de la causa penal que corre por cuerda, de donde también surge la existencia de esta fractura.-
Aclaro, aquí, que el perito médico menciona también otras incapacidades (ver fs. 458vta./459) que el fallo no computa, pero no existen agravios específicos de las partes al respecto (es mas, la actora considera acertada la descripción de los daños efectuada en la sentencia), por lo cual el tema queda fuera de nuestras potestades revisoras y debemos ceñirnos a la antedicha incapacidad.-
Para conjugar con el porcentaje de incapacidad, tenemos que el actor contaba al momento del hecho con 52 años de edad, se desempeñaba como albañil, ilustrando acerca de su situación socio-económica las constancias de fs. 58, 59, 291 y 342/344 de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda.-
Llegado el momento de analizar las quejas vinculadas con la tarifación he de señalar que, por mi parte, no encuentro mérito para apartarme de las conclusiones del experto, pues están suficientemente fundadas, son claras, asertivas y categóricas, no existiendo en el expediente elemento probatorio objetivo que -apreciado a través del prisma de la sana crítica- indique algo diverso de lo opinado por el facultativo (arts. 384, 472 y 474 del C.P.C.C.).-
Por lo demás, en las expresiones de agravios no se traen quejas que apunten a objetar las conclusiones del dictamen.-
Dicho esto, en la faena de su cuantificación económica es necesario ponderar que el tema no puede observarse, solamente, desde la estrecha mirilla del eventual perjuicio económica sufrido hasta ese momento sino desde la más amplia visión del menoscabo físico instalado de manera permanente e irreversible (esta Sala en causa 7137 R.S. 204/15, entre tantas otras) dado que sobre el actor se instaló una incapacidad, de carácter permanente, con las secuelas de las cuales nos habla el perito.-
Y no es dato menor el porcentual de incapacidad ya referenciado (30%) con lo cual no es una lesión leve, sino un menoscabo de cierta entidad, que se potencia ante la concreta situación vivencial del accionante y la actividad que desempeña (albañil) para lo cual -como lo indican las máximas de la experiencia- es determinante el uso del propio cuerpo y de la fuerza física.-
Sentado ello, teniendo en cuenta las características personales del actor y las demás condiciones socioeconómicas que surgen del expediente sobre beneficio ya referenciado, las lesiones sufridas y la incapacidad que le ha quedado, las repercusiones concretas (no abstractas) que la lesión puede generar, conjugando todo ello con nuestras aludidas pautas de tarifación referencial, entiendo que la suma fijada se perfila reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $500.000 (quinientos mil pesos).-
b) Daño y tratamiento psicológico
Se cuestionan también los montos fijados en el punto.-
Para abordar el tema, resulta conveniente recordar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral. Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
La prueba fundamental, en el punto, es la pericial.-
Como bien refiere el fallo, tenemos una experticia (fs. 258/276) acerca de la cual no se pidieron explicaciones.-
Allí, muy fundadamente, el experto -profesional en la materia- nos habla de una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado I, generadora de una incapacidad del 10% vinculada con el accidente (el resto -según el perito- se vincula a su personalidad de base).-
Además el perito sugiere la realización de un tratamiento de un año, con frecuencia semanal, para evitar la agravación del cuadro.-
Sobre este piso de marcha, y con esta última consideración (el carácter preventivo de eventuales agravamientos), se diluye toda posibilidad de superposición o duplicidad resarcitoria.-
Por lo demás, no veo mérito, razón ni fundamento para apartarme de las conclusiones del experto (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Sentado ello, computando la incapacidad pericialmente informada, su grado y carácter, conjugándolo con las ya referenciadas pautas de tarifación económica y con las circunstancias personales del actor, el monto establecido para resarcir la incapacidad no se perfila ni elevado ni tampoco reducido.-
En otro orden de ideas, y no trayéndose quejas concretas que ataquen por bajo al monto del tratamiento, el tema deviene exento de nuestra revisión en este sentido; no perfilándose, tampoco, excesiva la suma fijada.-
Por todo ello estimo que se deben rechazar ambos recursos.-
c) Daño Moral
La Sra. Juez de Grado cuantificó el rubro en la suma de $200.000, monto este que fue atacado por ambas partes.-
Además, reiteradamente hemos venido señalando que daño psicológico y daño moral son partidas resarcitorias que responden a diversos conceptos, integrando el primero el "daño material" y el segundo el "
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.