Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 59039
“DAMIS JORGE LUIS Y OTROS C/ CLINICA PRIVADA LIBERTAD Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
Causa Nº C2-59039 R.S.144/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 02 de Julio de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "DAMIS JORGE LUIS Y OTROS C/ CLINICA PRIVADA LIBERTAD Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Causa Nº C2-59039 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
Contra la sentencia dictada a fs. 1047/1053vta. (cuya aclaratoria obra a fs. 1054) por la Sra. Juez Titular del Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial N°2 Departamental se alzaron tanto la parte actora (fs. 1056) como el codemandado Juan Antonio Anton (fs.1055) y la aseguradora (fs.1062) interponiendo los respectivos recursos de apelación, los que fueron concedidos libremente a fs. 1057 y 1063.-
Llegadas las actuaciones a esta alzada, expresan agravios la parte actora a fs. 1071/1078, el codemandado Juan Antonio Anton y Ornaque por vía electrónica el 22 de septiembre del 2018, mientras la aseguradora también lo hizo por esa vía el 10 de octubre de dicho año.-
Mereciendo tales presentaciones las réplicas de fs. 1082/1086, 1087/1101, y las adunadas vía electrónica el 1 de noviembre también del 2018.-
A fs. 1102/vta. se dio vista a la unidad de defensa N° 5.-
A fs. 1105vta., se llamaron "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que -al presente- se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
IIa.- Agravios de la parte actora
Comienzan su embate los accionantes criticando la cuantificación del daño material, focalizando luego su ataque en la cuantificación tanto del daño psicológico como de los tratamientos terapéuticos.-
En segundo término, se alzan contra las sumas fijadas en concepto de daño moral tanto para los progenitores -por si- como para las establecidas en su rol de continuadores de su hijo Ariel Damis.-
IIb.- Agravios del codemandado Juan Antonio Anton y Ornaque
En primer lugar, dicho accionado cuestiona la atribución de responsabilidad decidida por la sentenciante.-
Luego de ello, embiste contra la cuantificación de la pérdida de chance, para luego también alzarse contra las sumas indemnizatorias fijada por daño psicológico y tratamiento terapéuticos.-
Posterior a ello ataca la cuantificación de daño moral por considerar la suma fijada elevada.-
Asimismo critica la suma fijada por el reintegro de gastos de sepelio.-
Y concluye su embate cuestionando la tasa de interés.-
IIc.- Agravios de la aseguradora
Comienzan su embate cuestionando también la atribución de responsabilidad decidida por la Sra. Juez a quo .-
Luego de ello, ataca la cuantificación del daño moral.-
Además de lo cual, la citada en garantía se agravia de la suma fijada en concepto de perdida de chance.-
También critica la reparación del daño psicológico y se alza contra la modalidad para pesificar la suma asegurada decidida por la magistrada de la instancia de origen.-
Por último ataca la tasa de interés fijada en la sentencia en crisis.-
A los términos de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae.-
Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que la Sra. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Sentado ello, pasaré al tratamiento de los agravios, y lo haré parceladamente, para dotar a mi argumentación de la mayor claridad expositiva.-
Tanto el codemandado como la citada en garantía se alzan contra la atribución de responsabilidad decidida por la sentenciante.-
Considero necesario y oportuno comenzar el tránsito del punto, reseñado a título introductorio, el relato que los litigantes dieran sobre los hechos base de autos al comparecer, cada uno de ellos, a la presente acción civil.-
Comencemos.-
A fs. 35 se presentan los Sres. Jorge Luis Damis y Lorena Vanesa Digon Gonzalez por sí y en representación de su hijo menor Ariel Ezequiel Damis , promoviendo demanda de daños y perjuicios contra Juan Antonio Anton y Ornaque (fs. 495 y 261 respectivamente), Clínica Privada Libertad S.A. y/o quien resulte responsable de los hechos que originan la presente litis. Ademas de ello, requieren que se intime a la demandada a denunciar la aseguradora a los fines de citarla en garantía.-
En cuanto a los hechos base de autos destacan que los actores esperaban a su segundo hijo cuyo nacimiento se produciría a fines de septiembre de 2000.-
Indican -en ese sentido- que la accionante realizó todos sus controles durante el embarazo.-
Continuando el relato, señalan que el día 19 de septiembre fue atendida como en todo su embarazo, en la Unidad Sanitaria n° 501 de Paso del Rey, partido de Moreno, por la Dra Stella Maris Indart. Que en atención de hallarle en tal control alta presión y dado su embarazo de 38 semanas la medica tratante ordenó su inmediata internación. Así es que se internó el dia 19/09/00 en la Clínica Privada Libertad hasta el día 23 del mismo mes, fecha en la que el Dr. Anton le dio el alta.-
Agregan que, al día siguiente, la actora ingresó nuevamente a la Clínica -hoy demandada- a las 21 hs. con síntomas de parto. Que recién a las 23,30 hs. la Dra. Alava, quien la revisó al ingresar, le colocó el goteo y dos horas después le colocó un óvulo y le rompió la bolsa. Que alrededor de las 4 hs. le hicieron un monitoreo y los latidos del bebé no se sentían y recién entonces la trasladaron al quirófano y previo a efectuarle una ecografía la intervinieron, naciendo el bebé sin vida.-
A fs. 126 se presenta a contestar demanda la Clínica Privada Libertad S.A.
Ene esta oportunidad y posterior a efectuar la negativa de rigor, la mentada accionada señala que la paciente Lorena Gonzalez Digón cursaba su tercer embarazo. Como antecedente presentaba un parto previo normal y un óbito del cual no se tienen más datos que la denuncia del mismo. Que la misma era atendida en la unidad Sanitaria 501 de Paso del Rey. Que la misma ingresó a la Clínica el 19 de setiembre de 2000 por hipertensión arterial asociada al embarazo. Que durante la internación la presión se mantuvo a valores normales, destacando que el cuadro se mantuvo sin tratamiento alguno. No obstante se le efectuaron estudios de laboratorio donde se observó la inexistencia de complicaciones. Con fecha 20 de setiembre se le efectuó un monitoreo fetal con registros y respuestas a estímulos normales. Que, asimismo, el 22 de setiembre se le realizó una ecografía de control comprobando que el feto presenta latidos y movimientos fetales normales. Así, descartada toda potencial complicación, se la externa con fecha 22 de setiembre de 2000.-
Agrega que al día siguiente nuevamente ingresa a la Clínica demandada, pero esta vez con trabajo de parto. Que como es debido, se inició el trabajo de parto por vía normal ya que no se presentaba como un embarazo de riesgo existiendo solo registros aislados de HTA que no requirió tratamiento, ni se constató durante los cinco días de su internación. Por otra parte, durante el trabajo de parto se realizaron controles fetales permanente y nada hacía prever el desenlace. Aclara que la autopsia que hubiera aclarado la causa y momento del óbito no pudo llevarse a cabo por la negativa de los familiares. Señala que la obligación a su cargo es de medio y no de resultado, afirmando que en todo momento cumplió con el deber de seguridad a su cargo.-
Afirma la inexistencia de nexo causal.-
Luego de ello, y en el devenir del proceso, nos encontramos a fs. 160, comparece, El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A.-
Debemos aclarar que posterior a la presentación de referencia , a fs. 576/7 se denuncia la fusión por absorción de la aludida compañía por parte de Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) SA.-
Asimismo, luego de ello, a fs. 1006 se cambió de denominación pasando a operar bajo el nombre Seguros Sura SA, contesta la citación en garantía.-
Aclarado ello, en cuanto a los hechos aquí denunciados se destaca que a la fecha del evento de autos se encontraba vigente la póliza 18533 emitida por su conferente a nombre de Clínica Privada Libertad SA por responsabilidad civil profesional comprensiva de su actividad de institución privada de salud. Luego de hacer referencia al supuesto de caducidad de cobertura, señala que en el contrato de seguro se ha estipulado que la suma máxima asegurada asciende a U$S150.000 y luego por el proceso de pesificación dicha suma ha quedado establecida en la suma de $150.000, suma máxima hasta la cual puede hacerse extensible la responsabilidad a su instituyente, denunciando asimismo la franquicia pactada en la póliza.-
Luego de ello, contesta demanda, realizando una pormenorizada negativa de los hechos, impugnando a continuación los rubros reclamados.-
Por ultimo solicita que oportunamente se desestime la pretensión, ofreciendo la prueba que estime pertinente.-
Continuando con la compulsa de autos a fs. 204, se presenta a contestar demanda, Juan Antonio Anton y Ornaque , mediante su letrado apoderado.-
Luego de efectuar la negativa de rigor, el accionado manifiesta que la Sra. Digón Gonzalez en septiembre de 2000 cursaba un embarazo de 38 semanas.-
Conforme sus propios dichos, se había desarrollado con normalidad, habiendo efectuado los pertinentes controles. Que las cifras de la tensión arterial fueron normales hasta el 19 de setiembre, en que por primera vez se registran cifras de tensión elevada 140/100, razón por la cual es internada en la Clínica Libertad. El diagnóstico fue hipertensión inducida por el embarazo leve. Que se le comenzaron a realizar controles no solo de la tensión arterial sino de su estado general resultando satisfactorios. Que la tensión arterial se normalizó registrándose a las 19 y 21 hs. cifras tensionales de 120/80, o sea normales. Que al mismo tiempo se realizaron controles al feto hallándose todo normal. Que el seguimiento lineal de la paciente fue realizado conforme surge del legajo médico de los días 20, 21, 22 y 23 de setiembre de 2000. Que fue constatada la normalidad de la cifras tensionales como la presencia de movimientos y latidos fetales normales. Que el episodio de vómitos que obligara a posponer el alta sanatorial del día 22 al 23 no guarda relación alguna con la HIE.-
Remarca que las contingencias que sucedieron a partir del 25 de setiembre de 2000 son totalmente ajenas a su poderdante, ya que no tuvo intervención alguna en la nueva internación.-
Luego de efectuar las consideraciones médicas del caso, sostiene que en definitiva la accionante fue internada por presentar un cuadro caracterizado por aumento de la TA sin proteinuria, lo cual fue correctamente diagnosticado como HIE leve. Que el cuadro evolucionó óptimamente desapareciendo la hipertensión. Que todos los estudios y análisis fueron normales por lo que el alta le fue otorgada con parámetros normales, indicándose medidas terapéuticas idóneas para el tratamiento de HIE leve.-
Es por ello que sostiene que no existe reproche en el accionar de su mandante, ni relación causal entre su conducta y el resultado disvalioso alegado por los actores.-
Finalizada la reseña de tal presentación cabe destacar en referencia a la situación procesal de la codemandada Fatima Eulalia Alava Vazquez, que tras la publicación edictal, a fs. 450 toma intervención la Sra. Defensora Oficial en representación de la ausente. Luego de una pormenorizada negativa e impugnar los rubros reclamados, hace la reserva de opinar, en definitiva, en la oportunidad prevista por el art. 354 inc. 1 in fine COCC.-
Asimismo debemos destacar que a fs. 352 se denuncia el fallecimiento de Ariel Ezequiel Damis acompañando certificado de defunción, siendo que a fs. 353 se tuvo a sus continuadores como continuadores de sus derechos.-
Descripto todo ello, debo decir, ahora, que la sentencia en crisis ha admitido la demanda, lo que agravia a los recurrentes.-
Finalizada así la reseña de los relatos que las partes brindaran sobre el hecho base de autos, observamos que si bien son coincidentes en la ocurrencia del infortunio, los dichos difieren sobre la mecánica del evento y en consecuencia, la responsabilidad por la ocurrencia del mismo.-
Sentado ello, es hora de ocuparnos del respectivo encuadre jurídico.-
Para tal fin, considero oportuno recordar lo sostenido por esta alzada en la causa 50.839, R.S. 376/09.-
Allí, he señalado que:
"Yendo hacia la naturaleza de la responsabilidad civil de los médicos en particular, y conforme lo he sostenido en numerosímas causas antes de ahora tanto como Juez de 1ra. Instancia y en la presente Sala, vemos que en el derecho argentino es abrumadoramente mayoritaria la posición que cimienta la "responsabilidad contractual", y sin hesitar adhiero a la tesis que prohija como regla general la adopción de la responsabilidad contractual para contemplar la especie (ver específico trabajo realizado por el Dr. Alberto J. Bueres en su obra: "Responsabilidad Civil de los Médicos" con prólogo del Dr. Jorge Bustamante Alsina, pág. 41 y sgs., Ed. Abaco, Buenos Aires, 1979 y la abundante y copiosa cita allí efectuada de doctrina y jurisprudencia a la que me remito en homenaje a la brevedad (...).-
El Dr. Bustamante Alsina, con acierto, expresó que ubicar siempre la responsabilidad del médico en el ámbito extracontractual es totalmente equivocado puesto que ello importa introducir una confusión entre la causa fuente de la obligación y el contenido de la prestación asumida por el médico, en lo que hace a la efectiva concreción de los deberes a satisfacer por el mismo.-
Y por ello es antojadizo considerar por un lado que el facultativo tiene derecho a percibir sus honorarios en virtud del nexo convencional y sostener, por otra parte que asiste al enfermo el derecho de reclamar una indemnización por daños y perjuicios -derivados de la incorrecta ejecución del contrato- acudiendo a los principios jurídicos de una fuente distinta (conf. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nros 1367, 1368, págs. 393/4, ed. A. Perrot, Bs.As., 1973; CHIRONI, G.P., "La culpa en el derecho civil moderno: culpa extracontractual", Reus, Madrid, 1904, t I, pág. 146).-
Por otra parte, soy de opinión que en nuestro derecho no hay cabida para insertar la mentada "culpa profesional" puesto que al infringir los dictados de su ciencia o especialidad, el médico incurre en la culpa común que supone una noción singular, invariable y genérica acorde con el principio fluyente del art. 512 del Código Civil, y la circunstancia de que transgrede ciertos deberes especiales emanados del ejercicio profesional, no es óbice para que, al constituir esa falta una violación del contrato, la responsabilidad no siga siendo puramente contractual (ver Mazzeaud, H. y León y Tunc, A., "Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual", Ejea, Bs. As., 1977, t I, Vol. I, nro. 206-2, pág. 290 y sgs.).-
Asimismo, entendemos que el médico está compelido a satisfacer una obligación de "medios" -o de diligencia-, pues la mayor parte de las veces sólo promete observar una conducta diligente para la obtención de un "resultado", con prescindencia de que éste se verifique. Y sólo por excepción, puede suceder que el profesional de la medicina garantice un resultado, asumiendo por ende una obligación de tal laya y obligación determinada (como por ejemplo los deberes específicos de los anatomopatólogos y biólogos, en relación con los análisis de laboratorios que no ofrecen riesgos en orden a la precisión científica, y a los de los cirujanos cuando sus labores consisten en intervenciones quirúrgicas de notoria simpleza o de cirugía estética).-
Ahora bien, cuando la obligación es de "medios", el deudor está constreñido a prestar una conducta que razonablemente conducirá a un resultado (aunque éste es prescindente), y por lo tanto, la omisión de esa conducta constituye la "culpa", es decir que en este último tipo de deberes (los de medios) al acreedor incumbe la prueba de la culpa pues ésta consiste en el incumplimiento (conf. BUERES, Alberto J., ob. cit., pág. 189; fallo del Dr. Jorge H. ALTERINI como Juez de lra. Instancia, publicado en L.L., 1976-C, nro. 73.338 del 6/8/75, pág. 207).-
En relación a nuestro ordenamiento positivo es dable acotar que la teoría de la prestación de la culpa fue abandonada, pues el art. 512 del Código Civil consagra una regla general que faculta al juez para evaluar la conducta del agente sin atención a tipos o moldes apriorísticamente fijados.-
De acuerdo con ello, entonces, la culpa se debe apreciar en concreto, sobre la base de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de personas, tiempo y lugar, y las condiciones personales del agente sólo se computarán a los efectos de estimar el mayor deber de previsión impuesto por el art. 902, o cuando se trate de relaciones contractuales creadoras de deberes "intuitu personae" (conf. art. 909 del cód. cit.). Y con dichos elementos concretos, el Juzgado formará un tipo de comparación, circunstancial y específica que sea representativo -axiológicamente- de la conducta que debió observar el sujeto en la emergencia, y entre la confrontación del actuar real y el debido (idealmente supuesto) obtendrá la conclusión buscada (conf. Bustamante Alsina, ob. cit. nro. 812, págs. 250/251).-
En consecuencia, de todo lo expresado, el Juez se atendría (en el sistema genérico del art. 512), "in principium", a la naturaleza de la obligación o del hecho y a las circunstancias de personas, tiempo y lugar, considerando las condiciones personales del agente, al único efecto de hacer mérito a la mayor o menor previsibilidad del daño impuesto en el caso, y con el resultado de dicha apreciación, el magistrado elaborará si el sujeto actuó en la emergencia ajustándose a la conducta debida.-
En cuanto a la responsabilidad que se le pretende adjudicar a los entes Hospitalarios, Sanatoriales y/o a empresas que se dedican a la prestación médica, por la indebida atención médica por los profesionales que laboran para tales establecimientos o empresas especializadas en tales labores, también antes de ahora he opinado que no existe uniformidad de criterios, aún cuando todos arriban al mismo resultado, en el sentido que dicha responsabilidad existe en todos los casos en que hay responsabilidad médica.-
Así encontramos una opinión que computa por un lado la autonomía científica que tiene el médico respecto de las autoridades del establecimiento, y por otro, la verdadera raíz de las declaraciones voluntarias vinculantes, y se concluye que entre la clínica estipulante-, y el médico -promitente-, se celebra un contrato a favor del enfermo -beneficiario- y que de tal juego de relaciones, surge que las responsabilidades del galeno y del ente asistencial frente al paciente son directas y de naturaleza contractual; que el ejecutor material del último tramo del programa o plan de prestación por encargo del solvens es un auxiliar o dependiente del mismo y que cuando los poderes de contralor, dirección y otros se diluyen hasta un punto en que ni siquiera acudiéndose a una ficción puede concebírselos en su existencia, el deber de responder reflejo -o indirecto-, la garantía
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.