Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 3302
Causa Nº MO-3302-08 R.S.155/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 18 de Julio de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y José Eduardo Russo, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CAZAS DANIEL OMAR C/ GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Causa Nº MO-3302-08, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-RUSSO , habiéndose dispuesto a fs. 525 la integración del Dr. Eugenio Alberto Rojas Molina atento a la disidencia allí manifestada, resolviéndose, plantear y votar las siguientes:
1. ¿Corresponde reanudar el llamamiento de autos para sentencia suspendido a fs. 525?
2. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA PRIMERA CUESTION: el señor juez doctor GALLO, dijo:
Habiendo quedado integrada la Sala conforme lo dispuesto a fs. 525 y consintiéndose dicha integración, quedan los autos en estado de volver al Acuerdo para dictar sentencia definitiva, sin necesidad de dictar un interlocutorio de reanudación y aguardar a que quede consentido, teniendo en cuenta el motivo por el cual el llamamiento fue suspendido, el hecho de que no se han incorporado al proceso nuevos elementos y en virtud de elementales razones de concentración y economía procesal.-
Por ello, propongo que se reanude el llamado de "autos para sentencia" suspendido y, en este mismo acto, se pronuncie la pertinente decisión.-
Consecuentemente, a la cuestión propuesta voto por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, y por idénticos fundamentos, los Sres. Jueces Dres. RUSSO y ROJAS MOLINA adhieren votando en el mismo sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental a fs. 493/503VTA. dictó sentencia hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Daniel Omar Cazas contra Grupo Concesionario Del Oeste S.A., condenado a esta última a abonar al actor la suma de $90.750 con mas los intereses allí indicados, imponiendo las costas al accionado y difiriendo la regulación de honorarios profesionales.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la actora como la demandada (esta última electrónicamente), concediéndose ambos recursos libremente a fs. 509, el recurso de la actora se fundó con la expresión de agravios de fs. 512/520vta., mientas que el de la demandada lo fue con el escrito electrónico código de referencia 233800416015035165.-
Ninguna de tales presentaciones mereció réplica.-
3. A fs. 524vta. se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se queja de la desestimación del rubro daño físico, igualmente objeta la suma fijada en concepto de daño moral, la establecida para los tratamientos psicológicos, el rechazo del rubro daño psicológico, la suma fijada en concepto de gastos y la tasa de interés establecida, solicitando -en este último aspecto- la fijación de la tasa activa o en su defecto la tasa pasiva digital; luego ratifica el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, y plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 10620.-
En cuanto a la demandada, comienza objetando la atribución de responsabilidad, para luego enfocarse en la forma de imposición de costas, no obstante el acogimiento parcial de la demanda; ataca, asimismo, las sumas fijadas por daño moral, tratamiento psicológico, daño material y gastos.-
A los términos de cada una de esas fundamentaciones recursivas cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.-
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, y para dotar a mi razonamiento de la mayor claridad, iré parcelando los diversos temas que se someten a nuestro conocimiento y decisión.-
a) La atribución de responsabilidad
Es la demandada la que llega cuestionándola.-
Con todo, y no obstante la extensión de su discurso, entiendo que el recurso -en este aspecto- no sortea la valla del art. 260 del CPCC.-
En orden a fundar tal aserto es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación de la quejosa -en el punto- no llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido, vemos que la Sra. Juez de Grado ha analizado detenidamente las constancias de la causa (ver fs. 496vta./498) y considera responsable a la demandada por no haber mantenido la vía libre de obstáculos, lo que provocó que el automotor de la actora colisionara contra otro que estaba detenido en el lugar, desde hacía bastante tiempo, en un contexto climático y horario desfavorable.-
Pues bien, frente a ello, vemos que la demandada -en su expresión de agravios- trae una serie de consideraciones genéricas.-
Consideraciones que son fruto, como es evidente, de la utilización de procesadores informáticos que permiten insertar un buen volumen de texto sin mayor esfuerzo que una operación de cortado y pegado.-
Pero, en lo poco que podría vincularse con el hecho en concreto, esta argumentación no se hace cargo de su mecánica, sino que -antes bien- nos habla de un hecho de otras características: la aparición de un canino en la autovía.-
Es evidente, así, que mas allá de las múltiples consideraciones genéricas, en lo específico nada dice la demandada; no se refiere al caso, ni a las pruebas e incluso equivoca las características del hecho, pues nos habla de la aparición de canes en la calzada y aquí de lo que se trata es de una colisión de un automóvil detenido, que no fue removido en tiempo propio.-
Valga esta reflexión, en cuanto al uso (inadecuado) de las nuevas (o no tan nuevas) tecnologías, al servicio de la faena jurídica, cuando las mismas se utilizan solo para el llenado de páginas (y la distracción de quien tiene que leerlas) en lugar de usárselas como una eficiente colaboración para una exposición mas eficiente.-
En suma: el "cortar y pegar" puede servir, en algunos casos, para sentar una base argumentativa, pero en casi la generalidad de los casos, no será suficiente para sortear la valla de solvencia argumental del art. 260 del CPCC, si a lo que se copia y pega no se lo contextualiza y relaciona con las específicas circunstancias de la controversia de la que se trate.-
El uso de estos sistemas desfigura, así, la dialecticidad del proceso, generando que -con este tipo de operaciones tan sencillas- se obligue al órgano jurisdiccional a destinar tiempo (y recursos) para la lectura de varias páginas para, al final del camino, detectar que ese esfuerzo invertido ha sido casi estéril.-
Reflexiono, en tal sentido, que así como los derechos deben ser ejercidos (utilizados) de manera regular (art. 10 del CCyCN) lo mismo aplica a las nuevas tecnologías; entonces, por mas que estas permitan con una sencilla operación (de no mas de seis o siete clicks) generar un volumen de texto importante, esto debe ser utilizado de manera racional y regular, haciendo uso y no abuso de lo que ellas permiten y siempre teniendo en miras la finalidad del acto jurídico procesal que se tiende a realizar (en el caso, expresión de agravios).-
Luego, y si así no se lo hace, la solución es la que vengo anticipando: las tecnologías deberían servir, en el contexto que vengo describiendo, para hacer mas eficiente la argumentación en sede recursiva y no para, con una operación de cortado y pegado, obligar al órgano judicial a leer decenas de páginas que, en concreto, no dicen nada.-
Por otro lado, no mejor suerte corren los planteos (también genéricos) vinculados con la velocidad del automóvil de la actora; la Sra. Juez de Grado consideró inacreditado el exceso de velocidad alegado (ver fs. 497) y nada hace la quejosa para demostrarnos, en forma concreta y razonada, cuál de los elementos de convicción allegados al proceso demostraría dicho exceso; en cuanto al dominio del rodado, tampoco se hace cargo la recurrente de las consideraciones de la sentenciante atinentes al estado climático existente al momento de los hechos y la falta de iluminación, con su incidencia en la producción del resultado.-
De este modo, las consideraciones basamentales que llevaron a la sentenciante a decidir como lo hizo, salen incólumes del ataque recursivo de la demandada.-
Luego, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, deberá declararse desierto
el recurso de apelación interpuesto por la demandada en este aspecto.-
b) Los daños
Adelanto, desde ya, que varias de las falencias que se advirtieron precedentemente en cuanto al embate de la demandada atinente a la atribución de responsabilidad, se visualizan -también- en otros tramos del recurso de la accionada y en varios del recurso de la actora.-Hecha esta introducción, vamos al análisis de los distintos planteos.-
b1) Incapacidad física
La Sra. Juez de Grado ha desestimado el rubro al considerar que no estaba acreditada la relación causal entre el hecho y los daños en base a los cuales se reclamaba (ver fs. 498vta./499).-
Frente a ello, y dando por reiteradas aquí todas las consideraciones efectuadas en lo atinente a la solvencia técnica en las expresiones de agravios (art. 260 del CPCC), vemos que la actora esboza una serie de generalidades (fruto también del uso de las tecnologías que permiten cortar y pegar texto) pero del fundamento basal (atinente a la demostración del nexo causal) no dice absolutamente nada; ni, por cierto, se hace cargo de los clarísimos postulados expuestos por la Sra. Juez de Grado.-
Luego, el recurso de la actora deviene -en este punto- desierto.-
b2) Incapacidad psíquica
Esta parcela fue también desestimada, considerando la sentenciante que no se había acreditado la configuración de un menoscabo psicológico de carácter permanente y que el detectado por el perito era reversible (ver fs. 499vta.).-
Y la actora, cuando expresa sus agravios, vuelve a incurrir en el mismo defecto señalado en el punto anterior: transcribe una serie de generalidades y llega a exponer que "el primero de los reclamos no debe prosperar" (en alusión a la incapacidad), hablando de su carácter transitorio.-
Con relación a la potencial reversibilidad, se limita a copiar un fallo, dice que la pericia sostuvo que el daño es permanente y que el tratamiento ayudaría al no agravamiento del cuadro; pero tal afirmación aparece desconexa de las constancias de autos, pues no surge claro de qué tramo del dictamen pericial extrae esta consideración.-
De este modo, el recurso deviene, también en este aspecto, desierto.-
b3) Gastos
Ambas partes apelan lo decidido en el punto, donde la Sra. Juez de Grado fijó el importe resarcitorio de $3000.-
Pues bien, leyendo sendas expresiones de agravios entiendo que ambas incurren, aquí también, en insolvencia argumental.-
La demandada, en un solo párrafo, brega por su rechazo, desatendiendo el postulado de la Sra. Juez de Grado en donde dice que no es indispensable que se encuentre documentado su importe (ver fs. 500vta.).-
La actora, mientras tanto, intenta que se fije un monto mayor que el pretendido inicialmente (recordemos que se trata de gastos ya efectuados, y no de gastos futuros) copiando algunos conceptos relativos a que no resulta necesaria la acreditación fehaciente de este tipo de erogaciones pero sin intentar siquiera demostrar, de manera concreta y razonada, por qué la suma fijada sería exigua o cuales son los motivos que ameritarían el establecimiento de una mayor.-
Ambos recursos, por lo dicho, deberán declararse desiertos por insuficiencia.-
b4) Tratamiento psicológico
En base al dictamen pericial, y a haber considerado reversible el padecimiento, la Sra. Juez de Grado acoge esta partida y fija el monto en la suma de $38.400.-
Aquí también apelan ambas partes; la actora, promoviendo la elevación y sosteniendo que el costo actual de la sesión sería de $1.200, pero sin indicarnos de dónde extrae dicha información, ni los motivos que la sustentan (mas allá de sus propios dichos).-
Es así como su recurso deviene -también en este aspecto- desierto.-
Al par de ello, al de la demandada le sucede lo mismo; trae algunos fallos, vinculados con el daño psíquico y no con los gastos de tratamiento, habla de la incapacidad acordada por los daños físicos (cuando el rubro fue desestimado), se copian otros fallos y se pide el rechazo de la parcela o su morigeración.-
Como se ve, en concreto, no se dice absolutamente nada acerca de los gastos de tratamiento, ni el fundamento de los mismos (la pericia).-
Aquí también, entonces, los dos recursos devienen desiertos.-
b5) Daño moral
Ambos apelantes cuestionan los $40.000 fijados por la Sra. Juez de Grado.-
Lo hacen sin traer, aquí tampoco, demasiados fundamentos, pero las particularidades de este rubro y su cuantificación hacen que, desde mi punto de vista, no quepa aquí extremar los recaudos de solvencia argumental, como sí sucede en otras parcelas.-
Abordando la cuestión debo recordar que, en cuanto al daño moral, he sostenido reiteradamente antes de ahora, que si se hubieran acreditado que por la ocasión del hecho dañoso se le produjeron a la víctima lesiones físicas, el daño moral se tiene probado "in re ipsa" al decir de Orgaz y que en atención a lo especificado precedentemente y las conclusiones periciales se tuvieron por demostradas las lesiones padecidas por la víctima por el hecho dañoso.-
En lo que hace al monto indemnizatorio fijado por tal concepto, cabe recordar que hemos dicho en esta misma Sala (ver entre otras voto de mi autoría: causa nro. 43.370, R.S. 317/02) que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido diferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Sentado ello, cabe recordar que la procedencia del daño moral fue analizada, por esta Sala, en un caso con cierta similitud al presente, aunque con
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