Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 36304
CAUSA MO 36.304 15 R.S.: 326/2019
//// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Roberto Camilo Jordá y José Luis Gallo , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "LLERA, MYRIAM LILIANA C/ LIDERAR SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" CAUSA MO 36.304 2015 y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. JORDA – GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 258/263?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apela la sentencia de autos la parte actora a fs. 270, expresando sus agravios a fs. 290/292.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la excepción de no seguro opuesta por Liderar Cia General de Seguros S.A y, en consecuencia, desestima la demanda promovida por Pablo Daniel Suarez, Carina Noemí Suárez y Myriam Liliana Llera; a quienes les impone las costas del juicio.
III. Los recurrentes objetan el pronunciamiento de grado, alegando al respecto, que se ha soslayado el hecho de que son consumidores y, por tal motivo, deben ser protegidos. En esa directriz de análisis, sustancialmente, puntualizan que la demandada sabía que el camión no tenía el dispositivo de rastreo satelital, al momento de la firma del contrato, pero igualmente continuó percibiendo mes a mes el valor de la cuota fijada.
IV. Las partes se encuentran contestes en la existencia del contrato de seguro –póliza número 008371080-que las vinculaba por el que, entre otros, se cubría el riesgo de robo del camión Mercedes Benz Atego 1315, dominio SHO 676. De igual manera hay aquiescencia en torno a que los accionantes estaban sufragando, en las condiciones pactas, la correspondiente prima y-correlativamente-la empresa accionada las percibía (arg. artículos 362, 375 y concordantes del Código Procesal; ver escritos de demanda y de contestación de demanda, fs. 94/104 y de fs. 142/153, respectivamente).
En el panorama fáctico reseñado se impone entonces examinar las clausulas CA-RH 2.1 y CA-RH 3.1 del contrato de mentas, ambas expresamente relacionadas con el dispositivo de rastreo satelital, cuyo recto sentido y alcance constituye el objeto del contrapunto ventilado en los actuados.
La primera aludida establece que el asegurador acepta cubrir el vehículo contra los riesgos de robo o hurto, en virtud de la declaración efectuada por el asegurado de que dicho vehículo tiene instalada una unidad de localización vehicular. La segunda, refiere que la compañía aseguradora acepta cubrir los riesgos señalados en virtud de la declaración efectuada por el asegurado de que acepta la instalación en su vehículo del dispositivo de rastreo, cuyo costo asume la empresa, para lo que se compromete a presentarse ante el prestador de aquel servicio de localización geográfica (ver instrumento de fs. 115/130)
El cotejo de ambas estipulaciones devela, de un modo claro, la colisión entre ambas; por cuanto de una de deduce que el sistema de ubicación satelital ya se encontraría instalado al momento de celebración del contrato, mientras que de la otra se extrae que el rodado carecía de aquel y que debía ser instalado posteriormente a costa de la firma aseguradora (arg. artículos 1094 del Código Civil y Comercial, su doc.; 384 del Código Procesal).
A esta altura se hace menester enfatizar que el contrato de seguro , otorgado por los contendientes procesales, es un contrato de consumo en tanto y en cuanto suscita un vínculo jurídico oneroso entre el proveedor de un servicio y un destinatario final que se beneficia con aquel (arg. artículos 1092 y concordantes del Código Civil y Comercial; su doc).
Tal caracterización permite sostener válidamente que entre sus otorgantes existe una notable relación de asimetría jurídica y económica, pues es la empresa demandada la que ha redactado el plexo contractual de manera unilateral, circunscribiéndose el margen negocial de los demandantes a la mera adhesión a ese contenido (arg. artículos 984 y concordantes del Código Civil y Comercial; l2, 38 y concordantes dela ley 24.240; ver póliza, fs. 115/130).
Va de suyo entonces que la mentada condición de consumidores activa la eficacia del tejido normativo tuitivo; protección ésta que, entre sus variadas facetas, encarna en el imperativo de interpretar los contratos en beneficio de aquellos. En especial cuando se trata de consagrar la liberación del proveedor del servicio (arg. artículos 1094, 1095 del Código Civil y Comercial; 37 y concordantes de la ley 24.240, su doc.).
Ahora bien en mi criterio al conectar las clausulas en conflicto con la conducta posterior de las partes-pauta interpretativa de insoslayable trascendencia para desentrañar el alcance del contrato- devela que al momento de celebrarse aquel el camión asegurador carecía del sistema de ubicación satelital de rastreo. Amén de que dicha circunstancia era conocida por la empresa aseguradora. (arg. artículos 1061 y concordantes del Código Civil y Comercial)
La conclusión ensayada puede apreciarse nítidamente si repara en el hecho de que la propia demandada refiere, para sustentar su declinatoria, que el asegurado no concurrió el día 18/11/2013 al turno que le había asignado la firma Police S.A. (Alerta 24) para la colocación del dispositivo de mentas. Este hecho, vale subrayar, se encuentra demostrado con la respuesta al pedido de informes-solicitado por la misma accionada- a la empresa de protección y recuperación vehicular que se encuentra agregado a fs. 190.
Lo expuesto devela que la firma demandada no tuvo óbice alguno en concertar el contrato, pese a conocer que el vehículo que aseguraba carecía a ese momento del sistema de rastreo. Por ende mal puede posteriormente pretender alegar dicha ausencia como causal de liberación (arg. artículos 1065 y concordantes del Código Civil, su doc.).
Se impone entonces interrogarse si la falta de colocación del referenciado dispositivo, ulterior al nacimiento del vínculo negocial, valida la negativa de asunción del siniestro debatida en estos autos.
En aras de dar respuesta es preciso reparar, como ya fuera puesto de relieve, que no se encuentra en discusión que el asegurado abonó oportunamente las primas y que aquellas fueron percibidas sin objeciones por la empresa Liderar S.A., incluso con posterioridad a la inasistencia para la colocación del sistema de protección y recuperación vehicular (ver escritos de demanda y de contestación de demanda, fs. 94/104 y de fs. 142/153; respectivamente). Dicha circunstancia, por otra parte, se ve también corroborada con el dictamen pericial contable de fs. 226/228. Precisamente en tal experticia, de un modo expreso, se consigna que la póliza contratada se encontraba vigente al momento del siniestro (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal).
En las condiciones que anteceden, a mi juicio, es entonces manifiesto que la aseguradora demandada conocía que el vehículo del actor circulaba, sin satisfacer la carga relativa al dispositivo de rastreo (arg. artículos 15 y concordantes de la ley 17418, su doc.).
En este contexto es en el que deben interpretarse las cláusulas mencionadas; de modo que en orden a ellas la firma aseguradora debía intimar al asegurado a los fines de que cumpliera con aquella exigencia contractual. O, como mínimo, extinguir la relación jurídica asegurativa, con el anoticiamento fehaciente de ello. Mas no hizo nada de ello y por el contrario siguió percibiendo las pólizas sin la mínima objeción (arg. artículos 1061 ver pericial contable de fs. 226/228).
La conducta desplegada en el proceso por la firma demandada-negativa a otorgar cobertura al siniestro-colisiona con su proceder anterior; pues no puede considerar exigible el contrato para cobrar la prima y, simultáneamente, negarle eficacia para esterilizar su obligación de cobertura.
En este aspecto no es ocioso enfatizar que el principio de la buena fe contractual, que ostenta especial intensidad cuando se trata de relaciones de consumo, imponía que la empresa intimara al asegurado para que procediera a la instalación del mecanismo, advirtiéndole que la insatisfacción de tal requerimiento conllevaría la extinción del vínculo jurídico. O, como mínimo, que le notificara fehacientemente la rescisión contractual por incumplimiento de tal carga (arg. artículos 1061, 1094, 1100 y concordantes del Código Civil y Comercial)
Mas, de ninguno modo, es normativamente plausible que continúe cobrando la prima y que invoque aquella omisión cuando acaecido el siniestro se le requiere su cobertura. Pues la inactividad aludida debe ser estimada una renuncia tácita a su derecho de liberarse de la obligación (arg. artículos 37 y concordantes de la ley 24.240; conf. CNCom., Sala E, 04.08.2011, “Adamoli, Jorge Luis c/ Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda”; ídem, Sala D, 30.12.2008, "Cino, Ricardo c/ La Mercantil Andina Cía. de Seguros SA s/ ordinario"; Sala B, 30.06.2008,"Moreno , Carlos c/ Liderar Compañía General de Seguros SA s/ ordinario"; ver Stiglitz, Rubén, “Derecho de Seguros, Tomo II, pg. 156, editorial La Ley, Bs. As. 2008 ).
Por otra parte es fácil apreciar que admitir la declinatoria –cuando, como se subrayo, se han percibido las primas-importa amparar un enriquecimiento sin causa. Pues la aseguradora obtendría un mejoramiento patrimonial, sin satisfacer la contraprestación asumida que le sirve de justificativo (arg. Título Preliminar, capítulo 3, artículos 9, 10; artículos 726, 729 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc).
En este punto entiendo pertinente apuntar que el argumento esbozado en el decisorio de grado-la prima seguía siendo proporcional al riesgo cubierto al excluirse la exclusion del caso del robo y/o hurto-se aprecia como dogmático. No sólo porque dicho hecho extintivo no fue alegado por la parte demandada sino, en especial, porque no obran en los actuados probanza alguna que permita, siquiera tibiamente, sustentar tal conclusión. (arg. artículos 163, inciso 6); 375 y concordantes del Código Procesal).
En síntesis, al considerar que la empresa demandada incumplió con la obligación de indemnidad asumida, he de proponer la recepción de esta faceta del recurso interpuesto por los demandantes.
Al encontrarse establecida la responsabilidad de la accionada, corresponde adentrarse en el examen de los rubros resarcitorios daño emergente y lucro cesante reclamados en la demanda.
Empero liminarmente juzgo atinado establecer que el reclamo de los montos que se justiprecien por los conceptos indicados, tiene como valla el límite de cobertura acordado en la póliza 008371080; tope resarcitorio éste no objetado por la parte actora quien, Incluso, lo invoca concretamente al delinear su pretensión (ver escrito de demanda, fs. 94/104 y escrito de contestación de traslado, fs. 160/161).
Precisamente aquella reclama el valor total del camion asegurado, cuantificando este daño directo- que no supedita al resultado de la prueba a producirse- en la suma de $220.000 “conforme se acredita con la póliza que se acompaña” (ver escrito de demanda, fs. 94/104).
En cuanto a la existencia del menoscabo aprecio que la sustracción del vehículo es un hecho que no se encuentra controvertido en los actuados. De igual modo, conforme se explicitara profusamente, ha quedado sentada la antijuridicidad de la resistencia exhibida a otorgar la cobertura respectiva por parte de la empresa de seguros (arg. artículos 362, 375 y concordantes del Código Procesal).
Empero no surge del análisis del expediente que los reclamantes hayan producido prueba tendiente a demostrar el valor del camión asegurado.
El último párrafo del artículo 165 del Código Procesal posibilita, ante la ausencia de prueba concreta respecto al monto del daño acreditado, su fijación judicial. El ejercicio de dicha potestad se encuentra signado por la prudencia y por las máximas de la experiencia, a fin de no consagrar un enriquecimiento incausado en favor del danmificado (conf. doctrina sentada por la SCBA, Acuerdo 98.305, entre muchos otros).
Por otra parte debe advertirse que el importe reclamado en la demanda, que no se supedite a los resultados de las pruebas a producirse en el proceso, actúa como un límite infranqueable en orden al principio de congruencia (arg. artículos 34 inciso 4), 163 inc.6) y 330 del Código Procesal, su doc.).
Con tales pautas a partir de la consideración de los valores actuales del mercado para un camión Mercedes Benz ATEGO modelo 1992 (consultadas en los sitios webs especializados) en regulares condiciones de uso (ver testimonial de fs. 202/202 vta., respuesta pregunta 7ma. e informe de fs. 249) encuentro razonable admitir el rubro en examen por el monto de $ 220.000 reclamado en la demanda (arg. artículo 165; ver escrito de fs. 94/104.)
Seguidamente me abocaré al tratamiento del reclamo por lucro cesante.
Para que proceda un reclamo por lucro cesante no debe acreditarse sólo la privación de una simple posibilidad de ganancia, pero tampoco es necesario la absoluta seguridad de que ésta se hubiera obtenida. Su viabilidad se encuentra asociada a la demostración de cierta probabilidad objetiva de que se hubiere obtenido un beneficio, según el curso ordinario de las cosas y conforme a las circunstancias particulares del caso (arg. artículos 1727, 1738 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.; conf. mi voto, en la Sala I, causa 51.749; entre otros precedentes).
Los demandantes afirman en su escrito de demanda que usaban el camión para transporter mercaderías varias al interior del país; actividad por la que obtenían la suma de aproximadamente $12.000 mensuales (ver escrito de demanda, fs. 100/100 vta.).
Dicha proposición, en mi criterio, se encuentra corroborada con el testimonio de Machado Sabarros (ver acta de fs. 202/202 vta, respuesta pregunta 3era.), como así también con las facturas de fs. 13/20 y que fueran reconocidas por DUIF Logística S.A. a fs. 245/246 (arg. artículos 374, 384 y concordantes del Código Procesal).
En cuanto a la cuantificación del desmedro de mentas, la consideración de los importes consignados en las aludidas facturas, del tiempo transcurrido desde la celebración del contrato de seguro y la sustracción del camión, a la luz de las máximas de la experiencia, me llevan a considerar razonable fijar la suma de $100.000 por el concepto resarcitorio en examen (arg. artículos 165, 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver póliza de fs. 115/130; pericial contable de fs. 226/228 y facturas de fs. 13/20).
También han reclamando los accionantes el daño punitivo.
El art. 52 bis de la ley 24.240 establece que: " Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley" .
Se trata pues de una cantidad de dinero que se ordena pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños experimentados, cuya teleología es la de sancionar la inconducta de los proveedores de bienes y servicios, como así también la de prevenir hechos similares en el futuro.
Precisamente, conviene puntualizar que, dada la funcionalidad que tiene el daño punitivo-como se dijo punitiva y disuasoria de la realización de conductas perjudiciales para el consumidor- su importe es independiente de otras indemnizaciones que se fijen. Amén que, en el caso concreto de autos, aquel no queda alcanzado por el límite de cobertura acordado en el contrato de seguro que liga a las partes, en orden a la disímil causa eficiente (arg. artículos 1737 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.).
Precisamente en lo actuados, conforme se explicitara precedentemente, se encuentra demostrada la relación jurídica de consumo como así también el incumplimiento en que ha incurrido la firma demandada; con la consecuente indebida postergación de los derechos de los consumidores reclamantes por más de cinco años (arg. artículos 374, 384 y concordantes del Código Procesal).
Asimismo, a mi juicio, es imprescindible ponderar que se trata de un contrato de seguro; negocio jurídico en el cual la buena fe y la confianza se asoman como valores prioritarios a resguardar (conf. Halperin, Isaac, “Seguros”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1986, tomo I, págs. 50/51).
La apuntada exigencia cobra especial vigor al momento en tornarse exigible la cobertura de un siniestro; por cuanto la expectativa de cumplimiento que se espera en esa instancia-y que de algún modo ha sido la determinante para que el asegurado celebrara el contrato-impone que la empresa aseguradora actúe con con mayor transparencia en su conducta e inobjetabilidad en su proceder.
Como se dijo, la sorpresiva negativa de la parte demandada a asumir el riesgo asegurado, recurriendo a subterfugios intepretativos, traduce un comportamiento netamente disfuncional para el particular mercado del seguro.
En cuanto a la cuantificación del daño punitivo aquella debe graduarse en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, con independencia de los montos asignados a la partidas resarcitorias igualmente reclamadas (arg. artículo 52 bis de la ley 24.240; conf. doctrina de la SCBA, C.122.044).
Con tales pautas genéricas y atendiendo al tiempo que insumió la dilucidación de la cuestión, la entidad del incumplimiento, a la índole de la actividad y a su trascendencia social, a la posición que ocupa la empresa en el mercado asegurador y a la posibilidad de reiteración de situaciones como la ventilada en autos, entiendo razonable fijar la suma de $300.000 (arg. artículos 47, 49 y 52 bis de la ley 24.240, su doc.)
V.En cuanto a lo intereses a computar sobre el monto sentenciado, para los rubros daño directo y lucro cesante, corresponde establecer, atento tratarse de una responsabilidad derivada de un incumplimiento de un contrato de consumo, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la provincia de Bs. As. en sus depósitos a 30 días; en concordancia con el criterio sentado por el Superior provincial en la reciente causa C 121.239. Los mismo deberán ser liquidados desde la fecha de mora -14 de febrero de 2014 (ver carta documentó de fs. 36) - y hasta el efectivo pago.
Respecto al importe fallado en concepto de daño punitivo al mismo se le deberán adicionar intereses, calculados igualmente según la tasa pasiva más alta ya referenciada, desde la fecha en que quede firme el presente resolutorio y hasta su efectivo pago.
VI. Por las razones, tanto fácticas como jurídicas explicitadas a lo largo del presente voto, estimo pertinente revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, admitir la demanda incoada; con imposición de costas-de ambas instancias-a la parte accionada vencida (artículo 68 del Código Procesal)
Voto, en consecuencia, por la NEGATIVA .-
A la misma cuestión el señor Juez doctor GALLO , por iguales fundamentos votó también por la NEGATIVA .
A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
Conforme se ha votado la cuestión anterior corresponde revocar la apelada sentencia de fs. 258/2
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