Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 41460
CAUSA: MO 41.460 12 R.S.: 19 /20
///// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de dos mil veinte, reunidos en la Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Roberto Camilo Jordá y José Luis Gallo , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "ASTRADA, MARINA C/ GALKER, JEANETTE AYELÉN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" CAUSA: 41.460 y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. JORDA – GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿ Es justa la apelada sentencia de fs. 581/588?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I .Apelan la sentencia de autos la parte actora, la parte demandada y la citada en garantía. Mediante la resolución de fs. 607/609 se declara mal concedido el recurso de la primera de las nombradas. Mientras que los restantes protagonistas procesales formulan sus agravios con las presentaciones electrónicas referenciadas por las providencias de fs. 615 y de fs. 616, respectivamente.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda promovida por Marina Astrada contra Jeanette Ayelén Galker y, en consecuencia, condena a la última nombrada a abonarle a la primera la suma de $ 902.000, con más intereses calculados según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la provincia de Bs. As. para sus operaciones a plazo fijo; desde la fecha del ilícito-05/07/2012-y hasta el efectivo pago; y le impone las costas del juicio. Asimismo, en los términos del artículo 118 de la ley de Seguros, hace extensiva la condena a Compañía de Seguros Mercantil Andina S.A.
III. Ambas apelantes se disconforman con el pronunciamiento de primera instancia, por cuanto estiman improcedente el resarcimiento fijado en concepto de daño estético; importe éste que, en subsidio, tachan de excesivo. Como sustento de tal queja, en lo sustancial, arguyen que la cicatrices consecuencia de un accidente sólo admiten una reparación autónoma-independiente del daño moral o del daño físico- cuando se está en presencia de un detrimento de tal índole que pueda incidir en las posibilidades económicas de la víctima. Circunstancia ésta que, estiman, no concurre en estos actuados; de modo que, siempre en su criterio, se advierte la existencia de duplicidad resarcitoria. También objetan la suma justipreciada en concepto de daño moral, a la que consideran desproporcionada. Al respecto sostiene que dicha connotación se advierte claramente, si se repara en que el importe de mentas supera al fijado para el rubro incapacidad sobreviniente. Por último impugnan la tasa de interés fijada; para lo que alegan que, además de contradecir la doctrina legal sentada por el Superior provincial en el tópico, que aquella resulta excesiva y confiscatoria a mérito de que la condena ha sido establecida a valores actuales. En virtud de dichos argumentos, anhelan la fijación de 6 % anual hasta el dictado de la sentencia y de allí en adelante la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Bs. As.
IV. Conviene, atento la índole de las quejas traídas, precisar la noción del denominado “daño estético”.
Matilde Zavala de González lo conceptualiza como toda modificación exterior de la figura precedente o alteración del esquema corporal, aunque no sea desagradable o repulsiva. (ver aut. cit. “Resarcimiento de Daños”, 2ª, editorial Hammurabi SRL, Bs. As. 2005, pg. 139).
Es decir que el bien jurídico tutelable-y por ende que desencadena el imperativo resarcitorio- es en definitiva la alteración disvaliosa de la “regularidad o la normalidad” del aspecto exterior de las personas (conf. mi voto, en Sala II, causa 22.399, entre varios otros).
Como lo vengo sosteniendo, en consonancia con la consolidada doctrina acuñada por nuestro Superior provincial , si bien en el plano de las ideas no cabe duda de la autonomía conceptual que poseen las lesiones a la integridad del aspecto corpóreo (daño estético), cabe desechar por inconveniente que a los fines indemnizatorios estos daños constituyan un tertius gens , que habiliten un resarcimiento autónomo, particularizado e independiente del daño patrimonial y del daño moral; por cuanto tal práctica puede llevar a una inadmisible doble indemnización (arg. artículos 1068, 1078 y concordantes del Código Civil, su doc.; SCBA Acuerdo 81.161, 90.471,100.299, entre muchos otros; mi voto en Sala II, causa 18040, entre varios análogos).
Empero no se aprecia que en la sentencia de primera instancia, el menoscabo estético haya sido ponderado específicamente al justipreciar los rubros incapacidad física y daño moral. Va de suyo entonces que la consideración autónoma efectuada no amerita ser objetada, pues no se advierte la configuración de una indebida superposición resarcitoria.
Por otra parte el perito médico Lombardo informa que a raíz del accidente la demandante sufrió fractura de húmero del brazo izquierdo; afección ésta que requirió la intervención quirúrgica para la fijación. Asimismo precisa que la nombrada presenta una cicatriz- lineal, visible y atrófica de 9 cm de extensión y 3 milímetros de ancho- en la cara anterior del hombro izquierdo y por el tercio superior del brazo izquierdo (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericia médica, fs. 448/455, en especial inciso N). Cabe añadir que el cuadro referenciado, como así también la realización de la intervención quirúrgica, encuentra adecuado correlato en las constancias consignadas en la historia clínica 35174392 remitida por el H.I.G.A. “Profesor Doctor Luis Güemes” ( arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal; ver instrumento de fs. 355/370).
En lo atinente a la objeción de entidad dineraria fijada para el concepto en examen- $ 150.000- se aprecia la inexistencia de una crítica concreta y fundada, en la que se apoye tal disconformidad. Los recurrentes sólo se han circunscripto a solicitar que “se reduzca a sus justos límites”; mas siquiera tibiamente han esbozado las razones que justificarían la pretensa reducción. Tal omisión constituye una insuficiencia recursiva que desemboca en la desconsideración de esta crítica (arg. artículos 260 y concordantes del Código Procesal, su doc.)
Seguidamente examinaré la queja asociada con el monto fijado para el reclamo del daño moral, del que se predica su carácter excesivo.
Como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículo 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros)
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. En síntesis, lo que se trata de resarcir con este ítem es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente. Sin que existan reglas fijas para su cuantificación dineraria, aunque atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, SCBA, Acuerdos 42.303, 51.179,78.282, entre muchos otros (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil).
Asimismo-atendiendo así al núcleo del fundamento esbozado por las apelantes-se impone subrayar que su cuantificación, en orden a la disímil teleología que ostentan, no debe guardar necesariamente proporcionalidad con el importe justipreciado en concepto de incapacidad sobreviniente. Al extremo de que puede existir daño moral y no existir desmedro de índole física (arg. artículos 1078 y concordantes del Código Civil; mi voto en la Sala II, causa 57.512, entre varios otros).
En la especie ha quedado demostrado que, a raíz del accidente, la demandante sufrió fractura de húmero izquierdo con desplazamiento y consecuente limitación funcional del miembro superior. De igual modo se encuentra adecuadamente probado que debió ser intervenida quirúrgicamente para la fijación de la fractura, como así también el uso de un yeso y la realización de un tratamiento de fisiatría por un lapso de alrededor de 4 meses. (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericia médica de fs. 448/455 e historia clínica de fs. 355/370, testimonial de fs. 536/536 vta y reconocimiento médico policial, IPP 22215 acollarada, fs. 12).
De igual manera se ha probado que la víctima tenía 21 años a la fecha del ilícito, que es instruida, que se desempeña como vendedora en un local de ropa, que practicaba handball y que vive junto a sus padres y un hermano en una casa ubicada en la localidad de Rafael Castillo, Partido de La Matanza, propiedad de sus progenitores (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver testimonial de fs. 536/536 vta.; ver expediente sobre beneficio de litigar sin gastos número 24.063, por cuerda, declaración jurada de fs. 51/51 vta. e I.P.P. 22215-12, por cuerda, declaración de fs. 9 )
La valoración de los detrimentos físicos que ha experimentado-en especial que existe una limitación funcional en el miembro superior izquierdo- en el contexto existencial de la víctima, igualmente referenciado, me suscitan convicción acerca de la razonabilidad de la suma fijada en el pronunciamiento de grado (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal). Por tal motivo he propiciar la desestimación de este agravio.
Por último me abocaré a analizar la crítica vinculada con la tasa de interés fijada.
A partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial la apreciación de la actual realidad económica, bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa “Cabrera”, el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario ecónomico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos. Ello, más allá, de que en mi opinión los pronunciamientos dictados por el Superior- causas 120.536 y 121.134 - no traducen un prístino abandono de su criterio delineado en la materia referenciada.
En efecto si a la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a valores actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en este sentido, el voto del Ministro Soria en la causa B. 63.460).
Vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito; y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.; miv votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.190 entre muchos otros).
Así las cosas si la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena fijado a valores actuales, aplicar la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho ilícito equivale a conceder un plus resarcitorio-una suerte de “sobre indemnización”- que a la postre no es otra cosa que consagrar una solución que colisiona con el principio de razonabilidad económica (arg. artículos del Código Civil y Comercial).
La realización del derecho a la reparación integral, de raigambre constitucional, debe lograrse por medios legítimos, adecuados y proporcionales; de modo que aquella no puede ser fruto de meros cálculos aritméticos, desvinculados de la realidad económica en la que se inserta su ejercicio (arg. artículos 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional; conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 313:896; 327:508, entre otros).
En la especie se aprecia que el pronunciamiento en recurso ha fijado, como monto total de la condena la suma de $ 902.000; importe éste cuantificado al momento de su emisión.
La aplicación de la tasa pasiva más alta-al momento la denominada BIP- conlleva prácticamente triplicar el capital de mentas (ver “cálculos de intereses en línea”, www.scba.gov.ar ).
Va de suyo, conforme a las directrices conceptuales esbozadas anteriormente, que dicho resultado se aprecia como desproporcionado, prescindente de la realidad económica y conculcatorio de la proscripción del enriquecimiento sin causa (arg. artículos 953, 1071 y concordantes del Código Civil; 726, 9, 10 del capítulo 3 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial, su doc.). En consecuencia he de propiciar la recepción favorable de esta faceta de los recursos de apelación interpuestos.
En orden a lo manifestado, pues, estimo económicamente adecuado fijar un interés puro del 6 % anual desde la fecha del ilícito-5 de julio de 2012- y hasta la de la sentencia de Grado ; y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco Provincia de Bs. As. en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días.
V. Por las razones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto he de proponer la modificación del decisorio apelado, exclusivamente, en lo atinente a la tasa de interés allí establecida.
Voto, en consecuencia, PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.-
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo en relación a los intereses.-
En tal sentido he de señalar que si bien, hasta el momento de celebrarse el Acuerdo nro. 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital (o la más alta, dependiendo del tenor de los agravios) informada por la banca provincial, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura (6%) establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los casos "Vera" y "Nidera".-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara.-
Por lo demás, se tornaba -desde mi punto de vista- necesaria la unificación de posturas entre las diversas Salas de este tribunal (dos de ellas desintegradas, por vacancias), para permitir a los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniformes acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como tribunal de Alzada.-
Viene cierto que ello podría haberse logrado a través del mecanismo del art. 37 de la ley 5827 (donde cada integrante de la Cámara explicitara su criterio personal), pero indudablemente hubiera implicado una demora considerable, carente de sentido cuando -a la luz de lo dicho en el párrafo anterior- tal postura se había tornado mayoritaria en el seno del tribunal.
Amén de ello, hay otra circunstancia.-
Como lo he venido resaltando en mis votos hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se expidió en tales precedentes ("Vera" y "Nidera" del año 2018) sin que luego volviera a fallar sobre la cuestión (al menos por lo que he podido recabar en el sistema de búsquedas JUBA).
Esta circunstancia generó las (a mi modo de ver) razonables cavilaciones en cuanto a los alcances de dicha doctrina, mas aun frente al paso del tiempo sin que volviera a reiterarse.
Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en "Vera" y "Nidera" se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincia (ver, entre infinidad de otros , C. Civ. y Com. Junin, 4/6/2019, "Salgado Mirta Mabel C/ Correa Roberto Javier S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Dolores, 11/6/2019, "Calabrese, Silvia Graciela C/ Rojas, María Mercedes Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Necochea, 10/9/2019, "Berrier, Martín C/Copercido, Isabel Susana y Otra s/Daños y Perjuicios"; C. Civ. y Com. Azul, sala 2°, 19/9/2019, "Bilotto, Analía C/ Materiales Rurales El Quebracho S.A. y otro s/ daños y perjuicios"; C. Civ. y Com. Pergamino, 16/9/2019, "Scornavacche Veronica Teresa Y Otro/A C/ Ulman Agustin Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. San Nicolas, 21/11/2019, "Sánchez, Juan José C/Caviglia, Ricardo Enrique Y Otros S/Daños Y Perjuicios"; C. Civ. y Com. La Matanza, sala 2°, 21/11/2019, "Carrizo Adelaida Isabel C/ Nuevo Ideal S.A. y otros s/ daños y perjuicios"; C. Civ. y Com. San Isidro, sala 3°, 10 /12/2019, "Lavalle, Ana Irene y otro c/ Bernal, Horlando y otro s/ daños y perjuicios"; C. 2° Civ. y Com. La Plata, sala 2°, 17/12/2019, "Ferro Alejandro Dario c/ el Trigo sa y ot. S/ daños y perjuicios").
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado -en la práctica- una uniformidad de criterios (casi absoluta) en los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Luego, aunque el Alto Tribunal no hubiera vuelto a expedirse sobre el tema, en la praxis la función uniformadora casatoria parece haber sido cumplida.-
En este contexto, y desde mi punto de vista, no resulta razonable (ni acorde a un bien entendido principio de igualdad) que el suscripto siga manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara, sino también en el de toda la Provincia de Buenos Aires.-
Hacer lo contrario conllevaría, incluso, mayores complicaciones para los litigantes y demoras en los procesos, al generar el tránsito de expedientes hacia la Suprema Corte de Justicia para dirimir la cuestión.
He considerado, entonces, plegarme a la tesis mayoritaria, ello -claro está- sin perjuicio de lo que en el futuro pudiera actuar, y decidir, en el caso de expedirse la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en un sentido diverso de aquel que aquí estamos sosteniendo.
Consecuentemente, y por las razones ya dadas, acudiendo a la solución adoptada por la casación local en "Vera" y "Nidera", he de adherir al voto que antecede en su propuesta relativa a los accesorios.-
Consecuentemente, por tales razones, mas las restantes que informan el voto anterior a las que adhiero totalmente, doy el mio
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
Conforme se ha votado la cuestión anterior corresponde revocar la apelada sentencia de fs. 581/588, exclusivamente, respecto a la tasa de interés allí establecida; fijándose que los accesorios deberán ser calculados a razón del 6 % anual, desde la fecha del ilícito (05/07/2012) y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia y, desde allí y hasta el efectivo pago, según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Las costas de la Alzada serán soportadas en la siguiente proporción 60% a cargo de la parte actora y 40% a cargo de la p
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