Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 36969
“ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO C/ CENCOSUD SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
Causa Nº MO-36969-2011 R.S.20/2020
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de Febrero de 2020, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO C/ CENCOSUD SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Causa Nº MO-36969-2011 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental a fs. 650/662vta. dictó sentencia haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron la actora, la demandada y la citada en garantía, interponiendo recurso de apelación; recursos que fueron concedidos, libremente, a fs. 663, 669 y 673.-
Llegados los autos a la Alzada, la actora desiste de su recurso, lo que fue tenido presente a fs. 680.-
La demandada lo funda con la expresión de agravios (electrónica) presentada el día 11 de Septiembre de 2019, que mereció el responde de fs. 691/6.-
La citada en garantía fundó su apelación con la expresión de agravios (también electrónica) presentada el día 30 de Septiembre de 2019, que fue replicada a fs. 684/689vta.-
3. A fs. 699vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Ambas apelantes se quejan, por los motivos que brindan de la atribución de responsabilidad; a su vez, la demandada cuestiona los montos fijados, los que también son objetados por la citada en garantía, al igual que la tasa de interés aplicada.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
De todo comienzo, debo señalar que -desde mi punto de vista- ambas expresiones de agravios satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC, por lo que no habrá de prosperar el pedido de deserción que se formula.-
En orden a dar respuesta a los agravios, y como son varios los tópicos que se someten a nuestro conocimiento y decisión (art. 266 in fine CPCC), iré fraccionando mi razonamiento para dotarlo de toda la claridad expositiva que sea menester.-
Ello no sin señalar que, tal como lo ha indicado la Sra. Juez de Grado -ver fs. 652- (y no ha sido objeto de cuestionamiento alguno), el presente caso ha de resolverse de conformidad con la preceptiva vigente al momento de acontecer los hechos (art. 7 CCyCN, y su doctrina).-
a) La atribución de responsabilidad
Objetan las quejosas lo resuelto en el punto, y sus cuestionamientos se enfocan, mayormente, a la acreditación del hecho dañoso.-
Sentado ello he de recordar que, al votar en un caso con cierta analogía respecto del presente (causa nro. 42.283 R.S. 200/00), sostuve que " es dable recordar que el art. 1113 del Cód. Civil ha estatuido en su segundo párrafo que: "... En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder... ".
Es de toda evidencia, y así surge del relato de los hechos afirmados por la accionante, que se ha invocado que el daño ha sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, y en tal sentido se ha sostenido que el vicio de la cosa radica en una mala calidad o defecto que la tornan impropia para una utilización inocua para los demás ; que nadie puede usar cosas que tengan vicios o defectos susceptibles de dañar a terceros, y que cuando alguien causa un perjuicio por razón del vicio que tiene la cosa de que se sirve debe reparar ese daño, pues ha resultado el causante indirecto de ese mal ajeno; y en cuanto a la noción de los daños causados por el riesgo de la cosa , si bien no hay uniformidad sobre la conceptualización de tal acepción, siguiendo a Llambías podemos definirla como el que deriva de la acción causal de una cosa, sin que medie autoría humana, y que actúan dos elementos; uno positivo y otro negativo; el primero radica en la eficacia causal de la cosa con respecto al daño, y el segundo viene a ser la causa del daño reside en la acción de la cosa, falta necesariamente la autoría del hombre y recíprocamente con respecto al daño (Llambías, Jorge Joaquín, "Código Civil anotado", Hechos y actos jurídicos-actos ilícitos, t. II-B, p. 464 y sigtes.
Para que su acción fuera procedente, y como requisito de admisibilidad de la prueba de la responsabilidad, deberá demostrar: 1) La ausencia de autoría humana con respecto a la acción de una cierta cosa que no es dable calificar como hecho del hombre o acto; 2) el daño sufrido por el demandante pretensor de la indemnización; 3) la relación de causalidad entre la acción de la cosa y el daño del que se queja el demandante y 4) la calidad de dueño o guardián de la cosa en el demandado; y en tal razonamiento entonces, al actor le incumbe acreditar la existencia del daño, la conexión causal entre la cosa y el daño, y la calidad de dueño o guardián de dicha cosa en el demandado .
Algunos han opinado que al damnificado que quiera ubicar su demanda bajo este régimen le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño, lo cual demuestra también el riesgo de la cosa (López Olaciregui), mientras que otros, como Mosset Iturraspe, han afirmado que la víctima debe demostrar que el daño ha sido causado por el riesgo de la cosa, que es el significado de peligro latente en ellas, aunque se les ha contestado -autores como Salas- la equivocación de tal afirmación, pues la responsabilidad por riesgo es independiente de toda atribución de culpa.
Pero es dable destacar que hay uniformidad de criterio en la doctrina en cuanto a que la ley ha establecido el fundamento objetivo de tal responsabilidad y que la misma es ajena a la idea de culpa de la que se ha prescindido.
Y por último, es necesario poner de resalto que a los efectos de poder eximirse de responsabilidad o romper la relación causal, al demandado le cabe demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, o que la cosa hubiese sido usada en contra de su voluntad, o hubiere ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor (cfr., entre otros: Pizarro, Ramón Daniel, "Responsabilidad Civil por el Riesgo o Vicio de la Cosa", ps. 442 y sigtes") ".-
Sobre este piso de marcha vamos al caso.-
Sintéticamente podemos decir que la parte actora achaca responsabilidad a la demandada sosteniendo que, en ocasión de hallarse haciendo compras en su establecimiento, un rollo de cadena de acero se precipitó desde la estantería sobre su cabeza, produciéndole lesiones (ver fs. 102vta. y siguientes).-
Destaco, aquí, que el relato de los hechos ha sido bien preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales esto habría acontecido como para permitirle a la demandada expedirse a su respecto y analizar (internamente) los elementos con los que pudiera contar para dilucidar lo acontecido.-
Pues bien, sucede que, al venir al proceso la demandada, reconoce que el actor estuvo en el local de su parte "al igual que sufrió un accidente" (fs. 145); luego afirma que se lo acompañó a enfermería donde se constató la existencia de un traumatismo de cráneo; aunque, se dice también, respecto de la causa del accidente no se tiene mas que los dichos del actor, por lo que se niega que haya caído sobre su cabeza una bobina de cable de acero.-
La citada en garantía por su parte adhiere al responde de la demandada (ver fs. 216vta.).-
Es hora de dirigir la mirada al plexo probatorio.-
Ello no sin antes advertir que he de analizar los elementos de prueba de acuerdo a la regla de la sana crítica, haciendo mención o poniéndose énfasis sólo en aquellos que sean esenciales para formar mi convicción (conf. arg. Art. 384 del Cód. Procesal), y/o como ha dicho nuestro mas Alto Tribunal que “ como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo más fehaciente ” (conf. SCBA, DJBA, t. 36, págs. 393 y 471, autos “Emmi c/ Carnevale, Agosto/53.-
En el caso, tenemos algunos elementos fundamentales.-
Contamos con varias declaraciones testimoniales.-
Destaco, de todo comienzo, que no podemos computar la declaración de Insaurralde, dada su reconocida condición de cónyuge del accionante (ver fs. 452); en tal contexto, la testigo encuadra en la regla del art. 425 del CPCC, tratándose de una testigo excluida.-
Viene cierto que, a la luz de la doctrina del "testigo necesario", si se tratara de un elemento esencial para resolver la controversia, podría analizarse la constitucionalidad de la preceptiva del art. 425 en cuestión; pero aquí no ha mediado planteo en tal sentido y, como luego lo señalaré, los restantes elementos de convicción arrimados a la causa son suficiente para expedirse sobre el reclamo actoril, con lo cual podemos prescindir de la extrema sanción que implicaría la declaración de inconstitucionalidad.-
Además de los dichos de Insaurralde, tenemos otros dos testigos.-
Ibarra (fs. 440/1) quien relata que trabajaba como remisero y que el día 21 de Noviembre de 2009 retiró al actor de establecimiento de la demandada y lo llevó al Hospital; relata haberlo visto mal, mareado y golpeado. Describe como, posteriormente, lo llevó a otras instituciones médicas, indicando -incluso- que lo vio con un cuello ortopédico.-
Gimenez (fs. 450/vta.) que es conocida de la familia del actor, describe haberlo visto el 21 de Noviembre de 2009 en Plaza Oeste junto con su familia; dice que el accionante no le pudo hablar, que lo vio confundido, con la mano en la cabeza, que tenía como un golpe y un corte.-
Ambos testigos relatan, por lo demás, lo que les mencionaron tanto el actor como su esposa acerca del hecho.-
Aquí cabe hacer un alto para señalar que, si bien en los agravios las quejosas introducen algunas cuestiones vinculadas a los dichos de estos testigos, no surge que hubieran comparecido al momento de las audiencias en las que prestaron declaración, como para formularles algún tipo de interrogatorio (art. 440 CPCC); ni tampoco que, en tiempo propio, hubieran acudido a la vía del art. 456 del CPCC.-
Ahora bien, y llegado este punto, he de señalar también que lo dicho por los testigos puede correlacionarse con las, irrefutadas (art. 401 del CPCC), constancias médicas que se han glosado al expediente y que dan cuenta de la atención del actor -con contemporaneidad al hecho denunciado y por un traumatismo de cráneo, con escoriaciones en el cuero cabelludo- tanto en el Hospital Municipal (ver fs. 413) como en el sanatorio Franchin (ver fs. 294 y siguientes).-
Además, las constancias de esta última institución hablan del tratamiento posterior, al igual que el informe de la Obra Social para el personal de la construcción (ver fs. 275/6).-
Es tiempo de detenernos para ver qué tenemos hasta aquí.-
Tenemos que el actor relata haber sufrido un accidente en el establecimiento de la demandada; tenemos que, el día de los hechos, una persona relata haberla llevado desde el establecimiento de la demandada hasta un nosocomio; describe haberlo visto con algún tipo de daño físico, y lo mismo relata otra testigo.-
Tenemos, además, que existen constancias médicas que dan cuenta de que el actor, el día que denuncia acontecidos los hechos, fue atendido por un traumatismo de cráneo con escoriaciones en el cuero cabelludo.-
Tenemos, finalmente, que luego del hecho, el actor prosiguió un tratamiento por esta patología.-
¿Y qué mas?
Pues que la demandada ha reconocido, expresamente, que el día de los hechos existió un accidente.-
En verdad, sus afirmaciones en este sentido se han presentado con cierta variedad de matices, porque primero reconoce la existencia de un accidente, aunque mas adelante nos habla de la presencia del actor en la línea de cajas que decía haber sufrido un accidente, incluso allí se dice que se lo acompañó a la enfermería donde se constató el traumatismo de cráneo (ver fs. 145).-
De este modo, el traumatismo del que nos hablaron los testigos y las constancias médicas, es también reconocido por la propia accionada.-
Ahora, y como quiera que esto sea, hay una circunstancia mas a tener en cuenta.-
Es indudable que el presente queda atrapado por la normativa (de orden público) que protege a usuarios y consumidores (art. 42 Const. Nac., Ley 24.240) pues nadie discute que el accionante se hallaba en el establecimiento de la accionada realizando algunas compras.-
Luego, y sobre este piso de marcha, deviniendo aplicable el ordenamiento consumeril, entra en juego el art. 53 de la LDC el cual, en su parte pertinente, indica que " ...Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio " y el incumplimiento de dicho deber de colaboración genera una fuerte presunción en contra del demandado (esta Sala en causa nro. 68323 R.S. 24/14, entre otras).-
En tal contexto, no puedo dejar de resaltar la extrema facilidad probatoria de la demandada: bien pudo intentar algún aporte (testimonial, de sus empleados o incluso filmaciones de seguridad) para derribar la versión de actor y ni siquiera lo intentó.-
Podía haber aportado algo, pero no trajo absolutamente nada .-
Por el contrario, permanece en la quietud probatoria esperando que sea la víctima (a quien ella misma reconoce dañada el día de los hechos) quien aporte elementos de convicción directos, que muchas veces son de difícil (o casi imposible) recolección para una persona que ha padecido un daño físico, en un momento y lugar determinado.-
Mas aun: cuando le son requeridas las constancias vinculadas a la atención del actor en la enfermería (recordemos que ella misma la había reconocido) dice no poder encontrarlas (ver fs. 516).-
Con estos elementos, y en el singular contexto probatorio de autos, creo que está suficientemente acreditado que, el día de los hechos, el actor sufrió un daño en el establecimiento de la demandada; e, indiciariamente (art. 163 inc. 5 del CPCC), podemos tener por demostrado (atento la índole de las lesiones) que ello sucedió en la forma relatada en el escrito liminar.-
Siendo fundamental, incluso, para llegar a esta conclusión la total ausencia probatoria de la parte demandada (y su aseguradora) que genera, en mi concepción, una severa presunción en su contra.-
Y quede en claro que, en el sistema del art. 1113 en el que quedó subsumido el caso, no es la víctima quien debe acreditar la mecánica del hecho (Corte Sup., 23/11/2004, "Pachilla, Hugo A. v. Transportes Metropolitanos", DJ 2005-1-1021) sino que, satisfechas las exigencias probatorias que sobre ella pesan y que ya he puntualizado, queda a cargo del legitimado pasivo la acreditación de alguna de las eximentes, lo que aquí no ha sucedido.-
Entiendo entonces que, a la luz de lo expuesto y a tenor de lo establecido por el art. 1113 2º p. parte final del Código Civil, el fallo apelado -en cuanto consagra la responsabilidad exclusiva de la demandada- debe confirmarse.-
Llegado este punto, puedo proseguir con las restantes quejas.-
b) Incapacidad física
Los $120.000 fijados en el punto, merecieron el embate de la demandada y su garante.-
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
En lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en n
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.