Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 63147
"SZWEC, NADIA Y OTRO C/ MARTINELLO, MARCELA ALEJANDRA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
CAUSA MO 63.147 2016 R.S. 84/2020
Con fecha 07 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SZWEC, NADIA Y OTRO C/ MARTINELLO, MARCELA ALEJANDRA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” MO 63.147 2016 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1ra.: ¿ES justa la apelada sentencia de fs. 221/229?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora, la parte demandada y la citada en garantía. La primera formula sus agravios mediante la presentación electrónica 234400416016115535, mientras que la aseguradora hace lo propio mediante el escrito electrónico 240800416016247265. Por la sentencia de fs. 248/249, se declara desierto el recurso interpuesto por los demandados.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por Nadia Szwec y Matías José Dal Borgo contra Marcela Martinello y Sixto Alfredo Martinello y, en consecuencia, condena a los últimos nombrados a abonarle a los primeros la suma total $762.043. Importe éste que devengará intereses según una tasa del 6 % anual desde la fecha del hecho-1 de octubre de 2016-y hasta la fecha de la sentencia y, de allí en adelante y hasta el efectivo pago, según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Bs. As.
III. La parte actora se disconforma con la sentencia de primera instancia, por cuanto desestima su reclamo en concepto de daño físico. En este sentido, medularmente, arguye que de la prueba testimonial (testigo Henningsen), de las constancias médicas agregadas y del peritaje médico realizado surge la existencia de aquel. También critica, por juzgarla exigua en relación al quebranto espiritual experimentado, la cifra fijada para su reclamo por daño moral. Respecto al importe fijado para el rubro los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, también lo tilda de insuficiente para el tipo de padecimientos sufridos. Igualmente considera escasas las sumas establecidas en concepto de daños materiales del rodado, desvalorización y privación de uso. Por último pretende se modifique la tasa de interés establecida y se disponga-en concordancia con la jurisprudencia de esta Alzada-la tasa pasiva digital que paga el Banco Provincia de Bs. As.
A su turno la aseguradora objeta la procedencia del daño psicológico; argumentando para ello que no se encuentra demostrada la real configuración de un menoscabo de tal índole. Ello en orden a la falta de afectación cerebral y a la existencia de padecimientos previos en la demandante. En subsidio pretende la disminución del importe fallado. También discrepa con la admisión del tratamiento psicológico. En este sentido afirma que la- cuestionada- procedencia del daño de esta especie torna inviable al rubro de mentas. Igualmente, subsididiariamente, anhela la disminución del monto sentenciado. Por último impugna la cuantía establecida para el ítem daño moral; importe éste que, apunta, es excesivo si se repara que la actora no tuve que someterse a tratamiento alguno.
IV. Liminarmente señalaré, dando así respuesta al pedido de declaración de insuficiencia técnica recursiva efectuado por la parte actora, en su responde de la expresión de agravios presentada por la aseguradora, que es dable advertir en aquella concretas críticas razonadas al pronunciamiento; lo que descarta la plausibilidad de dicho pedimento (arg. artículos 260 y concordantes del Código Procesal)
Sentada tal reflexión liminar examinaré la queja traída por la actora, relativa a la desestimación de su reclamo en concepto de incapacidad sobreviniente (daño físico).
A partir del análisis de lo normado por los artículos 1737, 1738 y 1740 del Código Civil y Comercial puede sostenerse que la indemnización por incapacidad sobreviniente encuentra su justificación en la afectación de la persona y que su teleología es la de enjugar la repercusión disvaliosa, que aquella provoca, en la integridad personal y en la salud psicofísica de la víctima.
El perito médico legista Lopardo dictamina que, al examen actual, constata en Nadia Szwec sintomatología intermitente cervical y lumbar, con contractura muscular persistente, disminución en el rango de movilidad y alteraciones en el eje fisiológico de la lordosis. Asimismo, precisa que a partir de la mecánica relatada, es relacionable la ocurrencia de traumas a nivel de la columna y en cierta forma su estado de embarazo opera como coadyuvante de debilidad en dicho momento. De tal guisa, concluye que podría existir un nexo concausal entre las lesiones que presenta y el accidente de tránsito que se denuncia en autos y que, además, aquellas se traducen en una incapacidad parcial y permanente del 7,84% de la TV (ver escrito electrónico número 18631941).
Sin embargo el perito Lopardo, en la oportunidad de dar respuesta al pedido de explicaciones formulado por la demandada a través de la presentación electrónica 242200438015422837, especifica que no puede afirmar con rigor científico y objetivamente que el cuadro descripto tenga una relación directa con el accidente ventilado en autos. Apontoca dicha afirmación, en la circunstancia de no existir documentación médica que avale tal tesis. (ver presentación del perito médico, número 261600438015478978)
Precisamente de la copia de la historia clínica confeccionada en la clínica Modelo de Morón-donde se le brindó a la demandante la atención médica primaria el mismo día del accidente (1/10/16)- no surge que la nombrada haya sido tratada por las dolencias diagnosticadas en el peritaje (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal; ver instrumento privado de fs. 181/183).
A esta altura conviene enfatizar que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales médicos, cuya valoración no escapa a las reglas de la sana crítica, se encuentra inescindiblemente asociada a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes que den cuenta de la atención médica recibida. En especial, aquellos producidos con inmediatez a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 1726 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otros.)
En ese orden de ideas-como fue puesto de relieve en la misma experticia- no existe documentación médica que avale la existencia del cuadro lumbar y cervical constatado. En ese sentido la referida ausencia de toda mención a ella en el abordaje médico primario, constituye una circunstancia con particular incidencia negativa en la demostración de la insoslayable relación de causalidad (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; arg. artículos 1726, 1727 y concordantes del Código Civil y Comercial).
Conclusión ésta que, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, por sus aristas eminentemente científicas no puede resultar desvirtuada por los eventuales dichos de legos, como resultan ser los testigos (arg. artículos 457 y concordantes del Código Procesal, su doc.; ver CD de fs. 212).
Por lo expuesto, a mi juicio, este agravio de la actora no amerita ser receptado positivamente.
Seguidamente examinaré la queja, traída por la citada en garantía, asociada con la procedencia del daño y el tratamiento psicológico y, de modo subsidiario, con la cuantía fijada para tales ítems.
El daño psicológico está representado por las alteraciones, experimentadas en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología tales como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona en su medio social; resultando requisito indispensable para su configuración el carácter irreversible de las secuelas de tal orden (conf., mi voto en Sala II, causa 33.976, entre varios otros).
Su resarcimiento encuentra expreso reconocimiento normativo en el artículo 1738 del Código Civil y Comercial, que contempla como indemnizable la vulneración antijurídica de la salud psíquica.
En la especie, la perito psicóloga Gonzalo Simisgalli informa que la demandante presenta sintomatología acorde con un trastorno de estrés post traumático crónico, con síntomas depresivos que se pueden vincular directamente como consecuencia del evento de autos. Asimismo especifica que tal cuadro importa una incapacidad, que porcentualiza en un 20 % (ver presentación electrónica 17958937).
La profesional mencionada, en la oportunidad de dar respuesta al pedido de explicaciones formulado por la citada en garantía, especifica que elaboró su dictamen en función de la convergencia de la información obtenida, tanto de los tests administrados como de la evaluación personal. De igual manera, precisa, que no advierte signos de simulación y que la peritada tiene una personalidad de base organizada (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; ver presentación electrónica 19105148).
A mérito de su ontológica configuración, es de principio, que la determinación de la existencia del menoscabo psicológico requiere –inexorablemente- la aplicación de los criterios y técnicas científicamente idóneos para ello (arg. artículos 457 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Empero tal eficacia acreditativa, exige que la experticia se encuentre adecuadamente sustentada en las constancias probatorias existentes en el expediente. Amén de que sus conclusiones, no pueden ser dogmáticas sino fruto de un razonamiento deductivo; de modo que si no se satisface tal recaudo el Juzgador se encuentra facultado a apartarse de ella (arg. artículos 357 y concordantes del Código Procesal, su doc; conf. doctrina sentada por la SCBA, Acuerdos 126762, entre otros.).
En la especie, contrariamente a lo pretendido por la aseguradora, no advierto razones que justifiquen la prescindencia de la pericia psicológica. En tanto y en cuanto aquella se sustenta en principios científicos objetivamente aplicados, a partir de la evaluación personal de la actora; interrelacionada-aplicación del método deductivo mediante- con los resultados obtenidos de la batería de tests complementarios (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Ahora bien, en las lides de su cuantificación dineraria, el valor resarcible es precisamente la referida integridad psíquica genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de abstractos e impersonales cálculos actuariales, efectuados en base a criterios de “ganancia futura frustrada” y “aptitud productiva”.
Es menester enfatizar que si bien es cierto que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial alude al empleo de un método matemático-actuarial de evaluación, también lo es, que en modo alguno de ello puede colegirse que el resultado dinerario que arroje aquel es de imperativo acatamiento para el juez.
Tengo para mí que los Codificadores sólo han establecido en el precitado artículo 1746 una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales; a los que el Juzgador debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar.
En este sentido bien nos dice precisamente uno de los autores de la Reforma, parafraseando la consolidada doctrina elaborada en el tópico por la Corte Suprema de Justicia, que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino “que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial” (conf. Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial….”, Tomo VIII, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2015 pgs. 527 y ss.; en el mismo sentido ver Galdós, Jorge M, “Cuatro reglas sobre la cuantificación…”, RCyS 2016-XII; conf. mi voto en la Sala III, causa 29.793, entre otros)
En consecuencia consideraré el resultado de la operatoria aritmética efectuada en la sentencia recurrida; pero sólo como un elemento más a ponderar entre una multiplicidad de variables, en especial las referidas a la edad, el sexo , la actividad, la magnitud de la minusvalía sufrida en concreto y en especial conexión con todas las peculiaridades del sujeto damnificado.
En la especie está probado que la accionante contaba con 26 años a la fecha del ilícito, que tiene estudios universitarios completos, que se desempeña como auxiliar de caja de un banco privado (con un ingreso mensual de alrededor de $ 29.000 a septiembre de 2017) y que vive con su esposo y un hijo menor en un inmueble alquilado sito en la localidad de Castelar (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver expediente 14.837, sobre beneficio de litigar sin gastos, por cuerda; declaración jurada de fs. 14 , recibo de haberes de fs. 36 y testimoniales de fs. 16/18 y sus ratificaciones de fs. 45/47).
La correlación de dichas circunstancias socioeconómicas con la afección dictaminada en la pericia, todo con el prisma de las máximas de la experiencia, me convencen que el importe fijado es excesivo. Por tal motivo he de proponer su reducción a la suma de $ 90.000 (arg. artículos 1738, 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial; 165, 384 y concordantes del Código Procesal).
Como anticipara, la citada en garantía también ha objetado la procedencia del tratamiento psicológico y, subsidiariamente, su cuantía.
Vengo sosteniendo reiteradamente, que la procedencia del rubro resarcitorio daño psicológico no enerva la viabilidad de la pretensión orientada a indemnizar las erogaciones que demanden los tratamientos que-científicamente-se evidencien como fácticamente idóneos para una potencial disminución o atenuación del detrimento, sufrido por la estructura psicológica de la víctima (arg. artículos 1737, 1738, 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial; mis votos Sala II, causa 10.230, Sala causa 9020, entre muchas otras ).
En tal sentido el Superior provincial sostiene, en jurisprudencia consolidada, que debe recordarse que en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo. De modo que, acreditada la necesidad del tratamiento psicológico, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente (SCBA. Acuerdos 69.476, 92.681, entre otros fallos similares).
Va de suyo, entonces, que el mentado principio de la reparación integral habilita a descartar la objeción de la empresa apelante (arg. artículos 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.).
En el caso de autos, la perito psicóloga sugiere la realización de un tratamiento psicoterapéutico, con la finalidad de evitar el agravamiento del cuadro de estrés postraumático diagnosticado. Asimismo específica que aquel se extienda por un plazo no inferior a dos años y con una frecuencia de 2 veces por semana (ver presentación electrónica 17958937).
Ahora bien las conclusiones periciales, como todo medio de prueba, deben ser examinadas conforme los parámetros de la sana crítica. En tal sendero, a partir de la valoración del cuadro que presenta la demandante y del costo de la sesión promedio informado igualmente en la pericia de mentas, las máximas de la experiencia dejan a luz que el importe fijado resulta excesivo (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por tal razón, propongo la admisión de esta faceta del recurso y la reducción del ítem en examen a la suma de $ 75.000 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
Ambos contendientes procesales objetan el importe fijado para el reclamo en concepto de daño moral.
En novel artículo 1741 del Código Civil y Comercial consagra el derecho a reclamar por las consecuencias no patrimoniales, experimentadas a raíz de los hechos ilícitos.
Concretamente la norma contempla el derecho a ser resarcido, por la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, fruto del evento dañoso.
Por otra parte el daño extrapatrimonial se produce “in re ipsa”, no requiere prueba. Por lo que va de suyo que si el sujeto pasivo del reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene la carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya. (arg. cit. artículo 1741 del Código Civil y Comercial, su doc. y artículo 375 del Código Procesal).
En lo atinente a su cuantificación- que no tiene porque guardar proporcionalidad con los perjuicios materiales-se bien el Legislador reconoce que ella queda sujeta al arbitrio judicial, indica al sentenciante una pauta de valoración, volcada en la siguiente premisa: "el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas".
Desde la perspectiva expuesta, para fijar su cuantía habré de valorar la ausencia de lesiones físicas, la innecesaridad de tratamientos médicos ulteriores y la circunstancia que la actora se encontraba embarazada al momento del hecho (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial médica y copia historia clínica de fs. 181/183).
Pienso, entonces, que la suma reconocida por este concepto es razonable; razón por la que postulo su confirmación (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
Seguidamente examinaré el agravio, traído por la actora, y asociado al importe fallado en concepto de gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.
La indemnización por gastos médicos, de farmacia y de traslado encuentra expresa apoyatura normativa en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial. Dicha norma consagra una presunción en favor de la existencia de estas erogaciones; facilidad probatoria ésta que se encuentra limitada por la exigencia de su “razonabilidad” (conf. mi voto, Sala II, causa 35.899, entre otras).
Precisamente a mérito de esa prescripción normativa, no puede colocarse en tela de duda-al menos a mi juicio- la existencia de la viabilidad en nuestro ordenamiento jurídico civil del resarcimiento de los llamados daños patrimoniales indirectos. Es decir aquellos menoscabos que tienen su causa eficiente en el ilícito, aunque sean calificables como colaterales de éste.
Ahora bien esa afirmada procedencia no se encuentra eximida, como se dijo, de la adecuada corroboración fáctica que impone el artículo 375 del Código Procesal. Aunque claro está que la ponderación de la satisfacción de tal carga procesal, adopta una particular fisonomía atento las particularidades que caracterizan a esta especie de erogaciones.
Es que usualmente se trata de desembolsos de esca
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