Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 42318
"ALVEZ, GUSTAVO ARIEL Y OTRO C/ DRESZMAN, MANUEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
CAUSA MO 42.318 2011 R.S.: 100/2020
Con fecha 19 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ALVEZ, GUSTAVO ARIEL Y OTRO C/ DRESZMAN, MANUEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” CAUSA MO 42.318 2011 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguientes cuestiones:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 959/968?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora y la parte demandada; la primera formula sus agravios por la presentación electrónica 25557584, mientras que su oponente lo hace a través de la presentación, de similar tenor, referenciada con el número 26351095.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda promovida por Gustavo Ariel Alvez y Verónica Gabriela Pistan contra Manuel Dreszman y, en consecuencia, condena a este último a pagar: la suma de ($712.000)al primero de los nombrados y la suma de $1.053.000 a las segunda mencionada; en ambos casos con más intereses calculados según una tasa del 6% anual, desde la fecha del evento (30/12/2009) y hasta la emisión del decisorio. Y, de allí en adelante hasta el efectivo pago, según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días. Asimismo impone al demandado las costas del juicio y hace extensiva la condena a Provincia Seguros S.A.
III. Ambos demandantes critican el pronunciamiento en lo relativo a la suma fallada en concepto de daño físico, de la que predican su insuficiencia. En este sentido-sustancial y similar - afirman que aquella no se condice con la gravedad de las lesiones sufridas, ni con la extensión de las secuelas de aquellas. Circunstancias éstas que, según afirman, han quedado debidamente probadas en el expediente. Por igual motivo-carácter escaso-se agravian del importe fijado en concepto de daño psíquico; arguyendo para ello que el monto objetado no repara adecuadamente la injerencia negativa que tendría este menoscabo en el resto de sus vidas. También, siempre por estimarlo exiguo, se disconforman con el importe establecido para el reclamo por daño moral. Al respecto, fundamentalmente, alegan que la sentencia no ha mensurado -en debida forma- los padecimientos espirituales soportados, como consecuencia del accidente que sufrieran. Siempre por juzgarlo insuficiente, también se agravian de la suma fallada en concepto gastos de atención médica y medicamentos. Como fundamento de ello sostienen que de las constancias médicas obrantes en el expediente, es posible advertir el cúmulo de gastos que por tal concepto se vieron obligados a realizar; lo cual deja en evidencia-dicen-lo desacertado del importe. También se disconforman con la desestimación del reclamo por tratamiento de rehabilitación, cuando entienden que su realización ha quedado igualmente demostrada. Por último, tachan de errónea la especie de tasa de interés establecida, afirmando para ello que aquella les proporciona una indemnización devaluada; razón por la que pretenden la fijación de la tasa pasiva.
A su turno la parte demandada y la citada en garantía, critican el fallo de primera instancia por cuanto admiten las incapacidades físicas de los actores . En tal dirección, predican la inidoniedad de la pericia médica dado que-subrayan-aquella no se ajusta a los parámetros científicos. En subsidio, cuestionan por excesivo los importes fallados y piden su reducción. También se agravian de la admisión del daño psicológico. Al respecto-luego de explayarse en torno a la falta de autonomía de esta especie de menoscabo-refieren que éste no ha resultado suficientemente acreditado; pues consideran que el peritaje psicológico no logra generar convicción sobre ello. Respecto al tratamiento psicológico, predican su inviabilidad sobre la base de la pretendida inexistencia de secuelas de esta naturaleza. En subsidio, pretenden la disminución de sendas partidas resarcitorias. El monto estipulado en concepto de daño moral también es objetado en su cuantía por la demandada y su aseguradora. Para sustentar esta queja aluden a que dichos importes se advierten como desproporcionados, en relación a la casi inexistente prueba-producida por los actores- acerca de cómo influyó en su estado anímico el accidente.
IV. Inicialmente me abocaré a examinar los agravios -introducidos por ambas partes- referidos a la procedencia y cuantía de los rubros fijados en favor de ambos demandantes, en concepto de daño físico.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución físico-psíquico-estética, que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
En el caso del coactor Alvez, al promover la acción afirma haber sufrido, a causa del accidente ventilado en los actuados politraumatismos, traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de conocimiento, traumatismo de columna cervical, cervicobraquialgia, traumatismo de hombro derecho, traumatismo de mano y muñeca derecha, fractura de 5to. Metacarpiano, esguince de rodilla derecha y escoriaciones múltiples. (ver escrito de demanda, fs. 8 vta.) .
A su turno el perito médico Chan informa que constata en el codemandante de mentas cervicalgia, periartritis de hombro derecho, hipertrofia de rodilla derecha y dos cicatrices longitudinales en el dorso de la muñeca derecha de 3cm y una cicatriz de 7 cm; originadas ambas-especifica-en las cirugías a que fue sometido con motivo de la fractura del 5to metacarpiano. Asimismo puntualiza que las lesiones que describe, verosímilmente, son producto del accidente y que aquellas importan una incapacidad parcial y permanente que porcentualiza en un 35 % de T. V.(ver pericial médica, fs. 644/645)
Sin embargo del análisis de las constancias médicas agregadas a los actuados, no surge que el coactor Alvez haya sido diagnosticado-y consecuentemente atendido- por la totalidad de las afecciones referenciadas.
Veamos. De la copia del libro de guardia del hospital Interzonal de Agudos “Héroes de Malvinas”, al que es trasladado el nombrado con inmediatez al acaecimiento del accidente, se aprecia que el nombrado fue atendido por “politraumatismos”, sin especificación alguna (ver instrumento privado, fs. 438).
Asimismo Alvez, en la oportunidad de solicitar ante la ART MAPFRE asistencia médica (el accidente de marras sería in itinere) , se limita a indicar que sufrió fractura en el quinto dedo de la mano (ver instrumento privado de fs. 581).
Análogamente, en las historias clínicas labradas en el Sanatorio de la Providencia y en el Centro Médico Integral Fitz Roy (donde fue derivado por su ART), también se aprecia que Alvez fue atendido exclusivamente por una fractura en 5to. Metacarpiano (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal; ver instrumentos de fs. 136/166 y de fs. 169/178).
La valoración de los dictámenes periciales, y su consecuente fuerza probatoria, no escapa a los parámetros que dimana de las reglas de la sana crítica. Precisamente aquella se encuentra, inescindiblemente asociada, a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes que den cuenta de la atención médica recibida. En especial, aquellos producidos con inmediatez a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 901 y concordantes del Código Civil, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otras.)
En ese orden de ideas, a mi juicio, la total falta de especificación de la existencia de las otras lesiones igualmente informadas en el peritaje médico- obviamente, como se enfatizó, al margen de la que sufrió en el 5to. metacarpiano de la mano derecha- justifica considerar que no se ha demostrado su relación causal con el evento dañoso (arg. artículos 901 y concordantes del Código Civil; 384, 474 del Código Procesal).
Conclusión ésta que, a mi juicio no es ocioso subrayar, se ve robustecida si se repara en los variados accidentes denunciados por el codemandante Alvez como padecidos con posterioridad al de autos, pero con anterioridad a la evaluación efectuada por el perito médico Chan. Hechos dañososéstos con una potencial incidencia causal en las lesiones informadas en la pericia, pero sobre los que no se ha hecho mérito alguno (arg. artículos 901 y concordantes del Código Civil; 163 inciso, 5); 384 , 474 y concordantes del Código Procesal; ver el informe emanado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, fs. 421/426)
Dilucidada entonces la extensión de la lesión cuya causa eficiente es el ilícito de autos-reitero fractura del 5to. Metacarpiano de la mano derecha y cicatrices-me abocaré al examen de la extensión dineraria asignada al rubro en análisis.
En las lides de la cuantificación dineraria de la incapacidad sobreviniente, como también vengo afirmando, se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física genéricamente considerada.
De modo que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos; o de meros cálculos matemáticos efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas, son por esencia propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Con tales directrices de análisis la correlación de la lesión físicas sufrida (que conlleva limitación en el uso de su mano hábil y cicatrices), con sus circunstancias personales acreditadas -29 años al momento del hecho, instruido, de profesión custodia privado, de estado civil casado, vive en el Barrio Matera del Partido de Merlo y sus ingresos ascendían aproximadamente a $4.000 al año 2016, me convencen que la suma justipreciada en la sentencia recurrida, resulta excesiva.
Por tal razón, he de propiciar su reducción a la suma de $ 280.000 (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, 165 del Código Procesal)
Respecto a la codemandante Pistán, en la oportunidad de promover su reclamo, medularmente afirma haber experimentado como consecuencia del accidente los siguientes padecimientos: politraumatismos, traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento , síndrome postconmocional, síndrome vertiginoso agudo, trauma acústico, alteraciones oftalmológicas, cervicobraquialgia, lumbalgia y traumatismo de hombro derecho (ver escrito de demanda, fs. 11 vta.).
En la copia del Libro de Guardia del Hospital Interzonal de Agudos “Héroes de Malvinas”, donde fue atendida con inmediatez a la ocurrencia del ilícito, se hace constar que la nombrada presenta politraumatismos, sin especificación alguna, y TEC con pérdida conocimiento (ver fs. 439).
El perito médico Chan constata que la coactora de mentas ha padecido un severo traumatismo de cráneo y dictamina que ella presenta- con origen en el accidente de autos-cervicalgia, periartritis e hipertrofia muscular en el hombro derecho; dolor y limitación de movimientos en columna lumbo-sacra . Asimismo especifica que tal cuadro implica una incapacidad parcial y permanente, que porcentualiza en un 50 % de TV (ver pericial médica, fs. 644/645)
Por su parte en la copia de la historia clínica remitida por el Centro Médico Integral Fitz Roy-donde fue derivada por la ART MAPFRE luego que denunciara el accidente como in itinere - se le diagnostica Traumatismo encefalocraneano grave secundario con otohematoma en tímpano derecho, que conlleva síndrome vertiginoso con cefaleas. Asimismo con fecha 12/01/2010, es decir 12 días después del accidente, se hace constar expresamente que presenta movilidad completa, marcha y movilidad cervical normal y que se le da el alta laboral con fecha 26/04/2010 (ver instrumento privado de fs. 174/186).
Conforme ya lo subrayara la fuerza acreditativa del dictamen pericial requiere que sus conclusiones se apoyen, en la correlación de las afecciones que devela la anamnesis con los antecedentes médicos agregados al expediente. En especial con aquellos que se encuentran en relación de inmediatez con el accidente; de modo que sus conclusiones no se adviertan dogmáticas y carentes del indispensable sustento fáctico (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal).
En mi criterio las afecciones cervicales, las lesiones en el hombro y en la columna-todas ellas peritadas- no encuentran un aval en las historias clínicas de la coactora Pistan. De modo que no puede afirmarse, con la certeza necesaria, que las mismas se encuentren conectadas causalmente con el ilícito de autos. Circunstancia ésta que-por el contrario- sí es predicable respecto del síndrome postconmocional provocado por el TEC grave (arg. artículos 901 y concordantes del Código Civil, su doc; 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal).
Así las cosas, circunscriptas las secuelas con etiología en el accidente ventilado en los actuados, examinaré las quejas traídas por ambas partes, asociadas con el monto fallado por el concepto en examen.
En ese sendero, como también ya se enunciara, los porcentajes informados por los peritos operan como una pauta referencial. Por dicha razón la cuantificación de la reparación del desmedro físico, debe concretarse a partir de la consideración de la incidencia disvaliosa, que conlleva la minoración física en el contexto existencial genérico de la víctima y no ser el resultado de una mera operación aritmética (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, su doc.).
La ponderación de: la edad de la codemandante Pistan al momento del hecho-32 años- de sus circunstancias personales (es instruida, ama de casa, se encuentra en convivencia con el coactor Alvez, está domiciliada en el Barrio Matera de Merlo junto con su pareja y 3 hijos menores) y de la lesión sufrida (síndrome postconmocional originado en un TEC grave), me generan convicción respecto a lo excesivo del importe fijado en la sentencia de primera instancia. Por tal motivo, he de proponer que aquel sea reducido a la suma de $ 180.000 (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; 165 y concordantes del Código Procesal; ver expediente sobre beneficio de litigar sin gastos, por cuerda, declaración jurada de fs. 19/19vta.).
Seguidamente examinaré las quejas traídas por ambas partes y que transcurren por la procedencia y la cuantía del daño psicológico fijado para ambos demandantes.
Liminarmente y a fin de dar respuesta a las objeciones vertidas por la parte demandada, debo apuntar que el daño psicológico no existe como un tercer género que convive con las especies daño patrimonial y daño no patrimonial; razón por la que debe ser analizado, y en su caso, indemnizado dentro del daño físico o del daño moral.
Es que, como lo predica nuestro Superior provincial en jurisprudencia consolidada, si bien en el plano de las ideas no cabe duda de la autonomía conceptual que poseen las lesiones a la psiquis (el llamado daño psíquico o psicológico), cabe desechar por inconveniente que a los fines indemnizatorios estos daños constituyan un tertius gens, que habiliten un resarcimiento autónomo, particularizado e independiente del daño patrimonial y del daño moral (arg. artículos 1068, 1078 y concordantes del Código Civil, su doc.; SCBA Acuerdo 81.161, entre muchos otros; mi voto en Sala II, causa 56.711 entre varios análogos).
Empero el tratamiento diferenciado adoptado en la sentencia no amerita una censura; en tanto y en cuanto, tal como se advierte con el análisis del decisorio, no se ha considerado los detrimentos de naturaleza psicológica al cuantificarse los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral. Por lo que va de suyo que el aludido riesgo de duplicar partidas resarcitorias no se ha concretado; de modo que las críticas esbozadas por los accionados devienen inatendibles por carecer de sustento fáctico.
El desmedro en análisis está representado por las alteraciones, experimentadas en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología tales como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona en su medio social; resultando requisito indispensable para su configuración el carácter irreversible de las secuelas de tal orden (conf., mi voto en Sala II, causa 33.976, entre varios otros).
En relación al coactor Alvez la perito psicóloga Verónica Analía Tarrío Suárez dictamina que el nombrado, a raíz del accidente que sufriera, presenta sintomatología compatible con Trastorno por Estrés Postraumático. Asimismo precisa que tal patología se traduce en una incapacidad, de índole parcial y permanente, que porcentualiza en un 15 % (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de psicología, presentación electrónica 17059892).
Respecto a la coactora Pistan la profesional aludida constata igualmente la existencia, con origen en el accidente, de un Trastorno por Estrés Postraumático; especificando que aquel conlleva una incapacidad parcial y permanente del 25 %
Asimismo conviene resaltar que, en relación a ambos reclamantes, la expertiz puntualiza que no detecta simulación, ni siniestrosis, ni mendacidad (ver presentación electrónica ya referida)
Contrariamente a lo pretendido por los demandados, no advierto razones que justifiquen la prescindencia de la pericia psicológica. En tanto y en cuanto aquella se sustenta en principios científicos, objetivamente aplicados, a partir de la evaluación personal de la actora; interrelacionada-aplicación del método deductivo mediante- con los resultados obtenidos de la batería de tests complementarios (arg. artículos 384, 474 y co
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