Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 52719
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.
Costas de alzada, al apelante atento su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
“CORRADO FRANCISO ALBERTO C/ TRANSPORTES DEL OESTE S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ”
Causa Nº C12-52719 R.S. 105/2020
Con fecha 26 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados "CORRADO FRANCISO ALBERTO C/ TRANSPORTES DEL OESTE S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Causa N º C12-52719 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el decisorio dictado el 20 de septiembre del 2019 por la Sra. Jueza Titular del Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 Departamental se alzó la parte actora el 11 de noviembre del 2019, interponiendo recurso de reposición con apelación en subsidio, rechazado que fue el primero, se concede el segundo en relación a fs. 735, presentando el respectivo memorial el 24 de noviembre del mismo año, confiriéndose a fs. 736, el respectivo traslado, mereciendo el 8 de diciembre del 2019.-
2. A fs. 739vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Es del caso referirnos, previo a proponer la solución que consideramos adecuada, a la institución procesal de la caducidad de instancia legislada por los Arts. 310 y cc del C.P.C.C.-
La caducidad de la instancia, que es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.-
Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure".-
Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".-
P recisado así el concepto de la Institución que nos ocupa es de resaltar que en su aplicación se debe utilizar un criterio estricto y restrictivo (Cfe. Morello, obra citada, pág. 29); no se trata de "matar" procesos "vivos" sino de certificar la "defunción" de aquellos que por abandono de sus interesados han dejado virtualmente de existir.-
Sentado ello, analicemos el caso concreto.-
Luego de efectuar una pormenorizada lectura del trámite de las presentes actuaciones, me llevan sin más a coincidir con la magistrada de la instancia de origen el decreto de caducidad veamos.-
Le asiste razón al recurrente en cuanto destaca que la Sra. Juez de Grado, el 11 de diciembre del 2018, resolvió desestimar las negligencias acusadas.-
Ahora, mas allá del intento de producción de dicha prueba informativa -Correccional 4- observándose notas de oficios observados, la realidad es que la parte actora desde el 11/12/18 hasta el 20/9/19 , fecha del decreto de caducidad, SE DESENTENDIO POR COMPLETO DEL EXPEDIENTE .
En un contexto de una litis que lleva décadas tramitando .
Tampoco se observa claramente si la parte actora cumplió con lo apuntado en la certificación de pruebas del 18 de noviembre respecto a las notificaciones pendiente en la prueba pericial.
Claramente, el tema de la caducidad se emparenta con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
El apelante intenta poner foco en la actividad (o inactividad) de la contraparte, pero no se hace cargo de su propio proceder (e inercia) cuando, como vimos, SU INACTIVIDAD FUE DE CASI 9 MESES .
Y quien apela es la parte actora del presente expediente, principal interesada en que el tema avance hacia su decisión final.
En el aspecto temporal, cabe destacar, que parecería que el apelante yerra en la interpretación del art. 310 del C.P.C.C., dado que el plazo de caducidad en los procesos sumarios es de 3 meses y no 6, como indicaría el quejoso.
Pero hay más, en el longevo trámite del expediente advertimos que el 28/2/2013 ya se había intimado a la parte actora en los términos del 315 del C.P.C.C., teniéndose el 20/3/13 por contestada en legal tiempo y forma la intimación ordenada, a la parte actora.
Es por esa razón que la Sra. a quo entendió, por interpretación de dicha norma, frente al nuevo acuse de caducidad del 13/9/19, que no era necesario efectuar una nueva intimación.
En conclusión, habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 310 del C.P.C.C., en el contexto de un expediente que ya lleva décadas tramitando (lo que da cuenta de un impulso poco intensivo), considero que se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.
Ello con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. GALLO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.
Costas de alzada, al apelante atento su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Firmas
Funcionario Firmante: 26/05/2020 10:39:51 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 10:42:08 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 10:42:28 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia