Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 29416
"PEÑA, MARIELA DEL CARMEN C/ MIRAGLIA, MARCELO PABLO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
CAUSA MO 29416 2014 R.S.: 110 /2020
Con fecha 28 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " PEÑA, MARIELA DEL CARMEN C/ MIRAGLIA, MARCELO PABLO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS " , Causa N º MO 29416 2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 308/326 vta. ?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora, los demandados y la citada en garantía. La primera de las nombradas, formula sus agravios a través de la presentación electrónica 25519617; mientras que los restantes hacen lo propio por la presentación-de igual índole-referenciada con el número 26342245.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar parcialmente a la demanda promovida por Mariela del Carmen Peña contra Pablo Miraglia y José Luis Carballo y, en consecuencia, codena a éstos últimos a abonarle a la primera la suma de la suma de $618.100,00 con más intereses según una tasa del 6% anual, desde la ocurrencia del hecho de Litis (22/09/2014) hasta la fecha del pronunciamiento y de allí y hasta el efectivo pago , según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Asimismo hace extensiva la condena a Seguros Rivadavia Cooperativa Limitada y les impone las costas del juicio.
III. La parte actora critica el decisorio de grado por cuanto estima errónea la asignación de responsabilidad allí efectuada. En este sentido, como piso de marcha de su agravio, refiere que-además de no considerarse que contaba con la prioridad de paso-la prueba producida en el expediente permite apreciar la plena responsabilidad de la parte demandada en la ocurrencia del accidente. Seguidamente, objeta la cuantía fallada para su reclamo en concepto de incapacidad física. En tal sentido arguye que tal cifra resulta escasa para reparar las graves lesiones que ha sufrido y que, añade, se encuentran demostradas como causalmente vinculadas al accidente. Por igual motivo-carácter exiguo-objeta el monto establecido para su reclamo por daño moral. Para sustentar esta queja, alude que no se ha tenido en cuenta la verdadera extensión de los padecimientos espirituales experimentados, en virtud de las características que presentó el hecho y los tratamientos a los que debió someterse. Por último impugna la tasa de interés establecida, pretendiendo la fijación de la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Bs. As. Ello, dice, en tanto y en cuanto es este el criterio establecido por la Suprema Corte provincial.
A su turno, los demandados y la citada en garantía, se quejan de que se le haya asignado a la actora sólo el 30 % de la responsabilidad en la ocurrencia del accidente. Cuando, entienden, según surge de la prueba existente resulta adecuado atribuirle una mayor responsabilidad. Asimismo discrepan con el importe fijado en concepto de incapacidad sobreviniente; para lo que afirman que no está demostrado que la cervicobraquialgia, la lumbalgia y el síndrome postconmocional tengan una relación de causalidad con el accidente. Por igual motivo-estimarlo excesivo-objetan el monto justipreciado para la partida por gastos médicos, prótesis, asistencia médica y traslados. Así aluden a que la actora fue atendida-una única vez- en la guardia de un hospital público; razón por la que consideran que la cifra debe ser muy inferior a la establecida. Máxime, añaden, cuando aquella no aportó constancia alguna de tratamientos ulteriores, ni de compra o alquiler de prótesis. Finalmente también critican por desproporcionada la valuación del daño moral, concretada en la sentencia recurrida, afirmando para ello que se han incluido sufrimientos espirituales inherentes a afecciones no demostradas.
IV. Por una cuestión asociada al buen orden metodológico, examinaré inicialmente los agravios-planteados por ambas partes-atinentes a la asignación de responsabilidad.
En mi criterio la circunstancia, enfatizada por la actora, asociada a la prioridad de paso no enerva la solución que se objeta.
Esto en tanto y en cuanto la regla “derecha antes que izquierda”, en modo alguno, autoriza al que goza de tal preferencia a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda. (arg. artículos 41 y concordantes de la ley 24.449; conf. doctrina sentada en mi voto, en la Sala III de esta Alzada, causa 67.559, entre otras)
No debe perderse de vista que el conductor que circula por la derecha también debe atenuar, pronunciadamente, su marcha al llegar a un cruce de calles; para conservar de esta manera el dominio efectivo del vehículo y estar en condiciones de brindar adecuada respuesta a los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (arg. artículos 48 y concordantes de la ley 24.449, su doc.).
De la declaración del testigo Digiovanni, obrante a fs. 15/15 vta. de la IPP 36.323 acollarada, se advierte que la demandante pese a advertir que la camioneta Ford F-100 se encontraba en el centro de la avenida, intentando cruzarla, continuó circulando; limitándose a tocarle bocina en lugar de reducir su marcha para evitarla en lugar de embestirla (arg. artículos 1113, segunda parte, del Código Civil; su doc.; 384, 456 y concordantes del Código Procesal).
Empero, a mi juicio, el accionar culposo de la víctima no ostenta una incidencia causal tan relevante que justifique, como lo pretende la accionada y su aseguradora, incrementar el porcentaje de responsabilidad establecido en la sentencia apelada. Por cuanto, y más allá que sus alegaciones son meras discrepancias subjetivas con el temperamento adoptado, su conducta negligente - no respetar la prioridad de paso y aguardar a que la motocicleta traspusiera la encrucijada-se evidencia como la causa principal del desencadenamiento del accidente (arg. artículos 901, 1113 y concordantes del Código Civil; 384 y concordantes del Código Procesal).
En orden al análisis factico-jurídico plasmado, estimo inatendibles en este punto las quejas traídas por ambos apelantes. Consecuentemente he de propiciar la vigencia de la solución engendrada, en lo atinente a la atribución de la responsabilidad, en la sentencia recurrida.
Despejada entonces la cuestión liminar me abocaré seguidamente a examinar las objeciones planteadas, igualmente por ambas partes, relativas a la cuantía del rubro incapacidad sobreviniente.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física-psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
El perito médico Cerdarevich dictamina que la actora padece, como consecuencia del accidente que protagonizara, fractura de muñeca izquierda, cerviobraquialgia post traumática, lumbalgia postraumática y síndrome posconmocional tardío. Asimismo especifica que tales dolencia implican una incapacidad, de tipo parcial y permanente, que porcentualiza en un 35,9 %; aplicación del método de la capacidad restante mediante (Ver pericial médica, fs. 248/251).
Sin embargo del análisis de las constancias médicas agregadas a los actuados, concretamente la copia del libro de guardia del Hospital Interzonal de Agudos “ Heroes del Malvinas” , sólo surge que la demandante fue atendida por una fractura en la muñeca. (ver instrumento privado de fs. 159).
La valoración de los dictámenes periciales, y su consecuente fuerza probatoria, no escapa a los parámetros que dimana de las reglas de la sana crítica. Precisamente aquella se encuentra, inescindiblemente asociada, a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes que den cuenta de la atención médica recibida. En especial, aquellos producidos con inmediatez a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 901 y concordantes del Código Civil, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otras).
Así las cosas, a mi juicio, la actora sólo ha demostrado cabalmente que, a raíz del ilícito, sufrió la fractura de la muñeca izquierda. Circunstancia ésta que, como se dijo, no puede predicarse del resto de las lesiones peritadas (arg. artículos 375, 384 , 474 y concordantes del Código Procesal).
Dicha conclusión, por otra parte, deviene potenciada si se repara en que el examen pericial fue realizado tres años después de la ocurrencia del accidente y en que no se ha adjuntado probanza alguna que, al menos, demuestre que la reclamante fue sometida a tratamiento por dolencias cervicales y/o lumbares y/o por secuelas de un síndrome posconmocional. (arg. artículos 163 inciso 5), 375 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Respecto de este último aspecto señalado es dable destacar que la propia actora, en la oportunidad de mantener entrevista personal con la perito psicóloga Figueroa, sólo hace referencia a la dolencia sufrida en la muñeca izquierda (arg. artículos 163 inciso 5), 354 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de psicología, fs. 257 vta, punto II).
Delimitada entonces la lesión a resarcir, y ya en terreno de la-también cuestionada-cuantificación, he de recordar que, como vengo afirmando, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física genéricamente considerada (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, su doc.).
De modo que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos; o de meros cálculos matemáticos efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas son ,por esencia, propias del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Con tales directrices de análisis la correlación de la lesión física sufrida (fractura de la muñeca izquierda), con sus circunstancias personales acreditadas -37 años al momento del hecho, ama de casa, en unión convivencial y domiciliada en Pontevedra, Partido de Merlo, me convencen que la suma justipreciada en la sentencia recurrida, resulta excesiva (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver expediente 6737, por cuerda, declaración jurada de fs. 6/6 vta.; testimoniales de fs. 14,18 y 27 y sus ratificaciones de fs. 23 ,24 y fs. 30)
Por tal razón, he de propiciar su reducción a la suma de $ 190.000 (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, 165 del Código Procesal).
Como se reseñara, ambas parte también discrepan con el monto establecido para el rubro daño moral.
Estimo menester subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175, Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros)
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium dolaris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente.
Cabe enfatizar-a mérito del tenor de los agravios vertidos por la parte demandada –que el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria, y aquella no tiene porque guardar una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico.
Tal solución obedece a la evidente diferente teleología que tiene cada uno de estos rubros. (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, mis votos en Sala II, causas 49.945, 53.694, entre muchos precedentes análogos).
La consideración de la edad del accionante al momento del evento-37 años- del contexto socioeconómico en el que se desenvuelve su existencia (ya merituado con anterioridad), del tipo de afección sufrida (fractura de muñeca izquierda) y de la innecesaridad de tratamientos ulteriores, me suscitan convicción sobre lo desproporcionado del importe fijado.
Por este motivo propongo su disminución a la suma de $ 80.000. (arg. artículos 165 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial médica de fs. 248/251; pericial de psicología, entrevista personal, fs. 257 vta. punto II, copia del libro de guardia del Hospital Interzonal de Agudos “ Heroes del Malvinas”, fs. 159 y expediente sobre beneficio de litigar sin gastos por cuerda).
Los demandados y la aseguradora se quejan de la suma justipreciada en concepto de gastos de farmacia, prótesis, asistencia médica y traslados.
Respecto de los gastos médicos y farmacológicos, cabe apuntar, que tal ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma, expresamente, alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1068 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como así también que es un auténtico hecho notorio que los hospitales públicos no cubren, habitualmente, la totalidad de tales gastos. (conf. mi voto en Sala II, causa 5847 entre muchas otras;)
Empero la tesis expuesta no conlleva una abrogación, lisa y llana, de la exigencia acreditativa que impone el artículo 375 del Código Procesal. Aunque, claro está, que la ponderación de la satisfacción de tal carga procesal adopta una particular fisonomía, atento las particularidades que caracterizan a esta especie de erogaciones.
Es que usualmente se trata de desembolsos de escaso monto; de los que no se tiene el comprobante-recibos o instrumentos funcionalmente análogos- que permitan apreciar su existencia de un modo pleno.
Precisamente y por este motivo la jurisprudencia viene sosteniendo, de un modo pacífico, que la acreditación del daño psicofísico permite presuponer esta especie de desembolsos (conf., mi voto, en la Sala III de esta Cámara, causa 14.430, entre otros precedentes).
Por ende lo determinante es que denoten una adecuada vinculación-una suerte de relación de necesariedad- con los padecimientos sufridos por la víctima (arg. artículos 901, 1068, 1086 y concordantes del Código Civil ; mi voto, Sala II, causa 41.262, entre otras).
Está debidamente probado en autos que la actora fue atendida, con inmediatez al acaecimiento del accidente, en un hospital público (copia del libro de guardia, fs. 159). Asimismo quedo acreditado, con la suficiencia indispensable, que sufrió la fractura de su muñeca izquierda (ver fs. 159 y pericial médica, fs. 248/251)
Empero, no se han agregado otras constancias que permitan vislumbrar los tratamientos médicos, kinesiológicos y/o farmacológicos a los que se hubiese sometido.
Atendiendo precisamente a la totalidad de las circunstancias aludidas y ajustándome a los lineamientos normativos referenciados, estimo que la cifra establecida en elevada (arg. artículos 1068, 1086 y concordantes del Código Civil; 375, 384 y concordantes del Código Procesal).
Por este motivo juzgo razonable reducirla a la suma de pesos $ 6.000 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).-
Por último, me abocaré a la queja planteada por la demandante, relativo a la tasa de interés fijada en el decisorio de grado.
A partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial la apreciación de la actual realidad económica, bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa “Cabrera”, el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario ecónomico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos. Ello, más allá, de que en mi opinión los pronunciamientos dictados por el Superior- causas 120.536 y 121.134 - no traducen un prístino abandono de su criterio delineado en la materia referenciada.
En efecto, como lo he señalado en la causa 41.260 de esta Sala II, si a la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a importes actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en e
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