Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 19815
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada en cuanto a la tasa de interés, dejando establecido que el capital de condena devengará intereses a la tasa del 6% anual desde el momento del hecho y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia y, de allí en mas, a la tasa indicada en el fallo apelado, confirmando la sentencia en crisis en lo demás que decide y ha sido materia de agravio
Costas de Alzada, en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.-
Causa Nº MO-19815-09 R.S. 164/2020
Con fecha 14 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "RIGATO SILVIA HAYDEE C/TRANSPORTE CHINGOLO S.R.L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" , Causa N º MO-19815-09 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental, con fecha 9 de Octubre de 2019 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Dicha sentencia fue apelada por la parte demandada, el recurso fue concedido libremente, elevándose posteriormente las actuaciones a este tribunal.
Con fecha 26 de Febrero del corriente año la apelante expresó sus agravios, los que fueron replicados con la presentación cuya versión digital fue subida al sistema con fecha 17 de Marzo de este año.
Cumplidos los recuados del caso, con fecha 21 de Mayo del corriente año se llamaron "autos para sentencia" , providencia que -firme- deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
Se agravia la demandada por dos cuestiones.
La primera es el monto de condena, señalando que el reclamo inicial se circunscribió al recupero de lo abonado, conforme la factura aportada; considerando que lo decidido implicó una violación al principio de congruencia, y argumentando en tal sentido.
La segunda, la tasa de interés, considerando que debe aplicarse la tasa de interés del 6%, evocando los precedentes de la Suprema Corte de Justicia local, dictados en los autos "Vera" y "Nidera".
A los términos la fundamentación recursiva, cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
A fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas, debo comenzar por la atinente al monto por el que ha prosperado el reclamo.
A estar de la apelante, la pretensión actoril se habría circunscripto, únicamente, al reembolso de los $8500 abonados en su momento.
Entiendo que ello no es así.
Nos hallamos ante un reclamo de resarcimiento de los daños provocados a un bien de la parte actora, siendo de aplicación las previsiones de los arts. 1083, 1094 y 1095 del Código Civil (vigente al tiempo de acontecer los hechos).
Pues bien, de la lectura del escrito inicial, se observa que el reclamo apuntaba a la reparación integral de los daños causados en el accidente de tránsito.
En este sentido, no pierdo de vista que a fs. 85vta./86 se habían descripto los desperfectos sufridos, y se decía que se reclamaba, en tal sentido, el monto de la factura.
Pero también leemos que en modo alguno su pedido fue circunscripto al monto indicado en la demanda, sino que se lo dejó abierto a lo que en mas o menos pudiera surgir de la prueba (ver fs. 82vta.) pretendiendo incluso que el monto de condena no lo fuera a sumas históricas, sino que mantuviera su valor; incluso cuando se introducen los distintos rubros, se advierte que se lo hace " sin perjuicio de las modificaciones cuantitativas que se apoyen en las probanzas a realizarse " (ver fs. 85vta.)
Aquí cabe recordar que desde esta Sala se ha venido señalando que "l a remisión, respecto del monto pretendido "a lo que en más o en menos resulte de la prueba", o "de los autos" o "que fijen los peritos" u otras fórmulas de equivalente contenido, es admisible siempre que no exteriorice inconducta procesal". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las sentencias que condenan a un monto que sobrepasa la petición originaria, en tales supuestos no son susceptibles de recursos constitucionales, cualquiera fuere el tipo de acción (E:D: 17-494; L.L. 125-91). No existe, en realidad, decisión "ultra petita" en la genuina acepción del concepto " (esta Sala en causa nro. 38449 R.S. 544/97, entre otras).
Por lo demás, la forma en que fue ofrecida la prueba pericial corrobora totalmente esto, en tanto se le pedía al perito que informara el costo de las reparaciones integrales (ver fs. 88vta.).
De este modo, y siguiendo incluso la directiva que indica que los montos resarcitorios deben fijarse a la fecha mas próxima posible a la sentencia (art. 1083 C. Civil, 163 inc. 6 CPCC), entiendo que no existía ningún impedimento para que la Sra. jueza de grado procediera como lo hizo, apoyándose en las conclusiones periciales (aportadas por el experto mecánico) para fijar el monto de condena.
Luego, y a tenor de lo expuesto, considero que este cuestionamiento no es de recibo.
Si, en cambio, considero que lo es la otra queja que se trate, vinculada con los intereses.
La sentencia apelada ha mandado a aplicarlos a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días.
De ello se agravia la demandada.
Y, lo adelanto, habré de inclinarme por el acogimiento de su recurso.-
Ello no sin efectuar las precisiones que a continuación realizo.-
Si bien, hasta el momento de celebrarse el Acuerdo nro. 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital (o la más alta, dependiendo del tenor de los agravios) informada por la banca provincial, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura (6%) establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los casos "Vera" y "Nidera".-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara.-
Por lo demás, se tornaba -desde mi punto de vista- necesaria la unificación de posturas entre las diversas Salas de este tribunal (dos de ellas desintegradas, por vacancias), para permitir a los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniformes acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como tribunal de Alzada.-
Viene cierto que ello podría haberse logrado a través del mecanismo del art. 37 de la ley 5827 (donde cada integrante de la Cámara explicitara su criterio personal), pero indudablemente hubiera implicado una demora considerable, carente de sentido cuando -a la luz de lo dicho en el párrafo anterior- tal postura se había tornado mayoritaria en el seno del tribunal.
Amén de ello, hay otra circunstancia.-
Como lo he venido resaltando en mis votos hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se expidió en tales precedentes ("Vera" y "Nidera" del año 2018) sin que luego volviera a fallar sobre la cuestión (al menos por lo que he podido recabar en el sistema de búsquedas JUBA).
Esta circunstancia generó las (a mi modo de ver) razonables cavilaciones en cuanto a los alcances de dicha doctrina, mas aun frente al paso del tiempo sin que volviera a reiterarse.
Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en "Vera" y "Nidera" se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincia (ver, entre infinidad de otros, C. Civ. y Com. Junin, 4/6/2019, "Salgado Mirta Mabel C/ Correa Roberto Javier S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Dolores, 11/6/2019, "Calabrese, Silvia Graciela C/ Rojas, María Mercedes Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Necochea, 10/9/2019, "Berrier, Martín C/Copercido, Isabel Susana y Otra s/Daños y Perjuicios"; C. Civ. y Com. Azul, sala 2°, 19/9/2019, "Bilotto, Analía C/ Materiales Rurales El Quebracho S.A. y otro s/ daños y perjuicios"; C. Civ. y Com. Pergamino, 16/9/2019, "Scornavacche Veronica Teresa Y Otro/A C/ Ulman Agustin Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. San Nicolas, 21/11/2019, "Sánchez, Juan José C/Caviglia, Ricardo Enrique Y Otros S/Daños Y Perjuicios"; C. Civ. y Com. La Matanza, sala 2°, 21/11/2019, "Carrizo Adelaida Isabel C/ Nuevo Ideal S.A. y otros s/ daños y perjuicios"; C. Civ. y Com. San Isidro, sala 3°, 10 /12/2019, "Lavalle, Ana Irene y otro c/ Bernal, Horlando y otro s/ daños y perjuicios"; C. 2° Civ. y Com. La Plata, sala 2°, 17/12/2019, "Ferro Alejandro Dario c/ el Trigo sa y ot. S/ daños y perjuicios").
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado -en la práctica- una uniformidad de criterios (casi absoluta) en los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Luego, aunque el Alto Tribunal no hubiera vuelto a expedirse sobre el tema, en la praxis la función uniformadora casatoria parece haber sido cumplida.-
En este contexto, y desde mi punto de vista, no resulta razonable (ni acorde a un bien entendido principio de igualdad) que el suscripto siga manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara, sino también en el de toda la Provincia de Buenos Aires.-
Hacer lo contrario conllevaría, incluso, mayores complicaciones para los litigantes y demoras en los procesos, al generar el tránsito de expedientes hacia la Suprema Corte de Justicia para dirimir la cuestión.
He considerado, entonces, plegarme a la tesis mayoritaria, ello -claro está- sin perjuicio de lo que en el futuro pudiera actuar, y decidir, en el caso de expedirse la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en un sentido diverso de aquel que aquí estamos sosteniendo.
Consecuentemente, y por las razones ya dadas, sin perder de vista, incluso, lo antedicho en cuanto a la fecha a la cual se han fijado los montos de condena, acudiendo a la solución adoptada por la casación local en "Vera" y "Nidera", entiendo que se habrá de modificar la sentencia apelada dejando establecido que el capital de condena devengará intereses a la tasa del 6% anual desde el momento del hecho y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia y, de allí en mas, a la tasa indicada en el fallo apelado.
Con tales alcances promoveré la modificación, solo parcial, del decisorio en crisis.
Por lo demás, y desde que el recurso prospera solo en parte, entiendo que las costas de Alzada habrán de quedar impuestas en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC).
Y la regulación de honorarios profesionales habrá de diferirse.-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
Adhiero en un todo al voto que antecede, no sin hacer alguna aclaración conceptual tanto en lo que hace a la tasa de interés.-
En tal sentido, y a partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial, la apreciación de la actual realidad económica, bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa "Cabrera", el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario económico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos. Ello, más allá, de que en mi opinión los pronunciamientos dictados por el Superior -causas 120.536 y 121.134- no traducen un prístino abandono de su criterio delineado en la materia referenciada.
En efecto, si a la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a valores actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en este sentido, el voto del Ministro Soria en la causa B. 63.460).
Vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito; y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.; mis votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.190 entre muchos otros).
Así las cosas si la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena fijado a valores actuales, aplicar la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho ilícito equivale a conceder un plus resarcitorio -una suerte de "sobre indemnización"- que a la postre no es otra cosa que consagrar una solución que colisiona con el principio de razonabilidad económica (arg. artículos del Código Civil y Comercial).
La realización del derecho a la reparación integral, de raigambre constitucional, debe lograrse por medios legítimos, adecuados y proporcionales; de modo que aquella no puede ser fruto de meros cálculos aritméticos, desvinculados de la realidad económica en la que se inserta su ejercicio (arg. artículos 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional; conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 313:896; 327:508, entre otros).
En la especie, el cálculo que se efectúa mediante la aplicación de la tasa pasiva más alta -al momento la denominada BIP- conlleva un resultado excesivo (ver "cálculos de intereses en línea", www.scba.gov.ar).-
Va de suyo, conforme a las directrices conceptuales esbozadas anteriormente, que dicho resultado se aprecia como desproporcionado, prescindente de la realidad económica y conculcatorio de la proscripción del enriquecimiento sin causa (arg. artículos 953, 1071 y concordantes del Código Civil; 726, 9, 10 del capítulo 3 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial, su doc.).-
En orden a lo manifestado, pues, estimo económicamente adecuado el interés propuesto por mi colega.
Con tales aclaraciones conceptuales, compartiendo todos los restantes aspectos del voto anterior por sus mismos fundamentos, adhiero al mismo votando
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la sentencia apelada en cuanto a la tasa de interés, dejando establecido que el capital de condena devengará intereses a la tasa del 6% anual desde el momento del hecho y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia y, de allí en mas, a la tasa indicada en el fallo apelado, CONFIRMANDO la sentencia en crisis en lo demás que decide y ha sido materia de agravio
Costas de Alzada, en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUELVASE
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2020 09:42:20 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 14/07/2020 09:42:29 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 14/07/2020 09:42:41 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia