Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 55579
CAUSA NRO. C12-55579 R.S.: 259/2020 .-
Con fecha 01 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CORTESE GUSTAVO DANIEL C/ LOIACONO PABLO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ( SUMARIO ) " CAUSA C12-55579 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA/GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. JORDA DIJO:
Contra la sentencia definitiva de fs. 375/388, apelaron la parte actora y la citada en garantía; los recursos fueron concedidos libremente y se los fundó, ya en esta Alzada, por la mediante presentación electrónica cuya copia obra con fecha 14 de Febrero de 2020 y la citada en garantía mediante presentación electrónica de fecha 11 de Marzo de 2020; solo esta última fue replicada, con fecha 12 de Mayo de 2020.
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por el Sr. Gustavo Daniel Cortese contra el Sr. Pablo Daniel Loiacono, por la suma de $ 380.000 (pesos trescientos ochenta mil ) haciendo extensiva la condena a Argos Compañia Argentina de Seguros Generales S.A., en la medida del seguro.-
Las partes se agravian por distintos motivos:
A) El actor porque considera bajos los montos regulados para reparar la 1) incapacidad sobreviniente, 2) la incapacidad psicológica y el tratamiento, 3) el daño moral, 4) el daño emergente y 5) la aplicación de la tasa del 6%.-
B) La citada en garantía cuestiona 1) la atribución de responsabilidad; 2 ) el monto que considera desproporcionado, de la incapacidad sobreviniente ; 3) elevado el monto para reparar el daño moral; 4) lo mismo para el daño emergente; 5 ) la tasa de interés, solicitando la aplicación del 6% hasta el efectivo pago .-
Trataré en primer término, el cuestionamiento de la aseguradora con relación a la atribución de responsabilidad.-
En el expediente penal N° 55.579 labrado como consecuencia del accidente a fs. 1/1vta. el oficial a cargo describe los daños ocasionados en el Renault 9 dominio SFA 770 ( abolladura en el capot, en el guardabarro delantero derecho, y parabrisas dañado ) y en la moto marca Zanella, modelo Sol, dominio 943 CKZ ( desprendimiento y daño de la horquilla).-
A fs. 238 del expediente principal se encuentra adjunto un croquis elaborado por el perito ingeniero Carlos Aguero y a fs. 239/240 dos fotos de la Av. Zeballos; en su pericia de fs. 241/244, con los datos disponibles resume que " En el caso que los rodados intervinientes en este evento circulaban en forma reglamentaria y se aproximan a la encrucijada en cuestión casi simultáneamente el derecho a paso lo disponía motocicleta Zanella Sof, patente 943 CKZ. " .-
El perito ingeniero, habiendo tomado vista de la causa penal, en su ampliación de pericia a fs. 282 aclara en el punto 2 "...Cuando se hace una maniobra de giro, con en esta cuestión, el conductor del rodado además de anunciarla con suficiente antelación debe verificar de tener expedito el paso sobre todo que tiene que invadir el carril contrario en una avenida " .-
Tanto la pericia , como su aclaración, no mereció objeción ni pedido de explicaciones de la parte demandada ( art. 473 del CPCC).-
El testigo Di Bella, testigo presencial, en su declaración de fs. 363/364 relata que venía conduciendo su motocicleta por la Av. Zeballos detrás del actor, cuando observa que a la altura de la intersección con la calle Andrade ve que dobla un auto que venía en dirección contraria, por Zeballos, y cuando dobla a la izquierda para tomar Andrade, embiste al demandado, lo levanta en el aire y el actor queda tendido en la calle.-
La idoneidad del testigo o falta de sinceridad, no fue planteada en el plazo de prueba, por lo que carece de eficacia y es extemporáneo el cuestionamiento que se formula en la Alzada. ( art. 456 del CPCC).-
Los medios de prueba, son elementos de un todo y ese conjunto, analizado en forma armoniosa, conforme las reglas de la sana crítica, permite reconstruir los hechos ( art. 384 del CPCC).
Las pruebas colectadas me permiten llegar a la convicción que los hechos ocurrieron conforme lo relatado por el actor, y que la demandada no ha podido probar el eximente de responsabilidadínsito en la 2da. parte del art. 1113 del C. Civil ).-
Por lo tanto esta queja debe ser desestimada
Las partes se quejan, el actor por el escaso monto fijado por la Sra. Jueza y la demandada por "...el elevado monto justipreciado..." .-
El mismo día del accident e, el Sr. Cortese fue atendido en la Clínica Modelo de Morón, ver fs. 21/32 del expediente penal; y fs. 171/220 del principal, de una fractura del 1/3 de cubito antebrazo izquierdo, traumatismo en clavícula izquierda, politraumatismos varios, siendo intervenido quirúrgicamente para la colocación de placa y tornillo a nivel del cubito del antebrazo izquierdo.-
A fs. 307/311 se encuentra adjunta la pericia médica del Dr. Cerdarevich, después de realizarle un examen semiológico y exámenes complementarios diagnostica tendinitis de hombro izquierdo y fractura de cubito izquierdo.
Determina una incapacidad del 9,75% , utilizando el método de incapacidad restante, dividida en 5% por tendinitis de hombro izquierdo y 5% de limitación funcional y daño estético de antebrazo izquierdo.-
A fs. 315 el actor solicita explicaciones, que son respondidas a fs. 323. A fs. 325 el actor vuelve a solicitarle que detalle como arriba a los porcentajes de incapacidad, que son respondidas por el experto a fs. 333.-
La demandada impugna la pericia a fs. 340.-
El juez debe apreciar y valorar la prueba pericial, sin admitir que quede en jaque su autonomía para decidir, sujeto a criterios de atendibilidad, racionalidad, justificación. El dictamen pericial constituye un elemento más de prueba, que debe sopesarse con las otros elementos arrimados al expediente ( art. 474 del CPCC).-
Por lo demás, en materia de indemnización por incapacidad física derivada de las lesiones sufridas a raíz de un hecho ilícito, el monto otorgado no se sujeta a una tabulación prefijada sino que se relaciona con los diversos aspectos de su humanidad y la proyección que la secuela del accidente tiene sobre su personalidad integral.
Por lo tanto fijo el monto de incapacidad física en la suma de $ 225.000 ( pesos doscientos veinticinco mil), elevando el establecido en la instancia previa ( art. 165 del CPCC).-
3 ) .- Daño Psicológico y tratamiento.-
La citada en garantía solicita se rechace el rubro o se adecuen los montos. la parte actora considera exiguos los importes fijados.-
En este rubro es necesario poner de resalto una serie de concatenación de errores, falta de rigurosidad y, falencias, de la que participaron ambas partes.- -
Primero: el actor en su demanda, en el acápite PRUEBA no solicita pericia psicológica - ver fs. 27/28.
Segundo: a fs. 269 la actora manifiesta que debido a los altos costos de los tests no puede realizarlos y solicita la designación de un perito psicológo.-
Tercero: a fs. 275 la Sra. Jueza decide que no corresponde nombrar perito psicológo.-
Cuarto: El perito médico a fs. 274 informa que la práctica de un psicodiagnóstico se basa en la realización de una bateria de test.
Quinto: a fs. 309 vta. el experto que - se presenta como médico, especialista en anestesiologia, en medicina legal, flebología y linfología - se despacha con una incapacidad psicológica del 10%.
Conforme lo expuesto precedentemente, no se puede dar validez ni eficacia jurídica-probatoria al contenido de una opinión de un profesional que no explica el basamento de la incapacidad que determina y carece de competencia sobre el particular (arts. 384, 472 y 474 del CPCC).
Por ello, al no quedar demostrado el daño psicológico por prueba idónea debe ser desestimado junto con el tratamiento psicológico.
Revócase, por lo tanto, la decisión de la sentenciante en tal aspecto.
Las partes vuelven a diferenciarse, al actor le parece poco el importe y a la demandada excesivo.-
En el reclamo del daño moral deben evaluarse las características de las lesiones sufridas, la forma traumática en que se produjeron, y los tratamientos suministrados.-
Los dolores de la tendinitis de hombro izquierdo y fractura de cubito izquierdo, del Sr. Cortese, el tiempo de internación, los padecimientos resultantes de los tratamientos médicos inmovilizantes, de la operación y la recuperación, los miedos y angustias resultantes de este largo proceso, justifican la asignación de una suma de dinero, que evaluando según criterios de prudencia y razonabilidad es coincidente con lo establecido por la Sra. jueza en $ 100.000 (pesos cien mil) ( art. 1741 del C. Civ. Y Com. y 165 del CPCC).-
5 ) .- Daño Emergente
La parte demandada se queja por la cuantía del resarcimiento, no encontrando en la resolución de la Sra. Jueza justificación alguna que respalde dicha suma. y la actora la estima escasa-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura en la presunción de los gastos medicos, farmaceuticos derivados de las lesiones.
Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Asimismo es un auténtico hecho notorio que la circunstancia que el damnificado se atienda en nosocomios públicos, en modo alguno esteriliza la pertinencia del reclamo; por cuanto variadas practicas y la obtención de muchos medicamentos, no son suministrados gratuitamente. Razón por la que sus costos, deben ser solventados por el paciente. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92,votos del Dr. Russo ).-
Por lo dicho estimo acertada la suma establecida de $ 10.000 (pesos diez mil) rechazando en consecuencia el agravio de ambas partes.
El Sr. Cortese cuestiona la aplicación de la tasa del 6% solicitando la pasiva mas alta y la demandada rechaza la aplicación de la tasa pasiva digital desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago.-
Hasta el momento de celebrarse el Acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia en los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás –desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “Vera“ y “Nidera“ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.-
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado –en la práctica– una uniformidad de criterios (casi absoluta) en los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, no resulta razonable seguir manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara sino en el ámbito provincial.-
En consecuencia he de rechazar las apelaciones interpuestas en este aspecto, pues estimo económicamente adecuado fijar un interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito –15 de enero de 2007 – hasta la sentencia de grado y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (art. 622 C. Civil; SCBA Causa C119176 del 15-06-2016.-
Por lo dicho, y de compartirse tal criterio, ambos agravios deben ser rechazados.-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentenciante confirmándose la atribución de responsabilidad, reduciéndose el monto de condena a la suma de $ 335.000 (pesos trescientos treinta y cinco mil) y confirmándose la tasa de interés fijada.
Costas de la Alzada en un 20% a la actora y en un 80% a la demandada y citada en garantía, atento el resultado propuesto para los recursos (arts. 68 y 71 del CPCC).
Voto en consecuencia
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo, en cuanto a la tarifación de los montos y la tasa de interés.
Inicialmente destaco que comparto totalmente lo sostenido en cuanto a la atribución de responsabilidad y que, por las mismas razones que expresa el colega que antecede, entiendo que este aspecto del fallo ha de confirmarse.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.