Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 55046
Causa Nº C11-55046 R.S.: 268/2020
Con fecha 08 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ MOLINE CARLOS ALBERTO C/GANCHO BELLOCO JUAN PABLO Y OTS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ” Causa Nº C11-55046 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental el día 21 de mayo de 2019 resolvió hacer lugar a la demanda promovida por Carlos Alberto Moliné, contra Juan Pablo Gancho Belloco y Sebastian Roberto Rivera, condenando a éste último a pagar al actor la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($384.660.-), con más los intereses calculados en la forma que queda determinada en el considerando octavo de aquella resolución. Asimismo hizo extensiva la condena a Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418 e impuso las costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron el 23 de mayo de aquel año, la parte actora y la citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente el 28 de mayo de 2019 y se los fundó con las expresiones de agravios del 10 de junio de 2020 (la parte actora) que mereció la réplica del 22 del mismo mes y año; y el 9 de junio de 2020 (la citada en garantía).
3. Cumplidos los recaudos del caso, el día 2 de julio de 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Tanto la parte actora como la citada en garantía se agravian de los montos otorgados para los distintos rubros indemnizatorios; la actora para que se eleven, la citada en garantía para que el rubro daño psíquico se reduzca.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
A fin de dar respuesta a las quejas y agravios de la actora y dadas las singulares características del caso de autos debo efectuar algunas referencias liminares relativas al principio de congruencia.
El mismo está consagrado, en nuestro ámbito, por los arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º y 272 del CPCC y obliga a que los órganos judiciales se atengan a aquello que las partes hubieran traído a juzgamiento, y mas específicamente a lo que hubieran solicitado en los escritos constitutivos del proceso.
¿Y por qué digo esto?
Porque en materia de daños y perjuicios, es común que los montos fijados en las sentencias asciendan a sumas mayores que las reclamadas en los escritos de demanda.-
Refiriéndose al tema enseñan Morello-Sosa-Berizonce (“Códigos Procesales...”. Tº II-C, pág. 81) que " el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad LO QUE EN MAS O EN MENOS RESULTE DE LA PRUEBA o de la depreciación monetaria, no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada;en estos casos no se incurre en el vicio de “ultra petita".- Ocurre que mediante tal reserva se evita la plus petición inexcusable y -precisado el objeto- se deriva su cuantificación a las pruebas pertinentes" .
Tal es por otra parte la jurisprudencia de la Sala (causas 44.304, R.S. 206/00; 44.858, R.S.442/02; entre infinidad de otras).
De este modo, se habilita al Juez para fijar en el decisorio una suma mayor, sin violar el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional (esta Sala en causa nro. 43.041 R.S. 206/00, entre otras).-
Ahora bien, llevados estos conceptos al caso concreto de autos, vemos que -por mas que leo y releo la demanda- los montos reclamados en la misma nunca se sujetaron a lo que en mas o en menos surgiera de la prueba .
Solo lo encontramos en el rubro daño psíquico, el cual analizaremos luego.
Vemos, en tal sentido, que a fs. 16/21 se presentó la recurrente e interpuso demanda por daños y perjuicios.-
Allí relata los hechos y cuantifica su pretensión de la siguiente manera: "DAÑO FISICO E INCAPACIDAD SOBREVINIENTE.......$170.000; DAÑO MORAL.......$68.000; GASTOS DE FARMACIA Y DE ASISTENCIA MEDICA..........$3.000; GASTOS DE HONORARIOS TRATAMIENTO KINESICO.......$8.500; DAÑO MATERIALES. DAÑO DEL VEHICULO. DAÑOS MATERIALES AL AUTOMOVIL......$15.160; PRIVACION DEL USO Y DESVALORIZACION DEL RODADO......$10.000.-
Ahora vemos que el sentenciante de grado cuantificó cada uno de los rubros -salvo el daño psicológico y la privación de uso- como lo peticionó el actor en su escrito de inicio; por cierto, no podía ir mas allá de ello, porque el reclamo no contuvo aquella salvedad .
De este modo, nada podemos decir con relación a los agravios de la actora pues los montos fijados por el a quo a su respecto de ninguna manera podrían ser elevados por nosotros pues, si así lo hiciéramos, iríamos mas allá de lo peticionado, infringiríamos el principio de congruencia y viciaríamos la decisión (art. 34 inc. 4 y 163 del CPCC).-
2. DAÑO PSIQUICO.
Nos queda por tratar el agravio relacionado con el daño psíquico.
Tanto la parte actora como la citada en garantia se agravian de como la jueza de grado cuantificó el rubro en la suma de $120.000.
Sentado ello, cabe recordar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral. Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, pues toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible -el suscripto en causa 28511, R.S. 89/1992, entre muchas otras-.
Pero, obviamente, para determinar la resarcibilidad del daño, el mismo debe quedar cabalmente acreditado (art. 375 del CPCC).-
Veamos entonces que hizo la parte actora para demostrarlo.
A este respecto se ha producido prueba pericial de la especialidad.
Es entonces momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Sentado ello tenemos la pericia del 3 de octubre de 2018 y sus explicaciones del 14 de noviembre de 2018, de la cual extraigo que " Consonante a la evaluación conjunta del material psicológico obtenido en el presente psicodiagnostico se infiere un cuadro clínico compatible según DSM IV con F43 TRASTORNOS ADAPTATIVOS CON ESTADO DE ANIMO DEPRESIVO , consecuencia de los hechos referidos en la entrevista.
A nivel de la estructura de personalidad, el cuadro clínico inferido se asienta sobre una estructura neurótica de base. No se observan cuadros organicos como así tampoco sintomatología psicótica .
Y agrega el experto que " …los hechos que promueven las presentes actuaciones han tenido una influencia en la subjetividad del entrevistado estresante y negativa, afectando en diversas áreas emocional, familiar, laboral, social…"
Concluye que " este estado de perturbación emocional encuadra dentro de la figura de daño psíquico; ya que a partir del suceso traumatico vivenciado, puede constatarse la presencia de un deterioro disfunción, disturbio, alteración, trastorno o desarrollo"
Por todo ello se determinó una incapacidad parcial y permanente del 10% t.O.
Ahora bien, en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento la base referencial que estábamos utilizando es la de $15.000 por punto de incapacidad; empero la evolución de las variables económicas del año próximo pasado (desde que comenzáramos a utilizar tal valor referencial, cfe. Causa nro. 56.382 RS 2/17) hacen que, a mi modo de ver, resulte menester ajustar el mismo y operar -desde ahora- con un nuevo valor referencial, de $25.000 por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecue a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Por tales consideraciones, teniendo en cuenta las circunstancias personales del reclamante, el daño que se le ha causado y la incapacidad que le ha quedado, estimo que deberán receptarse los agravios de la actora y elevar el rubro en estudio a la suma de $260.000 (doscientos sesenta mil pesos) .
La parte actora se queja de la menera que la jueza de primera instancia calculo los intereses.
Pretende el recurrente que se aplique la tasa pasiva más alta de las fijadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires según los distintos períodos de aplicación para las operaciones de depósitos a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa desde la fecha de producción de la mora (hecho dañoso) y hasta la del efectivo pago
Debo decir al respecto que si bien, hasta el momento de celebrarse el Acuerdo nro. 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital (o la más alta, dependiendo del tenor de los agravios) informada por la banca provincial, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura (6%) establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los casos "Vera" y "Nidera".
Así lo hice por varias razones.
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara.
Por lo demás, se tornaba -desde mi punto de vista- necesaria la unificación de posturas entre las diversas Salas de este tribunal (dos de ellas desintegradas, por vacancias), para permitir a los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniformes acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como tribunal de Alzada.-
Viene cierto que ello podría haberse logrado a través del mecanismo del art. 37 de la ley 5827 (donde cada integrante de la Cámara explicitara su criterio personal), pero indudablemente hubiera implicado una demora considerable, carente de sentido cuando -a la luz de lo dicho en el párrafo anterior- tal postura se había tornado mayoritaria en el seno del tribunal.
Amén de ello, hay otra circunstancia.-
Como lo he venido resaltando en mis votos hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se expidió en tales precedentes ("Vera" y "Nidera" del año 2018) sin que luego volviera a fallar sobre la cuestión (al menos por lo que he podido recabar en el sistema de búsquedas JUBA).
Esta circunstancia generó las (a mi modo de ver) razonables cavilaciones en cuanto a los alcances de dicha doctrina, mas aun frente al paso del tiempo sin que volviera a reiterarse.
Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en "Vera" y "Nidera" se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincia (ver, entre infinidad de otros, C. Civ. y Com. Junin, 4/6/2019, "Salgado Mirta Mabel C/ Correa Roberto Javier S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Dolores, 11/6/2019, "Calabrese, Silvia Graciela C/ Rojas, María Mercedes Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Necochea, 10/9/2019, "Berrier, Martín C/Copercido, Isabel Susana y Otra s/Daños y Perjuicios"; C. Civ. y Com. Azul, sala 2°, 19/9/2019, "Bilotto, Analía C/ Materiales Rurales El Quebracho S.A. y otro s/ daños y perjuicios"; C. Civ. y Com. Pergamino, 16/9/2019, "Scornavacche Veronica Teresa Y Otro/A C/ Ulman Agustin Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. San Nicolas, 21/11/2019, "Sánchez, Juan José C/Caviglia, Ricardo Enrique Y Otros S/Daños Y Perjuicios"; C. Civ. y Com. La Matanza, sala 2°, 21/11/2019, "Carrizo Adelaid
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