Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 55649
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el planteo de caducidad de segunda instancia, confirmar las resoluciones de fecha 19 de octubre de 2017 y 18 de marzo de 2019, con costas a la apelante (art. 68 del CPCC) y revocar la resolución de fecha 17 de mayo de 2017, mandándose a proseguir la tramitación de los autos en la instancia de origen; sin perjuicio de poner en conocimiento de la parte actora -y su asistencia letrada- que -en lo sucesivo- su impulso habrá de ser mas diligente y acorde a la situación y estado del expediente, con costas de ambas instancias a la co demandada que -por las razones indicadas precedentemente- resulta vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).
CAUSA N ° C11-55649 R.I.:71/2020
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de fecha 17 de mayo de 2017, 19 de octubre de 2017 y 18 de marzo de 2019 y el planteo de caducidad de instancia de fecha 29 de Octubre de 2018
Que, por razones metodológicas, los recursos interpuestos han de ser abordados según el orden que sigue; ello no sin dejar de advertir que, en el caso, una cuestión de suma sencillez se ha complejizado y entreverado de manera considerable, generando la necesidad de estar abordando varios tópicos, en un contexto en el que los recursos materiales y humanos son por demás escasos.
Efectuada esa reflexión, pasamos a ocuparnos de las cuestiones traídas a nuestra decisión.
Cuestión preliminar: el planteo de caducidad de segunda instancia
Con fecha 29 de Octubre de 2018, la co demandada solicitó la caducidad de segunda instancia, mereciendo el proveimiento del 1 de Noviembre de ese año.
Abordando el punto, teniendo en cuenta las prescripciones del art. 251 del CPCC, como así también que no se curso la intimación prevista por el art. 315 del CPCC y que la actora, una vez efectivizado dicho planteamiento, activó el trámite (lo que implicaría el impulso que permite, por única vez, purgar la inactividad en los términos de la norma citada) deberá desestimarse dicho planteamiento, sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
1. El recurso contra la decisión de fecha 18 de marzo de 2019
Que, mediante tal providencia, se resolvió declarar la nulidad de lo actuado por la Dra. Scervino en lo que respecta a la interposición del recurso formulado por la co actora Vanesa Cecilia Luna y que fuera proveído a fs. 433.
Respecto de dicha resolución apela la letrada por derecho propio (en cuanto a la imposición de costas), recurso que es concedido en relación y se funda con el memorial de fecha 9 de mayo de 2019, a cuyos términos cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Que en tren de abordar el tema, es necesario recordar que el art. 48 del rito bonaerense dispone que " en casos urgentes podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de sesenta días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados ".
Sabido es, que el gestor procesal es el letrado que invocando la representación de un tercero o careciendo de poderes suficientes, comparece en nombre de aquél para realizar actos que no admiten demora, con el compromiso de acreditar su personería u obtener la ratificación en un plazo determinado.-
El artículo mencionado anteriormente establece que la nulidad derivada del incumplimiento de la carga del gestor, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa ("Códigos...", Morello-Sosa-Berizonce, Ed. Platense Abeledo-Perrot, Tº II-A, págs. 909 y sgtes.).-
Ello es así ya que dicho plazo es de carácter perentorio, por lo tanto no requiere para iniciar su transcurso decreto judicial, petición de parte o notificación alguna (cfr. art. 155 del C.P.C.C.).
Sentado ello, transcurrido el plazo perentorio de sesenta días, sin que el gestor acredite su personería, se opera la nulidad de todo lo actuado por este. Ello es así, en virtud de que el efecto propio de los plazos perentorios, es que su solo vencimiento hace decaer el derecho correspondiente, sin posibilidad de que pueda ejercércelo con posterioridad (cfr. esta Sala en causa nº 22.951, R.I. 180/89).-
En otras palabras, el solo vencimiento del plazo previsto en la ley -sesenta días- para presentar los instrumentos pertinentes o ratificar su gestión, determina la caducidad de ese derecho e imposibilita el cumplimiento posterior de los actos allí previstos. En consecuencia, deviene apropiado declarar de oficio la nulidad de lo actuado por el gestor.-
En la misma línea de pensamiento y en un caso análogo al presente, esta Sala II ha considerado "que la aludida nulidad debe prosperar en función de las circunstancias fácticas señaladas y de su adecuación al citado art. 48 del C.P.C.C., debiendo la misma declararse de oficio (Causa nº 35.388, R.S. 69/96; entre otras).
Pues bien, pasando al caso concreto y habiendo mediado ratificación tardía, es claro que deviene de necesaria aplicación la sanción prevista por la norma.
Y ello independientemente, por un lado, de que existiera un litisconsorcio (pues la actuación procesal de cada integrante del mismo es individual) o de cual pudiera ser, en definitiva, el contenido económico de la prealudida imposición de costas.
Es mas, si la aludida imposición (como lo dice la apelante) no llegara a tener ningún contenido económico, el auto apelado ni siquiera la causaría agravio.
Consecuentemente, por tales razones y a tenor de lo claramente prescripto por el art. 48 del CPCC, el auto apelado habrá de confirmarse, con costas de Alzada a la recurrente (art. 68 del CPCC).
2. El recurso contra la decisión de fecha 19 de octubre de 2017
En tal resolución se declaró la nulidad de lo actuado por la Dra. Silvia Cristina Scervino en lo que respecta a la concesión del recurso formulado por la coactora Vanesa Cecilia Luna y que fuera proveído a fs. 442 último párrafo, imponiéndole a la citada profesional las costas causadas.
Respecto de dicha resolución apela la letrada por derecho propio (en cuanto a la imposición de costas), recurso que es concedido en relación y se funda con el escrito de fs. 475/9 a cuyos términos cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Dicho esto, se observa que la argumentación traída en dicho escrito es sustancialmente igual que la analizada en el fundamento del recurso abordado precedentemente.
Luego, y por esas mismas consideraciones (a las que nos remitimos), habrá de confirmarse el auto apelado, con costas a la recurrente (art. 68 del CPCC).
3. El recurso contra la decisión de fecha 17 de mayo de 2017
En dicha resolución se declaró la caducidad de instancia, a pedido de la co demandada y con costas a la parte actora, postergando la regulación de honorarios.
De ello apelan los co actores (salvo Vanesa Cecilia Luna -a tenor de lo resuelto en cuanto a las nulidades-), el recurso es concedido en relación y se lo funda con el memorial de fs. 434/441, replicado con el escrito de fecha 26 de Junio de 2017.
Ahora bien, en tren de abordar las quejas, cabe recordar que esta Sala en la causa 39.829, R.S. 60/13 ha sostenido en relación al instituto de la caducidad de instancia que: "es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica. Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure". Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".-
Y el tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
Pero también esta sala viene sosteniendo que la caducidad de instancia debe apreciarse con criterio restrictivo (esta Sala en causa nro. 42.515 R.S. 329/02, entre otros).-
Bajo tales premisas, analizaremos el caso traído a decidir.
Así, vemos que con fecha 9 de Agosto de 2016, la co demandada ya había solicitado la caducidad de instancia.
Frente a ello, con fecha 16 de ese mismo mes y año, se proveyó lo siguiente " Dándose en autos el supuesto del art. 313 inc. 3° del CPCC., ya que existen excepciones que aún no han sido resueltas, se desestima por ahora lo solicitado ".
Pues bien, frente al pedido de apertura a prueba de fecha 2 de Febrero de 2017, se provee -con fecha 8 de Febrero de 2017- que previamente debían resolverse las excepciones.
Por cierto, frente al tenor del auto de fecha 16 de Agosto de 2016, era razonable para la parte actora considerar que el pase a resolverlas quedaba a cargo del tribunal y, aquí lo fundamental, que si ya se había indicado que la caducidad de instancia no se producía en los términos de dicha norma, ahora no podría decretarse.
Desde esta misma Sala hemos indicado que la Teoría de los Actos propios es tan aplicable a las partes como al tribunal (causa nro. 46462 R.S. 1/02).
En este contexto, y frente al tenor de lo decidido con fecha 16 de Agosto de 2016, mal podía -tiempo después- decretarse la caducidad de instancia, si antes ya se había señalado que se daba la situación del art. 313 inc. 3 del CPCC; incluso, y esto es trascendente también, cuando -antes del dictado de la resolución apelada y sin que surja del expediente que la actora hubiera sido notificada del planteo de caducidad- con fecha 15 de mayo de 2017 solicitó que se resolvieran las excepciones.
Consecuentemente, y por tales razones, con el criterio restrictivo que ha de imperar en materia de caducidad de instancia, la decisión apelada habrá de revocarse, mandándose a proseguir la tramitación de los autos en la instancia de origen; sin perjuicio de poner en conocimiento de la parte actora -y su asistencia letrada- que -en lo sucesivo- su impulso habrá de ser mas diligente y acorde a la situación y estado del expediente.
Todo ello con costas a la co demandada, que -habiendo planteado incorrectamente la caducidad y resistido el planteo recursivo- ha resultado vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).
Por ello, el tribunal RESUELVE: DESESTIMAR el planteo de caducidad de segunda instancia, CONFIRMAR las resoluciones de fecha 19 de octubre de 2017 y 18 de marzo de 2019, con costas a la apelante (art. 68 del CPCC) y REVOCAR la resolución de fecha 17 de mayo de 2017, mandándose a proseguir la tramitación de los autos en la instancia de origen; sin perjuicio de poner en conocimiento de la parte actora -y su asistencia letrada- que -en lo sucesivo- su impulso habrá de ser mas diligente y acorde a la situación y estado del expediente, con costas de ambas instancias a la co demandada que -por las razones indicadas precedentemente- resulta vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).
REGISTRESE. DEVUELVASE, ENCOMENDANDOSE A LA INSTANCIA DE ORIGEN LAS PERTINENTES NOTIFICACIONES.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2020 12:16:00 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2020 12:22:37 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2020 12:23:34 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia