Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 2302
Causa Nº MO-2302-2008 R.S.: 298/2020
Con fecha 29 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ D. M. C. N. C/ M. Y H. L. SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ” Causa Nº MO-2302-2008 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.:¿Es justa la apelada sentencia de fs. 1159/1175?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: el Señor Juez Doctor JORDA, dijo:
I. Apelan la sentencia de autos M. y H. L. S.A. (presentación electrónica número 27556276), F. D. P. y C. M. S. (presentación electrónica número 28367075), Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. (presentación electrónica 29522292) y Federación Patronal Seguros S.A.(presentación electrónica número 29911904)
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda promovida por C. N. D. M. contra F. D. P., C. M. S. y M. y H. L. S.A. y, en consecuencia, condena a éstos últimos a abonarle a la primera la la suma de $ 1.835.894,09, con más los intereses calculados de acuerdo a lo especificado en el considerando quinto. Asimismo les impone las costas del juicio.
III. El Instituto Médico Agüero de M.y H.
L. S.A. objeta la atribución de responsabilidad efectuada en el pronunciamiento recurrido. En tal sentido alegan que la Sra. D. M. suscribió un contrato de asistencia médica con el Dr. P. para la realización de una nefrectomía; y que el Dr. P. encomendó al IMA, en base al convenio existente con IOMA, exclusivamente la provisión de quirófano, hotelería, provisión de medicamentos, insumos y todos los servicios de apoyo para poder realizar la operación pactada. Razón por la que, subrayan, como tal contrato fue cumplido a satisfacción por el IMA, y no existe ningún reproche con relación a la calidad del servicio contratado y efectivamente brindado resulta injustificada la atribución de responsabilidad referida. En subsidio discrepan con las conclusiones periciales médicas, que identifican como determinante del daño el acto quirúrgico, y discrepan con la cuantificación del daño efectuada.
Por su parte los médicos codemandados P. y S., luego de abundantes citas doctrinarias, se quejan de que se haya considerado la existencia de un obrar culposo de su parte cuando, entienden, que ello no ha quedado demostrado en los actuados. A lo que añaden que se ha omitido ponderar que fue la paciente la que solicitó la externación, negándose a la interconsulta con neurología. Por último impugnan el porcentaje de incapacidad admitido y la cuantificación de los rubros resarcitorios.
A su turno Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. se disconforma con el fallo por cuanto establece, erróneamente, que existe un factor de atribución adecuado para condenar al Instituto Médico Agüero, de M. y H. L. S.A, cuando aquel no ha tenido relación contractual alguna con la parte actora. Habiéndose limitado su intervención, dice, a la puesta en disposición de la infraestructura sanatorial para la realización del acto quirúrgico. Subsidiariamente objeta la entidad dineraria asignada a los rubros resarcitorios reclamados, a la que tacha de excesiva.
Federación Patronal, por su parte, cuestiona que se haya omitido detallar en forma expresa que la condena le alcanza exclusivamente en la medida del seguro contratado. Como así también que no se haya especificado que el pago de las costas debe ser proporcional tal como lo prescribe la ley de seguros. De igual modo discrepa con el procedimiento de determinación del quantum del rubro indemnizatorio daño psicofísico y estético, mediante la utilización de fórmulas o cálculos matemáticos, y con la cuantía fallada para las diversas partidas resarcitorias reclamadas.
IV. Conforme surge de la consolidada jurisprudencia elaborada por el Superior provincial la responsabilidad profesional es aquella en la que se incurre, al faltar a los deberes especiales que la actividad impone y para su configuración es menester la concurrencia de los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. De modo que, cuando el profesional médico omite concretar las diligencias inherentes a la naturaleza de la prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (arg. artículos 512 y concordantes del Código Civil; conf. SCBA Acuerdos 73369, entre otros).
La obligación a la que se alude encuadra en las tradicionalmente denominadas obligaciones de medios; por cuanto comporta que el profesional médico despliegue todos sus conocimientos científicos, para que con diligencia y ajustándose a las pautas que dimanan de las reglas del buen arte médico, transite la senda que se presenta idónea para la cura o mejoría del paciente. Más, debe subrayarse, que el logro efectivo de ese resultado no es el objeto de la obligación que asume.
En concordancia con tal temperamento esbozado se debe precisar que para asignar a la eventual negligencia del profesional, relevancia en la producción del daño experimentado por el paciente, es indispensable la existencia de una relación de causalidad adecuada. Esto es que la acción u omisión antijurídica tenga, en orden al curso natural y ordinario de las cosas, la aptitud o incidencia necesaria para desencadenar el resultado disvalioso (arg. artículos 901 y concordantes del Código Civil)
A partir de tal premisa es factible sostener que la demostración de la culpa del médico deviene insorteable ; carga ésta que si bien conforme a los parámetros instituidos por el ordenamiento adjetivo compete al demandante, por la ínsita peculiaridad de la actividad –que ubica al profesional en mejor situación de aportar el material fáctico necesario para el adecuado esclarecimiento del hecho- se encuentra acendradamente teñida por el principio de colaboración en la gestión probatoria (arg. artículos 375 y concordantes del Código Procesal).
Por otro lado es prístinamente evidente que en las temáticas como la debatida en autos la prueba pericial ostenta una intensa trascendencia acreditativa; por cuanto la determinación de las eventuales disfuncionalidades en la prestación médica exige, por su propia ontología, del concurso de los principios científicos que presiden la actividad y, que huelga decirlo, escapan a los conocimientos específicos del juez (arg. artículos 457 y concordantes del Código Procesal).
Empero, vale también subrayarlo, la valoración de tal experticia debe efectuarse conforme a los parámetros de la sana crítica y a las máximas de la experiencia y en sintonía con el clima suscitado en el contexto general probatorio del expediente (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal).
En la especie se encuentra fuera de toda controversia que: la actora ingresó en el Instituto Médico Agüero el día 16 de abril de 2007 con diagnóstico de exclusión renal, que en dicha fecha es intervenida quirúrgicamente -operación programada- practicándosele una nefrectomía derecha, que fuera realizada por el doctor Prado como cirujano y el doctor Salzman como anestesista y que la operación se extendió por un lapso de 2 horas (de 19 a 21 horas). (ver historia clínica, número 64864, expediente s/ medida preliminar, por cuerda, 53.761).
Asimismo tampoco es un hecho en discusión que la paciente refiere-y se constata por los facultativos-la existencia de parestesia en mano izquierda, con disminución de movilidad en los dedos y que en orden a este cuadro se cursa un pedido de interconsulta con neurología, que la paciente se negó a aguardar tal evaluación y que con fecha 20 de abril de 2007 se dispone su externación (ver historia clínica ya referenciada, expediente, por cuerda 53.761, fs. 43/44).
Ahora bien también se encuentra adecuadamente demostrado en los actuados que la paciente fue colocada para operarla en posición de decúbito lateral izquierdo y que se le suminstra anestesia general ( arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver periciales médicas de fs.852/854, 962/964 y de fs. 573/575).
Estos últimos datos fácticos apuntados adquieren particular relevancia, en aras de determinar la alegada-y resistida- existencia de negligencia en el accionar de los profesionales.
En efecto. La perito neuróloga Taboada informa la existencia de una lesión del nervio radial izquierdo, a predominio motor, con secuelas irreversibles; precisando que tal cuadro verosímilmente es producto de la comprensión prolongada de dicho nervio, que hay relación entre la secuela de mentas y el tratamiento quirúrgico realizado y que de acuerdo a la bibliografía una comprensión de 2 horas- tiempo que insumió el acto quirúrgico- razonablemente puede desencadenar el cuadro peritado (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial médica de neurología, fs.852/854 y respuesta pedido de explicaciones )
A su turno la perito médica anestesióloga Sierra, amén de mostrarse coincidente en cuanto a las lesiones que exhibe la reclamante, puntualiza que la parálisis radial se produce por herramientas que lo compriman a su paso por la axila, refiriendo que el apoyo prolongado del brazo sobre superficies duras tiene aptitud para desencadenar la afección (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericia de anestesiología, fs. 962/964).
Por otro lado la experta aludida señala que el posicionamiento del paciente para el acto quirúrgico es una tarea de todo el equipo, cuyo objetivo es permeabilizar el acceso amplio al campo quirúrgico sin sumar riesgos en función de las complicaciones cardiovasculares, respiratorias y nerviosas; las que dependen del tipo de posición, tipo de anestesia y estado clínico del paciente; enfatizando que tal dinámica es coincidente con lo acaecido en el caso peritado ( ver pericial sindicada, fs. 964)
Concordantemente el perito médico legista Chan dictamina que la lesión del nervio radial izquierdo constatada en la actora verosimilmente es producto de la comprensión prolongada de dicho nervio (ver pericia, fs. 573/575)
Vengo sosteniendo, en consonancia con la doctrina acuñada por el Superior provincial, que si bien es cierto que las conclusiones periciales no devienen de imperativo acatamiento para los jueces; también lo es que para apartarse de ellas deben mediar razones, igualmente objetivas y científicas, que justifique solventemente la adopción de tal temperamento (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal; SCBA, Acuerdos 78.319, 116.663, entre varios otros; mi voto en la Sala II, causa 30316, entre otras).
En autos no existen, precisamente, elementos fácticos que habiliten a prescindir de las conclusiones periciales de mentas. Por el contrario aquellas no se advierten dogmáticas sino que se exhiben como el fruto de la aplicación del método lógico deductivo, a partir de las constancias incorporadas a los actuados (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc,)
Con el panorama fáctico enunciado, en mi criterio, ha quedado debidamente demostrado que los profesionales actuantes- doctores P. y S. - ha omitido adoptar las medidas que, según la reglas del buen arte médico, exigían la postura asignada a la paciente a los fines de intervenirla quirúrgicamente (arg. artículos 512 y concordantes del Código Civil, su doc). Dicho proceder negligente, por otra parte, ha quedado evidenciado, con el grado de probabilidad indispensable, como la causa eficiente del daño que sufre la paciente demandante (arg. artículos 499, 901 y concordantes del Código Civil).
La tesis referenciada, a su vez, se ve robustecida por cuanto la parte demandada no ha demostrado, siquiera tibiamente, la adopción de las medidas que la situación médica requería. Como así tampoco la existencia de alguna circunstancia que ostente incidencia, a la manera de óbice, en la causación del menoscabo (arg. artículos 513, 514 y concordantes del
Código Civil, su doc.).
La alegada conducta de la paciente- no aguardó la interconsulta con el servicio de neurología ni tampoco la concretó- no se advierte, a tenor de los peritajes médicos referenciados, como causa eficiente del daño. Por cuanto, como se dijo, aquel fue fruto exclusivo del deficiente accionar del equipo médico al no adoptar las medidas que el modo de abordaje de la intervención quirúrgica imponían (arg. artículos 499, 901 y concordantes del Código Civil, su doc).
Comprobada la culpa médica se hace menester examinar la responsabilidad asignada a a M. y H. L. SA, en su condición de titulares del establecimiento asistencial donde se concretara el acto médico dañoso.
Al respecto se hace menester puntualizar la dimensión empresarial que exhibe hoy, de un modo incuestionable, la práctica médica.
En ese sentido aquella constituye una actividad netamente pluriparticipativa, caracterizada por una dinámica organizacional en la que se articulan diversas contrataciones cuya finalidad no es otra que la de permeabilizar la prestación asistencial.
Se estructuran de este modo auténticas redes contractuales-un cúmulo de contratos conexos- respecto de las que el paciente no solo desconoce su existencia y que le resultan, a todo evento, inoponibles (arg. artículos 1195 y concordantes del Código Civil, su doc).
Este aspecto, en mi criterio, se advierte nítidamente en los actuados. Basta reparar que en toda la documentación generada con motivo de la atención médica de la actora, desde su ingreso hasta su egreso, aparece consignada el nombre de fantasía IMA. De lo que se colige que, en su buena fe, es inobjetable que la apariencia legítimamente suscitada en la paciente es que la prestación le era debida por todos los engranajes de la organización médica. (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver historia clínica expediente, por cuerda, 53.761)
Así las cosas es exacto afirmar que, en orden al principio de confianza motor de toda esta actividad prestacional, se le suscita al paciente la legítima expectativa de que la organización funcionará, como un todo, adecuadamente y que, por ende, no experimentará daño alguno.
Incluso, tal sería el ensayo defensivo sustancial de la firma accionada, en aquellos casos en que el paciente contrata directamente con un galeno que atiende de forma aislada al sanatorio (ver Lorenzetti, Ricardo L. “La empresa médica”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, pgs. 347 y concordantes; conf. CNCom. Sala C, in re “Doyhenart”, L.L. XIL 917).
Se hace conveniente, a esta altura, precisar que la relación instaurada ente la demandante y el establecimiento asistencial se encuentra regida por la normativa consumeril (arg. artículos 2 y concordantes dela ley 24.240).
Dicha circunstancia permite entonces predicar la existencia de una obligación tácita de seguridad-de índole objetiva- en cabeza de este último. Cuya exigibilidad se activa frente a la comprobación de la existencia de la culpa médica (arg. artículos 42 de la Constitución Nacional y 5, 40 y concordantes de la ley 24.240, su doc.).
Delineadas las directrices en las que se encuadra la prestación medica en red, a mi juicio, no resulta atendible la pretensa irresponsabilidad del Instituto Médico Agüero de Marcos y Hugo Libedinsky S.A.
Pues, tal como se explicitara, la empresa médica colectiviza la actividad, la tiñe para el paciente de un acendrado matiz de impersonalidad y donde es la organización en su conjunto la que deviene deudora (arg. artículos 511, 512 y concordantes del Código Civil, su doc.).
Y en la que se encuentra comprendida indudablemente la clínica que haya permitido, aun aisladamente, el uso de sus instalaciones. Por cuanto es uno de los eslabones de la red que, en conjunto, prestarán el servicio médico al paciente (arg. artículos 40 y concordantes de la ley 24.240, su doc.).
A lo que se añade que en los actuados-no es un dato carente de relevancia-tampoco se ha demostrado solventemente la existencia de la antedicha circunstancia obstaculizante a la asignación de responsabilidad (arg. artículos 375 y concordantes del Código Civil)
Al quedar, desde la óptica del suscripto, inobjetablemente establecida la responsabilidad de los médicos demandados como así también de la clínica, se impone analizar las quejas asociadas con los rubros resarcitorios admitidos en el decisorio.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (conf. mis votos, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759, Sala II, 57.512).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica y/o estética, que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
En los actuados, a la luz de lo que emerge de los diversos peritajes médicos realizados, se advierte que la demandante padece, con causa eficiente en la irregular prestación médica, una lesión del nervio radial izquierdo, a predominio motor, a nivel del canal húmero (brazo) de carácter moderado. Dicho cuadro conlleva una incapacidad-parcial y permanente- que se ubica entre el 10 y el 20 % de la total obrera (arg. artículos 474 ver pericial de neurología, fs. 852/857 y pericial de medicina legal de fs. 573/575).
Por su parte la perito psicóloga Alvarez informa que la demandante presenta un desarrollo neurótico reactivo fóbico severo causalmente vinculado, de manera directa, con la mala praxis de autos. Asimismo precisa la existencia de una estructura de personalidad de base neurótica, con componentes histéricos, obsesivos y fóbicos. Puntualiza que el cuadro descripto es irreversible y porcentualiza el grado de incapacidad en un 30 % (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de psicología de fs. 598/600). Asimismo especifica la necesidad de la realización de un tratamiento psicoterapéutico, orientado a evitar el agravamiento del cuadro peritado; precisando que aquel debería extenderse, como mínimo, por un plazo de 2 años y con frecuencia semanal.
En este punto, conviene rememorar con el Superior provincial, que en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima. Y dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el artículo 901 y concordantes del Código Civil.
De modo que, acreditada la necesidad del tratamiento psicológico, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente (SCBA. Acuerdos 69.476, 92.681, entre otros fallos similares;
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.