Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7139
Causa N º MO-7139-10 R.S.:327/2020
Con fecha 13 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " LOIACONO JUAN PABLO C/ ULLUA MIGUEL ANGEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS " Causa N º MO-7139-10 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ , dijo:
Contra la sentencia definitiva del 5 de noviembre de 2018, apela la parte actora, mediante presentación electrónica de fecha 8-11-2018 y la demandada y citada en garantía con fecha 27-11-2018.-
La actora funda su recurso con el escrito del 15 de Junio de 2020, y la demandada y citada en garantía lo hacen con el escrito del 16 de ese mes y año; las réplicas datan del 22 de Junio (actora) y 29 de Junio (demandada y citada en garantía).
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda de daños y perjuicios por la suma de $ 230.900.- haciendo extensiva la condena a Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A., en los términos del contrato.-
A) El actor se agravia del fallo por estimar bajos los montos asignados para el 1) daño psicofísico; 2) daño moral; 3) tratamiento psicológico; 4) gastos médicos y 5) el rechazo de los rubros privación de uso y desvalorización del rodado.-
B) A su turno la demandada y citada en garantía cuestionan por alto: 1) daño psicofísico; 2) daño moral; además 3) repelen el interés aplicado y 4) se quejan por tener que abonar la totalidad de las costas.-
Analizaré tanto las quejas del actor en relación al bajo monto determinado por la Sra. Jueza para este daño y las de la demandada por considerarlo excesivo.-
Por lo tanto lo que resuelva abarcara a ambas partes.-
La experta médica Dra. Paludi a fs. 533/36 en su examen físico del accionante, llega a la conclusión que presenta por una secuela cicatrizal una incapacidad parcial y permanente del 4%.
El experto en psicología Dr. Mazzocco, a fs. 351/ 55 después de la entrevista personal y de administrarle diversos test ( Gestáltico Visomotor de L. Bender; Proyectivo HTO; de Matices Progresivas de Raven; Persona bajo la lluvia; de la Familia; de Beck y de Philippson de Relaciones Objetales) llega a la conclusión que posee un Trastorno de Estrés Postraumático crónico, compatible con daño psíquico en una proporción del 15%.-
Aconseja un tratamiento psicológico de seis meses, una vez por semana a los efectos de evitar el agravamiento del cuadro.-
A fs. 373 la parte demandada impugna la pericia, enfatizando que el trastorno de stress postraumático, básicamente no genera incapacidad, pues son resarcibles con tratamiento.-
El Dr. Mazzocco a fs. 380 responde los cuestionamientos ratificando sus conclusiones.-
La demandada y su aseguradora, en su expresión de agravios, hacen hincapié en que el daño psíquico es una afección dentro del área espiritual, y no resulta cuantificable desde el punto de vista individual, ni mucho menos separado del daño moral en si mismo, sino que constituye una conjunción
Como lo sostiene el Superior provincial, los perjuicios psicológicos exhiben relevantes diferencias respecto al daño moral. Aquellas van desde su origen (en un caso de tipo patológico y en otro no) hasta la entidad del mal sufrido (material uno e inmaterial el otro), con la consecuente proyección de efectos dentro del ámbito jurídico procesal en materia procesal de índole probatoria. Pues el daño psíquico requiere pruebas extrínsecas mientras que el moral, en principio, es un menoscabo de la especie in re ipsa (SCBA Acuerdos 69.476, entre otros)
En materia de indemnización por incapacidad psicofísica es sabido que el porcentaje asignado tiene un valor referencial, debiendo merituarse la totalidad de las actividades de la víctima, las secuelas del accidente la índole de las lesiones padecidas y su repercusión negativa en la vida del Sr. Loiacono y en su vínculo con el entorno, debiendo tomarse en consideración para fijar la indemnización el concepto de reparación integral ( art. 1068 y 1086 del C. Civil ).-
El Dr. Ricardo Lorenzetti ("Código Civil y Comercial Tomo VIII, Rubinzal Culzoni) parafraseando la consolidada doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia manifiesta, que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos sino " que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial ".-
Con estos parámetros, computando los porcentuales de incapacidad informados, como así también las circunstancias personales del accionante (sexo masculino, 30 años al momento del hecho, con una hija, de las circunstancias socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda) considero que asiste razón al actor, por lo tanto fijo la indemnización psicofísica en la suma de $ 300.000.- (pesos trescientos mil ) ( art. 165 del CPCC).-
En lo que respecta al tratamiento, atento que la parte demandada no lo cuestiona, al contrario en sus objeciones a la pericia de fs. 373 lo avala y teniendo en cuenta que la Sra. Jueza fijó el valor de la sesión, en $ 150.- (pesos ciento cincuenta) conforme lo recomendado por el experto en el año 2013, considero ajustado a derecho determinar el valor del tratamiento en $24.000 (pesos veinticuatro mil) (art. 165 del CPCC), prosperando el agravio de la actora y rechazándose el de la demandada y citada en garantía.
Para justipreciarlo ha de recurrirse a las circunstancias del caso, a la correcta ponderación de las lesiones a las afecciones íntimas del damnificado, a su aflicción moral. Su reconocimiento y cuantificación no tiene reglas prefijadas, dependen en principio de la prudencia y razonabilidad del magistrado. ( art. 1078 del C. Civil ).-
Por ello, conforme la intensidad y extensión del menoscabo a la integridad espiritual del actor, computando las características del hecho, las lesiones sufridas y la incapacidad que le ha quedado, y aferrándome al principio de reparación integral considero acertado establecer la suma de $ 100.000 (pesos cien mil ) para reparar este daño (art. 165 del CPCC) elevando la suma fijada por la Sra. Juez de Grado.
3. Gastos médicos, farmacéuticos y de traslado .
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1078 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como así también que es un auténtico hecho notorio que las obras sociales no cubren habitualmente la totalidad de tales gastos. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92,votos del Dr. Russo; ).-
Está acreditado que el quejoso no posee bienes de fortuna, que vive en una casa alquilada, que es empleado administrativo (ver expediente sobre beneficio de litigar sin gastos, y declaraciones testimoniales de fs. 15,16 y 17 ) de igual modo con las constancias obrantes a fs. 17, copias de la historia clínica de fs. 255/258 y la pericial médica de fs. 533/536, queda demostrado las afecciones sufridas, la extensión y los diferentes estudios y medicación que le han sido prescriptos por los médicos que lo han atendido.
La totalidad de estos elementos-valorados globalmente y según los parámetros de la sana crítica- me convencen de elevar el monto de esta indemnización a $ 10.000.- ( pesos diez mil) ( art. 165 del CPCC) haciendo lugar al reclamo del actor.-
La indemnización por desvalorización de la unidad dañada es un daño que se produce en el patrimonio de su dueño (texto doct. arts. 1068, 2311, 2312 y 2506 del C. Civil), perjudicándose el propietario por la depreciación del vehículo, que al bajar su precio, disminuye su patrimonio (arg. Artículo 1110 del Código Civil, su doc.). Ahora bien, tal menoscabo para tornarse resarcible debe ser cierto y debe encontrarse suficientemente acreditado. Precisamente y a los fines de la solvente corroboración fáctica, por vía de principio, resulta menester la existencia del aporte técnico que otorga la pericial de ingeniería mecánica. y contable ( ver fs. 477 vta. y 481 ) Ello atento la necesidad de contar con conocimientos especiales, para detectar las secuelas que pueden sufrir los vehículos con motivo de los accidente (arg. artículo 457 y concordantes del Código Procesal, su doc.)
Por lo expuesto, considero que debe hacerse lugar a este rubro en la suma de $ 15.304,31.- (pesos quince mil trescientos cuatro con treinta y uno) ( art. 165 del CPCC).-
En cuanto a la privación de uso, si bien se la menciona en el título del agravio, en el cuerpo de la fundamentación nada se dice, con lo cual no corresponde abordar el tema (art. 260 del CPCC).
La demandada se queja por la aplicación de la tasa pasiva digital del banco de la provincia de Buenos Aires, solicitando la aplicación del denominado interés puro del 6% anual.
Hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. En los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones; en primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara, como así también en las diversas Cámaras de la provincia de Buenos Aires.-
Pues bien, recientemente la SCBA se ha expedido en la causa C. 123.090, " Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte la Perlita .S.A. y otros s/ Daños y perjuicios ( fallo del 18 de septiembre de 2020 ) considerando aplicable la doctrina sentada en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real en las causas C. 120.536, " Vera" sent. del 18-4-2018 y C.121.134, "Nidera, sent. del 3-5-2018 a un supuesto análogo al presente.
Consecuentemente y habiéndose expedido en tal sentido el Alto Tribunal local, entiendo que la postura que he adoptado a partir del Acuerdo 839 de esta Alzada, debe mantenerse.
En consecuencia he de hacer lugar a la apelación interpuesta, pues estimo económicamente adecuado fijar un interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito -14 de marzo de 2009- hasta la sentencia de grado y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa.
Se quejan la demandada y citada en garantía por la imposición de costas de primera instancia.
Es sabido que nuestro ordenamiento procesal adopta el criterio objetivo, en virtud del cual el vencido en la litis debe abonar los gastos causídicos (art. 68 del CPCC) y el hecho de que la demanda no haya prosperado en su totalidad, no les quita a los accionados el carácter de objetivamente derrotados (ver esta Sala en causa 44.258, R.S. 126/01, entre infinidad de otras).
Consecuentemente, el agravio ha de repelerse.
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia elevándose el monto a la suma de $ 449.304,31, modificándose la tasa de interés establecida, debiendo computarse los accesorios a la tasa del 6% anual desde la fecha del ilícito -14 de marzo de 2009- hasta la sentencia de grado y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, confirmando la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de la Alzada, en un 10% a la actora y en un 90% a la demandada y citada en garantía, teniendo en cuenta el resultado propuesto para los recursos (arts. 68 y 71 del CPCC).-
Voto en consecuencia
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo, en cuanto a la tarifación de los montos.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.