Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 48301
Causa Nº C5-48301 R.S.: 337/2020
Con fecha 20 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ MAGUNA ESTERGIDIO Y OTRA C/ PIRI RICARDO MARCELO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ” Causa Nº C5-48301 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia dictada el 31 de octubre del 2018, por la Sra. jueza Titular del juzgado en lo Civil y Comercial N°5 Departamental, se alzó la letrada apoderada de Paraná S.A., interponiendo el respectivo recurso de apelación. siendo el mismo concedido libremente el 9 de noviembre de 2018 y se fundó con la expresión de agravios del 13 de marzo del 2020, confiriéndose el respectivo traslado de la misma el 21 de abril, mereciendo la réplica del 11 de mayo.-
2. El 16 de junio del 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose con fecha 4 de Agosto de 2020 al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La recurrente en primer lugar, se agravia respecto de la valoración que la sentenciante hiciera sobre la falta de contestación de la demanda por parte del demandado Piri.-
Luego de ello, se queja del rechazo de la excepción de prescripción.-
También embiste contra la atribución de responsabilidad decidida en la sentencia.-
Asimismo, critica las cuantificaciones del daño físico, tratamiento terapéutico, daño moral y gastos médicos y de farmacia por considerarlas elevadas.-
Concluye, cuestionando los intereses aplicados en la sentencia.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
La sentenciante, rechazó la mentada defensa, generando el cuestionamiento de la aseguradora.
Para dar solución a la cuestión traída a debate debemos primeramente rememorar lo expuesto por esta Sala de la Alzada al fallar en la causa Nº 43.282, R.S. 171/00, caratulada "Ortiz Vda. De Cueliche Nélida Beatriz C/ Lartigue, Domingo Arturo y otro S/ Ds. y Ps." oportunidad en la que se dejara sentado que la interposición de beneficio de litigar sin gastos tenía efectos interruptivos respecto de la acción de daños y perjuicios que se intentare a "posteriori".
En efecto, textualmente se sostuvo en dicho decisorio que : "La iniciación del beneficio de litigar sin gastos (...) ha tenido efecto interruptivo sobre el curso de la prescripción de la acción que se intentara en el presente expediente sobre daños y perjuicios, máxime si tenemos en cuenta que el objetivo de aquel era obtener la carta de pobreza para poder ejercer sus derechos en éste " .
Y tal decisión ha sido confirmada por el Cimero Tribunal Provincial mediante Acuerdo 78708 del 19 de febrero de 2.002.-
La postura puesta de manifiesto es la que a mi entender sella la suerte adversa del recurso de apelación articulado, toda vez que más allá del cuestionamiento sobre el plazo de prescripción -anual o bienal-, de la compulsa de las presentes actuaciones se advierte que la fecha del siniestro base de autos fue el 29 de junio del 2000 y la promoción del beneficio de litigar sin gastos por parte de los Sres. Estergidio Maguna y Silvia Sobrino data del 31 de mayo del 2001 -cuadra destacar la presente acción de daños y perjuicios tiene data de inicio el 25 de septiembre del 2002-, observándose en consecuencia, que a la fecha de la promoción del mentado beneficio de ligar sin gastos, interpretado como acto interruptivo de la prescripción, ni siquiera había transcurrido el plazo anual pretendido por la recurrente.
En virtud de lo cual se deberá rechazar el agravio en este sentido y podemos continuar con el abordaje de las restantes cuestiones.
Puntualmente me estoy refiriendo a la atribución de responsabilidad.
Esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio "tantum devolutum quantum apellatum", hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94)".-
En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde analizar el concreto caso de autos.-
Varias son las falencias que advertimos al analizar la suficiencia recursiva.
En primer lugar, observamos que la aseguradora embiste contra la valoración que la sentenciante de la instancia previa le ha dado a la falta de contestación de la demanda por parte del demandado Piri.-
En este punto se evidencia que la recurrente transita por conceptos doctrinarios y fallos jurisprudenciales, sin profundizar debidamente en el caso de autos.-
En este sentido, cabe destacar que desde este Tribunal se ha sostenido que "las transcripciones jurisprudenciales y doctrinarias, que con loable empeño transcribe la apelante, para constituir concreto agravio deben correlacionarse concreta y precisamente con el caso en examen y demostrar con ellas el error de la sentencia; su transcripción por si sola no implica agravio en el sentido técnico procesal del vocablo; y ello por cuanto la experiencia diaria nos demuestra que cada caso tiene sus particularidades específicas que la jurisdicción debe apreciar en concreto y en cada supuesto que se plantea" (esta Sala en causas 55604 R.S. 378/08; 54.713 R.S. 614/08; 20866 R.S.182/14 entre muchas otras).-
Así queda evidenciado que el embate no cumple con la manda del art. 260 del C.P.C.C. en cuanto a la critica concreta y razonada que dicha norma requiere.-
Lo mismo se observa en el agravio referido a la atribución de responsabilidad.-
Toda vez que de la lectura de la queja se observa que los escasos argumentos traídos tampoco logran satisfacer la letra del art, 260 del c.p.c.c.,dado que se relacionan con un mero disconformismo con lo decidido alejándose de la critica concreta y razonada a la decisión jurisidiccional, que vale recalcar, resulta crucial para el direccionamiento de la litis, merecíendo la índole de lo discutido un cuestionamiento sólido y concreto.
Consecuentemente, en este punto la insuficiencia recursiva también resulta inobjetable.
Y por ultimo, dicha falencia, también la observamos al analizar el cuestionamiento a la cuantificación del daño moral.-
Allí resulta más evidente, dado que simplemente manifiesta su disconformismo con lo decidido, sin adunar argumentación que se enfoque como crítica concreta y razonada a lo dispuesto por la sentenciante.-
En consecuencia, no habiendo la apelante expresado idóneamente agravios en relación a la resolución apelada, quedando de esta manera irrebatidos los argumentos expuestos por la sentenciante entiendo que corresponde dinamizar la sanción prevista en el art. 261 del C.P.C.C. -art. 260 del C.P.C.C.-, debiéndose declarar desierto el recurso de apelación deducido, en cuanto embiste contra la interpretación de la falta de contestación de la demanda del codemandado Piri, la atribución de responsabilidad y la cuantificación del daño moral.-
La sentenciante cuantificó el rubro respecto a la Sra. Silvia Viviana Sobrino en $110.000, lo que derivó en el embate de la recurrente.-
Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje del tema debemos resaltar liminarmente que la Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Aclarado ello, pasemos al análisis del agravio.-
Comenzando a abordar el mismo, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Dicho esto, voy a reseñar -muy sintéticamente- los aspectos mas relevantes del trámite de autos, en lo que hace al punto.-
En tal sentido, debemos partir desde la pericia médica , la cual fuera presentada en autos el 20 de agosto del 2013 y que analizaremos bajo el prisma de los artículos 384 y 474 del C.P.C.C.-
Allí la perito, en relación a la Sra. Silvia Viviana Sobrino destaca que:
" De lo expuesto puede concluirse que los actores sufrieron un accidente de tránsito. siendo asistida la coactora Silvia Sobrino por cervicalgia con rectificación de la columna cervical y sindrome vertiginoso que obligó al uso de collar cervical e indicación de tratamiento fisiokinésico , siendo evaluados luego de seis años en el Hospital Pirovano por Ios serivicios de traurnatología y neurología. constatándose en la coactora la existencia de contractura paravertebral cervical. lateropulsión izquierda e imposibilidad de ser explorada con RM debido a la existencia de pánico. con examen electromiografico y potenciales evocados normales.-
Si bien la afección puede responder a múltiple etiopatogenia, debido a la edad. signosintomatología presentada al momento del hecho y persistencia de la signo intornatologia y de probarse la violencia del impacto. aducida en el escrito inicial. puede concluirse que la afección guarda una vinculación concausal con el accidente de autos.
Presenta por la afección cervical un porcentual parcial y permanente correspondiente al ocho por ciento (8%) de la total vida".-
A fs. 738/740 la demandada Paraná Seguros S.A. impugnó la experticia, teniéndolas presente el juzgado interviniente para el momento de sentenciar (fs. 741).-
Ahora bien, si confrontamos las postulaciones del perito, con las constancias obrantes a fs. 294 por “Optica Paraná” , a fs. 300 por el Dr. Biasutti; e historia clínica de Sobrino agregada a fs. 314/326 por el Hospital Municipal de Merlo, no encontramos, pese a lo manifestado por la recurrente, merito para apartarnos de las conclusiones señaladas en la mentada labor pericial (art. 384 y 474 del C.P.C.C.).-
Recuérdese, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Llegado a este punto, y definida la entidad del menoscabo incapacitante, restaría analizar la tarifación.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afe
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