Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32121
Causa N° MO-32121-2009 R.S.: 396 /2020
"GOMEZ ROSANA VERONICA C/ EMPRESA LINEA 216 SAT Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
Causa N° MO-28011-2010 R.S.: 396 /2020
Con fecha 10 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LEITES MAGLIO, KATY GISEL C/ EMPRESA LINEA 216 SAT S/ Daños y Perjuicios" Causa N° MO-32121-2009; "GOMEZ ROSANA VERONICA C/ EMPRESA LINEA 216 SAT Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N° MO-28011-2010 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA- GALLO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y comercial nro. 11, con fecha 25 de Marzo de 2019 (y aclaratoria de fecha 12 de Abril de ese mismo año), dictó sentencia única, para ambos expedientes acumulados, haciendo lugar a ambas demandas, en los términos que de allí surgen.
En la causa MO-28011-2010 apelan la actora, la co demandada Empresa Linea 216 y la citada en garantía; los recursos se conceden libremente y se los funda con las expresiones de agravios de fecha 10 de Marzo de 2020, 18 de Mayo de 2020 y 9 de Marzo de 2020; las réplicas las tenemos con los escritos de fecha 28 de Mayo y 1 de Junio de 2020.
La actora se queja de la suma fijada por incapacidad física; del monto establecido para el daño psíquico y su tratamiento, también del fijado para el daño moral y los gastos.
Mientras que la co demandada cuestiona lo resuelto en cuanto a la incapacidad (donde introduce cuestiones vinculadas con la ausencia de causalidad), lo decidido en cuanto al daño psíquico, al moral y la tasa de interés.
La citada en garantía, a su turno, dice que la sentencia viola el principio de congruencia, quejándose de las sumas condenadas en concepto de daño físico, psíquico y su tratamiento, como así también el moral, gastos e intereses.
En la causa MO-32121-2009 también apelan la actora de aquel expediente, la misma demandada y la citada en garantía; los recursos también son concedidos en relación y se los fundó con las expresiones de agravios de fecha 11 de Febrero de 2020, 18 de Mayo de 2020 y 9 de Marzo de 2020; el 26 de Mayo de 2020 la actora presenta su réplica.
La actora se queja del monto fijado por incapacidad, del establecido para el tratamiento de rehabilitación y del indicado para resarcir el daño moral.
La co demandada cuestiona las sumas fijadas por incapacidad y daño moral, también de la tasa de interés establecida.
La citada en garantía plantea un defecto de congruencia, en razón de los montos de condena; luego objeta las sumas fijadas en concepto de incapacidad, gastos, daño moral, y la tasa de interés.
A los términos de cada fundamentación recursiva, cabe remitirse.
2. Daré tratamiento a los agravios de las partes, y en tanto no se objeta la responsabilidad, sino cuestiones atinentes a la entidad del resarcimiento, y sus accesorios, en cada uno de los expedientes, lo haré de manera individualizada.
Me refiero, entonces, primero a los agravios traídos en la causa MO-28011-2010.
Partimos de la base de que, en líneas generales, todas las expresiones de agravios se ajustan a las previsiones del art. 260 del CPCC en cuanto a la crítica concreta y razonada del fallo.
Entrando a analizar los agravios destaco, inicialmente, que no le asiste razón a la citada en garantía en cuanto denuncia infringido el principio de congruencia.
Desde esta Sala se ha señalado que "el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad LO QUE EN MAS O EN MENOS RESULTE DE LA PRUEBA o de la depreciación monetaria, no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada; en estos casos no se incurre en el vicio de "ultra petita".
Ocurre que mediante tal reserva se evita la plus petición inexcusable y -precisado el objeto- se deriva su cuantificación a las pruebas pertinentes".
Tal es, por otra parte, la jurisprudencia de la Sala (Causas 44.304, R.S. 206/00; 44.858, R.S. 442/02; entre infinidad de otras).
De este modo, se habilita al Juez para fijar en el decisorio una suma mayor, sin violar el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional (esta Sala en causa nro. 43.041 R.S. 206/00, entre otras).
Por ello, y teniendo en cuenta cómo se ha entablado la demanda (efectuando tal reserva, ver fs. 50 y 55vta.), el agravio no prospera.
Paso a analizar, ahora, los montos fijados y comienzo por la incapacidad física.
La Sra. Juez de Grado ha fijado aquí la suma de $230.000, lo que ha merecido cuestionamiento de todos los apelantes.
Comienzo abordando el de la citada en garantía se que refiere a la vinculación causal entre el hecho y los daños informados por el perito.
La pericia médica (fs.433/436, y explicaciones de fs.452/454 y 461/462) hace referencia a una incapacidad parcial y permanente del 19,74% de la total vida, que descompone así 12% por el compromiso cervical, 4% por el compromiso de muñeca izquierda y 5% por el Síndrome Vestibular Post-Traumático.
En sus explicaciones, el experto refiere haber ponderado los factores concausales que presentaba la actora al momento del accidente.
Por lo demás, tenemos a fs.303/306, 308/320 y 381/387, las constancias médicas concomitantes al accidente.
Debemos resaltar, en cuanto a la problemática en la muñeca, que ello fue objeto de pedido de explicaciones y el perito se mantuvo en su postura inicial en cuanto a la conexión causal, hizo referencia a la documentación existente en autos y no veo mérito para apartarme de ello, ya que a fs. 305 aparece expresamente mencionado el traumatismo en esa zona .
No así en lo que hace a la problemática vestibular, donde las explicaciones del perito son totalmente escuetas (ver fs. 453, a partir del punto 27), no existiendo datos que objetivamente respalden su conclusión en el punto.
Con lo cual, detraemos este porcentual de la incapacidad informada, pues la pericia carece del rigor técnico mas elemental en este aspecto (arts. 384 y 474 del CPCC).
Establecida la entidad del daño, llega la hora de referirnos al monto que corresponde fijar en el punto.
Como lo vengo sosteniendo en las lides de la cuantificación dineraria, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en si mismo es la integridad física/ psíquica genéricamente considerada.
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas, son por esencia propias del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontologíca inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Dicho todo esto, ponderando la incapacidad que he tenido probada como derivación del accidente. conjugándolas con las circunstancias personales de la actora (sexo femenino, 32 años de edad al momento del hecho, de las condiciones socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos -ver fs. 18/23, 29/31 y declaraciones de fs. 64/6, ratificadas a fs. 89/91) entiendo que el monto fijado en el punto se perfila reducido y por ello promoveré su elevación a la suma de $400.000 (cuatroscientos mil pesos).
Continuamos, ahora, con el daño y tratamiento psicológico.
El fallo fijó la suma de $150.000 por la incapacidad y $20.000 por el tratamiento.
Aquí tenemos una pericia de la especialidad (fs. 273/280 y 329/334) que, fundadamente, nos habla de una incapacidad psíquica del 15% y recomienda un tratamiento de una sesión semanal, durante un período de entre 18 y 24 meses.
La Sra. Jueza de Grado no vio mérito para apartarse de la pericia y por mi parte tampoco veo razones para desatenderlo, dado que el dictamen está fundado, emana de profesional competente y no existe prueba objetiva que lo contradiga (arts. 384 y 474 del CPCC).
En cuanto a la eventual superposición de indemnizaciones y los efectos del tratamiento (temas que la demandada y citada en garantía traen en sus agravios) la pericia señala que la intención terapéutica es que el tratamiento evite un agravamiento del cuadro y, asimismo, que no es posible predecir su resultado (ver fs. 280).
Así que, desde mi punto de vista, no hay superposición alguna de rubros, ni tampoco podemos considerar, a ciencia cierta, que el tratamiento vaya a hacer desaparecer o reducir la incapacidad.
Sentado ello, y a la hora de la cuantificación, conjugando las circunstancias personales de la actora, con la incapacidad informada y la incidencia que el menoscabo psíquico produce, entiendo que el monto fijado en el punto es reducido y por ello propondré que se lo eleve a la suma de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) para resarcir la incapacidad.
En cuanto al costo del tratamiento, teniendo en cuenta que nos hallamos frente a tratamientos futuros y que, entonces, es preciso fijar los montos a la fecha mas próxima al decisorio, ponderando la cantidad de sesiones aconsejadas como así también el costo actual de las mismas (según las máximas de la experiencia), entiendo que el monto fijado debe elevarse a la suma de $80.000 (ochenta mil pesos).
Continúo con el daño moral.
El fallo fijó la suma de $150.000, lo que llega cuestionado por todas las partes.
El reclamo del daño moral, desde mi óptica, gira en torno a la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo. Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial, sufrido por la víctima a raíz del evento dañoso (arg. artículo 1078 del Código Civil, su doc.).
Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades frustradas, por lógica a raíz de la lesión, que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona antes de padecer el accidente; atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, su doc).
En lo atinente a su prueba es evidente que no se requiere una demostración acabada; debiéndoselo tener por acreditado con la sola acción antijurídica, atento constituir un daño in re ipsa.
Como correlato de ello es una carga del responsable de aquel, la demostración cabal de la existencia de circunstancias que excluyan su procedencia (arg. artículo 1078 y concordantes del Código Civil, 375 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 39.597, 46.960, 59.834, entre muchos precedentes análogos).
Ahora bien el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria y no existe razón jurídica que imponga una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico-estético.
Tal solución obedece a la evidente disímil teleología que tiene cada uno de estos rubros. (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, mis votos en Sala II, causas 49.945, 53.694, entre muchos precedentes análogos).
Sentado ello, teniendo en cuenta las condiciones personales de la accionante, las características del hecho, el menoscabo psicofísico que ha sufrido y la incapacidad que le ha quedado, entiendo que el monto establecido en el punto es reducido y por ello propongo elevarlo a la suma de $180.000 (ciento ochenta mil pesos).
Voy a ocuparme del rubro gastos.
Los $5.000 fijados han sido apelados por la actora y la citada en garantía
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Asimismo es un auténtico hecho notorio que la circunstancia que la damnificada se atienda en nosocomios públicos, en modo alguno esteriliza la pertinencia del reclamo; por cuanto variadas practicas y la obtención de muchos medicamentos, no son suministrados gratuitamente. Razón por la que sus costos, deben ser solventados por el paciente. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879 ).-
Por ello, computando la índole de las lesiones sufirdas, y lo que surge de la documentación médica traída, estimo acertado el planteo de la actora y propongo incrementar el monto a la suma de $ 10.000 (diez mil pesos)
Me queda por tratar el agravio relativo a la tasa de interés.
El fallo mandó a aplicarlos a la tasa pasiva mas alta de la banca provincial, lo que agravia a la demandada y citada en garantía.
Cabe aquí recordar que hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. En los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás– desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los organos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “ Vera “ y “ Nidera “ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado – en la práctica – una uniformidad de criterios ( casi absoluta) en los organos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Por lo demás, y esto es definitorio, la SCBA ha terminado de clarificar la cuestión, con el dictado de la sentencia en la causa C. 123.090, "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" (fallo del 18 de Septiembre de 2020).
En consecuencia he de admitir la apelación interpuesta, disponiendo que los accesorios se liquiden a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta la sentencia de primera instancia y, de allí en mas, a la tasa indicada en el fallo apelado.
Con esto, he abordado todos los planteos efectuados en el presente expediente.
Me queda por tratar, ahora, los atinentes a la causa MO-32121-2009.
Doy por reiterado aquí, dado que se plantea lo mismo, todo lo atinente al principio de congruencia, resaltando que en este expediente también se subordinó el reclamo a lo que en mas o en menos surja de la prueba (ver fs. 13vta.)
Pasando a los montos, comienzo por lo atinente a la incapacidad física.
Aquí el fallo fija la suma de $100.000 y por tratamiento la de $2.000.
Doy por reiteradas todas las consideraciones generales ya hechas en lo que hace a la composición del rubro.
La pericia médica (fs. 350/3 y explicaciones de fs. 378) refiere una incapacidad parcial y permanente del 8% concausal con el accidente.
A fs. 270/4 tenemos las constancias médicas que se remontan a la época del accidente.
Teniendo ello en cuenta, conjugando la incapacidad informada con las condiciones personales de la accionante (sexo femenino, 30 años de edad al momento del hecho, madre de tres hijos y las circunstancias socio económicas que surgen del beneficio de litigar sin gastos que corre por cuerda), entiendo que el monto fijado es reducido y por ello promoveré su elevación a la suma de $180.000 (ciento ochenta mil pesos).
En cuanto al costo de tratamiento, teniendo en cuenta la cantidad de sesiones aconsejadas y lo ya dicho en cuanto a la forma de tarifación (a la fecha mas próxima a la decisión) entiendo que le asiste razón al accionante en cuanto lo denuncia reducido, por ello promoveré su elevación a la suma de $10.000 (diez mil pesos).
Pasando a las quejas sobre el daño moral , vemos que la Sra. Jueza de Grado estableció la suma de $80.000 lo que cuestionan todas las partes.
Dando por reproducidas todas las consideraciones hechas anteriormente en cuanto a la composición de este rubro, y valorando las circunstancias personales de la accionante, como así también las lesiones que sufrió y la incapacidad que le ha quedado, entiendo que el monto así establecido no se perfila ni elevado, ni tampoco reducido, apareciendo como prudente, equitativo y razonable; propondré -en suma- que se lo confirme (art. 165 CPCC).
La citada en garantía apela los $5.000 fijados para resarcir los gastos.
Aquí, como lo he dicho, han quedado probadas las lesiones y también la atención médica de la accionante.
Dando, entonces, por reiteradas las consideraciones generales antes realizadas por mi, entiendo que el monto establecido no es elevado, por lo que propondré que se lo confirme.
Finalmente, la demandada y citada en garantía se quejan de la tasa de interés.
A este tema ya me he referido, también, al tratar los agravios en el expediente acumulado, correspondiendo -entonces- remitirme a lo allí dicho y modificar la tasa también en lo que respecta a este expediente.
Habiendo abordado, así, la totalidad de las quejas traídas, promoveré, con tales alcances, la modificación del decisorio apelado.
Las costas de Alzada, teniendo en cuenta el resultado propuesto para lo
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