Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 41262
CAUSA: MO 41.262 13 R.S.: 22 /2020
////// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 03 días del mes de Marzo de dos mil veinte, reunidos en la Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Roberto Camilo Jordá y José Luis Gallo , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "GOMEZ MARGUATI, FERNANDO MARTÍN C/ TROVATO, RUBÉN ALEJANDRO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" CAUSA: MO 41.262 13 y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. JORDA – GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿ Es justa la apelada sentencia de fs. 246/253?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I .Apelan la sentencia de autos la parte actora y la citada en garantía; la primera mencionada expresa sus agravios a través de la presentación electrónica referenciada a fs. 262, mientras la aseguradora hace lo propio según da cuenta la providencia de fs. 263.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios, promovida por Rubén Alejandro Trovato contra Fernando Martín Gómez Marguati y, en consecuencia, condena a éste último a abonarle al primero la suma de $ 253.000, con más intereses calculados según la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho-29/11/2013-y hasta el efectivo pago. Asimismo le impone las costas del juicio y hace extensiva la condena a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada.
III .El demandante se disconforma con el pronunciamiento en lo que respecta al importe fijado para su reclamo en concepto de incapacidad sobreviniente. En este sentido, luego a aludir a la doctrina del cálculo por punto a través de la remisión a precedentes judiciales, refiere que dicha suma es escasa para la reparación integral del menoscabo físico y psicológico de la entidad que ha sufrido.
A su turno la aseguradora también objeta, aunque por considerarlo excesivo. Como sustento de su queja cuestiona la fuerza probatoria del dictamen pericial médico y alude a que el importe de mentas no se condice con las circunstancias personales del actor. Asimismo impugna la procedencia del rubro gastos de traslado y farmacia, por cuanto entiende que aquellos no se han acreditado en modo alguno; y en subsidio critica el monto por entender que excede el reclamado en la demanda. También se agravia de la procedencia y, en subsidio, de la suma fallada en concepto de daño moral. Al respecto arguye que no se ha demostrado la existencia de tratamiento alguno y, a todo evento, que el monto no se condice con los padecimientos sufridos por el accionante. Por último discrepa con la tasa de interés establecida en el decisorio. En este sentido alude a que se ha omitido considerar que los importes resarcitorios se han fijado a valores actuales, de modo que-dice-la tasa fijada importa una verdadera distorsión.
IV. Inicialmente me abocaré al análisis de las quejas planteadas por ambos contendientes procesales, vinculadas con la entidad dineraria del rubro incapacidad sobreviniente.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, “El daño en la responsabilidad civil”, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168, mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
La pericia médica establece en base a la mecánica accidental, el examen clínico, los estudios complementarios (RMN) y los antecedentes hospitalarios obrantes en autos, que el actor padece cervicalgia con reducción del rango de movilidad de la columna vertebral. Asimismo la experticia precisa que tal afección se traduce en una incapacidad parcial y permanente, que porcentualiza en un 8 % de T.V, mediante la aplicación del método de la capacidad restante (ver presentación electrónica 243300434014570738 del 12/10/18).
Ahora bien, en orden a la objeciones planteadas por la aseguradora respecto del peritaje de mentas, se hace menester señalar que la omisión en solicitar explicaciones por la empresa quejosa se erige como óbice para otorgar atendibilidad a dicha impugnación esbozada en su expresión de agravios .
Es que, conforme lo vengo sosteniendo, aquella oportunidad no es recuperable, pues implicaría una tardía verificación probatoria en etapa ya clausurada, instalando una indebida situación en que no podría oírse al experto (arg. artículos 272, 473 y concordantes del Código Procesal, su doc.; mi voto Sala II, causa 57621, entre varios otros)
Por otra parte de la copia del libro de guardia del H.I.G.A “Profesor Dr. Luis Güemes” surge que al accionante le fue diagnosticado cervicobraquialgia; prescribiéndose reposo, uso de collar y control por consultorios externos (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal; ver instrumento de fs. 255)
A su turno el perito psicólogo Cabrera dictamina que el accionante sufre de un trastorno adaptativo mixto, con ansiedad generalizada y depresión (reacción viviencial neurótica post traumática grado III). Asimismo aclara que dicho cuadro, si bien tienen relación con el accidente de autos, responde también a una estructura de personalidad lábil y a la incidencia que tiene el segundo accidente sufrido por el reclamante en el año 2016. Con tales especificaciones informa que el porcentaje de incapacidad es del orden del 20%, el que discrimina de la siguiente manera: a) factor Predisponente (Estructura de Base): 6 %; b) factores Determinante: Accidente de autos. 6 % y c) segundo accidente: 8 % (ver pericial de psicología, escrito electrónico 238300434014419372, del 11/09/2018).
Cabe apuntar que dicha experticia tampoco ameritó la solicitud de explicaciones, en los términos del artículo 473 del código adjetivo, por ninguno de los contendientes procesales.
Enseña Hernando Devis Echandía que el Juez es libre de valorar los informes periciales mediante las reglas de la sana crítica. Es decir que su ponderación debe ser guiada en sus conocimientos personales y en las normas generales de la experiencia (aut. ci. “Compendio de la Prueba Judicial”, tomo II, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 1984, pg. 134).
Mediante la aplicación del criterio antes expuesto, no encuentro razones objetivas y sólidas que justifiquen un rechazo de las apuntadas conclusiones periciales. Aquellos han sido desarrollado en base al método lógico deductivo, con aplicación de las técnicas científicas generalmente aceptadas, como idóneas para un correcto esclarecimiento y consecuente determinación de las afecciones sufridas por el accionante como así también las consecuencias de las mismas ( arg. artículos 384 y 474 del Código Procesal; conf. SCBA Acuerdos 41.770, 55.555, 71.889 entre otros).
Ahora bien y ya en las lides de la cuantificación dineraria, como también vengo afirmando, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física y/o psíquica genéricamente considerada.
Ahora bien en las lides de la cuantificación dineraria, como también vengo afirmando, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en si mismo es la integridad física y/o psíquica genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Por otro lado-como lo viene sosteniendo consolidadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para descartar la aplicación de fórmulas matemáticas para el cálculo de las indemnizaciones civiles en el ámbito laboral-tal método de "tarifa" "...sólo atiende a la persona humana en su faz exclusisamente laboral y salarial..." (Fallos 310: 1591; 327: 3753, entre muchos otros).
Esta circunstancia, a mi juicio, también denota la inconveniencia de sujetarse a fórmulas para la cuantificación de la incapacidad. En tanto y en cuanto, deben mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo; sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. ( arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende, a mi parecer y contrariamente a lo anhelado por el demandante, deben descartarse la aplicación mecánica de fórmulas matemáticas o actuariales, tales como el denominado “calculo por punto de incapacidad”. Es decir, como lo sostiene ilustre doctrina y jurisprudencia, esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables tales como la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía confrontada en el contexto de las peculiaridades del sujeto damnificado (ver mis votos en esta Cám. civ. y com. Sala I, causa 56759; Sala II, causa 55.595, entre muchas otras; conf. López Meza, Marcelo-Trigo Represas, Félix “Tratado de la responsabilidad civil”, tomo 5, editorial La Ley, Bs. As. 2006, pg. 245, y la abundante jurisprudencia allí citada)
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo , la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Con tales directrices de análisis, la correlación de las lesiones físico-psquicas sufridas con sus circunstancias personales acreditadas -22 años al momento del hecho, estado civil casado , un hijo, de profesión remisero (empleo no registrado), instruido (cursó hasta el tercer año del profesorado de educación física) y vive en la ciudad de Morón- como así también el monto del salario mínimo, vital y móvil vigente, me convencen que la suma justipreciada en la sentencia recurrida, resulta exigua. Por tal razón he de propiciar su elevación a la suma de $ 300.000 (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, 165 del Código Procesal; ver pericial médica, pericial de psicología; expediente 36345 sobre beneficio de litigar sin gastos, por cuerda, declaración jurada de fs. 30; ver Resolución 6/19 del CNEPYSMVY y DNU 630/19). Examinaré, ahora, la crítica asociada con la entidad dineraria, asignada en la sentencia al reclamo por daño moral. Recordemos que la cifra sentenciada, $ 50.000, se encuentra recurrida por la citada en garantía que la considera excesiva
Para precisar la conceptualización del daño moral, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros) .
Conviene señalar que el daño moral en materia extracontractual, es un daño in re ipsa . Es que decir que se juzga configurado, sin necesidad de concretar esfuerzo probatorio alguno por parte del sujeto reclamante, por la sola producción del episodio dañoso. Es una carga del responsable de aquel, en su caso, demostrar cabalmente la existencia de circunstancias que excluyan la procedencia del reclamo (arg. artículo 1078 y concordantes del Código Civil; conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 39.597, 46.960, 59.834, entre muchos precedentes análogos; mi voto en la Sala I, causa 29.171, entre varios otros). Los accionados, no es ocioso señalarlo, no han demostrado, siquiera tibiamente, la existencia de algún hecho que se erija como óbice para la procedencia del rubro en análisis. (arg. artículos 375 y concordantes del Código Procesal).
La funcionalidad de su reparación transcurre por el resarcimiento del desequilibrio en la normalidad existencial que se padece, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris , sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis, lo que se trata de resarcir con este ítem es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente. Sin que existan reglas fijas para su cuantificación dineraria, aunque atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, SCBA, Acuerdos 42.303, 51.179,78.282, entre muchos otros; mis votos Sala III, causa 19.763; Sala II, causa 5973, entre muchas otras).
Ahora bien el análisis de las circunstancias personales ya referenciadas del actor, la especie de lesiones sufridas-destaco que existe limitación de movilidad- como así también el tratamiento kinésico aconsejado), me generan convicción en cuanto a que el importe fijado en la sentencia es razonable (arg. artículos 1078 y concordantes del Código Civil, 165 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de medicina legal y de psicología, constancia de atención médica de fs. 225). Por ende, se desestima el agravio traído por la citada en garantía.
También se disconforma la aludida compañía aseguradora con el monto fijado en concepto de gastos de traslado y de farmacia, al que cualifica de excesivo. La sentencia en recurso fijó la suma de $3.000.
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1068 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. A lo que cabe adunar que, en un auténtico hecho notorio, que ni la atención en establecimientos públicos ni por medio de obras sociales, relevan de efectuar desembolsos. (arg. artículos 163 inciso 5), 384 y concordantes del Código Procesal, su doc.)
Ahora bien, en el caso concreto tenemos que para fijar el monto en la sentencia se han considerado sustancialmente las características de las lesiones sufridas. Tal razonamiento probatorio no es inadecuado pues, tanto de la experticia médica como del libro de guardia del HIGA “Profesor Dr. Luis Güemes”, demuestran la existencia de lesiones como así también los tratamientos que aquellas requirieron (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de medicina legal e informe de fs. 225 )
Con todo, entiendo que en el caso tratándose de gastos que se dicen efectuados (es decir de un recupero) la suma pretendida inicialmente-$1.500- actúa como límite infranqueable. Es que si se dice erogada una cantidad de dinero (afirmación de la víctima), no queda ningún lugar para supeditarlo a lo que pudiera surgir de la prueba o la estimación judicial.
En consecuencia resulta atendible la queja planteada por la citada en garantía; razón por la que propicio la reducción a la suma de $ 1.500 (ver escrito de demanda, punto VII fs. 58/58 vta.); arg. artículo 163 inciso 5), 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.; mi voto, Sala III, causa 36.949; Sala II, causa 55366, voto del Dr. Gallo, entre otros).
Por último examinaré la queja, planteada por la aseguradora, vinculada con la especie de tasa de interés fijada. Anticipo que, a mi juicio, el agravio es de recibo.
A partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial la apreciación de la actual realidad económica, bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa “Cabrera”, el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario ecónomico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos. Ello, más allá, de que en mi opinión los pronunciamientos dictados por el Superior- causas 120.536 y 121.134 - no traducen un prístino abandono de su criterio delineado en la materia referenciada.
En efecto, como lo he señalado en la causa 41.260 de esta Sala II, si a la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a valores actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en este sentido, el voto del Ministro Soria en la causa B. 63.460).
Vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito; y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.; miv votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.190 entre muchos otros).
Así las cosas si la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena fijado a valores actuales, aplicar la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho ilícito equivale a conceder un plus resarcitorio-una suerte de “sobre indemnización”- que a la postre no es otra cosa que consagrar una solución que colisiona con el principio de razonabilidad económica (arg. artículos del Código Civil y Comercial).
La realización del derecho a la reparación integral, de raigambre constitucional, debe lograrse por medios legítimos, adecuados y proporcionales; de modo que aquella no puede ser fruto de meros cálculos aritméticos, desvinculados de la realidad económica en la que se inserta su ejercicio (arg. artículos 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional; conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 313:896; 327:508, entre otros).
En la especie se aprecia que el pronunciamiento en recurso ha fijado, como monto total de la condena la suma de $ 253.000; importe éste cuantificado al momento de su emisión. Monto sobre el cual se operará, si mi propuesta prospera en cuanto a los rubros, la elevación parcial.-
La aplicación de la tasa pa
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