Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 53479
Causa Nº C5-53479 R.S.:118/2021
Con fecha 15 de Abril de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ N. M. D. Y OTRA C/ COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ” Causa Nº C5-53479 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental con fecha 11 de Junio de 2019 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen; el 11 de Julio de 2019 dictó aclaratoria, en cuanto a la extensión de la responsabilidad a la aseguradora.
La sentencia fue apelada por la parte actora, las demandadas y la citada en garantía.
El recurso de la actora fue fundado con la expresión de agravios que ha sido copiada electrónicamente con la presentación de fecha 3 de Marzo de 2020, replicada con los escritos de fecha 11 de Agosto de 2020 (a las 16:56hs.) y 14 de Agosto de ese mismo año.
El de los demandados fue fundado con la expresión de agravios de fecha 8 de Julio de 2020, replicada con fecha 11 de Agosto de 2020 (a las 00:01hs.).
El de la citada en garantía fue fundado con la expresión de agravios de fecha 25 de Marzo de 2020, replicada con fecha 14 de Agosto de 2020.
La actora se queja de: el monto fijado en concepto de incapacidad psicofísica y la suma destinada a afrontar los gastos de tratamiento; la desestimación del daño estético; la suma fijada para resarcir los gastos de traslado; la indemnización otorgada por daño psicológico y gastos por tratamiento psicológico a favor de M. D. N. y L. E. F.; las sumas estimadas para resarcir el daño moral.
Las demandadas, a su vez, cuestionan: los montos fijados por considerarlos arbitrarios en relación a las sumas reclamadas, atacando las establecidas para resarcir el daño psíquico y tratamiento, tanto para el niño como para los padres, las sumas fijadas para resarcir el daño moral, el monto fijado en concepto de gastos, y el establecido para el daño físico; asimismo cuestionan la extensión de la responsabilidad a la aseguradora, pretendiendo que se actualice dicho monto y argumentando en tal sentido.
La citada en garantía objeta: que no se haya establecido en el fallo nada sobre el límite de cobertura y la franquicia invocados por su parte; las sumas fijadas para resarcir la incapacidad psicofísica y el daño moral para el niño, la concesión del rubro gastos de traslado a sus padres, como así también la concesión del rubro daño psíquico y tratamiento a su madre. Igualmente ataca el reconocimiento del rubro daño moral para los padres del niño y, finalmente, los intereses fijados.
A los términos de cada una de estas fundamentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Cumplidos los pasos procesales pertinentes, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediendo al sorteo del orden de estudio y votación, lo que ha dejado las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Planteada como viene la cuestión, y teniendo en cuenta lo señalado en las réplicas a las fundamentaciones recursivas cabe señalar -de todo comienzo- que las mismas satisfacen, en líneas generales, las exigencias del art. 260 del CPCC, con lo cual no cabe -a mi modo de ver- declarar desierto ninguno de los recursos.
Efectuada esta aclaración es necesario destacar, también, que la Sra. Jueza de la instancia previa ha resuelto el caso a la luz de las previsiones del ordenamiento vigente al momento de acontecer los hechos, siguiendo el mismo temperamento que hemos adoptado desde esta Sala, y sobre el tema no existe agravio alguno de las partes.
Despejadas estas dos cuestiones, debo pasar al tratamiento de los agravios (arts. 260, 266 y 272 del CPCC).
Y así veremos que no llega cuestionada la atribución de responsabilidad ni el modo en el que ocurrieron los hechos, con lo cual podemos tener por cierto el hecho dañoso protagonizado por el niño M. M. N. (de 7 años de edad en aquel momento) en ocasión en que se encontraba en el ámbito escolar y, al ser empujado por otro alumno mayor, golpeó su cabeza primero contra una pared, y luego contra el piso de material.
Llegan cuestionados los diversos montos fijados y la procedencia de alguno de los rubros de condena, y hacia allí me enfoco.
Comienzo destacando, antes que nada, que en los agravios de la parte demandada se hace alusión a la relación entre los montos condenados y lo peticionado originariamente.
Al respecto, desde esta Sala se ha recordado que " en lo que respecta al monto inicialmente reclamado o estimado la fórmula "o lo que en más o en menos resulte de la prueba de autos", en caso como el que nos ocupa es plenamente válida; refiriéndose al tema enseñan Morello-Sosa-Berizonce ("Códigos Procesales..." T II-C, pág. 81) que "el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad LO QUE EN MAS O EN MENOS RESULTE DE LA PRUEBA o de la depreciación monetaria, no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada; en estos casos no se incurre en el vicio de "ultra petita". Ocurre que mediante tal reserva se evita la plus petición inexcusable y -precisado el objeto- se deriva su cuantificación a las pruebas pertinentes " (causa nro. 50.491 R.S. 430/05; 67285 R.S.165/15; 66999 R.S. 7/16; entre otras).
Luego, siendo que en el caso la demanda se entabló reclamando ciertos montos, pero supeditándolos a lo que surgiera de la prueba (ver fs. 92vta.) y sin perder de vista el tipo de obligación de la que se trata (obligación de valor) como así también el lapso transcurrido entre que se entabló el reclamo y pronunció el fallo, las protestas que se traen en el punto son inatendibles.
Sigo con los montos.
El fallo fija $900.000 para los rubros daño físico, daño psicológico y tratamiento psicológico, rechazando lo pretendido por daño estético.
Ello ha merecido objeción de parte de todos los recurrentes.
Cabe entonces recordar que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física-psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
Por lo demás, y atento la composición del rubro condenado, vengo sosteniendo que el daño psicológico está representado por las alteraciones, experimentadas en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología tales como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona en su medio social; resultando requisito indispensable para su configuración el carácter irreversible de las secuelas de tal orden (conf., mi voto en Sala II, causa 33.976, entre varios otros), constituyendo una de las facetas constitutivas del rubro resarcitorio incapacidad sobreviniente, no existiendo óbice para el abordaje conjunto de todas las secuelas, en la medida en que ello no distorsione la integralidad del resarcimiento.
Ahora bien, para determinar los componentes que integran el rubro debemos pasar al análisis de la prueba rendida, especialmente la pericial.
Es que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales médicos, cuya valoración no escapa a las reglas de la sana crítica, se encuentra inescindiblemente asociada a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes incorporados en los actuados; particularmente lo referidos e la atención médica recibida con inmediatez a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 1726 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otros.)
Así bien sostiene Hernando Devis Echandía-para subrayar la libertad de apreciación de la que goza el juez- que es absurdo pretender que aquel esté compelido a aceptar ciegamente las conclusiones periciales; por cuanto se desvirtuaría su función al convertir a los peritos en los jueces de la causa (Ver “Compendio de la prueba judicial”, Rubinzal Culzoni, Tomo 2, Santa Fe, 1982, pg. 134)
Vamos, primero, a la pericia médica (fs. 826/828 y explicaciones de fs. 868/871 y 897/903)
De la misma surge que M. con motivo del accidente objeto de litis, sufrió traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento con trastornos en la vía auditiva bilateral, miembros superiores e inferiores, asociado a alteración en la vía vestibular derecha, trastornos en la escritura (apraxia), lectura (dislexia) y habla (disartria y dislalia) y persistencia de episodios de cefaleas intensas.
El perito nos habla de una incapacidad del 40% , destacando que se le ha otorgado certificado de discapacidad.
Las demandadas y la citada en garantía traen, aquí, varios cuestionamientos acerca de la eficacia probatoria de este dictamen y, especialmente, su aptitud para acreditar la cuestionada vinculación causal de dicha incapacidad con el hecho de autos.
Las objeciones que se traen en los agravios son, prácticamente, una reiteración de lo que ya se sostuvo en los pedidos de explicaciones de fs, 859/861 y 884/5vta.; en ambos casos, el perito respondió las explicaciones y ratificó su dictamen.
Abordando la cuestión, no se advierte ningún elemento objetivo, mas allá de la discrepancia subjetiva de las quejosas, que contradiga el dictamen.
Es mas, la existencia del hecho dañoso no está controvertida y los diversos estudios y constancias médicas glosadas al expediente (ver TAC del 15/6/2004 -fs. 64-; historia Clínica de Cepem -fs. 519 a 538- y Fleni -557/601-, como asimismo informe de Osde -fs. 474/505-) dan cuenta -primero- de que concomitantemente al hecho el TAC daba cuenta de un hematoma de partes blandas y, posteriormente, de un incesante seguimiento y una intensa atención por profesionales de diversas especialidades, a partir del (indiscutido) traumatismo craneano que sufrió el co actor.
Estas circunstancias hacen presumir, desde mi punto de vista, la instalación de alguna patología; no es verosímil que unos progenitores estén emprendiendo un tratamiento así (con todo el tiempo y recursos que esto insume) sin ninguna razón (art. 163 inc. 5 CPCC).
No es dato menor, tampoco, que se le haya otorgado un certificado de discapacidad, en el que se menciona una discapacidad motora y un antecedente traumático (ver fs. 341).
Tampoco existe ningún elemento de convicción que demuestre que el cuadro que padece el co actor obedezca a otra causa que no sea el traumatismo que viene plenamente acreditado, o que tuviera que ver con motivos preexistentes.
Por lo demás, de ninguna de las constancias de autos surge que se trate de una problemática leve, o poco significativa, como se lo sostiene en las quejas de las recurrentes.
Ante todo lo expuesto es que, a mi modo de ver, las conclusiones periciales se perfilen atentibles, sin que exista razón objetiva (mas allá de la discrepancia subjetiva de las quejosas, insisto) para apartarnos de la conclusión del experto que ha sido convocado para expedirse sobre el tema (arts. 384 y 474 del CPCC).
Frente a ello, entiendo que los agravios atinentes a la vinculación causal del daño físico con el evento, no han de prosperar.
Es tiempo de hablar del componente psíquico del daño.
Aquí tenemos la pericia de fs. 849/855 y sus explicaciones de fs. 954/955.
Allí la experta nos habla de un trastorno adaptativo crónico con alteración mixta de las emociones y el comportamiento en respuesta a las consecuencias del hecho de autos; que las lesiones neurológicas le generan aún hoy e indica que, a pesar de los tratamientos realizados desde la infancia, consecuencias que afectan las diferentes áreas de su personalidad.
Detalla las consecuencias del evento y refiere una incapacidad psicológica parcial y permanente correspondiente al 20%
Aconseja tratamiento psicológico de una duración mínima de 6 meses, estimando el costo de cada sesión en la suma de $200.- y evaluación en el área de terapia ocupacional específicamente orientada a las posibilidades de inserción laboral o académica (ver punto de pericia n°9).
Aquí sucede lo mismo que con el punto anterior: se reedita lo que se expuso al pedir explicaciones a la perito (ver fs. 942/944), pero la perito al responderlas ratificó su dictamen.
Por lo demás, y aquí lo trascendente, no existe ningún elemento de convicción que contradiga las conclusiones periciales.
Y todavía hay un detalle mas: ambos dictámenes, al referirse al estado del co actor, juegan conjuntamente, dando cuenta de su situación psicofísica, luego del accidente de autos.
Con esto quiero significar que el hecho de hablarnos dos profesionales independientes (un perito médico y una perito psicóloga de oficio) cada uno desde su perspectiva y especialidad, y siendo que ambos dictámenes se orientan en el mismo sentido, ambos se fortalecen mutuamente.
En suma, no juzgo atendibles ninguna de las quejas de las demandadas o citada en garantía.
Por lo demás, en lo que hace al componente estético del menoscabo, entiendo que las cuestiones que se mencionan en los agravios de la parte actora no ameritan un resarcimiento diferenciado aunque, claro está, sean tenidas en cuenta a la hora de la tarifación global de este rubro; con lo cual, no se las desatiende, sino que se las pondera en el contexto general de la situación y dentro del concepto amplio de integridad psicofísica.
Delimitada entonces la lesión psicofísica a resarcir, y ya en terreno de la-también cuestionada-cuantificación, he de recordar que, como vengo afirmando, el valor resarcible en sí mismo es la integridad genéricamente considerada (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, su doc.).
De modo que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos; o de meros cálculos matemáticos efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas son ,por esencia, propias del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Amén de lo expuesto, es imprescindible enfatizar en que este menoscabo ha acompañado al co actor a lo largo de toda su existencia: lo padeció a los 7 años de edad y, dada su irreversibilidad, lo acompañará por el resto de sus días; con la proyección y consecuencias que surge de todas las pruebas antes analizadas.
Con tales directrices de análisis la correlación de las lesiones e incapacidades, con sus circunstancias personales acreditadas -7 años al momento del hecho, sexo masculino, estudiante- y considerando aquí también los costos del tratamiento que la Sra. Jueza de Grado incluyó en el punto, me convencen que la suma justipreciada en la sentencia recurrida, resulta sensiblemente reducida y, por ello, promoveré su elevación a la de $ 2.000.000 (dos millones de pesos).
Voy a tratar, ahora, la cuestión del menoscabo psicológico reclamado por los padres.
De los conceptos genéricos sobre daño psíquico, y su acreditación, ya he hablado anteriormente.
Aquí, la pericia psicológica (fs. 849/855, y explicaciones de fs. 954/955) señala que M. D. N., no tiene padecimiento psíquico alguno y no necesita tratamiento; en el caso de L. E. F., dictamina que “ el accidente de su hijo impactó en forma traumática en su psiquismo persistiendo en la actualidad signos de angustia y ansiedad; que el hecho irrumpió en forma sorpresiva e inesperada en su cotidianeidad; que la falta de información recibida, la decepción percibida por parte de las personas en quienes había confiado el cuidado de su hijo y la confrontación con un diagnóstico que implicaba un riesgo de muerte generó un impacto que aún no ha podido elaborar ”; nos habla de una incapacidad psicológica parcial y permanente de un 10%; aconseja tratamiento psicológico de una duración mínima de 6 meses a los fines de no agravar los síntomas.La parte actora no trae quejas vinculadas con el rechazo del rubro respe cto del progenitor, por lo que esta parcela del fallo deviene firme.En cuanto a la progenitora, sí existen quejas tanto por parte de la actora, en lo que hace al monto, como por parte la citada en garantía.
Inicialmente destaco que no veo mérito ni razón para apartarme del dictamen; el mismo emana de profesional competente, es claro, explicativo, cuenta con fundamentación suficiente y no hay ningún elemento objetivo que la contradiga (mas allá de la discrepancia subjetiva de la citada en garantía); así, y en los términos de los arts. 384 y 474 del CPCC, me he de ceñir al mismo.
A partir de ello, conjugamos el porcentaje de incapacidad pericialmente informado, con las circunstancias personales de la accionante (sexo femenino, 50 años al momento del hecho, casada, de las condiciones socio económica que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda).
Y así diré que, desde mi punto de vista, el monto fijado (que abarca tanto la incapacidad, como los tratamientos encaminados a evitar agravamientos) se perfila reducido, y por ello promoveré su elevación a la suma de $400.000 (cuatroscientos mil pesos) .
Como se reseñara, y con los alcances descriptos, las partes discrepan con el otorgamiento y el monto establecido para el rubro daño moral.
Estimo menester subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175, Sala II, causas
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.