Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 46449
Causa Nº C12-46449
Con fecha 15 de febrero de 2022, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "RODRIGUEZ JUAN CARLOS C/ SANCOR COOP UNIDAS LTDA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Causa N º C12-46449" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental con fecha 19 de Septiembre de 2018 dictó sentencia rechazando la demanda.
Apeló la actora, su recurso se concedió libremente y se fundó con la expresión de agravios de fecha 4 de Agosto de 2021, replicada con fecha 31 de Agosto de 2021.
En esencia, la actora se queja de los motivos por los cuales se rechazó la demanda, habla de la evaluación de la prueba (especialmente lo acontecido con la Carta Documento y la pericia caligráfica) y el encuadre jurídico del caso, insistiendo en que la demandada ha procedido abusivamente en la ruptura del vínculo contractual.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Con fecha, 9 de Septiembre de 2021 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose luego al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas debo decir, inicialmente, que a mi juicio la fundamentación recursiva sortea la valla del art. 260 del CPCC, pues contiene aquel mínimo de crítica, técnicamente computable, que permite (con el criterio amplio que cabe adoptar en la materia) ingresar en el fondo del asunto.
Zanjada tal objeción liminar, debo decir -ahora- que coincido con el enfoque de la Sra. Jueza de Grado en cuanto decidió juzgar el caso a la luz de la preceptiva vigente al momento de acontecer los hechos (Código Civil), tema sobre el cual ni siquiera existen objeciones de las partes.
Ahora bien, plantea la quejosa la nulidad del fallo.
Sabemos que el recurso de nulidad, legalmente subsumido en el de apelación, procede frente a la existencia de defectos formales del fallo (art. 253 del CPCC).
Pues bien, analizada la sentencia en crisis, vemos que la misma satisface, adecuadamente, las exigencias del art. 163 del CPCC: aborda los temas discutidos en el proceso, respeta el principio de congruencia, está suficientemente fundada, analiza la prueba y llega a una conclusión fundada y derivada de su razonamiento analítico.
No veo, entonces, motivo, razón ni fundamento como para invalidarla y, desde ya, los argumentos que sintéticamente se exponen en los agravios de ninguna manera determinan la invalidez de la sentencia.
Zanjada la cuestión previa, debo ocuparme de los restantes agravios traídos.
Recordando que, sobre el tema en análisis, esta Sala ya se ha expedido con anterioridad.
Se decía en la causa nro. 50764 (R.S. 40/05) con voto del Dr. Ferrari, al que adhirieron sus colegas que:
" 1) A través de esta segunda cuestión debemos determinar si la sentencia de la "a quo" que declara procedente la rescisión dispuesta por la demandada sin responsabilidad frente a la actora se ajusta a Derecho o si es improcedente por existir errores "in iudicando".-
2. Para comenzar el análisis a través del cual formaré mi convicción es de recordar algunos conceptos genéricos relacionados con los temas que enfrentan a las partes:
a.- Actor y demandada se encontraban relacionados por un contrato consensual que sin perjuicio de no estar documentado en forma solemne esta respaldado por abundante prueba instrumental y por el reconocimiento de su existencia por los litigantes; ello por cuanto respecto de la existencia de tal contrato consensual, existe coincidencia, sin perjuicio de la diversa interpretación que aquellos endilgan al pacto que las ligara; ya "distribución", ya "concesión", bien "contrato innominado" existe coincidencia en cuanto a la relación contractual vinculante.-
A partir de la existencia de tal contrato es de aplicación el "pacta sun servanda", el principio de "autonomía de la voluntad" en tanto no se vulneren normas de orden público o principios que hagan a la moral y buena fe contractuales; las normas que dimanan de los Arts.1.197 y 1.198 del C.C.A. hacen al cumplimiento cabal de los contratos, en su letra y espíritu, lo cual al margen de hacer a la esencia de aquellos, constituye uno de los pilares basales de la seguridad jurídica a la cual el Estado de Derecho debe propender; bien lo gráfica Raymundo M. Salvat, en su Tratado de Derecho Civil, Contratos Tº I, pág. 23, con cita de Morin, Ripert, Lambert y Josserand al expresar que "en el contrato la libertad existe para entrar en él, no para salir; el contrato es el hombre que se encadenó a si mismo, pero es el hombre encadenado"; en la medida que los contratos no se respeten o se dejen inmotivadamente de lado también se dejará de lado aquella seguridad jurídica.-
b.- Va de suyo que el relacionado principio de autonomía de la voluntad tiene diversas limitaciones consagradas por el Derecho, limitaciones que el órgano jurisdiccional debe dinamizar examinando las circunstancias particulares del caso a resolver; y tales limitaciones están relacionadas con la preservación de principios de orden público, de moral y buenas costumbres contractuales; frente a ellos deben ceder aquellas características del contrato que hacen que sea "ley de las partes"; una de las más importantes limitaciones a dicho principio de la autonomía de la voluntad esta representada por la teoría del abuso de derecho, a la cual me paso a referir.-
c.- La norma del Art. 1.071 del C.C.A. protege el ejercicio regular de los derechos pero impide su ejercicio abusivo relacionando tal concepto con los fines tenidos en cuenta por la ley al reconocerlos y los limites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres contractuales. Lo que se protege es el ejercicio regular, normal, de los derechos no así la dinamización arbitraria de los mismos y contraria a principios éticos y filosóficos que hacen al mantenimiento en las relaciones humanas de lo ético y lo moral, conceptos filosóficos de los cuales el Derecho debe nutrirse (conf. Mosset Iturraspe - Piedecasas, Código Civil Comentado, comentario al art. 1.071, pág. 56 y siguientes); y será el Juez en cada caso particular quien deberá determinar si en ese caso se esta frente al ejercicio regular y por ende inatacable de un derecho o si de lo contrario su titular ha franqueado aquella barrera ética del normal ejercicio; a lo cual agrego que en la apreciación de las aludidas circunstancias que enervan el ejercicio de un derecho el Juez debe ser estricto pues se trata nada más ni nada menos que de quitar vigencia a derechos y obligaciones pactados al amparo de la libertad contractual; no debe quedar en el animo del Juzgador la menor duda en el sentido que el titular del derecho invocado lo quiere ejercer al margen del recordado concepto funcional y ético que hacen al normal ejercicio.-
2. Trasladándonos ya de lo genérico a lo específico entiendo que en el presente caso la sentencia que estimó procedente la rescisión decidida por la demandada, se ajusta a Derecho, por lo cual no conteniendo errores "in iudicando" que ameriten su revocación postularé se la confirme; ello por cuanto:
En lo que aquí interesa en tal carta documento se aceptó que transcurridos seis meses a partir de su emisión lo pactado se renovaría automáticamente por iguales períodos pero que cualquiera de las partes podía cesar la relación, notificando de ello a la otra con una antelación no menor de treinta días; sostiene el accionante - entre otros argumentos - que antes de la remisión de tal carta documento ya existía la relación con la demandada; aún aceptando tal tesitura lo concreto es que en determinado momento de esa relación consensual las partes de común acuerdo deciden establecer un plazo de vigencia si bien renovable automáticamente también rescindible por voluntad de cualquiera de ellas con el solo recaudo de notificar tal determinación con treinta dias de anticipación.-.
b.- No encuentro en dicha cláusula vicio alguno que me convenza que la misma implicara, para quien decidiera dinamizarla, ejercicio irregular o abusivo de un derecho; y digo tal por cuanto la cláusula posibilitaba a ambas partes desligarse de lo pactado con el recaudo de notificar con la antelación que las mismas convinieron a la otra; no se trató de una cláusula establecida exclusivamente a favor de una de las partes sino de ambas; la encuentro ajustada al ejercicio de la libertad contractual y del principio de autonomía de la voluntad de los Arts.1.197 y cc. del C.C.A.; las partes decidieron poner un límite temporal a su relación, pactando la extensión de dicho límite, pero pactando también el recíproco derecho de desligarse haciéndolo saber con antelación a la otra parte.- En tal linea argumental dijo esta Sala (con cita de Rezzónico "Contratos..." Tº II pág. 652/653) en la causa Nº 48.933, R.S. 70/04 que "la temporalidad del vínculo jurídico es principio general que se opone a la perpetuidad de las relaciones personales; y en tal orden de ideas la locación de servicios sin plazo de vigencia pactado puede concluir por decisión de cualquiera de las partes sin que sea necesario el preaviso siempre que no haya mediado mala fe ni intemespitividad"; y precisamente a la inexistencia de esos vicios paso a referirme.-
c.- En lo actuado por la demandada no existió mala fe, concebida como el indebido ejercicio de un derecho pues la cláusula que posibilitaba la recíproca rescisión fue libremente pactada y no surge de autos que la accionada al acogerse a la misma lo haya hecho con el objeto de perjudicar a la otra parte; simplemente se acogió a lo libremente pactado -como también pudo haberlo hecho el propio actor- y dio por terminada la relación; y lo así resuelto no fue intempestivo pues lejos de realizarse fuera de tiempo lo fue en los tiempos que las partes pactaron.-
d.- Reiteradamente la Sala ha validado la teoría de los "actos propios" que impiden a un contratante desconocer actos generadores de derechos y obligaciones para negar la efectividad de los mismos; hemos dicho respecto de tal teoría enraizada en los recordados principios de lealtad y buena fe contractuales (art. 1.198 del C.P.C.C.) que: "...la teoría de los propios actos impide a una de las partes volver sobre determinaciones anteriores libremente adoptadas; el "venire contra factum propium nemo potest" se funda en los principios que dimanan del art. 1.197 del C.C.A., que imponen la permanencia de actitudes asumidas que puedan generar efectos jurídicos; nadie puede ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz siendo inadmisible amparar tal dualidad; ese venir y contravenir el hecho propio comprende no ya destruir lo hecho sino desconocerlo, evitar sus consecuencias o eludirlas..." (Esta Sala en causa Nº 44.755, RS 215/01, entre otras).-
La pretensión que denota la demanda agrede tal teoría de los actos propios: luego de aceptar la modalidad temporal antes reseñada, la actora pretende desconocerla e impugnarla cuando la otra parte hace uso de la misma.-
4. En lo fundamental he dado respuesta a los agravios que la actora esgrime sin perjuicio de lo cual agrego:
a.- Prescindo de los argumentos que el apelante esgrime en aras de la nulidad que impetra; los mismos han sido tratados al votar la primera cuestión.-
b.- Sostiene la actora que la relación con la demandada reconoce su origen en época anterior a la carta documento remitida en Abril de 1.990; al margen de ello tal circunstancia no invalida la mentada carta documento y lo que en ella las partes pactaron.-
c..- Pretende la accionante que los derechos y obligaciones contenidos en la carta documento solo tuvieron vigencia por seis meses por lo cual luego se volvió a la relación sin la vigencia de aquellos derechos y obligaciones; tal aserto implica desconocer lo pactado y agredir la teoria de los actos propios y ello por cuanto en la misma carta documento se pactó que vencidos los primeros seis meses de la relación la misma se renovaría por iguales periodos sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes de hacerla cesar previo el preaviso pactado por las mismas.-
d.- Se dice que la carta documento fue firmada "por engaño o por imposición", que no fue "tipeada por el actor ni escrita de puño y letra sino impresa en la cual no puede tacharse ni agregarse nada" que fue " un ardid" que "existió abuso de derecho que lesiona la buena fe ,la moral y las buenas costumbres"; esta sucesión de argumentos, algunos contradictorios entre si ,me merecen las siguientes consideraciones: no puede sostenerse seriamente que la carta documento se haya suscripto por engaño "o" por imposición, o lo fue por dolo (engaño) o por violencia (intimidación) pues ambos conceptos no son equivalentes y "obiter dicta" la expresión de agravios no demuestra la existencia de dichos vicios del consentimiento; que la carta documento no haya sido escrita de puño y letra por el actor no empece a su validez pues lo concreto es que aquel la firmo con las consecuencias jurídicas de ello derivadas (art.1.028 del C.C.A.); la posible existencia de abuso de derecho la he descartado en base a los argumentos supra relacionados.- Reflexiono que el actor no es un lego en cuestiones comerciales siendo su actividad asimilable a la de una pequeña empresa (respuestas del actor a las posiciones 11, 19 a 21, 25 a 28, 31, 37, 39 y ampliatoria de fs.826 y sgtes.) por lo cual descarto la posibilidad que haya sido engañado como ahora lo sostiene; tampoco se demostró que el actor padeciera alguna de las incapacidades previstas en el art. 1.045 del C.C.A.; y en tal orden de ideas es aplicable en la especie aquello que no basta la posición dominante de una de las partes para anular las cláusulas de un contrato standard pues el principio de la buena fe no es argumento suficiente para invalidar cláusulas sustentadas en el principio de la autonomía de la voluntad (la Ley 1.990-D-pág. 226 y sgtes.); recuerdo también las enseñanzas de Ival Roca que refiriéndose a los contratos de adhesión recordaba que una de las partes "no hace mas que firmar" pero "quien estando en la posesión de todos sus medios suscribe un contrato sin analizar lo que firma y luego pretende con el consabido "me hicieron firmar", la anulación de lo que firmó no puede sustentar tal postura (autor citado "El deber de diligencia y la duda contractual en los contratos predispuestos" en La Ley 1.987-E- pag. 586 y sgtes.).-
e.- Se cita como antecedente lo resuelto en la causa 45.045; la primera aclaración que hago es que dicha causa no es del Registro de esta Sala sino de la Sala I (R.S. 74/01); y la segunda y definitiva consideración es que la parte del fallo de esa causa que transcribe la expresión de agravios se refiere a una hipótesis totalmente diversa a la de autos; se trataba de una prórroga de jurisdicción inserta en una carta documento desconocida por la contraria; la glosada a los autos fue expresamente reconocida por la parte actora y su contenido viene reafirmado por las restantes pruebas analizadas.-
f.- Pretender negar la fuerza probatoria de la absolución de posiciones del actor con el argumento que este no es un "estudioso del derecho sino una persona lega" y que al "salir de la audiencia confeso que se había equivocado" implica tanto como pretender borrar la absolución de posiciones de la ley ritual; el texto del pliego de fs. 826 es claro y no pudo dejar lugar a dudas y en todo caso estaba en manos de la dirección letrada del actor haberse opuesto a que este respondiera.-
A lo cual cabe agregar que los temas de las posiciones se referían a hechos personales del absolvente; no eran temas de Derecho por lo cual la afirmación que el accionante no es un era un estudioso de temas jurídicos deviene inaceptable para enervar el contenido de la mentada prueba.-
g.- Las citas doctrinarias que se insertan en la expresión de agravios, algunas de Derecho Comparado, no se bastan por si mismas para desvirtuar lo expuesto; su sola transcripción sin demostrar concretamente su aplicación al caso concreto es inidónea para conmover mi formada convicción.-
Tales los fundamentos por los cuales opino que la sentencia apelada debe confirmarse.-
5. Atento lo precedentemente expuesto el tratamiento de los eventuales incumplimientos de la actora deviene cuestión abstracta y por ende ajena a la jurisdicción; he llegado a la convicción que la demandada venía asistida de derecho -al igual que la actora- de rescindir el vinculo en las condiciones que establece la carta documento que el actor remitió a la demandada; ello así, analizar si el actor incurrió o no en incumplimientos durante el desarrollo de la relación configura la abstracción a que hago referencia ".
Tales consideraciones devienen de plena aplicación al presente.
Y hay, incluso, un dato que no es menor: recurrido aquel fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, dicho recurso extraordinario fue repelido (causa C 95532 fallo del 17/09/2008).
El mismo criterio fue reiterado, por esta Sala, en la causa nro. 56048 (R.S. 384/09), allí con primer voto del Dr. Gallo.
Mas cercano en el tiempo, la Suprema Corte de Justicia vuelve a desestimar, por mayoría, un recurso interpuesto contra la sentencia de la Sala I de este Tribunal, en el mismo sentido (Sup. Corte Bs. As., causa C 104935 fallo del 03/11/2010).
Ahora bien, y pasando al presente, vemos que muchos de los agravios de la quejosa tienen que ver con la cuestión de la Carta Documento valorada en el fallo y que, en su contexto, resulta esencial para determinar los alcances de la relación entre las partes.
De hecho, se sostiene en los agravios que los precedentes evocados no serían aplicables a este caso, porque la Carta Documento no habría sido reconocida por el actor.
Veamos esto.
En lo que hace a la cuestión de la Carta Documento, es necesario señalar algunas cosas.
La fundamental, es que la pieza en cuestión ( que ahora tenemos a fs. 814bis ) no ha sido traída por ninguna de las partes , sino que fue incorporada en ocasión de efectuarse el dictamen pericial contable de fs. 815/820.
Dijo allí la perito -respondiendo el punto de pericia de la demandada- que " Los concesionarios se vinculan comercialmente con SANCOR Cooperativas Unidas Limitada comunicando fehacientemente a través de una Carta Documento a la empresa su intención de operar como clientes de esta entidad actuando como Concesionarios Privados, por su exclusiva cuenta y cargo, en una determinada zona ", indicando que la solicitud
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.