Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 3248
Causa Nº MO-3428-08
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MARINO LEONARDO OSCAR C/ ORTIGOZA GERONIMO ORLANDO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Causa N º MO-3428-08" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental, con fecha 28 de Diciembre de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelaron tanto la actora como la demandada y citada en garantía.
Los recursos se concedieron libremente.
El recurso de la actora fue fundado con la expresión de agravios de fecha 8 de Marzo de 2023, que no fue replicada.
El de la demandada y su garante se declaró desierto por resolución, firme, de fecha 14 de Marzo de 2023.
La actora viene cuestionando el rechazo del rubro incapacidad, los montos fijados en concepto de gastos y daño moral y el rechazo del rubro tratamiento psicológico.
Al tenor de sus agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 4 de Abril de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- la expresión de agravios satisface, adecuadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC.
Comienzo a tratar los agravios por los referidos al rechazo de la incapacidad.
Aquí, aunque el actor dice agraviarse del rechazo de la incapacidad física y psíquica, solo argumenta en torno a la primera.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, veamos la prueba rendida, a fin de determinar si se acreditó, o no, el menoscabo.
La prueba fundamental es la pericial médica de fecha 19 de Enero de 2021.
En la misma el experto sostiene que el actor sufrió una caída que le causó politraumatismos, especialmente en la región cervicocraneana, lumbar y codo izquierdo, lo cual le provoca dolor cervical y limitaciones en la movilidad de dicha área.
No se registró tratamiento médico previo y se estima una rehabilitación basada en fisiatría y control por un especialista en ortopedia y traumatología.
Actualmente, el actor presenta dificultades para realizar tareas que requieran plena funcionalidad de la columna cervical.
Según el Baremo General para el Fuero Civil, se establece un 10% de incapacidad parcial y permanente. Para determinar el impacto en su vida social y psicológica, se requiere un informe psicodiagnóstico.
Es probable que el actor no pueda pasar un examen preocupacional que requiera plena aptitud de la columna cervical, pero no presenta limitaciones funcionales en otras áreas.
Para ello se basa en la revisación del actor, en estudios complementarios y en la documentación médica que refiere.
Con fecha 9 de Septiembre de 2022 el perito médico responde las explicaciones que le fueron requeridas y dice que " habiendo tomado conocimiento y habiendo examinado el material remitido referente al evento del cual resultara víctima Marino Leonardo Oscar, y habiendo examinado además el informe médico efectuado en la Dirección de Policía Científica, Cuerpo Médico de Morón, con fecha 04/03/2008, donde el actor presentaba signos traumáticos en el rostro, escoriaciones en la cadera, y lesión suturada en la región parieto-occipital izquierda, que se adjudicó al producto de choque o golpes con o contra superficie dura y roma, queda establecida con toda la documentación remitida la relación de causa-efecto del evento padecido de características traumáticas, con fecha del 26/02/2008 ".
Por lo demás, y como bien lo refiere el fallo, tenemos glosadas a la causa distintas constancias médicas; a lo que -agrego- no coincido con el sentenciante, y sí lo hago con el apelante, en cuanto a que el informe de fs. 11 de la causa penal resulte ilegible (ver trámite de fecha 6 de Junio de 2022, donde el mismo puede leerse perfectamente).
En este contexto, el dictamen emana de profesional competente, es claro, explicativo y está fundado, se apoya en estudios complementarios y en constancias concomitantes al accidente y no existen elementos de convicción (objetivos) que lo contradigan, y ni siquiera la parte demandada y citada en garantía ha intentado algo para refutarlo o derrumbar sus postulados (art. 473 del CPCC).
No veo, entonces, mérito para apartarme del mismo o desatender sus conclusiones (arts. 384 y 474 del CPCC).
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas de la reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que el rubro debe prosperar, por la suma de $2.200.000 (dos millones doscientos mil pesos) .
En cuanto al daño moral, el fallo estableció la suma de $300.000.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
De este modo, tenemos para valorar la índole del hecho, las lesiones que padeció el accionante y las secuelas que, conforme lo dicho, le han quedado instaladas de manera permanente.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado debe elevarse a la suma de $1.000.000 (un millón de pesos) .
En cuanto a los gastos, los $10.000 también son objetados por la parte actora.
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta lo que surge de la pericial médica, y las lesiones padecidas, como así también que las mismas dejaron -a mi juicio- secuelas, entiendo que la suma fijada es reducida por lo que promoveré su elevación a la de $30.000 (treinta mil pesos) .
Queda por tratar, finalmente, el rechazo del rubro tratamiento psicológico.
En el punto he de señalar que si bien el perito ha referido que no había quedado incapacidad permanente derivada del accidente, paralelamente habló de la incidencia psicológica del accidente (con un aumento del nivel de ansiedad en el actor) y sugirió la realización de un tratamiento psicológico por seis meses, con sesiones de frecuencia semanal (ver fs. 310).
Consecuentemente, y en los términos del art. 1086 del Código Civil, entiendo que el rubro debió haber prosperado, computando la cantidad de sesiones aconsejadas, al valor que -conforme las máximas de la experiencia (art. 384 del CPCC)- cabe considerar para dichas sesiones.
Por ello, promoveré la admisión del rubro, por la suma de $104.000 (ciento cuatro mil pesos).
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia apelada, admitiéndose el rubro incapacidad física por la suma de $2.200.000 (dos millones doscientos mil pesos) , elevándose las sumas fijadas en concepto de daño moral y gastos a las de $1.000.000 (un millón de pesos) y $30.000 (treinta mil pesos) , respectivamente, y admitiéndose también el rubro tratamiento psicológico por la suma de $104.000 (ciento cuatro mil pesos).
A tenor de lo propuesto, las costas de Alzada deberán quedar impuestas a la demandada y citada en garantía (art. 68 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
La base referencial que estamos utilizando es la de $200.000 por punto de incapacidad.
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por deter
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.