Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 64156
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada , al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
Causa Nº C7-64156
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SANCHEZ RUBEN EZEQUIEL C/ GONTICAS JOSE MARIA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Causa N º C7-64156" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO- resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia definitiva dictada por el Señor Juez Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 7 de este Departamento Judicial el día 27 de febrero de 2023 se alzo la parte actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente y se fundó con la expresión de agravios del 8 de mayo de 2023 que no mereció réplica alguna.
2. Previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
La parte recurrente se agravia del rechazo de la demanda que por incumplimiento contractual y daños y perjuicios entabló contra los Sres. José Maria Gonticas y Carlos Gustavo Ramis.
Solicita que el fallo sea revocado y se haga lugar a sus reclamos, esgrimiendo para ello una serie de argumentos que en homenaje a la brevedad me remito.
En primer término cabe aclarar que sólo el criterio de elasticidad tantas veces utilizado por este Tribunal para apreciar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley adjetiva (art. 260) en la faena de sustentar el recurso de apelación de que se trate, es el que nos autoriza a desechar la aplicación de la sanción contenida en el art. 261 del mismo cuerpo normativo y a ingresar al análisis del fondo de la cuestión sub discussio, pues mínimamente el libelo cumple con dichos requisitos.-
Despejado el tema, es menester hacer referencia que como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente (S.C.B.A, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; S.C.J.B.A. Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse -conforme las reglas de la sana crítica- las pruebas que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.-
En efecto.
Para dar respuestas a las quejas traídas por el recurrente debemos analizar la prueba rendida en autos.
Tenemos a fs. 2 la reserva de alquiler efectuada por el actor en la inmobiliaria Carlos G. Ramis donde el actor señó un local sito en la calle Muniz nro. 77 entre Paysandú y Santa ROSA partido de Ituzaingo.
Que allí se expusieron las condiciones de la duración del alquiler, el precio, la forma de pago, haciendo la aclaración que el recibo era provisional y de aceptar el propietario las condiciones antes referidas se cambiara por el contrato definitivo. Párrafo seguido (en la nota) se establece que si la documentación presentada por el locatario no estuviera en condiciones el locador dejara la operación sin efecto.
Concluye con la firma del Martillero Ramis.
Al no firmarse el contrato a fs. 43/47 y fs. 71 se encuentra agregada a la causa el intercambio epistolar entre los sujetos de autos.
Tenemos -también- la IPP 206302 de la que extraigo la declaración del propio actor diciendo que " vino a esta Fiscalia a manifestar que el propietario José Maria Gonticas despues de haberle alquilado al deponente el salón y de haberle hecho el dicente refacciones, y con sus equipos adentro y de seguridad, todo limpio, lo alquilo para una fiesta particular de el." Refiere que todo lo que esta dentro del inmueble es propiedad de él "
Por otra parte tenemos la declaración testimonial del Señor Sergio Mansilla quien se encargaria de la musicalización e iluminación de un local que alquilaria el actor. "Q ue llegada la fecha señalada toma conocimiento por dichos del señor Sanchez que no comenzaria su labor en virtud de que el propietario del local se negaba a firmar el contrato previamente acordado " (ver fs. 24 de la Ipp mencionada)
En igual sentido declara Juan Samuel Assiari Boffa (ver fs. 201 de las presentes actuaciones) quien expone que el Señor Sanchez lo contrata " para hacer la decoración del local ". Refiere que los trabajos duraron mes y medio y " el acceso me lo habia proveido Pepe porque me dio la llave con la que yo entraba y salia.. ."
Indica que el local seria utilizado como "bailable".
El testimonio de José Gallini obrante a fs. 203 también hace referencia a un boliche bailable que estaba en la calle Muñiz 77 en el cual yo iba a trabajar ahí también. "Había un precontrato en una inmobiliaria, el alquiler del local ya lo había señado en una inmobiliaria.
Sigue declarando que no se llegó a inaugurar porque el dueño puso cadenas en la puerta del costado... que era la única forma que teníamos para entrar sin pasar por la puerta principal. Aparte le cambio la cerradura" "cuando fueron a firmar un papel en la Municipalidad para abrir, que o me acuerdo que, no lo quiso firmar el dueño del local"
A fs. 205 se agrego el testimonio del Sr. Hugo Walter Corbalan quien hizo trabajo de herrería" Sigue su relato diciendo que el actor "me dijo que tenia un problema, que le habían cerrado el local, que teniamos que ir de nuevo para retirar todo".
Avanzamos en la causa y nos topamos con la testimonial del Señor Juan Alberto Alderete a fs. 212 de los presentes obrados.
De ella extraigo que el señor "Jose Maria Gonticas hace viajes relativos a su trabajo, se dedica a la construcción". "yo recuerdo que al retorno de un viaje de él yo le pregunté "alquilaste el salón? y me dijo "no, yo no lo alquile" Sé que hay gente trabajando porque vi movimientos de materiales, gente que entraba y salia. A lo que él me dijo "no. tengo que ir a la inmobiliaria a averiguar que paso" porque el recién había llegado esa madrugada y yo le comente que había habido ruidos, movimientos de gente trabajando".
Ahora bien.
Es menester decir ahora que la reserva es un acto típicamente precontractual de los negocios inmobiliarios (locativos o de venta), donde una persona se encuentra interesada en la compra o locación de una propiedad y efectúa una entrega de dinero al vendedor, locador o corredor -según fuera el caso- en carácter de "reserva de compra o locación", según la operación querida por las partes. Con esto -más allá de la posibilidad de establecerse las pautas prioritarias de un futuro y definitivo contrato- la esencia o naturaleza jurídica del contrato de reserva trasunta la intención de comprometer el acercamiento de las partes para la negociación del contrato definitivo, mas no existe en sí obligación de concluir con dicho negocio. (C. Civ. y Com. San Nicolas, 2/2/2016, causa 12026)
Estos contratos son unos de aquellos que se caracterizan como atípicos. El futuro vendedor o locador compromete la indisponibilidad de un inmueble por un período dado a cambio de la retención de una suma de dinero. En la reserva, el objeto es asegurar por un tiempo determinado, que frecuentemente es relativamente corto, que el bien que se pretende adquirir quede retirado del mercado y no se comprometa a terceros, estableciéndose una prioridad. Para el caso de no concretarse la operación, su consecuencia es la devolución de lo recibido o en su caso la retención de tal monto si se dan ciertas circunstancias. Los usos y costumbres del mercado constituyen elemento interpretativo inevitable, y son precisamente tales prácticas las que delimitan a la reserva como una mera prioridad. (Sup. Corte Bs. As. 9/5/2018, C 120906)
La entrega de una suma de dinero en concepto de reserva "ad refferendum" del propietario vendedor, con la obligación del presunto comprador de presentarse en las oficinas de la inmobiliaria, para la firma de contrato de compraventa, el día fijado en el recibo provisorio, constituye una promesa a persona determinada sobre un contrato especial, en los términos del artículo 1148 del Digesto Civil, y que para su perfeccionamiento requería, de manera ineludible, la aceptación por parte de la vendedora, aceptación que debió ser manifestada en alguna de las formas previstas en el artículo 1145 del mismo cuerpo legal. (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1°, 7/12/2004, causa 7602).
Dicho esto, del documento agregado a fs. 2 titulado "RESERVA DE ALQUILER" extraigo que aquel es provisional y de aceptar el propietario las condiciones que se detallan en ella , el locatario deberá abonar los importes establecidos en la liquidación y canjear el presente recibo por el contrato definitivo.
Aquel no ha sido rubricado por las partes, pues sólo contiene la firma del martillero.
Sentado ello se ha aplicado a casos como el presente la doctrina que se ha dado por llamar "Teoría de los propios actos" y que tienen apoyatura en las reglas contenidas en los arts. 729; 961; 991 y ccdtes. del CCCN.
Dicha doctrina que ya ha sido comentada y defendida por mí antes de ahora, ha sido conceptualizada como una "barrera opuesta a la pretensión judicial, impidiendo con ello el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas" (conf. entre otros: Compagnucci de Caso, "Teoría de los propios actos y declaración tácita de voluntad", L.L., t. I, 1985-A, pág. 1001, y voto del Dr. Conde en la causa nro. 34.145).-
He advertido en otra causa que me ha tocado intervenir que en la aplicación de la Teoría de los actos propios, deriva indudablemente del principio general de la buena fe -principio general de derecho entendida ésta como "buena fe creencia-subjetiva o "buena fe lealtad-objetiva", y que lo que se sanciona como inadmisible es la conducta contradictoria interpretada objetivamente -llamada también incoherente- implicando también tales conceptos que se trata de reforzar una seguridad de los actos y conductas de las partes (conf. arg. art. 16 ya citado, y entre otros Borda, Alejandro, "La Teoría de los Actos Propios, A. Perrot, 1993, y mi voto en causa de esta sala nro. 39.520, R.S. 379/98; también: Mairal, "La Doctrina de los propios actos y la Administración Pública", Depalma, 1988, págs. 63, 69 y 73).-
Era necesaria tal argumentación legal y doctrinaria, como jurisprudencial, para que se vea con claridad que el actor comenzó a realizar las obras en el local sin el consentimiento del demandado pues, como dije, no se probó que las llaves hayan sido entregadas ni por el demandado Gonticas ni por el demandado Ramis.
Se dijo que siendo necesario realizar el encuadre jurídico de la temática planteada, y debido a la distinta interpretación que le dan las partes a tales hechos y obligaciones, es necesario advertir que la interpretación del negocio jurídico consiste en desarrollar la actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de la manifestación o manifestaciones de la voluntad a fin determinar el real contenido del acto, esto es, "lo querido por los partícipes"; que se da como basamento a la interpretación de los contratos el principio que es la "buena fe", "lealtad" y "probidad" ; que en la labor de hermenéutica hay que considerar la voluntad real de las partes antes que el sentido literal de las expresiones empleadas, máxime cuando diversas cláusulas se contradicen, o cuando las partes afirman distintas obligaciones que han contraído verbalmente(conf. Arauz Castex, M., "Tratado de Derecho Civil", Parte General, t. I, págs. 205/206, ed. Etja, Bs.As., 1965, y la denominada "Regla de Oro -Lord Wensleydale's Golden Rule"- del derecho anglosajón).-
Es decir, la interpretación de un contrato no puede resolverse solo con un criterio textual de sus palabras, sino teniendo en cuenta la intención común de las partes y si la misma no puede determinarse, debe asignarse el significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables de la misma condición de las partes. (Principios Unidroit art. 4.1 citado por Leiva Fernández en obra de Alberto Spota, “Contratos. Instituciones de Derecho Civil” TºV, 2da edición actualizada por Leiva Fernández, Rubinzal Culzoni, 2008 p.93), de ahí que se prefiera lo corriente, normal o habitual con rechazo de lo sorpresivo (Mosset Inturraspe en “Calificación, integración e interpretación del contrato”. Revista de Derecho Privado y Comunitario. Interpretación del contrato. 2006-3, p.17. Rubinzal Culzoni)
Siempre teniendo como norte la buena fe de las partes del contrato.
Al respecto Bueres-Highton (Código Civil 3-C. p. 45) condensan en una frase los alcances de aquella: "la buena fe ilumina toda la vida del contrato"; dicho cardinal principio debe tenerse en cuenta en la etapa precontractual, en la formación del consentimiento, en la dinámica del cumplimiento y en la resolución. (Cfe. Cifuentes Santos,"Negocio Jurídico", p. 251; arg. arts. 16 C.C.A. y 218 inc. 4 Cód. de Comercio).
Así, el respeto de la palabra empeñada, el cumplimiento de las obligaciones libremente asumidas, son todas actitudes consustanciales a la vigencia efectiva del orden jurídico. El principio de la autonomía de la voluntad permite que una parte del universo normativo sea creado por los particulares pero una vez corporizado la convención, ésta tendrá para las partes el caracter de "una regla a la cual deben someterse como la ley misma" según la afortunada expresión del art. 1197 del C.Civil. (Cám.Civ.Com. Pergamino Causa nro. C4967 R.S. 27-4 del 17-02-2004).-
Ahora bien.
De toda la prueba rendida en autos, no surge que el demandado haya firmado con la parte actora contrato de alquiler y ni siquiera firmo la reserva de fs. 2
Que tampoco se encuentra acreditado que el Sr. Gonticas le haya dado las llaves del local para que el actor vaya haciendo refacciones.
La parte actora no logró demostrar, suficientemente, tales aseveraciones por él realizadas en la demanda.
Y por otra parte, si el actor pretende que se tome la supuesta entrega de las llaves como acto de consentimiento estatuidos por el entonces art. 1145 del código de fondo, más claro es el hecho de haber puesto cadenas en la puerta para no permitir el ingreso del actor al local (ver declaraciones del testigo Gallini).
Por ello, conforme lo dispone el art. 1144 del Código Civil, en los contratos, el consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra, de modo tal que para que exista un contrato resulta bastante que haya mediado una oferta aceptada.
Como el consentimiento puede ser expreso o tácito (art. 1145) y el art. 1146 del citado cuerpo legal dispone que el consentimiento tácito se presumirá si una de las partes entregare y la otra recibiere la cosa ofrecida o pedida; o si una de las partes hiciere lo que no hubiera hecho, o no hiciere lo que hubiera hecho si su intención fuese no aceptar la propuesta u oferta, quedan descalificadas las argumentaciones de la quejosa, en torno a que las condiciones establecidas en las ofertas por la demandada son manifestaciones unilaterales que le resultan inoponibles, habida cuenta que aquellas ofertas fueron aceptadas, aceptación que -por otra parte- se hubo expresado tácitamente al procederse al cumplimiento de la prestación y su posterior facturación. (C. 2° Civ. y Com. La Plata, sala 3°, causa 113411 RSD-82-11 S 23/08/2011)
Nada de ello fue probado en autos, y esto era carga de la parte actora (art. 375 del CPCC).
Por tales argumentaciones soy de la idea que se deberá confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de alzada al apelante vencido (arg.art. 68 del CPCC)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada , al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:01:13 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:06:31 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2023 13:05:36 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 10/08/2023 13:05:37 hs. bajo el número RS-285-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia