Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 57071
Causa N º C9-57071
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "AGUILAR MARIA C C/TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO SACII Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Causa N º C9-57071 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental, con fecha 17 de Julio de 2020 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora y la demandada.
Los recursos se conceden libremente.
El de la actora fue fundado con la expresión de agravios de fecha 5 de Mayo de 2023, replicada con fecha 12 de ese mismo mes y año.
El de la demandada con los escritos de fecha 4 de Mayo de 2023, replicados con fecha 18 de Mayo de 2023.
Mientras que la actora se queja de los montos resarcitorios y la desestimación del planteo de actualización monetaria, la demandada lo hace de la atribución de responsabilidad, de los montos resarcitorios y de la tasa de interés fijada.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 15 de Junio de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de los recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Por otro lado, es preciso destacar que, conforme la fecha de los hechos (año 1996), el caso se juzgará aplicando la normativa vigente en aquel momento (art. 7 CCyCN).
Comienzo por las quejas vinculadas a la atribución de responsabilidad.
La Sala ha señalado, desde siempre, que estos casos se juzgan a la luz de lo previsto por el art. 184 del Código de Comercio (hoy derogado) que establece una responsabilidad objetiva, como una expresión del riesgo creado.
En consecuencia, el pasajero debe probar el contrato de transporte y el daño sufrido pero no es necesario que pruebe la culpa del transportista, pues dicha norma presume la responsabilidad del mismo y por ende, incumbe al transportador la prueba de alguna causal eximente de responsabilidad (SCJBA 31-5-60; A.S. 1960-IV-1.970); ya que priva el principio de la inversión de la prueba.
Tales causales son; la fuerza mayor, la culpa de la propia víctima o el hecho de un tercero por el que el transportista no es civilmente responsable (causa nro. 46224 R.S. 556/02, entre infinidad de otras).
Es decir, el transportista asume una obligación fundamental de resultado; el desplazamiento o conducción del pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino. La mentada obligación no expira con el cumplimiento del traslado del viajero sino también asume una obligación de seguridad y de vigilancia para que no sufra su integridad personal. Sin lugar a dudas estamos frente a una relación contractual (pasajero-empresa) y la ejecución debe de efectuarse de acuerdo a lo convenido, conduciéndose al pasajero al lugar de destino, por la ruta y en el tiempo establecido o el que resulte de las reglamentaciones (causa nro. 50.213 R.S. 354/05, entre otras).
Pues bien, a la luz de lo expuesto, coincido con la Sra. Jueza de la instancia previa al valorar, como elemento dirimente, la confesión ficta del chofer (fs. 153/4), aún cuando no exista otra prueba que la corrobore.
La confesión ficta, como se lo ha dicho desde la Sala, hace plena prueba en la medida en que no existan elementos que la contradigan (art. 415 CPCC, esta Sala en causa nro. 56.748 R.S. 31/10, entre otras).
A lo que se suma el hecho de que, conforme las constancias médicas a las que alude la sentenciante, la actora fue atendida en el nosocomio con una lesión en su mano.
Ahora bien, abordando las quejas de la demandada, he de señalar que el hecho de que la puerta se encontrara abierta, o no, es indiferente y no denota, de por si, responsabilidad de la propia víctima.
Es que las constancias, y afirmaciones, a las que alude la recurrente no dejan en evidencia ninguna conducta inadecuada de su parte.
Y, a todo evento, aunque la puerta estuviera abierta, la misma no debió haberse cerrado si una pasajera tenía su mano allí.
Como bien se lo dice al replicar los agravios, asumir la tesis de la recurrente implicaría reconocer la circulación con la puerta abierta, lo que denotaría una grave imprudencia en cabeza del chofer, y diluiría todo reproche sobre el accionar de la víctima.
En suma: los dichos receptados en sede policial, a los que hace referencia la demandada, no demuestran -cabalmente- ninguna responsabilidad en cabeza de la víctima, por el daño que ha sufrido cuando era transportada.
Luego, y con el criterio estricto que cabe emplear para el juzgamiento de las eximentes legales, estando probado que la pasajera sufrió un daño durante el viaje, y no acreditándose ninguna responsabilidad en cabeza suya, creo que la sentencia, en el punto, ha de confirmarse.
Sigo con el tratamiento de los restantes agravios, y comienzo por lo decidido en cuanto a la incapacidad.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1083 y cc C. Civil).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de la pericia traída en autos.
La pericia médica obrante (fs.283/6) indica que la Sra. Aguilar presenta una incapacidad física parcial y permanente total del 7,88% originada en la rigidez de dedo pulgar postraumática por aplastamiento de articulación interfalángica distal a la que asigna un 6% de incapacidad y daño estético por cicatriz en pulpejo a la que asigna un 2% de incapacidad.
Por otro lado, se descartó la presencia de daño psíquico, lo que ninguna de las partes cuestiona.
A esta altura, y en cuanto a la composición de dicha incapacidad, entiendo que debemos tomar todo el porcentual del que nos habla el experto.
En efecto: a la actora le han quedado cicatrices con motivo del accidente, afectándose su integridad física.
Luego, y mas allá de lo extrapatrimonial, ello puede tener evidentes repercusiones en el ámbito patrimonial; e incluso no solo en el aspecto laborativo.
El perito nos informa que las cicatrices genera incapacidad
Además, desde esta Sala se ha dicho que "una cosa es el daño estético como mutación disvaliosa de alguna parte del cuerpo humano y otra totalmente diferente el "pretio doloris" o daño moral; puede existir el uno sin el otro y viceversa" (causa nro. 44.118 R.S. 362/01).
Considerando que la reparación del daño estético, que forma parte del daño material y no del daño moral, apunta a reparar patrimonialmente lesiones que afectan la integridad física desde el punto de vista de la integridad corporal (causa nro. 44726, R..S. 612/01, 551.80 R.S. 24/10, entre varias otras).
Por lo que, desde mi punto de vista, no cabe desconsiderar las cicatrices en cuestión a la hora de cuantificar la incapacidad.
Consecuentemente, teniendo en cuenta lo dicho en las pericias, que emanan de profesionales competentes y la ausencia de elementos (objetivos) que las contradigan, me atendré, yo también, a lo que surge de tales informes.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales de la actora (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar a la reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $3.000.000 (tres millones de pesos) .
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos.
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido la actora y los tratamientos a los que debió someterse, por lo que -computando incluso la antedicha presunción- entiendo que el monto fijado es reducido y deberá elevarse a la de $40.000 (cuarenta mil pesos) .
Finalizo con las quejas relativas al daño moral.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió la actora, los tratamientos a los que debió someterse y la incapacidad que le ha quedado
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado es reducido, por lo que promoveré su elevación a la suma de $1.000.000 (un millón de pesos) .
Zanjadas estas cuestiones, he de referirme, ahora, a las quejas tocantes a la actualización monetaria.
En tal sentido he de señalar que atento que se trata de una deuda de valor, y que estamos fijando los montos a valores de hoy en día (actuales), no correspondería disponer actualización monetaria alguna.
Por la sencilla razón, insisto, de que se están estableciendo los montos a valores del día de la fecha.
El planteo de actualización, y el eventual análisis de la constitucionalidad actual, o vigencia, de las normas que lo impiden cae entonces en el abstracto y coincido con la orientación del fallo apelado en la especie.
Me queda por dar respuesta a la temática de los intereses.
En tal sentido, la sentencia ha hecho correcta aplicación de la doctrina de la SCBA sentada en los casos "Vera", "Nidera", "Paredes" y "Cristos", estableciendo la aplicación de una tasa pura hasta la fecha de cuantificación y de allí en mas la tasa pasiva digital.
Con todo, teniendo en cuenta lo dicho precedentemente, en cuanto a que los valores se están fijando al día de la fecha, entiendo que es atendible el planteo de la demandada, y que -siguiendo esa doctrina- deberá modificarse la forma de computar los accesorios, disponiendo la aplicación de la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho y hasta el día de hoy y, de allí en mas, la tasa bancaria indicada en el fallo.
Se deja señalado, además, que el planteo relativo a la incidencia de la normativa concursal en lo tocante a los accesorios es impropio de ser traído en esta instancia y respecto de la sentencia sino que, a todo evento, deberá llevárselo al ámbito del concurso respectivo.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia apelada en cuanto a las sumas que fija por incapacidad, gastos y daño moral, elevándolas a las de $3.000.000 (tres millones de pesos) , $40.000 (cuarenta mil pesos) y $1.000.000 (un millón de pesos) , dejando establecido que a dichos montos deberán añadirse intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta el día de hoy y, de allí en mas, la tasa bancaria indicada en el fallo; confirmando la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Con costas de Alzada en un 5% a la actora y en el 95% restante a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tien
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