Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 30415
En la Ciudad de Quilmes, en la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada por los Sres. jueces Gonzalo A. López Cardoso y Diego De Rosa, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados "QUINTEROS, MARGARITA A. Y OTS. C/ BAGU, VICTOR MARIO Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expediente número 30415.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, se practicó el sorteo de ley, que dio el siguiente orden de votación: Dr. Gonzalo A. López Cardoso y Dr. Diego De Rosa.
LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1. ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
2. ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:
Viene el expediente al Tribunal a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia dictada en la anterior instancia con fecha 05/02/2025.
La Sra. magistrada de grado hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por las Sras. Margarita Andrea Quinteros, Alejandra Beatriz Quinteros, Gabriela Natalia Quinteros, Marina Leonor Quinteros y Sres. Luis Humberto Quinteros y Juan Manuel Comas contra el Dr. Víctor Mario Bagú y Sanatorio Bernal S.R.L., haciendo extensiva la condena a El Progreso + Astro Cía. de Seguros S.A. y Paraná S.A. de Seguros, en los términos y con los alcances establecidos en el pronunciamiento.
En consecuencia, condenó a los demandados al pago de la suma total de $198.500.000, distribuida del siguiente modo:
a) En favor de la Sra. Margarita Andrea Quinteros: (i) daño moral, $15.000.000; y (ii) daño psicológico, $6.000.000; por un total de $21.000.000.
b) En favor de la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros: (i) pérdida de chance, $18.000.000; (ii) daño moral, $15.000.000; y (iii) daño psicológico, $4.500.000; por un total de $37.500.000.
c) En favor de la Sra. Gabriela Natalia Quinteros: (i) daño moral, $15.000.000; y (ii) daño psicológico, $8.000.000; por un total de $23.000.000.
d) En favor de la Sra. Marina Leonor Quinteros: (i) pérdida de chance, $15.000.000; (ii) daño moral, $15.000.000; y (iii) daño psicológico, $4.500.000; por un total de $34.500.000.
e) En favor del Sr. Luis Humberto Quinteros: (i) pérdida de chance, $18.000.000; (ii) daño moral, $15.000.000; y (iii) daño psicológico, $4.500.000; por un total de $37.500.000.
f) En favor del Sr. Juan Manuel Comas: (i) pérdida de chance, $25.000.000; y (ii) daño moral, $20.000.000; por un total de $45.000.000.
Asimismo, dispuso que los capitales reconocidos devengaran intereses desde la fecha del hecho (20/05/2003) a una tasa del 6% anual hasta el dictado de la sentencia de grado (05/02/2025) y, a partir de entonces, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el efectivo pago. Impuso las costas a los demandados, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 y difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Los actores relataron que su madre, la Sra. Hilda Alba Trangoni, ingresó al Sanatorio Bernal S.R.L. el día 17 de mayo de 2003 con diagnóstico de hernia umbilical atascada que requería tratamiento quirúrgico urgente.
Sostuvieron que, pese a ello, fue sometida a maniobras de taxis y mantenida en observación, postergándose la intervención hasta el 20 de mayo de 2003, cuando sufrió una grave descompensación clínica y falleció ese mismo día.
Fundaron su demanda en la mala praxis que atribuyeron al Dr. Víctor Mario Bagú y al Sanatorio Bernal S.R.L., por considerar que dicho desenlace obedeció a la impericia, negligencia y falta de diligencia en la atención médica dispensada.
Los accionantes expusieron sus críticas en la pieza del día 30/09/2025, la que no mereció réplica.
Cuestionan que la sentencia haya condenado al Dr. Víctor Mario Bagú pese a haber fallecido durante el proceso, omitiendo dirigir la condena contra sus herederos, quienes habían sido declarados tales, habían tomado intervención en autos y continuado su posición procesal.
Afirman que tal omisión torna parcialmente nulo el pronunciamiento, ocasiona un perjuicio al momento de su eventual ejecución y solicitan que la condena sea rectificada, disponiéndose que recaiga sobre las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú, en su carácter de herederos.
Paraná S.A. de Seguros expuso sus argumentos en el escrito de fecha 03/11/2025, el que recibió réplica de los actores los días 16/11/2025 y 17/11/2025.
Las Sras. Margarita Andrea Quinteros, Alejandra Beatriz Quinteros, Gabriela Natalia Quinteros y Marina Leonor Quinteros y el Sr. Luis Humberto Quinteros solicitaron, además, la deserción del recurso.
Cuestiona que la sentencia haya considerado acreditada la culpa del Dr. Víctor Mario Bagú por no indicar la cirugía en forma inmediata y que, sobre esa base, haya responsabilizado al Sanatorio Bernal S.R.L. por incumplimiento de su obligación de seguridad.
El dictamen del Dr. Oscar Eduardo Álvarez contiene respuestas contradictorias y no existe prueba de que la hernia se encontrara complicada ni de que hubiera provocado la descompensación o el fallecimiento de la paciente.
La ecografía no informó signos de atascamiento, sufrimiento hístico u oclusión intestinal; el ingreso a terapia intensiva fue adecuado; la paciente presentó una leve mejoría; durante la cirugía no se hallaron vísceras dentro del saco herniario, líquidos patológicos, asas desvitalizadas ni perforaciones; y las maniobras de taxis fueron exitosas. Sobre esa base, niega la existencia de nexo causal entre la conducta médica y el fallecimiento.
El descarte del informe del Dr. Alberto Obregón por su extensión y por no consignar su especialidad tampoco resulta justificado. El profesional integraba el Servicio de Cirugía del H.I.G.A. General San Martín de La Plata y concluyó que el diagnóstico, la reducción manual, la conducta posterior y los actos médicos cumplidos se ajustaron a las reglas del arte de curar.
Existían dos informes médicos con conclusiones contrapuestas y la preferencia otorgada al dictamen del Dr. Álvarez, sin atender las impugnaciones formuladas, importó una valoración arbitraria de la prueba.
Cuestiona los montos reconocidos por pérdida de chance, daño moral y daño psicológico.
En cuanto a la pérdida de chance, impugna por excesivas e insuficientemente fundadas las sumas otorgadas a la Sra. Marina Leonor Quinteros, al Sr. Luis Humberto Quinteros, al Sr. Juan Manuel Comas y a la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros, pues no se ponderaron adecuadamente ni la edad de la víctima, de 48 años, ni sus ingresos mensuales aproximados de $850.
Respecto del daño moral, los importes resultan excesivos en función de las circunstancias del caso, la edad de la víctima y la condición de mayores y capaces de sus hijos.
En cuanto al daño psicológico, cuestiona la pericia de la Lic. Raquel Alicia Sánchez por falta de fundamento científico. La incapacidad del 30% atribuida a la Sra. Gabriela Natalia Quinteros no se compadece con la conservación de sus funciones cognitivas y el cuadro detectado sería leve.
Las incapacidades atribuidas a las Sras. Margarita Andrea Quinteros, Alejandra Beatriz Quinteros y Marina Leonor Quinteros y al Sr. Luis Humberto Quinteros serían transitorias, leves y reversibles mediante tratamiento psicoterapéutico.
Impugna que la sentencia haya extendido la condena conforme a la cobertura vigente al momento del efectivo pago, en lugar de respetar el límite pactado en la póliza.
Considera que se aplicó indebidamente la doctrina del precedente "Martínez c/ Boito", referido al seguro obligatorio automotor, pese a tratarse de un seguro voluntario de responsabilidad civil por mala praxis médica, respecto del cual no existe cobertura mínima obligatoria ni límites establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La obligación nace exclusivamente del contrato celebrado con el Sanatorio Bernal S.R.L., instrumentado mediante la póliza número 16.729, que fijó una suma asegurada de $100.000 y una franquicia del 10%, con los mínimos y máximos convenidos.
La extensión de la condena más allá de esos límites amplía el riesgo asumido, altera la ecuación económica del contrato, afecta el patrimonio de la aseguradora y de la mutualidad de asegurados, vulnerando los derechos de propiedad, defensa en juicio y debido proceso.
Invoca doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la oponibilidad de los límites contractuales, tanto en seguros obligatorios como voluntarios. La condena de la aseguradora por encima de la cobertura pactada importaría imponerle una obligación sin causa.
Reserva el caso federal.
4. Agravios de la demandada Sanatorio Bernal S.R.L.
Sanatorio Bernal S.R.L. vertió sus fundamentos en la pieza de fecha 29/10/2025, la que mereció respuesta de la actora (10/12/2025), quien solicitó la deserción del recurso.
Cuestiona la responsabilidad que se le atribuye, por considerar que la sentencia efectuó una valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba, apartándose de las constancias de la historia clínica y de las conclusiones médicas producidas en autos.
No se encuentra acreditada la relación causal entre la conducta médica y el fallecimiento de la Sra. Hilda Alba Trangoni, ante la ausencia de autopsia o diagnóstico histopatológico que permitiera determinar con precisión la causa de la muerte. Tampoco existe prueba de que la hernia se encontrara complicada ni de que hubiera provocado la descompensación o el deceso.
La ecografía no informó signos de atascamiento, sufrimiento hístico, oclusión intestinal ni colecciones líquidas intraabdominales, extremo también señalado por el perito médico. Ello interrumpe el nexo causal invocado por los actores, por lo que solicita que se revoque la sentencia.
La procedencia y cuantificación de los rubros pérdida de chance, daño moral y daño psicológico también resultan cuestionadas.
Respecto de la pérdida de chance, no se acreditó una conducta imputable al Sanatorio ni el nexo causal necesario para responsabilizarlo. La sentencia confunde las circunstancias personales y laborales de la víctima con la posibilidad de atribuirle el resultado dañoso, sin que los actores hubieran acreditado suficientemente la procedencia del rubro.
También objeta la aplicación de las cargas probatorias dinámicas, por entender que no releva a la parte actora de acreditar los hechos fundantes de su pretensión.
El fallo reconoce la falta de certeza acerca de la causa del fallecimiento y, pese a ello, indemniza una pérdida de chance sin identificar concretamente cuál fue la oportunidad frustrada, incurriendo en un razonamiento contradictorio, dogmático y carente de sustento probatorio.
En cuanto al daño moral, su procedencia y cuantificación se fundan en afirmaciones genéricas y apreciaciones subjetivas del juzgador, sin suficiente apoyo en la prueba producida. El dolor derivado del fallecimiento no puede ser atribuido al sanatorio si no se acredita un obrar antijurídico ni una relación causal con el resultado.
Respecto del daño psicológico, objeta su reconocimiento como partida autónoma. La pericia resulta escueta, genérica y carente de elementos que permitan establecer un diagnóstico clínico preciso, su entidad, duración, tratamiento e impacto funcional.
Tampoco se acreditó una relación directa y exclusiva entre los padecimientos psíquicos y la actuación institucional del sanatorio, debiendo distinguirse el sufrimiento derivado de la pérdida de un ser querido del daño psicológico clínicamente comprobado.
En ausencia de incapacidad psíquica prolongada y suficientemente diagnosticada, su reconocimiento autónomo configura una doble indemnización, pues tales consecuencias deben subsumirse en el daño moral o, en su caso, en la incapacidad sobreviniente.
Impugna la tasa de interés establecida, por considerar que la revocación de la sentencia debe alcanzar también a sus accesorios.
Cuestiona la imposición de costas, por considerar que no se acreditó su responsabilidad ni la procedencia de los rubros reclamados. Solicita que sean dejadas sin efecto o distribuidas conforme al resultado del proceso.
Reserva el caso federal.
5. Agravios de la citada en garantía El Progreso Seguros S.A.
La citada El Progreso Seguros S.A. fundó su recurso mediante el escrito de fecha 04/02/2026, el que recibió réplica de los actores los días 13/02/2026, 16/02/2026 y 18/02/2026, quienes solicitaron la deserción del recurso.
Se queja de que la sentencia haya atribuido responsabilidad al Dr. Víctor Mario Bagú y al Sanatorio Bernal S.R.L. con sustento exclusivo en el dictamen del Dr. Oscar Eduardo Álvarez, pese a las impugnaciones formuladas y a la existencia de otros informes médicos de sentido contrario.
Fueron indebidamente descartados el informe del Colegio Médico suscripto por el Dr. Miguel Ángel Miñones y el dictamen del Dr. Alberto Obregón, integrante del Servicio de Cirugía del H.I.G.A. General San Martín de La Plata, pues ambos profesionales concluyeron que la conducta médica se ajustó a las reglas del arte de curar.
La sentencia otorgó valor concluyente a una pericia controvertida y omitió ponderar pruebas de igual entidad. Además, no se practicó autopsia, no se hallaron vísceras en el saco herniario, la ecografía no informó signos de oclusión intestinal y la paciente falleció por un paro cardíaco y no por una hernia estrangulada.
Objeta la valoración de la culpa médica y de la relación causal, por no existir prueba de que la conducta profesional provocara el fallecimiento; ni haberse determinado la verdadera causa del deceso ni aplicado adecuadamente la teoría de la causalidad adecuada; presumirse indebidamente la culpa profesional y objetivizarse una obligación de medios al juzgar la conducta por el resultado.
Los informes de los Dres. Obregón y Miñones acreditan la corrección de la atención brindada y, frente a opiniones médicas divergentes y tratamientos científicamente aceptados, sólo corresponde atribuir responsabilidad ante un error grave e inexcusable, extremo que entiende no acreditado.
En subsidio impugna la procedencia y cuantificación de la pérdida de chance, el daño moral y el daño psicológico.
Respecto de la pérdida de chance de ayuda económica, entiende que los artículos 1084 y 1085 del Código Civil no resultan aplicables; que no corresponde distinguir entre hijos mayores y menores en materia probatoria; que no se acreditó un perjuicio económico concreto ni una expectativa cierta de ayuda futura, y que el rubro carece de sustento y se superpone con el daño moral.
En cuanto a la pérdida de chance de curación, cuestiona que la sentencia fijara en un 90% la probabilidad de evitar el fallecimiento sin respaldo científico ni estadístico, cuando la indemnización debía limitarse a la probabilidad real de supervivencia frustrada.
Con relación al daño moral, las sumas reconocidas resultan excesivas y carecen de pautas objetivas de cuantificación.
En lo atinente al daño psicológico, la pericia no acredita adecuadamente la relación causal ni discrimina antecedentes o concausas; las lesiones psíquicas no constituyen una categoría autónoma y sólo son resarcibles en su proyección patrimonial, no acreditada en autos.
Cuestiona que la sentencia haya modificado los límites de cobertura y extendido la condena conforme a la cobertura vigente al momento del efectivo pago.
El fallo sólo examinó el límite invocado por Paraná S.A. de Seguros, omitió analizar la póliza de El Progreso Seguros S.A. y aplicó indebidamente el precedente "Martínez c/ Boito", referido al seguro obligatorio automotor, a un seguro voluntario de responsabilidad civil médica.
No existe cobertura mínima obligatoria ni suma vigente para este tipo de seguros; El Progreso Seguros S.A. ya no opera en ese ramo; y la sentencia impone una obligación de imposible cumplimiento. Deben respetarse los límites contractuales autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme a la autonomía de la voluntad, la equivalencia entre prima y riesgo y la doctrina de la Corte Suprema sobre la oponibilidad de la suma asegurada.
La suma asegurada constituye una deuda de dinero que no admite actualización monetaria, sin perjuicio de los intereses correspondientes. Solicita que la condena se limite a la suma pactada, con más intereses y costas proporcionales. Subsidiariamente, pide la aplicación del límite del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil previsto por la Resolución 551/24 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Con fecha 04/03/2026 tomó intervención la sindicatura designada en los autos "Sanatorio Bernal S.R.L. s/ Concurso Preventivo (Grande)", expediente n.° 22.939, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 9 Departamental.
Los sucesores del demandado fundaron su recurso mediante el escrito de fecha 25/03/2026, el que mereció réplica de la parte actora el 01/04/2026, quien además solicitó la deserción del recurso.
Se agravian de que la sentencia haya atribuido responsabilidad al Dr. Víctor Mario Bagú con fundamento exclusivo en el dictamen del Dr. Oscar Eduardo Álvarez, pese a sus contradicciones y a los informes de los Dres. Miguel Ángel Miñones y Alberto Obregón, quienes concluyeron que la reducción herniaria y la atención brindada se ajustaron a las reglas del arte de curar.
La sentencia confundió una hernia atascada con una estrangulada, cuando sólo esta última requería cirugía inmediata. La ausencia de vísceras en el saco herniario, la inexistencia de signos de oclusión intestinal en la ecografía, la recuperación del tránsito intestinal y la evolución posterior acreditan el éxito de la maniobra de taxis y descartan estrangulación, necrosis, infección, sepsis o shock séptico abdominal.
Tampoco se acreditó la causa científica del fallecimiento ni su relación causal con la atención médica, pues no se practicó autopsia y los estudios cardiológicos resultan compatibles con una isquemia miocárdica aguda severa de origen cardiogénico.
Concluyen que la sentencia objetivizó la responsabilidad médica al inferir culpa a partir del resultado, sin valorar las circunstancias existentes al momento de la atención, pese a que la actuación del médico demandado fue prudente, diligente y conforme a la lex artis.
En subsidio, impugnan la procedencia y cuantificación de la pérdida de chance, el daño moral y el daño psicológico.
Respecto de la pérdida de chance de ayuda económica, no se acreditó una probabilidad cierta de asistencia futura ni un perjuicio patrimonial efectivo, pues la sentencia se apoyó en presunciones propias del daño moral sin ponderar los ingresos, gastos, expectativa laboral ni proyección económica de la víctima.
Cuestionan especialmente la indemnización reconocida a la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros por la guarda de sus hermanos, al no haberse demostrado
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.