Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 37970
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada de fs. 399/400 (17-10-2018), con costas de Alzada al apelante vencido.
San Isidro, 17 de diciembre de 2018.
I. La resolución de fs. 399/400 del 17-10-2018, efectuó el prorrateo previsto por el art. 730 del CCCN.
Este pronunciamiento fue apelado por el letrado de la parte actora el 17-10-2018, con fundamento en su memorial del 24-10-2018, cuyo traslado fuera respondido por la citada en garantía el 6-10-2018; y por el perito médico Manuel Lessa el 30-10-2018, habiendo fundado el recurso en el mismo escrito de apelación.
Se agravia el letrado de: a) la inclusión de los honorarios del mediador en el prorrateo; b) omisión de considerar el tope del 25% cada deudor; c) extemporaneidad del planteo d) arbitrariedad al realizar el cálculo de oficio y II) inconstitucionalidad de la norma.
Adelantando el criterio a adoptar, ninguno de los embates merecen ser de recibo
Se agravia el apelante de la inclusión de los honorarios de la mediadora Dra. Celia Pombo. Interpretamos que estos gastos deben ser incluidos en la costas del juicio, pues de lo contrario, de considerarse que por su carácter de prejudiciales no están comprendidos, podría eventualmente resultar desproporcionados con los del letrado de la actora si alcanzados por el prorrateo. Así lo ha decidido recientemente la Sala II de esta Alzada al sostener que los honorarios del mediador integran el prorrateo (CACC San Isidro, sala II, causa nº 23.719, rsi nº 490 del 17-10-2018, CNCiv., sala C, causa nº 67.175, del 22-09-2015; idem CNCiv., sala H, causa nº 34.335, del 11-09-2015). De tal modo debe desestimarse esta parcela del agravio.
IV. Tope del 25% del prorrateo por litisconsorte.
Esta Sala ya ha señalado citando un fallo de la Suprema Corte de Justicia que el 25% establecido como límite por el art. 505 del Código Civil (730 del CCCN) comprende a la totalidad de los litisconsortes causa (Ac. 75.597, del 22-10-2013).
En el fallo citado el Alto Tribunal ha destacado que: "..en el caso corresponde limitar la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados, en los términos del art. 505 -esto es, sólo los pertenecientes a primera instancia y sin tener en consideración los incidentes incoados" (conf. J. W. Peyrano, “Análisis provisorio de aspectos procesales de la ley 24.432”, en “La Ley”, 1995-C-855, en esp. p. 856; “La Ley 24.432, un intento de aliviar las cargas económicas de los litigantes”, en “El Derecho”, 162-1155, en esp. p. 1156)- hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del juicio respecto de todos los litisconsortes, y no fijar dicho tope individualmente para cada uno de ellos. En ese orden prosigue el voto del Dr. Pettigiani "encuentro quebrantado por la alzada la norma en cuestión al realizar una incorrecta aplicación de la misma (art. 289, C.P.C.C.). Ello así pues, uno de los aspectos del fundamento de la acumulación subjetiva de acciones, reside en que dicho instituto procesal y, como lo sostiene Alsina, “responde a un principio de economía procesal en cuanto varias demandas unidas en un solo procedimiento, exigen una actividad mucho menor que si fuesen examinadas y decididas en juicios separados” (“Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, t. I, segunda edición, Ediar, Bs.As., 1956, p. 546; conf., en materia de costas en litisconsorcio, Cám. Nac. Civ., Sala E, sent. del 24-VIII-1962, en “La Ley”, 108-826; causa de esta Sala nº 35.962 rsi nº 593 del 12-12-2017).
De lo aquí expuesto, se desprende que el 25% de las costas alcanza a la totalidad de los demandados en conjunto, debiendo por lo tanto desestimarse los agravios.
Esta Sala el 14-8-2018 señaló con claridad que el prorrateo debía realizarse en la instancia de origen. El 17-8-2018 la citada en garantía reiteró la solicitud y el juzgado el 21-08-2018 dispuso que se efectuara aquél. Luego del recurso de queja deducido por el letrado el 5-9-2018, la providencia del 21-8-2018 quedó firme al desestimarse la queja por este Tribunal el 2-10-2018. Devuelta la queja, la obligada al pago solicitó el 11-10-2018 (fs. 398) que se aplicara el prorrateo, lo que realizó el juzgado el 17-10-2018 (fs. 399/400). Por ello no se advierte que resulte extemporáneo el planteo.
A mayor abundamiento debe desestimarse el fundamento sostenido por el quejoso en el sentido que los honorarios se encontraban firmes pues, a tal conclusión se arriba por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal ha señalado que la normativa cuestionada tiene un inequívoco sentido de incorporar una limitación con respecto al daño resarcible que debe afrontar el deudor. Esa decisión se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando "la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos" (conf. mensaje del Poder Ejecutivo, antes citado). "La elección entre el presente u otros medios posibles y conducentes para tales objetivos constituye una cuestión que excede el ámbito del control de constitucionalidad y está reservada al Congreso (CSJN A.151 XXXVIII in re "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104S.A. s/ accidente - ley 9688") y en igual sentido (CSJN del 27-5-09 in re "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ acc. - ley 9688). Que en tanto la norma tachada de inconstitucional sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos, no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley". Lo contrario importaría consagrar -con relación a este excedente- una obligación sin sujeto pasivo alguno, lo que equivale al desconocimiento del derecho creditorio y, en la práctica, a una efectiva reducción de los emolumentos profesionales, resultado ajeno al propósito del precepto sub-exámen (causa de esta Sala º 35.692, rsi nº 593 del 12-12-2017).
Por último el artículo 730 del CCCN, no fija limite alguno para su aplicación, por lo que este agravio correrá la misma suerte que los anteriores, desestimándoselo.
VI. Confección del prorrateo de oficio.
Tiene dicho este Tribunal que es su atribución examinar la procedencia del recurso de apelación concedido en la primera instancia, lo que debe hacerse oficiosamente y con prioridad respecto del análisis de la cuestión a decidir, en virtud del orden público de las reglas que gobiernan la materia, sin estar obligada ni por la voluntad de las partes ni por la concesión hecha por el juez de primera instancia (art. 271 del CPCC; Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación; Abeledo-Perrot, 1996, 2 ed. T III, pág. 392). Ello legitima la actuación de oficio de las facultades indicadas y por lo tanto puede determinar, si quien interpuso el recurso de apelación es parte, tiene interés en su interposición y si ha sido deducido en término (SCBA. Ac. y Sent. 1971, v.II, p, 166; 1976, v.III, p. 454 o DJBA, v. 111, p. 57; v. 126, p. 185; Morello, op. cit. p. 393; causas de esta Sala I, 14.481, reg. sent. int. del 12-5-2016; 64.094, reg. int. nº 494 del 13-10-2015, 62.908, reg. sent. int. 441 del 17-10-2014; AI-SI-47917-8, 02-8-2012 entre otras; Morello, obra cit. pág. 395).
En virtud de ello, como juez del recurso de apelación, puede rever el trámite seguido en primera instancia, tanto en lo relacionado con su concesión, como en lo referente a la presentación de los memoriales (causas citadas).
Este Tribunal ha dicho que constituye un presupuesto objetivo de admisibilidad del recurso de apelación, que el legitimado que lo interponga sufra un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico de los actos procesales de parte, cual es el interés (Morello..., ob. cit., Tº III, pág. 120, causas nº 67.103 r.i. 467/95, 77.659 r.i. 532/98, 98.343, 108.137 entre muchas otras).
Más allá que la norma en cuestión señala expresamente que "el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios" y este fundamento bastaría por si sólo para el rechazo (SCBA Ac. 112.988 del 17-4-2013), lo cierto es que el quejoso no achaca ningún error, al cálculo efectuado por el Sr. Juez de Primera Instancia, el que por otra parte revisado por esta Alzada, se encuentra ajustado a derecho.
De todo lo expuesto, se infiere que también ha de ser rechazado el agravio.
VII. Inconstitucionalidad del art. 730 del CCCN.
Nuestra Suprema Corte de Justicia se ha expedido en numerosas oportunidades al respecto citando a su vez al Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquella ha señalado: "Ahora bien, con fecha 28 de julio de 2004 el más Alto Tribunal del país -con los mismos miembros (a excepción del ex ministro doctor Belluscio), a los que conforman su integración actual- al fallar en la causa "Fox Héctor Raúl c. Siderca S.A.C.I." se expidió -por mayoría- sobre la naturaleza común del dispositivo en estudio. En efecto, remitiendo al dictamen del Procurador Fiscal, ese órgano judicial, refiriéndose al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, expresó que tal dispositivo legal no avanza -como lo había juzgado esta Corte bonaerense en el pronunciamiento recurrido-, sobre el modo regulatorio imponiendo pautas a las provincias, sino que establece límites a la responsabilidad para el pago de las obligaciones que se devenguen de las costas, constituyendo materia básicamente común, legislada por la Nación en el marco de las facultades conferidas por el art. 67 inc. 11 -hoy art. 75 inc. 12- de la Constitución nacional, correspondiendo brindar acatamiento a las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (causas 84.329 B. 58.634, sent. del 12-IX-2001; Ac. 85.566, sent. del 25-VII-2002; L. 75.144, sent. del 26-II-2003; Ac. 86.221, res. del 19-III-2003; Ac. 86.648 res. del 27-VIII-2003; Ac. 89.988, res. del 1-III-2004; Ac. 91.478, sent. del 5-V-2004, entre muchos otros.
Conforme la doctrina señalada, debe también rechazarse este embate.
Apela el perito la resolución argumentando la inconstitucionalidad de la norma. Habiendo sido tratado esta cuestión en el punto VII, nos remitimos a lo allí decidido.
No hallando razones para apartarnos del principio objetivo de la derrota, las costas de alzada deben imponerse a los apelante vencidos (arts. 68 y 69 del CPCC).
Por todo ello este Tribunal, Resuelve:
Confirmar la resolución apelada de fs. 399/400 (17-10-2018), con costas de Alzada al apelante vencido.
Regístrese y devuélvase.
Se deja constancia que el Dr. Hugo O.H. Llobera no firma el presente acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 36 ley 5827).
Carlos Enrique Ribera Jorge L. Zunino
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia