Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa SI 34812 10
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los ... días de Febrero de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O. H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “CHAZARRETA ALEJANDRO OMAR y otro/aC/ SPAGHI JOSEFINA y otro/a S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor LLobera, dijo:
El día 5-4-2010, siendo las 12 horas, Alejandro Chazarreta conducía el vehículo Chevrolet C-10, dominio VCQ 564, por el camino del Buen Ayre, en la localidad de Boulogne, Partido de San Isidro; lleva abordo a María Gabriela Díaz y a su hija Candela Belén Chazarreta. Cuando se encontraban próximos a la intersección con la Autopista Panamericana, fueron embestidos en su parte trasera por el rodado Peugeot Partner, dominio GDE 291, propiedad de Juan Ignacio Villalba, conducido por Josefina Spaghi, quien circulaba a alta velocidad. Como consecuencia del impacto sufrieron las lesiones y los daños por los que reclaman (fs. 27 a 37).
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Alejandro Omar Chazarreta y María Gabriela Díaz. Condena a Josefina Spaghi y Juan Ignacio Villalba a abonar a los actores las sumas de $ 216.360 y de $ 304.800 respectivamente, con más los intereses que establece a la tasa denominada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires como "Tasa pasiva-Plazo fijo Digital” a 30 días desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago. Desestima la excepción de falta de legitimación pasiva y hace extensiva la condena a QBE Seguros La Buenos Aires S.A., en la medida del seguro. Impone las costas a los demandados y difiere la regulación de honorarios.
El decisorio rechaza la reconvención intentada por los accionados Josefina Spaghi, Juan Ignacio Villalba y CEAMSE; en consecuencia, también desestima la citación en garantía de San Cristóbal SMSG y de Provincia Seguros S.A. (fs. 1034 a 1052).
Los actores apelan el fallo mediante escrito electrónico -en adelante ee- (ee-21-6-2018 2.15 p.m.) y expresan agravios (fs.1076) los que no merecieron respuesta de los accionados.
La aseguradora apela la sentencia (ee-14-6-2018 19.39) y concedido el recurso expresa agravios (fs. 1078), los que son contestados por los reclamantes (fs.1080).
a. El planteo
La parte actora en su escrito inicial y luego de la presentación de la demandada solicita la citación en garantía de HSBC La Buenos Aires Seguros S.A., luego “QBE Seguros La Buenos Aires S.A.”, en virtud de la póliza N° APR1-00-006658-006789 (fs. 27 a 37, 75 y 283).
El Magistrado ordena correr el traslado junto con la contestación de la demanda (fs. 76).
La aseguradora se presenta y opone la excepción de falta de legitimación pasiva. Reconoce que con fecha 14-2-2007, en el marco de un contrato de prenda entre Juan Ignacio Villalba y el Banco HSBC Bank, emitió la póliza N° APR1-00-006658-0000. Admite que dicho contrato de seguro amparaba al demandado por los riesgos de responsabilidad civil por daños, que produjese el vehículo Peugeot Partner dominio GDE-291. Sin embargo, afirma que su vigencia lo fue desde el 14-2-2007 hasta el 21-2-2010; es decir, hasta dos meses antes de producido el siniestro, por lo cual el contrato oportunamente celebrado había quedado nulo y sin valor a partir de dicha fecha. Sostiene que al día del hecho (5-4-2010) no existía póliza alguna emitida por su parte a favor de los accionados, que cubriera los eventuales daños que pudiera producir el rodado referido. Ofrece la prueba pericial contable a fin de acreditar lo expuesto (fs. 96 a 117).
El Magistrado entendió que habiendo reconocido la existencia de una póliza con relación al vehículo del demandado y refiriendo que no tenía vigencia al tiempo del accidente, le correspondía a dicha parte producir la prueba pertinente a fin de acreditar la circunstancia que la eximía de responder. Ponderó el comportamiento adoptado por la aseguradora ante la denuncia de siniestro efectuada por el asegurado. Valoró que fue declarada negligente en la realización de la pericial contable y que no produjo ninguna otra que acreditase que, a la fecha del hecho, el accionado carecía de cobertura. Por todo ello desestimó la defensa opuesta.
La aseguradora se agravia de tal decisión. Para sustentar su recurso argumenta:
Que el Magistrado incurrió en un error al entender que debía cumplir con la obligación de expedirse en razón de lo normado por el art. 56 de la Ley de Seguros, aplicando la consecuencia de la aceptación tácita de la cobertura respecto del siniestro denunciado, cuando en realidad se trata de un caso de no seguro; ello significa, a su entender, la inexistencia de cobertura por haber caducado la vigencia de la póliza contratada por Juan Ignacio Villalba.
Que, la inexistencia de cobertura denunciada en el expediente, para resultar operativa, no requiere de rechazo expreso por medio de misiva, ya que es una causal objetiva de exclusión; se trata de un supuesto de no seguro; no había cobertura ni derecho a favor del asegurado que debiere excluirse o rechazarse.
Que la carta documento enviada al asegurado se hizo en virtud de la buena fe de la compañía para con el asegurado y la correcta información respecto de la no cobertura de la póliza APR1-6658, ya que ésta poseía vigencia hasta el día 21-2-2010.
Que también se equivocó al considerar que su parte no produjo prueba alguna a fin de acreditar que, a la fecha del hecho, la demandada carecía de cobertura, pues expresó con total convencimiento que el contrato que unía al demando con su parte había quedado sin efecto a partir del 21-2-2010.
Que, al haber invocado la demandada la citación y alegado una cobertura de seguro, la cual fue controvertida, era ésta quien debía probarla.
Que la accionada, al otorgarse el traslado de la contestación y a lo largo del proceso, no aportó ningún medio probatorio para demostrar la cobertura controvertida por su parte, por lo que no fue necesaria la producción de la pericial contable propuesta para el caso de insistencia en la citación.
Que la interesada no acompañó copia de la póliza ni de los comprobantes de pago, a pesar de haber sido intimada al contestar la citación.
Que cada uno de los litigantes debe probar los extremos fácticos de las normas que invocan -y que pretenden subsumir- como sustento de su pretensión, defensa o excepción; es decir, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo.
Pide que se haga lugar a la exclusión de cobertura por acaecimiento de la citada causal objetiva: extinción del plazo del contrato; solicita que, en consecuencia, se rechace la extensión de la sentencia a su respecto y se impongan las costas a la vencida.
Los actores al responder los agravios, sostienen que la citada en garantía reconoció inicialmente la existencia de un contrato de seguro respecto del vehículo del demandado y por ello le correspondía acreditar que tal contrato no tenía vigencia a la fecha del siniestro. Hace hincapié en que la apelante fue declarada negligente en la producción de la prueba pericial contable. Sostiene que la contraria limita la discusión a si su silencio, implicó o no una aceptación del derecho del asegurado en los términos del art. 56 de la ley 17.418, en adelante LS, pero la cuestión se torna abstracta, en tanto la recepción de la denuncia y la carta documento enviada al asegurado son apenas indicios que corroboran la conducta asumida por la aseguradora. Solicita que se confirme el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, con costas.
b. El análisis
i. El contrato de seguro.
Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto (art. 1 L.S. – B.O. 16-9-1967. En particular, en el contrato de seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en éste, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido (art. 109 LS).
En cuanto al plazo la LS establece que “Se presume que el período de seguro es de un año, salvo que por la naturaleza del riesgo la prima se calcule por tiempo distinto” (art. 17 LS). Y “La responsabilidad del asegurador comienza a las doce horas del día en el que se inicia la cobertura y termina a las doce horas del último día del plazo establecido, salvo pacto en contrario” (art. 18 LS).
De tal modo los derechos y obligaciones de las partes se ciñen a la vigencia de contrato. En el supuesto traído a esta Instancia, la aseguradora manifestó que el seguro contratado lo había sido con motivo de un mutuo prendario celebrado entre el demandado Villalba y un banco, estableciéndose un plazo de vigencia que se extendía desde el 14-2-2007 y hasta el 21-2-2010.
En consecuencia, desde su perspectiva y de acreditarse tal circunstancia referida al plazo, el siniestro que origina estos actuados habría tenido lugar luego de extinguido el contrato por el mero transcurso del tiempo. En virtud de ello la citación de la aseguradora apelante resultaría improcedente, pues sencillamente no habría contrato de seguro al tiempo del hecho que la vinculase con el accionado.
Existe jurisprudencia de la Suprema Corte que exime a la aseguradora de su obligación de expedirse ante la denuncia del siniestro por el asegurado cuando el contrato no se encuentra vigente, aún si ello es por falta de pago del premio. Así ha dicho nuestro Superior que “… la obligación que el art. 56 de la llamada ley 17.418 impone al asegurador de pronunciarse acerca del derecho del asegurado, supone la vigencia de la cobertura por lo que no es invocable el eventual incumplimiento de esa obligación cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía… (arts. 31 y 56, ley 17.418; Ac. 57.614, sent. del 27-XII-1996; Ac. 62.862, sent. del 7-VII-1998; Ac. 66.487, sent. del 20-IV-1999 en "D.J.B.A.", 156-85; Ac. 85.879, sent. del 1-IX-2004; entre otras). También se ha dicho que la recepción de la denuncia y de los pagos efectuados después del vencimiento no tiene otro alcance para la aseguradora que la rehabilitación de la póliza, pero no purga con retroactividad los efectos de la suspensión de la cobertura (conf. causas Ac. 47.442, sent. del 1-VII-1995; Ac. 85.879, sent. del 1-IX-2004, cit.; C. 96.827, sent. del 13-II-2008; etc.), por lo que debe estimarse lo argumentado en torno a la violación de la norma citada y de la doctrina legal invocada (v. fs. 688/690).” (SCBA, LP, C 103.615, S 28-12-2010, “Brusa, Amelia c/Gennoso, Mauricio y otro s/Daños y perjuicios”, JUBA; SCBA, LP, C 97.194, S 18-2-2009, “Campas, Carlos José c/Gutiérrez, Ernesto Luis y otros s/Daños y perjuicios”, JUBA).
Ahora bien, el caso que nos ocupa se presenta de un modo diverso a dicha jurisprudencia, desde el momento que la sociedad de seguros reconoce que hubo un seguro que la vinculaba con el demandado pero que el plazo de vigencia se hallaba extinguido, esto es, que el contrato había concluido por el mero transcurso del tiempo pactado.
De tal modo lo que corresponde analizar aquí es si se ha acreditado la extinción del contrato cuya celebración admitió la citada al tiempo de comparecer en estos actuados.
ii. La actitud de la apelante en la producción de la prueba.
Aprecio que, en el caso, si la aseguradora admitió la celebración de un contrato de seguro, pero invoca que, al tiempo de ocurrir el accidente, el plazo se hallaba vencido y por tanto no había póliza que brindase cobertura alguna, es ella quien debía acreditar tal circunstancia extintiva.
Es que la carga de la prueba radica de modo primordial sobre quien afirma la existencia de un hecho o sus circunstancias, tal como en este supuesto lo es el plazo contractual (art. 375 CPCC).
Dado la situación procesal de la citada en garantía en un proceso de daños, nadie mejor que ella para justificar, tanto ante el asegurado como ante el tercero damnificado que el plazo por el cual había comprometido su prestación se hallaba vencido al tiempo del hecho.
Si bien concuerdo con la apelante, en cuanto a que el vencimiento del plazo conforma un hecho objetivo que la excluiría de responder, no puede pasarse por alto que ninguna actividad procesal ha desplegado a fin de acreditarlo.
La circunstancia alegada pudo ser acreditada con la presentación de la correspondiente póliza y también con la pericial contable. No obstante, nada de ello ha tenido lugar en estos actuados. Es más, la aseguradora ha sido declarada negligente en la producción de la prueba pericial la cual bien pudo definir la cuestión arrojando claridad sobre una circunstancia controvertida, o al menos alegada como obstáculo a la obligación de resarcir que normalmente le cabe a la sociedad de seguros (fs. 542).
A diferencia de los precedentes de la Suprema Corte arriba citados, en este caso la citada en garantía reconoció, al presentarse en autos, que celebró un contrato de seguro con el demandado Villalba y que se instrumentó mediante la póliza nº APR1-00-006658-0000. Asimismo, admitió que tal contrato brindaba cobertura por responsabilidad civil frente a terceros por los daños que generase el automotor Peugeot Partner. Sin embargo, la aseguradora opone la defensa de no seguro; afirma que la póliza no tenía vigencia a la fecha del evento.
Por ello y como lo he referido más arriba, siendo la intención de la citada en garantía excusarse de la cobertura mediante la excepción de falta de legitimación pasiva, por haber concluido el plazo de vigencia del contrato, a la fecha del siniestro, pesaba sobre ella probar tal circunstancia (SCBA, LP, C. 100.381, S 10-12-2008).
Sin embargo, como se ha visto, ninguna prueba se ha producido al efecto.
Por otra parte, la aseguradora adjuntó la denuncia del siniestro formulada por el demandado (fs. 283), la cual no mereció ninguna respuesta de su parte. Y si bien el Superior Provincial ha dicho, conforme el fallo arriba citado, que no tiene obligación de expedirse cuando no hay seguro, en este caso, habiéndose reconocido su concertación previa, a ella le correspondía acreditar que el plazo había finalizado.
Asimismo, advierto al presentarse a contestar la citación, no desconoció de manera expresa la copia de la carta documento agregada con la contestación de demanda efectuada por Josefina Spaghi (fs. 55 y 997), de la cual surge que el asegurado Villalba la ponía en conocimiento del accidente que nos ocupa. Nótese que tampoco obra en el proceso la carta documento que -según afirma en la expresión de agravios-, le habría enviado al asegurado, a fin de poner en su conocimiento la no cobertura de la póliza APR1-6658, cuya vigencia dice que había concluido el día 21-2-2010.
La recurrente cuestiona la aplicación del citado art. 56 para el supuesto que nos ocupa. Al respecto ya he mencionado la doctrina actual de la Corte Provincial, en el sentido que la obligación de expedirse acerca del derecho del asegurado impuesta en tal precepto supone la vigencia de la cobertura, por lo cual no sería invocable el eventual incumplimiento de esa obligación cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía (arts. 31 y 56, ley 17.418; Ac. 57.614, sent. del 27-12-1996; Ac. 62.862, sent. del 7-VII-1998; Ac. 66.487, sent. del 20-4-1999; Ac. 85.879, sent. del 1-9-2004; C. 103.615, sent. del 28-12-2010; 120.517 del 7-6-2017). En el caso no estamos ante un supuesto de falta de pago del seguro, sino, sencillamente de su inexistencia al tiempo del siniestro por vencimiento del plazo, pero esto último no ha sido probado y quien tenía el mayor interés en demostrarlo no sólo no ha producido prueba, sino que fue declarada negligente al respecto.
La pericial contable pudo permitir que se conocieran los asientos de los Libros Contables los cuales hubieran dado cuenta del registro de pólizas emitidas y su vigencia.
En mi opinión, tales probanzas no fueron obtenidas debido a la exclusiva responsabilidad de quien plantea la defensa, por cuanto dado su posición en la relación jurídica, contaba con las mayores posibilidades de acercar los elementos de convicción que arrojasen luz sobre el hecho alegado. Las consecuencias negativas de ese incumplimiento no pueden pesar sino sobre quien, no sólo tenía a su cargo la prueba, sino que, además, era quien se encontraba en mejores condiciones para aportar tales elementos (art.375, CPCC) y de modo especial ante el tercero reclamante, pues éste al no ser parte en el contrato sin duda se halla en desventaja frente al asegurador para justificar los reales alcances del contrato habido entre el demandado y la citada.
En definitiva, no se ha acreditado que el plazo de vigencia del seguro de responsabilidad civil se hubiera extinguido el 21-2-2010, por lo cual, no cabe más que desestimar el agravio.
c. Propuesta al Acuerdo
En virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por el arts. 1, 17, 18 109, 118 y conc. de la LS; y arts. 375, 384, 474 y conc. del CPCC, propongo al Acuerdo confirmar lo decidido en la instancia de origen.
a. El planteo
El Sentenciador, luego de analizar el informe médico, decidió fijar la suma de $ 96.000 y 160.000 para reparar la minusvalía física que afecta a los actores.
Los requirentes se quejan porque entienden que la indemnización estipulada resulta insuficiente al no contemplar la real magnitud de las lesiones y las secuelas sufridas en el siniestro. Desatacan los porcentajes de incapacidad que determinó el perito para cada uno de ellos (12% y 20% a nivel físico; 10% y 10% a nivel psicológico); también la necesidad del tratamiento terapéutico. Piden que se consideren las secuelas psíquicas consolidadas y que se eleven los montos aplicando un valor actualizado.
La aseguradora cuestiona la procedencia de la incapacidad psicológica establecida en la sentencia, impugna la cuantía indemnizatoria porque la considera excesiva y pide su reducción a sus justos límites.
b. El análisis
i. El daño físico
El daño está configurado por una lesión, que se define como una alteración a la contextura física y/o psíquica. En el primer supuesto comprende las contusiones, escoriaciones, heridas, mutilaciones y fracturas en general, alcanza todo deterioro en el aspecto físico o mental de la salud, aunque no medien alteraciones corporales.
Lo indemnizable es el daño que se traduce en una disminución de la capacidad de la persona en sentido amplio, que comprende la aptitud laboral y los restantes aspectos de su vida social, cultural, deportiva, etc. (art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, en adelante CCCN, arts. 1086 del C. Civil; en similar sentido arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1746 del CCCN).
Es decir, que las afectaciones dan lugar a una indemnización en la medida que ellas importen una disminución de las funciones, sin que estas deban considerarse nada más que desde la óptica del trabajo, sino desde la plenitud psico-física de la que todo ser humano debe gozar como persona conforme al orden natural (Const. Nacional, art. 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, art. 5.1, CPBA, arts. 10, 12 y 15).
ii. Daño
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.