Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa SI 17918 2015
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los ... días de febrero de 2019 se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “GASPARINO MARIA FLORENCIA C/ ROJAS MARCELO FABIAN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. LLobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor LLobera dijo:
Según ha quedado acreditado en estos actuados, el día el 16-10-2014, siendo aproximadamente las 10.20 horas, la actora se desplazaba a bordo de una motocicleta conducida por Diego Fausto Carvotta, por la Av. Perón de la localidad de Victoria, Partido de San Fernando, y cuando estaban por llegar a la intersección con la calle Simón de Iriondo, fueron embestidos por el interno 6081 de la línea 60, conducido por el demandando, quien los sobrepasó por la izquierda y luego de superarlos, en forma antirreglamentaria y sin aviso, se arrimó al cordón de la vereda y frenó de manera brusca delante de la motocicleta. Ante dicha circunstancia el conductor de la moto efectuó una maniobra de esquive, pero perdió el control y se cayeron contra el pavimento, lo cual le ocasionó las lesiones por las que reclama (fs. 16 a 26).
El Magistrado de la anterior instancia admite la demanda promovida por María Florencia Gasparino contra Marcelo Fabián Rojas y Microómnibus Norte S.A. (MONSA), a quienes condena al pago de la suma de $ 196.800 en concepto de indemnización, con más sus intereses. Estos deberán liquidarse desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva en operaciones de depósito a 30 días que ofrece el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través del sistema Banca Internet Provincia (variante denominada digital). Impone las costas a los demandados y hace extensiva la condena a Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, según los términos de la póliza (fs.356 a 366).
La demandante apela el fallo mediante escrito electrónico –en adelante ee- (10-10-2018 5.47 p.m.) y expresa agravios (fs. 270), los que son contestados por los accionados (fs. 276).
La demandada y la citada en garantía apelan la sentencia (ee 10-10-2018 12.37 p.m.) y expresan agravios (fs. 274), los cuales merecieron la respuesta de la contraria (fs. 277).
La cuestión relativa a la ocurrencia del hecho y sus circunstancias, tal como lo resolvió el Magistrado de la anterior instancia no ha sido motivo de agravio por las partes. En virtud de ello el análisis de las cuestiones traídas por los apelantes, que más abajo serán consideradas, parten de los referidos hechos probados y la firmeza de la decisión a su respecto.
Asimismo, atento la fecha de ocurrencia del accidente y no hallándose el caso comprendido en las excepciones contempladas por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación – en adelante CCCN -, la solución de las cuestiones lo serán en base al Código Civil (ley 340 y modificatorias) entonces vigente.
a. El planteo
El Sentenciador consideró prudente establecer la suma de $ 96.000 para reparar la minusvalía física que afecta a la actora.
La reclamante se agravia por el valor otorgado. Sostiene que el Magistrado no ponderó en debida forma todas las consecuencias, padecimientos y limitaciones que ha sufrido y padecerá a raíz del grado de incapacidad que determinó el perito en un 10%. También se queja porque omitió considerar el daño psíquico el cual le ha generado una incapacidad permanente del 6% y sólo se limitó a fijar un monto por su tratamiento. Afirma que poseen una entidad distinta, pues una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado psíquico. Cita doctrina y jurisprudencia que avala su postura y pide que se incluya en esta partida y se eleve el importe indemnizatorio a fin de su reparación integral, en conjunto con la suma establecida para la psicoterapia.
La demandada y la aseguradora se quejan porque la cifra establecida es excesiva y configura un enriquecimiento sin causa. Señalan que en la demanda no se denuncia ninguna actividad productiva y tampoco ha dicho nada en relación a las condiciones económicas de la demandante, a su vida social o deportiva, lo que nos lleva a determinar que, en el caso de acreditarse una incapacidad, ésta debe fijarse sobre bases mínimas, para lo cual deberá tenerse en consideración sólo su edad. Solicitan que se reduzca el monto a sus justos términos.
b. El análisis
i. El daño psico-físico
El daño está configurado por una lesión, que se define como una alteración a la contextura física y/o psíquica. En el primer supuesto comprende las contusiones, escoriaciones, heridas, mutilaciones y fracturas en general, alcanza todo deterioro en el aspecto físico o mental de la salud, aunque no medien alteraciones corporales.
Lo indemnizable es el daño que se traduce en una disminución de la capacidad de la persona en sentido amplio, que comprende la aptitud laboral y los restantes aspectos de su vida social, cultural, deportiva, etc. (C. Civil, art. 1086; en similar sentido CCCN, arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1746).
Es decir, que las afectaciones dan lugar a una indemnización en la medida que ellas importen una disminución de las funciones, sin que estas deban considerarse nada más que desde la óptica del trabajo, sino desde la plenitud psico-física de la que todo ser humano debe gozar como persona conforme al orden natural (Const. Nacional, art. 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, art. 5.1, CPBA, arts. 10, 12 y 15).
ii. Daño psicológico
El daño psicológico no constituye un capítulo independiente del daño moral o del material, sino una especie del uno o del otro.
Las diferentes afecciones que puede sufrir la víctima en su integridad psicofísica se resumen en una determinada incapacidad de la persona, la que no está conformada por estancos separados sino íntimamente vinculados. Dado esa característica esencial de la persona, cuando se evalúa su minusvalía deberán tomarse en cuenta todos los factores que la conforman.
En este sentido, aprecio que es correcta la posición que señala que la incapacidad psicológica no es un daño resarcible en forma autónoma, sino que se halla comprendida en el daño material o moral según el caso.
En efecto, el daño psíquico puede traducirse en un perjuicio material, por la repercusión en el patrimonio o bien en un daño extra-patrimonial o moral, por los sufrimientos que haya producido.
Por esta razón el daño psicológico, en tanto se pruebe su carácter irreversible, debe ser tratado como incapacidad sobreviniente. De no ser así habrá que tenerlo en cuenta al considerar el daño moral, sin perjuicio del tratamiento de recuperación que se imponga.
De lo contrario, si se tomasen como elementos independientes y se determinara la incapacidad total por la simple suma de ambos componentes, en ciertos casos podría arribarse a resultados que superarían el 100% de la capacidad de la persona, aun aplicando el método de la capacidad restante.
Lo expresado avala, en mi criterio, que el daño psíquico no sea considerado a los fines del resarcimiento como un rubro autónomo y que en cambio se confiera lo necesario para su tratamiento.
iii. Determinación pericial
A efectos de determinar la existencia de una lesión y la medida en que ella incide en la plenitud de la persona, se hace necesario recurrir a la prueba pericial médica y psicológica en su caso.
En esta materia, corresponde atenerse a las conclusiones del informe del perito designado en la causa.
No obstante, es sabido que el dictamen pericial no es vinculante para el juez. Por ello, podrá apartarse en forma total o parcial de sus términos cuando, tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que fundamenta su opinión, la concordancia de su aplicación con los principios de la sana crítica, en su caso las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa, lo lleven a la convicción de que la pericial no reviste la solidez científica para ser tomada como elemento de prueba (CPCC, art.474).
Los peritos son auxiliares de la justicia cuya misión consiste en contribuir a formar la convicción del magistrado quien no está obligado por las conclusiones de la pericial, la cual es sólo un elemento informativo sujeto a su apreciación (ver doctrina sobre el valor de la prueba pericial, SCBA, LP, P 125.564, S 21-6-2018, “Altuve, Carlos Arturo S/ Recurso de Queja”, JUBA). Sin embargo, ello no significa que pueda apartarse en forma arbitraria de la opinión fundada del perito idóneo por ser el profesional idóneo para expedirse sobre cuestiones técnicas y científicas que exceden los conocimientos y competencias del magistrado.
El informe pericial podrá ser desechado por el juez en todo o en parte, pero para ello en necesario que invoque razones muy fundadas, por cuanto el conocimiento que tiene el perito sobre su materia específica excede al de quien sólo tiene una formación jurídica.
En el caso de autos, el perito médico luego de examinar a la actora y evaluados los exámenes complementarios, señaló que presenta una secuela de fractura unimaleolar de tobillo izquierdo sin desplazamiento y como consecuencia de esta lesión, padece una disminución en la movilidad y tumefacción en la zona. Determinó que le genera una incapacidad parcial y permanente del 10% de la T.V. en relación directa con el accidente denunciado. Utilizó el Baremo general para el Fuero Civil de los Dres. Altube-Rinaldi. Recomendó que efectúe un tratamiento kinésico de veinte sesiones, cuyo costo estimó en $ 300 por cada una (fs. 200 a 202).
El mencionado dictamen fue objetado por la aseguradora (fs.215), cuyo traslado fue contestado por el experto, quien ratificó en sus conclusiones (fs. 227 y 228).
Para controvertir la opinión del experto no basta con recurrir al sentido común, ni a las alegaciones subjetivas, sino que debe seguirse el trámite idóneo establecido por el CPCC para obtener aclaraciones o recabar otras opiniones al respecto (CPCC, arts. 473 y 475). Por esta razón y no existiendo ningún elemento probatorio que lo desvirtúe, no encuentro mérito para apartarme de sus conclusiones; los jueces, podemos pronunciarnos de acuerdo con lo que el experto ha apreciado y la convicción que ofrezcan los demás elementos de prueba (CPCC, doct. arts. 384, 462, 474).
En el aspecto psicológico, el perito dijo que la actora padece una leve neurosis por stress postraumático residual como consecuencia del accidente, y fijó la incapacidad en un 6%. Sugirió la realización de una psicoterapia por el plazo de dieciocho meses con una frecuencia semanal. Estimó un costo de $ 1.000 (fs. 253 A 256). Este informe no fue observado por las partes.
El Sentenciador fijó el valor indemnizatorio atendiendo sólo a la incapacidad física y estableció por separado una partida para solventar el tratamiento terapéutico recomendado.
A pesar del intento recursivo, lo decidido por el Magistrado resulta acertado, pues el perito psicólogo afirmó que el porcentual de incapacidad que asignó tenderá a disminuir en un 100% con la asistencia psicoterapéutica sugerida. Se entiende entonces que tal cuadro irá desapareciendo con el tiempo.
No cabe duda de la existencia de las afecciones que padece la actora con motivo del accidente, pero ellas no alcanzan para determinar que el daño descripto resulte, en alguna medida, irreversible. El daño psíquico, para ser resarcido, requiere que el padecimiento anímico haya desbordado en bloqueos, depresiones, inhibiciones o actuaciones que perturben de manera importante y definitiva la integración al medio social.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, y apreciando que la merma psíquica es susceptible de redimir con el tratamiento sugerido, no cabe una indemnización de manera autónoma, sin perjuicio de tener en cuenta la cuestión al considerar el daño moral y del tratamiento psíquico que corresponda otorgarle.
Con la prueba arriba indicada y los informes emitidos por el Hospital Inter-zonal General de Agudos “Petrona V. de Cordero” (fs. 143 a 145) y Argus Diagnóstico Médico (fs. 223 y 224) ha quedado probado el daño en la salud y su magnitud. De tal manera que, encontrándose acreditado el nexo causal entre la lesión y el accidente que ocasionó el demandado por su exclusiva responsabilidad, resta ahora valorizar la indemnización que le corresponde a la reclamante (CPCC, arts. 375, 384, 474).
iv. La cuantía de la indemnización
iv.i. Principios generales para la cuantificación
El concepto de la reparación integral responde al concepto de aquella que sea justa, entendiéndose por tal la que ubica al reclamante, dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraba si no hubiera acontecido la violación del derecho. La aplicación de este método requiere el cumplimiento de las siguientes reglas: a) el daño debe ser fijado al momento de la decisión; b) la indemnización no debe ser inferior ni superior al daño sufrido; c) la apreciación debe formularse en función de las características de cada caso.
Se caracteriza por conferir libertad al juzgador para valorar y cuantificar el monto indemnizatorio.
El juez tiene la tarea de fijar una suma adecuada, con prescindencia de estimaciones incorrectas de las partes y hasta de opiniones periciales que a veces escamotean o agigantan los montos representativos de los daños sufridos.
Por ello, en la misión orientadora que deben tener los dictámenes periciales, resulta esencial que señalen qué consecuencias ha tenido la lesión en las actividades laborales que la víctima desarrollaba antes del accidente y qué limitaciones suscita en su vida cotidiana.
En razón de lo dicho queda claro que para cuantificar la indemnización que debe acordarse por un daño en la salud, es necesario disponer al menos de ciertos parámetros que permitan aquella valoración. Así, deberá ponderarse respecto de la víctima su edad, estado civil, nivel de preparación para su desempeño en actividades productivas o económicamente valorables su profesión u oficio, sus ingresos habituales, nivel de vida y condición social, entre otros (SCBA, Ac. Nº 45.258, 19-6-1990), todo ello a la fecha del evento dañoso. Es decir, “…el resto de las circunstancias particulares de la víctima, como son la edad, estado físico, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida, la entidad de la lesión padecida con relación al proyecto de vida, etcétera (arts. 165 y 384, C.P.C.C.; 1068, 1069, 1083, 1086 y concs., Cód. Civil)” (SCBA, LP, C 119.794, S 11-4-2018, “Franciulli, Juan Manuel contra Bernabé, Sebastián y otro. Daños y perjuicios”, JUBA).
Por ello nuestra Suprema Corte ha resuelto que “A los efectos de calcular la indemnización por incapacidad, no debe tenerse en cuenta exclusivamente la calidad de los ingresos que el damnificado poseía' al momento del accidente, ya que ello podría implicar una confusión entre la reparación por incapacidad y la correspondiente al daño lucro cesante” (SCBA, LP, C 118.589, S 21-6-2018, “Flandes Riquelme, Juan Ignacio contra Contreras Inostroza, Raúl Atilio y otros. Daños y perjuicios”, JUBA).
En la estimación del monto indemnizatorio, resulta un elemento de singular importancia, no sólo la pericial médica referida a la incapacidad sino también las restantes pruebas que se hayan producido sobre los parámetros indicados en el párrafo precedente. En esta línea podremos disponer de declaraciones testimoniales, e informes de diversa naturaleza; todo ello tendiente a que quien debe juzgar cuente con elementos debidamente acreditados en la causa que permitan inferir, con relativa certeza, aquellos indicadores (CPCC, art. 375).
Similares consideraciones a las que anteceden han sustentado numerosos precedentes de esta Sala (causas nº: 100.375; 101.709; 100.905; 43070-2009; D-2416-4; 15.248-2011, S 24-4-2018; 39.262/2011; 44.306/2009, S 14-3-2017; 14.729-2015, S 28-5-2018; entre muchas otras).
iv.ii La especificación en el caso luego de los fallos “Vera” y “Nidera” de la SCBA.
La Suprema Corte de Justicia de esta Provincia en dos fallos dictados en el primer semestre del año 2018 (C. 120.536, "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires”, 18-4-2018 y C. 121.134, "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires”, 3-5-2018), ha considerado el supuesto en que la sentencia fije la condena a valores "actuales". En tal sentido entiende que tal proceder, pese a no identificarse con las operaciones estrictamente indexadoras, se asemeja a ellas en cuanto evidencia una respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios. Señaló que tal proceder se adecua a lo que prescribe el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, en orden a las denominadas deudas de valor; y que, en el caso de estimarse a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, resulta congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando una tasa de interés puro, como se lo ha hecho en otros períodos, con motivo de todas las modalidades de actualización. De tal modo se obtiene “el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes”. También consideró la Corte que debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito. De tal manera, dispuso “… que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Vemos así que la Corte ha introducido una diferenciación en materia de intereses según se trate de deudas a valores históricos o actuales, debiendo utilizarse diversas tasas según dicha pauta.
La referida circunstancia determinó que esta Sala readecuase su anterior criterio en cuanto al método para establecer el valor actual de las indemnizaciones de la forma más justa, atendiendo a que sobre tales determinaciones sólo procederá el interés puro, es decir, despojado del contenido correctivo de la depreciación de la monedaínsito en general en las tasas de operaciones bancarias de inversión y de descuento más habituales como las que se viene empleando en el Fuero.
Por todo ello, en orden a determinar una indemnización adecuada aprecio que resulta necesario acudir a un procedimiento que, por un parte observe mayor objetividad pero que también responda mejor a las características de cada caso.
En cuanto al modo de cuantificar la reparación del daño patrimonial por incapacidad permanente, se ha dicho que el art. 1746 del CCCN “...tiene marcada relevancia teórica y práctica (...) porque incorpora una novedad: la utilización de la fórmulas matemáticas para ponderar el daño patrimonial por incapacidad permanente, total o parcial...” (Galdós, Jorge M., “Cuatro reglas sobre la cu
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