Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 39107
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los ... días de febrero de 2019 se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “RAINERI HECTOR JAVIERC/ EMPRESA CIUDAD DE SAN FERNANDO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada? Votación
A la cuestión planteada el señor juez doctor LLobera, dijo:
El día 12 de agosto de 2011 siendo las 9.30 hs. aproximadamente, el actor se trasladaba en su motocicleta dominio 884-CZV por la Avenida Alvear (Ruta Nacional 202) de la localidad de Don Torcuato, en dirección a la Ruta Panamericana y cuando se encontraba a la altura del 2400, fue embestido en su lateral derecho por el frente y el lado izquierdo del interno 11 de la línea 371, conducido por el demandado, quien al intentar sobrepasarlo le provoca la caída sobre el pavimento. Dicho impacto le ocasionó las lesiones y los daños por los que reclama (fs. 9 a 24).
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Héctor Javier Raineri. Condena a “Empresa Ciudad de San Fernando S.A.” y a Walter Javier Ortiz a abonarle al actor la suma de $ 378.000, con más los intereses que establece a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago. Impone las costas a los demandados y hace extensiva la condena a Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros en los términos y con los alcances del seguro contratado. Difiere la regulación de honorarios para su etapa procesal (fs. 239 a 253).
El actor apela el fallo mediante escrito electrónico -en adelante ee- (ee 9-10-2018 8.32 p.m.) y expresan agravios (fs.263) los que merecieron la respuesta de los accionados (fs. 265).
Los demandados y la aseguradora apelan la sentencia (ee- 10-10-2018 3.42 p.m.) y concedido el recurso expresa agravios (fs. 261), los que son contestados por el reclamante (fs.267).
El actor, al contestar el traslado de la presentación efectuada por sus contrapartes, cuestiona de algún modo que lo expresado constituya en verdad una expresión de agravios al no erigirse en una crítica concreta y razonada del fallo. Tales afirmaciones entiendo que obligan a considerar si ello amerita una declaración de deserción del recurso.
Cabe recordar que expresar agravios es, conceptualmente, ejercitar el control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que causara (causas n° 68.165, 68.667, 71.713, 81.604; “Álvarez, Emilia Mercedes c/ Sauma Automotores S.A.C.I.F.A.G.Y. y Otro s/ sumarísimo - Expte. nº 33.129”, 1-11-2018); “Barros, Pascuala del Carmen c/ D'Elia, Lucrecia Alba s/ Prescripción Adquisitiva”, 30-3-2010, causa N° 109.136; "Pettersson Elena Yolanda C/ Márquez Antonio S/ Prescripción Adquisitiva", Expte.: D-1462-6, 16-12-2014; "Alderete Vanina Jaqueline C/ Motza Microomnibus Tigre S.A. Y Otro/a S/Daños y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)", Expte.: SI-12973-2015, 2-7-2018; entre muchas otras).
Bajo la óptica adoptada, el tribunal de alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doc. arts. 246 y 260 del CPCC).
Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios debe ejercerse por la alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, en forma arbitraria, se afecte el derecho de defensa del recurrente.
De la lectura de los argumentos brindados por los requeridos, que he detallado más arriba, advierto que en principio se refieren en forma concreta a la sentencia, a las constancias de autos, a la prueba pericial en particular y a los antecedentes jurisprudenciales aplicables como metodología para apoyar su reclamo, razón por la cual, estimo debe tenérsele por cumplida la obligación del art. 260 del CPCC.
En razón de lo dicho y de compartirse este criterio, he de proceder al análisis de los agravios vertidos.
a. El planteo
La Sentenciadora decidió fijar en conjunto la suma de $ 240.000 para reparar la minusvalía física y psíquica que afecta al actor.
Ambas partes y con criterios opuestos en cuanto al alcance de dicho resarcimiento expresan sus agravios.
El requirente se queja porque entiende que la indemnización estipulada resulta insuficiente. Señala que no contempla las graves secuelas derivadas del accidente y la pérdida de potencialidades futuras. Sostiene que la Magistrada no ponderó la limitación funcional de su hombro, del brazo hábil, que lo limitan en sus posibilidades concretas de trabajo y lo afectan en su vida familiar y social. Desataca los porcentajes de incapacidad que determinaron los peritos (8% a nivel físico; 15% a nivel psicológico). Pide que se eleve el monto aplicando un valor más actualizado.
Los demandados y la aseguradora cuestionan la procedencia de la incapacidad psicológica establecida en la sentencia. Sostienen que el perjuicio sufrido por la víctima en el caso es poco y nada. Impugnan la cuantía indemnizatoria porque dicen que la supuesta incapacidad física –según lo indicó el perito médico- es de carácter transitorio y es pasible de ser tratada mediante un tratamiento fisiokinésico. Afirman que el reclamante no probó que las secuelas incidan en sus aptitudes y posibilidades. Piden su morigeración.
b. El análisis
i. El daño físico
El daño está configurado por una lesión, que se define como una alteración a la contextura física y/o psíquica. En el primer supuesto comprende las contusiones, escoriaciones, heridas, mutilaciones y fracturas en general, alcanza todo deterioro en el aspecto físico o mental de la salud, aunque no medien alteraciones corporales.
Se trata de resarcir las lesiones e incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial; es decir, aquellas que no pueden revertirse y que se mantendrán durante toda la vida del damnificado, siendo ésta la minusvalía que contempla el art. 1086 del Código Civil, de aplicación al caso, (arts. 7 CCCN, en similar sentido art. 1746 CCCN). Es necesario tener en cuenta que el carácter permanente de tales secuelas debe determinarse a través de la pericial médica. Por otra parte, no corresponde indemnizar bajo este rótulo la incapacidad transitoria, es decir, aquella que desaparece transcurrido el período de curación. Eventualmente, ésta se indemniza a título de lucro cesante cuando existe prueba concluyente a su respecto (arts. 1068, 1069 del Cód. Civil). Ambos conceptos indemnizatorios no son excluyentes.
Cabe recordar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —anterior a la reforma pero que mantiene vigencia—, la cual sostiene que “…cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, dicha incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral. Ello así, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad en el ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (CSJN, 28-4-1998, "Zacarías, Claudio H. c. Provincia de Córdoba y otros", LA LEY, 1998-C, 322, citado por Tanzi, Silvia, en “La incapacidad sobreviniente en el Código Civil y Comercial”, AR/DOC/3442/2016).
De tal manera, que lo indemnizable es el daño que se traduce en una disminución de la capacidad de la víctima en sentido amplio, que comprende la aptitud laboral y los restantes aspectos de su vida social, cultural, deportiva, etc. (C. Civil, art. 1086; en similar sentido art. 1737 a 1740 y 1746 del CCCN). Es decir, que las afectaciones dan lugar a una indemnización en la medida que ellas importen una disminución de las funciones, sin que éstas deban considerarse sólo desde la óptica del trabajo, sino también desde la plenitud psico-física a la que todo ser humano tiene derecho como persona conforme al orden natural (CN, art. 75 inc. 22; DADDH, art. I; DUDH, arts. 3 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, art. 5.1, Const. prov., arts. 10, 12 y 15).
ii. Daño psicológico
El daño psicológico no constituye un capítulo independiente del daño moral o del material, sino una especie del uno o del otro.
Las diferentes afecciones que puede sufrir la víctima en su integridad psicofísica se resumen en una determinada incapacidad de la persona, la que no está conformada por estancos separados sino íntimamente vinculados. Dado esa característica esencial de la persona, cuando se evalúa su minusvalía deberán tomarse en cuenta todos los factores que la conforman.
En este sentido, aprecio que es correcta la posición que señala que la incapacidad psicológica no es un daño resarcible en forma autónoma, sino que se halla comprendida en el daño material o moral según el caso.
En efecto, el daño psíquico puede traducirse en un perjuicio material, por la repercusión en el patrimonio o bien en un daño extra-patrimonial o moral, por los sufrimientos que haya producido.
Por esta razón el daño psicológico, en tanto se pruebe su carácter irreversible, debe ser tratado como incapacidad sobreviniente. De no ser así habrá que tenerlo en cuenta al considerar el daño moral, sin perjuicio del tratamiento de recuperación que se imponga.
De lo contrario, si se tomasen como elementos independientes y se determinara la incapacidad total por la simple suma de ambos componentes, en ciertos casos podría arribarse a resultados que superarían el 100% de la capacidad de la persona, aun aplicando el método de la capacidad restante.
Lo expresado avala, en mi criterio, que el daño psíquico no sea considerado a los fines del resarcimiento como un rubro autónomo y que en cambio se confiera lo necesario para su tratamiento.
iii. Determinación pericial
A efectos de determinar la existencia de una lesión y la medida en que ella incide en la plenitud de la persona, se hace necesario recurrir a la prueba pericial médica y psicológica en su caso.
En esta materia, corresponde atenerse a las conclusiones del informe del perito designado en la causa.
No obstante, es sabido que el dictamen pericial no es vinculante para el juez. Por ello, podrá apartarse en forma total o parcial de sus términos cuando, tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que fundamenta su opinión, la concordancia de su aplicación con los principios de la sana crítica, en su caso las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa, lo lleven a la convicción de que la pericial no reviste la solidez científica para ser tomada como elemento de prueba (CPCC, art.474).
Es menester señalar que en numerosas oportunidades esta Sala se ha pronunciado con relación a la prueba pericial. Al respecto hemos dicho que los peritos son auxiliares de la justicia cuya misión consiste en contribuir a formar la convicción del magistrado quien no está obligado por las conclusiones de la pericial, la cual es sólo un elemento informativo sujeto a su apreciación (SCBA, Ac. y Sent. 1957-IV-54; 1961-V-490). Sin embargo, ello no significa que pueda apartarse en forma arbitraria de la opinión fundada del perito idóneo por ser el profesional idóneo para expedirse sobre cuestiones técnicas y científicas que exceden los conocimientos y competencias del magistrado.
El informe pericial podrá ser desechado por el juez en todo o en parte, pero para ello en necesario que invoque razones muy fundadas, por cuanto el conocimiento que tiene el perito sobre su materia específica excede al de quien sólo tiene una formación jurídica (Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el CPCC de la Provincia de Bs.As., Astrea, Bs.As., 1987, p. 524).
En el caso de autos, la perito médica, luego de examinar al actor y evaluados los estudios complementarios, informó que como consecuencia del hecho sufrió un traumatismo cerrado de hombro derecho y que el mecanismo lesional podría haber sido idóneo para generar un esguince acromioclavicular y desgarro fibrilar del supraespinoso (manguito rotador) en el hombro del miembro superior hábil, con limitación funcional. Determinó que lo incapacita de forma parcial en el orden del 8% de la T.O. Sugirió que realice un tratamiento fisiokinésico de veinte sesiones a un costo promedio de $ 300 cada una. Explicó que no puede establecer si la discapacidad es o no permanente porque debería evaluar al actor después de efectuado el tratamiento (fs. 208 a 211).
Este informe fue impugnado por los accionados (fs. 210) y mereció la oportuna respuesta del perito, quien reiteró lo dicho en cuanto a que no pudo establecer la discapacidad temporaria o permanente del actor, y hasta tanto no sea examinado tras el tratamiento (fs. 215).
La perito psicóloga, luego de efectuar las entrevistas al actor y evaluados los psicodiagnósticos posteriores, concluyó que padece una neurosis reactiva postraumática que deviene del hecho de autos y le genera una incapacidad del 15%, según el Baremo de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (fs. 190 a 203). Indicó la realización de una psicoterapia por el plazo de un año con una frecuencia semanal y estimó un costo de $ 700 por cada sesión, a fin de posibilitar al actor elaborar psíquicamente el daño sufrido y acceder a una mejor calidad de vida (fs. 769 a 773).
El mencionado informe fue objetado por los accionados y la aseguradora (ee- 22-2-2018 y ee-5-7-2018) y el traslado fue contestado por la perito, quien ratificó sus conclusiones (ee.29-6-2018 y ee13-8-2018).
Considero que ambos dictámenes, poseen fundamento científico suficiente como para tenerlos en consideración a la hora de resolver. Por ello, no encuentro motivo justificado ni elementos probatorios que ameriten apartarse de sus conclusiones (CPCC, arts. 375, 384 y 474).
Los accionados afirman en sus agravios que la perito determinó que la incapacidad física del actor es transitoria y por ello entienden que el porcentaje debe reducirse.
La experta afirmó que la víctima se encuentra disminuida en sus aptitudes físicas en una 8%. Si bien es cierto que no pudo establecer el carácter de la incapacidad, lo hizo postergando su determinación para una vez efectuado el tratamiento que le indicó. En mi opinión, cabe reconocer el porcentaje de incapacidad asignado por la experta, pues la lesión existió y se encuentra relacionada de manera causal con el hecho; el informe emitido por el Hospital Municipal de San Miguel “Dr. Raúl F. Larcade” (fs. 187/192) también da cuenta de ello.
Cabe recordar que el requisito de que el daño sea cierto (arts. 519, 520, 1068, 1069 del Cód. Civil) ha sido establecido para diferenciarlo del meramente eventual o hipotético, pues no cabe otorgar indemnizaciones por daños presuntos, meras conjeturas o posibilidades (esta Sala, causa n° 4.101/2012 del 19-9-2017). En el caso, no advierto la transitoriedad, pues no ha sido calificado de tal modo, ni de manera contundente por la perito y tampoco se ha establecido el período de tiempo por el cual se lo deba estimar.
Con la prueba arriba indicada y los informes emitidos por el Hospital Municipal de San Miguel “Dr. Raúl F. Larcade” (fs. 187 a 192) aprecio que el actor ha probado la lesión, el alegado daño que lo incapacita en su salud y su magnitud. De tal manera que, encontrándose acreditado el nexo causal entre la lesión y el accidente que ocasionó el demandado por su exclusiva responsabilidad, resta ahora valorizar la indemnización física que le corresponde al reclamante (CPCC, arts. 375, 384 y 474).
En cuanto a las afecciones psicológicas que padece con motivo del accidente, la perito señaló que el tratamiento indicado posibilitaría al actor elaborarlas, lo cual podría revertir los síntomas o reducirlos (ee 29-6-2018). No cabe duda de la entidad de las secuelas, pero ellas no alcanzan para determinar que el daño descripto sobre este aspecto resulte, en alguna medida, irreversible. Para que el daño psíquico pueda resarcirse, se exige que el padecimiento anímico haya desbordado en bloqueos, depresiones, inhibiciones o actuaciones que perturben de manera importante y definitiva la integración al medio social.
En mi opinión no corresponde establecer este resarcimiento de manera autónoma, sin perjuicio de tenerlo en cuenta al valorar el daño moral y el tratamiento psicológico que corresponda otorgarle.
iv. La cuantía de la indemnización
iv.i. Principios generales para la cuantificación
El concepto de la reparación integral responde al concepto de aquella que sea justa, entendiéndose por tal la que ubica al reclamante, dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraba si no hubiera acontecido la violación del derecho. La aplicación de este método requiere el cumplimiento de las siguientes reglas: a) el daño debe ser fijado al momento de la decisión; b) la indemnización no debe ser inferior ni superior al daño sufrido; c) la apreciación debe formularse en función de las características de cada caso.
Se caracteriza por conferir libertad al juzgador para valorar y cuantificar el monto indemnizatorio.
El juez tiene la tarea de fijar una suma adecuada, con prescindencia de estimaciones incorrectas de las partes y hasta de opiniones periciales que a veces escamotean o agigantan los montos representativos de los daños sufridos (López Cabana, Roberto M., Limitaciones cualitativas y cuantitativas de la indemnización, L.L., 2000-F-1325).
Por ello, en la misión orientadora que deben tener los dictámenes periciales, resulta esencial que señalen qué consecuencias ha tenido la lesión en las actividades laborales que la víctima desarrollaba antes del accidente y qué limitaciones suscita en su vida cotidiana (Iribarne, Héctor Pedro, Indemnización por lesiones y por incapacidad. Pautas para su cuantificación, en la obra Responsabilidad por daños en el tercer milenio – Homenaje al Prof. Dr. Atilio Aníbal Alterini, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 305).
En razón de lo dicho queda claro que para cuantificar la indemnización que debe acordarse por un daño en la salud, es necesario disponer al menos de ciertos parámetros que permitan aquella valoración. Así, deberá ponderarse respecto de la víctima su edad, estado civil, nivel de preparación para su desempeño en actividades productivas o económicamente valorables su profesión u oficio, sus ingresos habituales, nivel de vida y condición social, entre otros (en el mismo sentido, SCBA, Ac. Nº 45.258, 19-6-1990), todo ello a la fecha del evento dañoso.
En la estimación del monto indemnizatorio, resulta un elemento de singular importancia, no sólo la pericial médica referida a la incapacidad sino también las restantes pruebas que se hayan producido sobre los parámetros indicados en el párrafo precedente. En esta línea podremos disponer de declaraciones testimoniales, e informes de diversa naturaleza; todo ello tendiente a que quien debe juzgar cuente con elementos debidamente
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