Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 27707
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 12 días de noviembre de 2019 se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia en el juicio: “RANDAZZO MAURICIO ALBANO ADRIAN C/ EL CHAICO S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Sánchez, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor Llobera, dijo:
Las presentes actuaciones se inician con motivo de un accidente de tránsito ocurrido el día 5 de agosto de 2015, cuando el actor se desplazaba en su vehículo Renault Master, tipo furgón, dominio JUC-035 por la Autopista Buenos Aires – Rosario (Ruta Nacional n° 9), en sentido a la ciudad de Rosario, transportando mercadería de la fábrica Volkswagen. El demandante narra que, al arribar a la altura del km 112, impactó con un neumático que se encontraba en el carril rápido, el cual pertenecía al camión Fiat IVECO dominio OFD- 986 o al semirremolque que trasladaba, patente FRZ-207. A raíz del impacto, sufrió los daños y lesiones por los que reclama (fs. 21 a 27).
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Mauricio Albano Adrián Randazzo. Condena a El Chaico S.R.L. y CAT Argentina S.A. a abonarle la suma de $ 500.000, con más los intereses que establece a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días, desde la fecha del hecho dañoso, hasta el día de su efectivo pago. Impone las costas del pleito a los demandados y hace extensiva la condena a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales y a QBE Seguros La Buenos Aires S.A. en los términos del seguro contratado, en virtud de lo dispuesto por el art. 118 de la Ley 17.418. Difiere la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (fs. 285 a 295).
El actor apela la sentencia (fs. 301) y expresa agravios (fs. 344 a 347), los que son contestados por las contrarias (fs. 349 a 351, 352 a 354, y 363 a 366).
La demandada CAT Argentina S.A. apela (fs. 303) y expresa agravios (fs. 322 a 326), los que merecen la respuesta del reclamante (fs.355 a 362).
Las aseguradoras apelan (fs. 304 y 305) y expresan agravios (fs.336 a 341 y 342 a 343), los cuales son respondidos por el demandante (fs. 355 a 362).
Los requeridos y las aseguradoras, al contestar el traslado de la presentación efectuada por el actor, cuestionan que lo expresado en torno al daño moral, constituya en verdad una expresión de agravios al no erigirse en una crítica concreta y razonada del fallo. Tal afirmación obliga a considerar si ello amerita una declaración de deserción del recurso.
Cabe recordar que expresar agravios es, conceptualmente, ejercitar el control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que causara (causas n° 33.129, 1-11-2018, RSD 126; n° 109.136, 30-3-2010, RSD 67; D-1462-6, 16-12-2014, RSD 192; SI-12973-2015, 2-7-2018, RSD 82; entre muchas otras).
Bajo la óptica adoptada, el tribunal de alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doc. arts. 246 y 260 del CPCC).
Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios debe ejercerse por la alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, en forma arbitraria, se afecte el derecho de defensa del recurrente.
Advierto que lo manifestado por el actor, en principio se refiere en forma concreta a la sentencia y a las constancias de autos. Estimo que debe tenérsele por cumplida la obligación del art. 260 del CPCC.
En razón de lo dicho y de compartirse este criterio, he de proceder al análisis de los agravios vertidos.
2. La legitimación pasiva de CAT Argentina S.A.
a. El planteo
La Sentenciadora consideró que el actor cumplió con la carga de acreditar la existencia del hecho dañoso, el riesgo de la cosa que causó el daño, la relación de causalidad, y el carácter de dueño o guardián de los demandados. Desestimó las defensas opuestas y les atribuyó la responsabilidad en el hecho dañoso.
CAT Argentina S.A. se agravia de tal decisión. Entiende que la sentencia es esquiva en la interpretación de los hechos y liviana a la hora de analizar la prueba producida. Afirma que ha quedado verificada su ajenidad en torno a las circunstancias y a las causas de la mecánica del accidente. Sostiene que el chofer de "El Chaico" (guardián del camión y acoplado) pasó por un desnivel en la ruta que definió la suerte de dos neumáticos; es decir, la falta de maniobra a tiempo “del guardián” culminó con el “efecto desprendimiento” de los neumáticos. Refiere que cualquier atribución de responsabilidad debe dirigirse al dueño o guardián del vehículo que provoca el resultado, no a la masa inerte que era conducida por personal ajeno a su titular. Pide que se revoque la sentencia en su contra.
El actor al responder los agravios, expresa que la codemandada no se hace cargo de los sólidos argumentos brindados por la Juzgadora. Indica que sus quejas no logran demostrar el yerro de ninguna especie; tampoco logran conmover lo decidido.
b. El análisis
i. El derecho aplicable
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, en vigencia a partir del 1-8-2015 (ley 27.077 en el art. 7º, 2º párrafo), en adelante CCCN, establece que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Habiendo ocurrió el hecho el día 5-8-2015, las cuestiones serán dirimidas de acuerdo al nuevo ordenamiento legal.
A fin de evitar repeticiones innecesarias, de aquí en más, los precedentes de esta Sala sólo se citaran mediante la indicación del número de expediente, fecha de sentencia y los datos correspondientes a su registro, salvo cuando en forma previa se indiquen los de otro tribunal.
ii. Los precedentes
Estas consideraciones han sido vertidas por esta Sala en las causas n° 30.282/2008, 10-8-2015, RSD 103; 13.737/2012, 15-9-2015, RSD 123; 1360-2012, 29-3-2016, RSD 40; 18.440/2012, 14-7-2016, RSD 125; entre otras.
iii. Los sujetos responsables del daño causado por las cosas, la responsabilidad objetiva y sus eximentes
Para que el hecho ilícito quede configurado, no sólo es necesario que sea imputable al agente, sino que quien reclama la reparación haya sufrido efectivamente un perjuicio y que el mismo tenga una relación causal con el siniestro (arts. 1717, 1725 a 1727 del CCCN, en similar sentido arts. 901 a 904, 1067 del Código Civil y art. 375 del CPCC; causas nº 107.643, 27-8-2009, RSD 202; entre otras). Para ello es necesario acreditar en forma previa la ocurrencia del hecho, recayendo en la parte actora su prueba (causas nº 94.088 sent. del 16-10-2003, RSD 746; 99.520 sent. del 9-12-2005, RSD 602; 5.655/2013, sent. del 21-9-2017, RSD 144; entre muchas otras); en tal cometido debe aportar al proceso elementos concluyentes sobre el siniestro y sus consecuencias.
La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma (art. 1736 del CCCN).
Es necesario que en el proceso se logre recrear la situación fáctica acaecida y la demostración de su coincidencia con el supuesto contemplado en la norma para asignarle las consecuencias jurídicas en ella previstas.
Así el art. 375 del CPCC prescribe que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su petición.
El objeto de la prueba en el proceso dispositivo, serán los hechos jurídicos alegados como sustento de las demandas, defensas o excepciones, entendiendo por tales los hechos principales alegados y también los secundarios que se encuentren genéricamente comprendidos en los primeros. Es decir, y a diferencia del sistema inquisitivo, quedan fuera de la investigación los hechos no alegados por las partes al trabarse la controversia.
Por esto los hechos constituyen el objeto de la prueba judicial. A través de ella serán recreados en el expediente, adquiriendo una vida propia más o menos coincidente con la verdad ocurrida.
El CCCN contempla la responsabilidad objetiva en similares términos que el Código Civil (ley 26.994- Anexo I, arts. 1721, 1722, 1757, 1758 y concordantes).
Para que tenga lugar basta que exista un resultado dañoso y un vínculo de causalidad material entre ese resultado y el sujeto a quien se hace responsable.
La regla que establecía el art. 1113 del Código Civil, se encuentra ahora regulada en los arts. 1722, 1729, 1730, 1731, 1757, 1758 y 1769 del CCCN de manera semejante que en la legislación derogada. Es decir, cuando el daño ha sido causado por el riesgo o vicio de las cosas, en tal caso el dueño o guardián debe responder y sólo se exime de manera excluyente o limitada, demostrando el hecho de la víctima, de un tercero por el que no debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor.
El factor de atribución es de carácter objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante e indiferente a los efectos de atribuir la responsabilidad, y sólo se libera demostrando que la causa le ha sido ajena, sea la ruptura total o parcial del nexo causal (art. 1722 CCCN).
En definitiva, y sin alterar lo dicho por esta Sala con anterioridad al dictado del nuevo ordenamiento, en estos casos la víctima no necesita probar la culpa del dueño o guardián; le alcanza con acreditar la relación de causalidad entre el daño sufrido y la cosa riesgosa cuya titularidad o guarda atribuía al accionado. Para ello debe demostrar que ha intervenido en el daño y que este proviene, de alguna forma, del contacto con aquella (causas n° 96.455, 9-12-2004 RSD 868; n° 101.711, 9-11-2006, RSD 609; entre otras).
Es sabido que la cosa productora de riesgo en el concepto del art. 1113 citado, era aquella que en función de su naturaleza, o según su modo de utilización o su estado genera peligros a terceros (SCBA, Ac. 44.069, del 17-12-1991, entre otras).
En tal sentido, este Tribunal ha dicho que es cosa riesgosa por su naturaleza, aquélla que por su normal empleo, es decir, conforme a su estado natural, puede causar generalmente peligro a terceros. Ello sin perjuicio de remarcar que las cosas pueden configurar un peligro por el estado en que se encuentran, por el funcionamiento particular de la cosa o por la posición en que se localizan (causa 76.968 RSD-412-98 del 2-8-1998, 32.662-2010). Nos enfrentamos, entonces, a la llamada "cosa viciosa", que sólo tendrá repercusión en tanto y en cuanto tenga virtualidad suficiente para convertirse en una fuente potencial de riesgo para terceros (Pizarro, Ramón D., "Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas", Edit. Universidad, Bs. As., 1993, p. 422/425).
Ahora el CCCN consagra la responsabilidad objetiva y recepta la doctrina y la jurisprudencia vigentes, subsistiendo los criterios citados sobre la vigencia del riesgo creado en la materia. De manera expresa, el art. 1769, dispone que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos.
La denominación utilizada en la normativa "circulación de vehículos" es más amplia que la usual de "accidentes de tránsito" porque incluye a los daños producidos por automóviles -comprendiendo bicicletas, motos, máquinas agrícolas-, durante la circulación vial pero también en aquellos casos en los que intervengan de manera activa, estén o no en movimiento.
Algunas de las reglas aplicables que se añaden a las que suministra el artículo 1757, se las puede indicar del siguiente modo:
—El riesgo creado regula la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector de la materia;
—Pesan presunciones concurrentes de responsabilidad sobre el dueño o guardián y resultan operativas sin necesidad de reconvenir;
—Incumbe al legitimado pasivo —dueño o guardián demandado o reconvenido— acreditar la concurrencia de eximentes de responsabilidad, lo que debe probar de modo fehaciente e indubitable, dada la finalidad tuitiva de la norma. Por ello la falta de prueba perjudica al dueño o guardián demandado o reconvenido porque "la indefinición sobre la forma en que sucedió el accidente hace subsistir la responsabilidad objetiva que recae en el dueño o guardián de la cosa riesgosa cuando ésta interviene activamente en la producción del perjuicio";
—Media integración y armonización entre las normas propias de la responsabilidad objetiva del Código y las normas regulatorias del tránsito (v. gr., Ley Nacional de Tránsito 24.449 y Códigos de Tránsito provinciales), ya que éstas completan y complementan las normas de la responsabilidad civil. Por eso se sostiene con acierto que "la observancia de las reglas de tránsito no basta para eximir de responsabilidad al conductor; la infracción de las reglas de tránsito no implica necesariamente responsabilidad; ambas son presunciones o elementos de juicio; las reglamentaciones no pueden ser soslayadas y deben considerarse, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero; y en cada caso se impone la necesidad de verificar las circunstancias integrales, la incidencia de las reglas de tránsito y de los principios generales de la responsabilidad civil";
—La culpa incide no sólo como factor de atribución de responsabilidad del dueño o guardián demandado sino como eximente de responsabilidad (la denominada función impropia de la culpa) en el hecho de la víctima o de un tercero por el que no debe responder, la culpa y las presunciones legales de responsabilidad de la reglamentación del tránsito operan como eximentes subjetivas (culpa de la víctima o del tercero) y se añaden al riesgo creado por el dueño o guardián; a la responsabilidad objetiva del artículo 1757 se le adicionan las reglas y principios de la legislación específica del tránsito; por ejemplo, la velocidad precautoria (art. 50, ley 24.449), el deber genérico de precaución (art. 39, inc. b, ley 24.449), la pérdida del dominio efectivo del vehículo (art. 39, inc. b, ley 24.449), la inobservancia del deber de respetar las prioridades de paso preferente (art. 41, ley 24.449), o de abstenerse de incurrir en las prohibiciones expresas (art. 48, ley 24.449), entre otras;
—Habitualmente concurren duplicidad de factores de atribución de responsabilidad: riesgo creado por el automotor y culpa de su conductor; la mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina sostiene que también es de aplicación la responsabilidad objetiva al conductor del vehículo y al dependiente del dueño o guardián que manejaba (conf. Ricardo Lorenzetti, Código civil y comercial de la Nación comentado, 1°Ed. Rubinzal- Culzoni, 2015. T VIII, p. 635 a 637).
En cuanto a la falta de legitimación para obrar pasiva, implica que el demandado no es la persona habilitada por la ley para asumir tal calidad y se vincula con la identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida (Arazi, Roland- Fenochietto, Carlos Eduardo “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación...”, Buenos Aires, Astrea 1983, T. II pág. 228).
iv. La prueba aportada
Bajo estas premisas corresponde analizar la prueba producida en estos actuados en lo atinente a si, efectivamente, intervino el vehículo de la demandada en el accidente. Sólo una vez que se pueda tener por acreditado ese hecho, el caso queda subsumido en las normas antes mencionadas sobre responsabilidad civil.
En el caso, la accionada CAT Argentina S.A. reconoció al contestar la demanda que era titular del acoplado y no cuestionó la intervención de éste en el accidente. Sin embargo, alegó y reitera en los agravios que no le correspondía el deber de guarda a la fecha del siniestro. En su oportunidad afirmó que le había entregado dicho acoplado en comodato a El Chaico SRL para que transportara una serie de vehículos cero kilómetros, a fin de ejecutar un contrato en el marco de su actividad comercial.
En mi opinión, el argumento defensivo resulta irrelevante para eximirla de su responsabilidad. Tratándose de una excepción a la regla, entiendo que la prueba del desprendimiento de la guarda, debe ser apreciada en forma estricta; ello es así, porque en la materia, no estamos únicamente en presencia de los derechos del titular registral y del usuario, por lo que la cuestión no es disponible para ellos, de modo que no bastaría la confesión o el reconocimiento de este último para exonerar al primero. Se trata del derecho de la víctima a ser resarcida del daño provocado por la cosa y ese derecho no puede verse disminuido por la sola voluntad de quienes, prima facie, resulten responsables (causas Nº 101.036, 7-8-2006, RSD 346; 111.572, 26-9-2011, RSD 207).
De modo que, no encontrándose acreditado que CAT Argentina S.A se hubiera desprendido de la guarda jurídica de dicho vehículo, y no habiendo probado que la cosa fuera usada en contra de su voluntad, de manera expresa o presunta, tanto el dueño como el guardián son responsables concurrentes por los daños causados por las cosas (art. 1758 del CCC).
Por otra parte, la recurrente insiste en su ajenidad en la ocurrencia del accidente, en virtud de lo declarado por el conductor del camión al momento de efectuar la denuncia de siniestro (fs. 52). En mi parecer, las causas indicadas por el referido, en el sentido que el desprendimiento de los neumáticos se debió a la rotura de la masa de una de las ruedas traseras del acoplado a raíz de haber pisado un desnivel en la ruta, no alcanzan para desvirtuar lo decidido por la Magistrada. Tal como fue considerado en la sentencia recurrida, ninguna prueba se produjo en autos para determinar el origen de la ruptura de la masa, la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, y tampoco que el accidente hubiera ocurrido por el hecho de la víctima o de un tercero por el que no debe responder, carga que le era impuesta a su parte y no cumplió.
En razón de lo expuesto, no cabe más que desestimar la queja y confirmar lo decidido en la instancia anterior en este aspecto (arts. 375, 384 del CPCC; arts. 1757 y 1758, CCCN).
c. La propuesta al Acuerdo
De conformidad con lo analizado, y lo dispuesto por los arts. 1757, 1758, 1769 y 1729 del CCCN y concordantes el Código Civil; y arts. 375, 384 del CPCC, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en cuanto a la legitimación pasiva y a la responsabilidad atribuida a la demandada.
3.1 Lucro cesante
a. El planteo
La Sentenciadora estableció por esta partida la suma de $ 500.000 a favor del actor.
La demandada y la citada en garantía QBE cuestionan dicha decisión. CAT Argentina S.A., entiende que la valoración de la prueba ha sido incorrecta, que el lucro cesante no se encuentra demostrado debido a la parcialidad manifiesta de los testigos y lo declarado por la Afip lo cual se con
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