Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 71067
"(...)se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Scarpati dijo:
I. Que la sentencia de fs. 899/909 que condena a los accionados al pago de la suma de $ Sesenta y cuatro mil novecientos veintisiete con cero ocho es apelada por Enrique Jorge La Grutta, Carlos Alberto Palomba y Seminco S.A. (fs. 919) los que sostienen su recurso a través de la incontestada memoria de fs. 956/982.
Tras producir una síntesis de la pretensión y de las principales alternativas del proceso (demanda, contestación, citación de tercero y hechos probados), apuntan que la juzgadora reconoce la existencia de un contrato de locación de obra entre el Sindicato de Empleados de Comercio y Lepahue S.R.L. así como la contratación en lo que se refiere a la instalación eléctrica de la obra entre ella y Seminco S.A., con la existencia de subcontrato entre esta última y Roberto Luis Cuevas, aludiendo al entendimiento que plasma respecto de tales vínculos y a las responsabilidades consecuentes, más marcando a modo de contradicción que en la parte inicial analiza el encuadre de la contratación a la luz de lo normado por el Cód. Civil y Comercial, haciendo constar que en supuestos de subcontratación el contratista conserva la dirección y la responsabilidad en la ejecución, ello cuándo había destacado la aplicación del Código Civil anterior.
Indica que a partir de allí la juzgadora analiza la aplicabilidad del enriquecimiento sin causa, y pese a sostener que sus presupuestos no concurren en el caso, no rechaza la acción, haciendo referencia a su contestación de demanda, pieza que lo descarta cuándo el planteo proviene del obrar culposo del empobrecido, señalando también que la accionante no ha podido acreditar la existencia de su alegado empobrecimiento, como tampoco el enriquecimiento de su parte.
Asevera que en virtud de ello la juzgadora debió considerar que si la reclamante pretendía una reparación de los daños y perjuicios derivados del enriquecimiento sin causa debió probar los extremos que hacen a su procedencia, y que frente a la inacreditación correspondía el rechazo de la acción. Contrariamente a ello la sentenciante, favoreciendo la pretensión de la accionante, con invocación del principio iuria curia novit, vulnerando el derecho de defensa de su parte a través de un obrar sorpresivo, habilita otro marco normativo para la pretensión, brindando así un improcedente andamiaje a la acción, arbitrariedad que a su criterio descalifica la sentencia, correspondiendo rechazar la demanda, con costas.
A modo de segundo agravio insiste con la improcedencia de la aplicación del principio iuria curia novit, cuestionando la subsunción de la situación en la norma del art. 1071 y 1107 del Cód. Civil al entender que el hecho que se reputa dañoso tiene su origen en un ilícito ejecutado en el ámbito contractual, soslayando de este modo los fundamentos con los que la actora formuló su pretensión y sobre la base de los cuáles se trabó la litis, modalidad que afecta el principio de congruencia, en cuánto altera el objeto de la relación procesal, conculcando el debido proceso.
Sostiene que pese a la indemostración de los extremos que conformaban el objeto procesal, la sentencia igual condena sobre la base de un supuesto normativo distinto, que no fue objeto de tratamiento por las partes a lo largo del juicio. Ello en orden a que el hecho que se reputa dañoso tiene origen en un ilícito ejecutado en el ámbito contractual, cuándo en la demanda, contestaciones y prueba se acreditó que el reclamo resultaba ajeno al cumplimiento del contrato que vinculaba a las partes, sosteniendo que resultan inaplicables los preceptos normativos en que la juzgadora funda la condena.
Asevera que no se ha discutido ni el cumplimiento ni las obligaciones convencionales contraídas y que su parte no es autora de ilícito criminal ni ejerció abusivamente sus derechos, pues la obra se desarrolló con normalidad, sin que se haya producido reclamo alguno en relación al cumplimiento.
Desarrolla las implicancias del principio de congruencia a través de citas diversas, insistiendo en que ha mediado un obrar arbitrario en la magistrada, con afectación de sus garantías constitucionales, lo que a su criterio descalifica la decisión en cuánto acto jurisdiccional válido, afirmando la mediación de yerro en la apreciación de los hechos y el derecho aplicable.
Como tercer agravio y en relación a los hechos que la juzgadora entiende reconocidos, destaca la discordancia que existe en los asertos de las partes. Así la actora afirma que la mayoría de los materiales eléctricos necesarios eran aportados por Maxel S.R.L., a quien había designado al efecto, mientras la demandada indica que Lepahue S.R.L. subcontrató con Seminco S.A. para que interviniera en la realización del tendido de cañerías eléctricas, cableado de ascensores etc., correspondiendo a ésta proveer una extensa cantidad de materiales de obra, afirmando que se ha demostrado la falsedad de las expresiones de la actora en relación a que Maxel S.R.L. había sido proveedor exclusivo de los materiales eléctricos para tal obra y/o que existiera un contrato al respecto, pues ellos fueron suministrados por Seminco S.A.
En referencia a lo señalado destaca que la actora, en la intención de mejorar su situación, intentó introducir a modo de “hecho nuevo” que “Maxel si bien no resultaba ser proveedor exclusivo, también suministraba materiales eléctricos para la obra”, insistiendo el recurrente en que la indicada Maxel S.R.L. no era proveedor de la obra mientras interviniera Seminco S.A., quedando ello probado a través de la documental de fs. 265/306 y del reconocimiento que la actora produce en su confesional de fs. 549vta. (posición 44), así como también por las declaraciones testimoniales de fs. 649, 665 y 660, pues la obra concluyó en diciembre de 2009.
Se disconforma también respecto de los hechos que la juzgadora aprecia controvertidos, ello en cuánto quiénes tuvieron participación en autos fueron contestes en aceptar que Roberto Luis Cuevas y Claudio Fabián Carballo trabajaron en la obra en cuestión, planteándose la divergencia en cuánto al rol que desempeñaron, señalando que para conveniencia del actor la juzgadora omite considerar otros hechos controvertidos y que fueron probados. Entre ellos a) que al momento de realizarse la obra de la calle Roca 1960 de esta ciudad, la demandada tenía otras obras con la actora y terceros b) que la actora autorizó a Cuevas y a Carballo para efectuar pedidos y retirar mercaderías a su cuenta de Maxel S.R.l. c) que Seminco S.A. desconocía la autorización otorgada de Lepahue S.R.L. a favor de Roberto Luis Cuevas y Claudio Fabián Carballo para que efectuaran pedidos y retiraran mercaderías a su cuenta y orden de Maxel S.R.L., marcando que la omisión de tales antecedentes altera sustancialmente el resultado de la decisión, pues de haberlos considerados otro resultaría el criterio.
A modo de cuarto agravio puntualiza que la sentencia desconsidera elementos fundamentales obrantes en la causa, destacando la situación procesal de Cuevas y Carballo en cuánto a la posibilidad de que se les tenga por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos, presunción que cede cuándo otros codemandados controvierten los hechos articulados por la actora, acotando la proyección que el traslado respectivo habilita respecto de la documental aportada por su parte, debiendo tenerse por reconocida por la actora la totalidad de los documentos adjuntados por su parte al proceso.
En torno a la participación de los nombrados, la magistrada entiende que los mismos la tuvieron de modo conjunto con los empleados de Seminco S.A., con quiénes tenía trato cotidiano, y que Seminco S.A. subcontrató a Cuevas para la realización de parte de los trabajos que le habían sido encomendados por la accionante, habiéndose realizado el mismo bajo su supervisión y dirección, entendimiento con el que coincide con su parte, pues con la anuencia de la actora Seminco S.A. subcontrató a Cuevas para la obra, el que llevó adelante la misma con el auxilio de sus dependientes, entre los que se encontraba Carballo.
En cuánto a los pedidos, marca que también la sentenciante tuvo por demostrado con las notas de pedido acompañadas (fs. 38/41, 43/44, 46/50, 52/54, 56/57, 60/62, 64, 66, 68/69) como de la informativa de fs. 598, que los mismos habían sido efectuados por Carballo, quien firmaba Fabián, agregando que todos fueron entregados a esta persona, o bien retirados directamente del local de Maxel S.R.L.
Tras afirmar que la juzgadora descalifica y altera sus argumentos, sostiene que Seminco S.A. era el único proveedor de materiales eléctricos de la obra y que dicha prestación no era compartida por persona alguna, pues estaba a cargo exclusivo de la nombrada Seminco S.R.L., que además desconocía que Lepahue S.R.L. hubiera autorizado al codemandado Carballo a solicitar mercaderías y retirar las mismas de Maxel S.R.L., insistiendo en que la sentenciante resta virtualidad a su versión en relación a la función de Seminco S.A. como proveedor exclusivo sosteniendo que no se encuentra probado que los materiales adquiridos por Maxel S.R.L. sean los mismos que Seminco S.A. proyectaba para la obra. Al respecto afirma que tal inferencia carece de toda relevancia pues la propia actora en su demanda indica que los materiales en cuestión no fueron utilizados en la obra de marras.
Aprecia que sus argumentos no se ven neutralizados por el tramo en que la sentenciante indica que su parte no acompañó comprobantes por prestaciones efectuadas y/o materiales suministrados durante el período que se cuestiona en la demanda (diciembre 2009 a fines 2010), ya que al contestar la demanda se expresó con relación a la obra de la calle 99 (Roca) 1960 que Seminco S.A. prestó la asistencia eléctrica necesaria para el obrador y restantes cometidos que individualiza, proveyendo una extensa cantidad de materiales de obra, aclarándose que parte de las prestaciones y elementos suministrados aún se encuentran pendientes de pago.
Insiste que conforme quedara acreditado, este proceso tiene su causa en una situación ajena al cumplimiento del contrato que vinculara a las partes, en tanto no se funda en la inejecución o retardo de las prestaciones comprometidas o en su defectuosa ejecución - haciendo referencia a lo que surge de fs. 550 en cuánto a la absoluta normalidad en su desarrollo, aduciendo que si en orden a los comprobantes considerados la sentenciante tiene por acreditado la participación de Seminco S.A. en la obra, ello comporta un razonamiento extremo que llevaría considerar que no tuvo participación alguna en el período en cuestión.
Ratifica que Seminco S.A. era la única proveedora de materiales, lo que de algún modo se desprende de la apreciación de la sentenciante, pues por un lado no tuvo acreditado que los materiales retirados por Carballo de Mexel S.R.L. hubieran sido utilizados en la obra, y por otro, si bien tuvo por probado que en el período que va desde diciembre de 2009 a Abril de 2010 Maxel S.R.L. entregó a Carballo mercadería para ella, con las declaraciones testimoniales producidas tuvo también por acreditado que a fines de 2009 dicha obra había concluido y sólo quedaban en el lugar empleados de guardia, oponiendo a modo argumental que si la obra se encontraba concluida, Maxel S.R.L. no era proveedor de materiales de la misma, por tanto el pedido y retiro de materiales resultaba de responsabilidad exclusiva de quien confirió autorización al respecto.
En tal comprensión, extrae que no cabe más que interpretar que Seminco S.A. era el único proveedor de los materiales eléctricos y que el suministro por parte de Maxel S.R.L. a terceros, autorizado por Lepahue S.R.L., resultaba ajeno al contrato que vinculaba a ésta con aquélla, por lo que ninguna responsabilidad puede atribuirse a su parte por el obrar de los mentados autorizados.
Anota también que la juzgadora encontró acreditado que Carballo recibió mercadería en nombre de Lepahue S.R.L., excediéndose en la autorización por ella otorgada, marcando al respecto que la sentenciante no analizó debidamente este antecedente que marca la responsabilidad de quien dice resultar víctima, esto es ponderar la responsabilidad que cabe a la actora al autorizar a Carballo (tercero ajeno a la relación) ante Maxel S.R.L. para formular pedidos y retirar mercadería a su nombre, lo que le hace plantear la culpa exclusiva de la víctima conforme lo prescripto por el art. 1111 del Cód. Civil, fundando doctrinariamente su criterio.
Al respecto agrega que no siendo Cuevas ni Carballo empleados de Seminco S.A. y que tampoco ellos fueron autorizados por la indicada ante Maxel S.R.L. para efectuar pedidos y retirar mercadería por orden y cuenta de Lepahue S.R.L., menos aún para atribuirle las hipotéticas consecuencias de su obrar, cabe adjudicarle la asunción de las generadas por su propia conducta, sosteniendo la irreprochabilidad a su respecto.
Marca también que si Carballo cometió una maniobra de la que fue víctima la accionante, era dependiente de Cuevas, resultando ellos los únicos responsables del hecho en cuestión, acudiendo al criterio previsto por el primer apartado del art. 1113 del Cód. Civil en cuánto a la responsabilidad por el hecho del dependiente, evocando doctrina que marca la irresponsabilidad del empresario por los actos de los empleados del subcontratista, en tanto no son dependientes.
Señala también como déficit en la decisión que se condena a Cuevas sin expresar los motivos, careciendo de fundamentación al respecto.
Expresa que al amparo del art. 1629 del Cód. Civil y considerando que Seminco S.A. puso bajo su dirección y control no sólo a su personal sino también subcontrató a Cuevas y éste a Carballo, la juez impone que todos ellos deben responder, olvidando que la actora también era contratista de obra y que en su carácter de empresario contrató a Seminco S.A., quien a su vez contrató a Cuevas, involucrando en la responsabilidad a la misma en su carácter de empresario, ello por la personas que se ocupen de la obra.
Insiste finalmente en la consideración del extremo eximitorio que comporta el hecho de la víctima, en cuánto a su intervención culposa o negligente, solicitando el rechazo de la acción, con costas.
El recurso no debe prosperar.
II. Y para dar respuesta a las puntuales razones que se traen he de marcar de modo inicial que no media en la sentencia contradicción alguna respecto de la normativa aplicable. Es que la cita que concreta sobre el nuevo Código Civil y Comercial (fs. 903 vta. párrafo segundo) sólo comporta una mención comparativa, más innecesaria, puesto que la situación dañosa que da origen al reclamo se subsume en el Código Civil anterior, tal como expresamente lo refiere la sentenciante en el apartado I.- (fs. 903), siendo éste el plexo en virtud del cuál se lo debe decidir (arg. arts. 7 del Cód. Civil y Comercial y 499, 1066, 1067, 1068, 1069, 1081, 1083, 1113, apartado primero y 1122 del Cód. Civil).
Tampoco lleva suerte la objeción relativa a que la pretensión ejercida fue la de “enriquecimiento sin causa” y que resuelta en el marco cuasidelictual bajo la invocación del principio “iure curia novit”, ello conlleva la vulneración del principio de congruencia, conculcando sus garantías constitucionales.
Se yerra en tal imputación descalificante, pues ateniéndonos a los términos de la demanda es dable advertir que ella alude a la existencia de una maniobra de carácter malicioso y abuso de confianza constitutiva de daño (ver fs. 149 vta. párrafo segundo y 150 párrafo segundo), marcando también que el mismo tiene causa ajena a la relación contractual, lo que determina la responsabilidad civil extracontractual (fs. 150 vta in fine ), fundando el requerimiento resarcitorio en las pautas que le son propias (ver fs. 153 punto IV).
Este ostensible perfil de la pretensión basta para desplomar la crítica, más cabe también en la ocasión marcar que la aplicación del principio iuria curia novit en nada contradice a la congruencia, toda vez que ésta no se relaciona con el primero si se tiene en cuenta que se refiere a la existencia de correlación entre lo decidido en la sentencia y los términos en que oportunamente quedó planteada la litis. Y en la determinación sobre cuál es el Derecho aplicable tiene como único y verdadero límite los hechos que articularon los justiciables, por lo que respetando dicha regla la sentencia que declare el derecho aplicable al caso, aún cuándo fuera distinto del invocado por el reclamante, nunca puede ser violatoria del principio de congruencia.
En autos se han respetado escrupulosamente los hechos expuestos como litigiosos y en este contexto resulta incuestionable facultad del juzgador de resolver el conflicto con prescindencia de la denominación o encuadramiento jurídico dado por los litigantes, aplicando el Derecho con el límite infranqueable, insisto, que le imponen los hechos articulados (arg. arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° del Cód. proc. y 18 C.N. y 15 C. de la Provincia de Buenos Aires).
Por tanto, frente a la expresa pretensión reparatoria interpuesta por el actor y al entendimiento que cabe conferir a los principios referidos, la queja que se trae a este respecto no puede prosperar.
III. En cuánto al abordaje del resto de las quejas expresadas en relación a la responsabilidad atribuida y en procura de aprehenderlas troncalmente, entiendo que ellas muestran dos perfiles esenciales, claramente identificables.
Así se sostiene en la memoria:
a) que la mercadería aplicable a la instalación eléctrica a su cargo respecto de la obra en cuestión - Sindicato de Empleados de Comercio de General San Martín, sita en calle 99 N° 1960 (ex Roca 74) de esa ciudad - fue provista exclusivamente por ella.
b) Que con la anuencia de la actora subcontrató con Cuevas el que llevó adelante su trabajo con la ayuda de sus dependientes. Con lo que Luis Cuevas y Claudio Fabián Carballo, citados como terceros, no eran empleados de la accionada, marcando que los mismos fueron autorizados por la reclamante, ello sin su conocimiento.
Tales resultan las sintetizadas invocaciones por las que se encamina el entramado defensivo de la agraviada. Más proyectado en el plano decisional reclama discernir sobre la actuación de los nombrados para así ponderar la responsabilidad refleja atribuida a Seminco S.A., ello con consideración de la aportación causal que a modo de actuación culposa se endilga a la accionante por facilitar a través de su autorización antedicha los retiros en cuestión. Tales resultan en síntesis los puntos medulares que se imbrican en el alzamiento.
Y para el tratamiento respectivo cabe partir del incuestionado reconocimiento del que parte la sentenciante en el apartado III 1 de fs. 904 vta/905, excluyendo puntualmente “que la provisión de materiales para la realización de los trabajos había sido acordada con Maxel S.R.L., la que se encontraba autorizada por Lepahue para recibir pedidos y entregar los mismos tanto al Sr. Cuevas. Como a Fabián Carballo”, pues en relación a este aspecto son discordantes las posiciones de las partes.
Y en su desarrollo pese a esfuerzos argumentales del recurrente aprecio que no se demostró que Seminco S.A. aportara en plenitud los materiales eléctricos aplicados a la obra encomendada a Lepahue S.R.L. (fs.560/573), como tampoco, tal como lo señala la magistrada, que los retirados de Maxel S.R.L. guardan identidad con los que habría aportado la accionada Seminco S.A.
Es que más allá de lo que al respecto pueda aportar la prueba testimonial que se trajo, lo cierto es que tal extremo requería de la prueba pericial, extrañamente desistida por los interesados (ver fs. 686, 786 y 865), lo que ha conducido a desabastecer definitivamente este visceral aspecto acreditativo, observando que la propuesta contenía puntos encaminados a esta medular demostración
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