Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 71763
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia en cuánto ha sido materia de recurso.
2Imponer las costas de Alzada en el orden causado.
3Diferir la regulación de honorarios del letrado de la apelante para su oportunidad.
"...se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? V O T A C I O N
A la cuestión propuesta, la señora juez Scarpati dijo:
I. Que la sentencia de fs.271/276 que condena a la accionada a abonar la suma de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis, con más sus intereses, es apelada por la accionante (fs. 280) la que expresa sus agravios mediante la incontestada memoria de fs. 288/308.
Cuestiona el rechazo de la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de la resolución 47/95 de la Secretaría de Transporte de la Nación (modificada por la Resolución 212/02), particularmente de lo establecido por el art. 6° inc. b de la misma en cuánto establece una indemnización tarifada en el supuesto de extravío de valores no declarados, señalando que con su planteo lejos está de formular la impugnación de manera abstracta.
En tal sentido objeta la aserción de la sentenciante relativa a que no acreditó que el equipaje que despachó contuviera una placa y disco de embrague, un volante de arranque y un soporte de rulemán de Mercedes Benz 1214, como también una campera de cuero Yves Saint Laurent y un par de botas de cuero negro de montar, considerando para ello insuficiente la información testimonial aportada a fs. 258 y 259, añadiendo que no se ha demostrado que el reclamante haya declarado el bulto ante la empresa demandada, tal como se indica en la normativa respectiva.
Controvirtiendo este criterio aprecia que ha logrado probar el contenido del equipaje despachado así como el valor del mismo, extremo éste que se muestra reconocido en la sentencia y que supera ampliamente el tope de responsabilidad previsto por la normativa citada, atribuyendo a la decisión una interpretación restrictiva y antojadiza de la prueba.
Transcribe lo que surge de las testimoniales citadas y del pliego de la confesional ficta receptada, marcando la inexistencia de prueba de la contraria y trascribiendo decisiones diversas que receptan el criterio que postula, ya que, demostrada la existencia de un daño superior al que fija la resolución indicada el porteador debe indemnizar ese mayor valor, aludiendo a la jerarquía constitucional del derecho a la reparación integral frente al daño injustamente sufrido.
Aduce que se ha probado la insignificancia de la suma reconocida por la sentenciante así como el mayor perjuicio sufrido, haciendo referencia a decisiones que lo han reconocido, ordenando en consecuencia al transportista indemnizar este mayor valor.
Afirma las dificultades que plantea rendir una prueba precisa sobre el contenido de una valija, señalando que debe apelarse a una prueba realista, fundando el entendimiento a través de citas jurisprudenciales y destacando la existencia de un reclamo previo ante la empresa, constando las referencias respectivas en su demanda.
En torno al monto conferido en concepto de “daño emergente”, autorizado en el entendimiento que sólo se ha acreditado la pérdida de equipaje, más no su contenido y por lo que se le reconoce $ 456, insiste en que se ha probado el contenido del equipaje a través de la prueba informativa de fs. 172/173, 195/197 y 203 y pericia mecánica de fs. 243, superando con creces el valor de los objetos extraviados el tope de responsabilidad establecido por el art. 6 de la Resolución 47/95 de la Secretaría de Transportes.
Alude genéricamente al daño y su derecho a la reparación integral, transcribiendo decisiones y ratificando que acreditada la existencia de un daño mayor al que fija la referida resolución, el transportista debe indemnizar el mismo conforme el art. 179 del Cód. Com., siendo de aplicación la limitación en cuestión sólo en el caso de que el pasajero no logre probar su contenido y la significación económica del equipaje, criterio que equivocadamente la juzgadora aplica al caso.
Hace puntual referencia a los valores transportados, conforme la prueba informativa y pericial, aludiendo también a los que corresponden a los objetos personales extraviados, estimándolo en $ 8.555, observando al respecto que además sujetó su reclamo a lo que en más o en menos resulte de la prueba.
Cuestiona el rechazo del “lucro cesante” en cuánto se omitió considerar las pruebas mediante las cuáles se acredita el perjuicio respectivo, haciendo nuevamente referencia a la confesional y testimonial, transcribiendo lo que surge de los dichos de fs. 219 y 220 y puntualizando la proyección de la confesional ficta.
Aludiendo a la sana crítica en cuánto a la ponderación probatoria, reclama la admisión de esta partida, ponderándola en la suma de $ 2.000.-, monto que justiprecia al momento del hecho (11-6-2006).
Se queja igualmente del rechazo dispuesto respecto de los “gastos de movilidad y traslados”, controvirtiendo el criterio sustentado en la ausencia de prueba, ello pues a través de los testimonios de Turquieto y de Falcón entiende acreditado tal desmedro, añadiendo la confesión ficta en cuánto a las posiciones que a ellos se refieren, reclamando $ 780, suma que también está referida al momento del extravío.
Se agravia también en relación al monto conferido por “daño moral”, desarrollando su contenido conceptual y los intereses preservados a través de su reconocimiento, señalando que el episodio alteró la paz y la tranquilidad de su espíritu, generando molestias e inconvenientes, marcando que tal perjuicio resulta autónomo del daño material, transcribiendo decisiones relativas a él y apreciando acreditado el mismo, solicitando su elevación a la suma que la sana crítica habilite a su respecto.
II. La sentencia debe ser confirmada.
Más previo a desplegar las razones de tal entendimiento cabe señalar que la recepción del equipaje por parte del transportista implica para éste asumir el carácter de tenedor de aquél en los términos de los arts. 2352, 2460, 2461 y 2462 inc. 2° del Cód. Civil, debiendo responder por su extravío con el alcance propio de la responsabilidad contractual (arg. arts 170 y 179 del Cod. Com.).
En esta comprensión, cierto es que la pretensión se inserta en el marca de la reparación integral por el daño producido, con el consecuente rechazo del régimen administrativo relativo a la indemnización tarifada que establece impugnada Res. 212/02 de la C.N.R.T. Y también lo es que lo dispuesto en la mencionada resolución 212/02 no puede prevalecer sobre normas específicas del Cód. de Comercio, de manera que “si el damnificado ha demostrado la existencia de un daño superior al que fija la referida resolución, el transportista debe indemnizar ese mayor valor. Ello porque las limitaciones restrictivas que surgen de dicha Resolución sólo tienen eficacia supletoria para el supuesto de que la actora no logre demostrar el contenido y la significación económica del equipaje, pues probados esos extremos, la obligación de la trasportadora se rige por la norma del art. 179 del Cód. Com” (C. N. Com. Sala C “Pereira, Sandra Isabel c. Andesmar S.A.” 22-5-09; “M.N. C. c. Empresa Argentina de Servicio Públicos S.A. de Transporte Automotor s/ordinario” 6-11-2014 ED ejemplar 22-6-2015 págs. 5/8).
En consecuencia es dable concordar con el apelante en cuánto a la posibilidad resarcitoria no tasada. Sin embargo en lo que no coincido, compartiendo aquí el criterio de la sentenciante, es en cuánto a la esgrimida acreditación de los objetos transportados.
Y cabe reconocer que a este respecto que tal visceral recaudo hace a la demostración de daño cierto, ingrediente troncal de la responsabilidad resarcitoria (arg. art. 1068-1069 del Cód. Civil, arg. arts. 207 y 179 del Cód. Com. y arts. 375-384-456 del Cód. Proc.).
He aquí el déficit de este proceso.
Es que más allá de la acreditación del valor de los objetos que se denuncian transportados (fs.173; 196/197; 203 y pericia fs. 243) lo cierto es que la testimonial aportada a fs. 219 y 220 se muestra insuficiente para la acreditación de su efectiva transportación.
Y al respecto cabe analizar sus dichos y también la razón de los mismos (arg. arts. 443 apartado segundo y 466 del Cód. Proc.).
Así Turquieto (fs. 219) comienza admitiendo, sin ninguna precisión, que tiene una “relación laboral” con el reclamante, apuntando que condujo al actor hasta la terminal respectiva y que iba a reparar un colectivo Mercedes Benz, haciendo referencia a los repuestos transportados así como el lugar de destino, refiriendo que “los bajaron entre los dos porque era muy pesada” (pregunta 6°) manifestando que él se volvió en el rodado del actor (pregunta 7°) y que Casagrande le manifestó más tarde que se perdió el equipaje que habían embalado, por lo que “ tuvo que volver a armar todo, tuvo que comprar todos los repuesto nuevamente, y volver a viajar, quedándose aproximadamente una semana”.
A su turno Falcón (fs. 220), en apariencia cónyuge del anterior, también expresa que conoce al actor de su trabajo, explicando que en la ocasión acompañó a su marido y que “luego él le comentó lo que había pasado”. Preguntada por el contenido, dice que tenía herramientas para arreglar un vehículo, sin ninguna indicación, y que era una caja muy grande y que su marido tuvo que ayudarlo a llevarla hasta arribar al micro y “con posterioridad a este incidente el Sr. Casagrande viajaba, iba y venía, no se bien”, estimando que al viajar tanto por este tema le ocasionó un perjuicio (pregunta 3°).
La laxitud de estos dichos no permiten en mi criterio a acreditar el desmedro, requerido en este ámbito del recaudo de la “certeza”, sin que concurran tampoco elementos indiciarios que en exigible número, concurrencia y concordancia permitan inferirlo “presuncionalmente (arg. art. 163 inc. 5° del Cód. Proc.).
Pero además, las propias características del suceso imponía prueba puntual y necesariamente pertinente (arg. art. 358 del Cód. Proc.), mostrándose insuficiente una información testimonial procedente de quienes en apariencia están laboralmente vinculados al actor y que magros detalles aportan, en cuánto omiten producir las explicaciones que razonablemente justifiquen su presencia y persuadan sobre el efectivo conocimiento de la carga de que se trata (arg. art. 443 apartado segundo del Cód. Proc.).
Y es que la invocada aplicación de los elementos que se esgrimen transportados imponía demostrar su adquisición así como el desenvolvimiento del reclamante en la reparación a que estaban destinados los repuestos respectivos, como también la esgrimida adquisición de otros para sustituirlos.
Este periplo probatorio esencial a la pretensión se muestra absolutamente desatendido. Y no cabe considerarlo probatoriamente compensado con las manifestaciones testimoniales indicadas, particularmente atendiendo a que no se trata del extravío de objetos genéricos, tales como vestimenta y objetos conexos, sino que está constituido básicamente de “repuestos”, ello más allá de los elementos personales que se denuncian también perdidos. Aprecio por tanto que se imponía en tal contexto la necesidad de demostrar seriamente su preexistencia mediante comprobaciones hábiles que acrediten su adquisición y el encargo reparatorio a que estaban afectados, lo que no ha acontecido, observando que ésta resulta ser en el caso la “prueba realista” a que alude el recurrente, y que por lo demás lejos está de resultar de difícil producción (arg. arts. 358 y 384 del Cód. Proc.).
Esta vaciedad en torno a la existencia cierta de los objetos extraviados en ocasión del transporte tampoco se muestra saneada por la proclamada proyección de la confesión ficta invocada por el recurrente (acta fs. 141 y pliego de fs. 269). Ello pues la pertinente propuesta confesional resulta absolutamente ajena” a la actuación personal del absolvente”, tales las que derivas de las posiciones 3°/11° y 17°/24°, puntualmente relacionadas con el contenido del equipaje despachado (arg. art. 409 párrafo primero del Cód. Proc.).
En este contexto quedan despojadas de toda virtualidad la admisión de las partidas resarcitorias que se enlazan causalmente al inacreditado extravío de los objetos invocados, más observando que nada cabe decir respecto del reconocimiento de “daño moral”, único rubro que ha prosperado en la decisión, ello frente a la inexistencia de recurso de la contraparte (arg. art. 266 in fine del Cód. Proc.). Y cabe marcar la improcedencia de pretensión alcista de la apelante en relación a todas las partidas propuestas, ello frente a la inacreditación del daño que las justifican (arg. art. 1067-1068-1069 del Cód. Civil art. 207 del Cód. Civil y 375-358-384-456 del Cód. Proc.).
Más queda por decir, frente a este grado de indemostración de daño cierto y capitalizando en ello la contrastante facilidad probatoria razonablemente atribuible a este puntual extravío, que no cabe ingresar al tratamiento de la impugnación de constitucionalidad que arbitra el apelante. Es que hacerlo importaría habilitar una impropia descalificación abstracta, fundamentalmente frente a la ausencia de agravio concreto, sabiendo además que la declaración de inconstitucionalidad de un plexo normativo es una acto de suma gravedad, debiendo ser considerada como la última ratio (CS Fallos 249:51; 29580; 298:511, entre muchos).
Por tanto, de compartir mi colega, Alejandra I. Sánchez Pons, lo que llevo desplegado cabe confirmar la sentencia en cuánto ha sido materia de recurso.
En cuánto a las costas de Alzada, conforme el entendimiento dado a las cuestiones sometidas y frente a la ausencia de contradicción, cabe aplicarlas en el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios del letrado de la apelante para su oportunidad (arg. 68 del Cód. proc. y 31 del decreto 8904/77).
Doy mi voto por la AFIRMATIVA.-
La señora juez Alejandra I. Sánchez Pons, por las mismas razones, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo precedente se RESUELVE: 1°) CONFIRMAR la sentencia en cuánto ha sido materia de recurso. 2°) IMPONER las costas de Alzada en el orden causado. 3°) DIFERIR la regulación de honorarios del letrado de la apelante para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE. "
Fin de la sentencia