Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 70134
"...se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Scarpati dijo:
I. Que la sentencia de fs. 616/622 que condena a la EDENOR S.A., ELECTRONORTE S.A. y ARGENCOBRA S.R.L. con extensión a la aseguradora PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. al pago de la suma de $ 16.000 con más sus intereses es apelada por las partes (fs. 623, 625 y 630).
La demandada y su aseguradora expresan sus agravios a través de las incontestadas memorias de fs. 695/701 y 702/704, respectivamente, haciendo lo propio la actora a fs. 705/715, la que se replica a fs. 717/719.
Agravios de la demandada:
Solicita se deje sin efecto la condena o bien se disponga la reducción de los resarcimientos autorizados, marcando la existencia de pluspetición inexcusable en ellos y solicitando igualmente no se apliquen los intereses desde la fecha del hecho en relación al daño moral.
Cuestiona así la atribución de responsabilidad, transcribiendo el tramo respectivo expresando que en tanto Argencobra S.A. como Electronorte S.A. eran las que estaban realizando tareas en el lugar, correspondiéndoles por tanto cumplir el deber de proveer a su personal de los elementos de seguridad necesarios a fin de evitar accidentes al personal propio y a terceros, verificando que el mismo cumpla las medidas pertinentes. Sostiene que mediante una orden y pedido que identifica se encargó a la primera, ello en el ámbito de un contrato que también precisa, la obra, la que fue ejecutada por un subcontratista de la empresa mencionada, Electronorte S.R.L., aludiendo a las constancias aportadas que como prueba instrumental acompaña a su contestación, señalando que en dichos contratos se indicó que tales empresas debían suscribir las pólizas que cubrieran eventuales daños, estableciéndose asimismo la obligación de mantener a Edenor S.A. indemne frente a cualquier tipo de reclamo proveniente de terceros y que tenga como causa toda acción u omisión de las referidas empresas, sus contratistas o dependientes a cargo durante la ejecución del contrato.
Asevera así que no participó de las tareas que estaban ejecutando los operarios, teniendo las firmas indicadas a su cargo la garantía de indemnidad, pesando en consecuencia sobre ellas el deber de responder, con extensión a la aseguradora.
Marca también que tanto la actora como los testigos hacen referencia a la falta de iluminación en los alrededores de la obra, lo que imputa al Municipio respectivo, sosteniendo que no existe relación causal para atribuirle culpa o negligencia a ella, correspondiendo hacer recaer el reproche en las aludidas empresas, sin distinción de la gravitación que cada una de ellas puede haber tenido en el hecho padecido por la actora.
Atribuye también entidad causal a la actuación imprudente y negligente de la damnificada, apuntando que el pozo en cuestión tenía una envergadura considerable, mediando señalización, aunque insuficiente, aludiendo a los dichos del testigo Kopylow que justifica la caída expresando que no estaba muy visible y que San Miguel “era un hormiguero de gente”.
Expresa que las obras se encontraban debidamente protegidas y señalizadas, haciendo referencia a la existencia de maderas para cubrir las excavaciones, aduciendo que la actora debió extremar las precauciones, esto es observar la vereda y las señalizaciones, pues había elementos de una obra en construcción fácilmente perceptibles, señalando que su conducta resta entidad a la responsabilidad atribuida y hace recaer la misma sobre la actora, entendiendo que no media relación causal derivada de la culpa o negligencia imputables a su parte.
Apunta que doctrinariamente estas situaciones implican “asunción de riesgos”, lo que debe ser tomado como una eximente dentro del ámbito de la causalidad, puesto que la asunción consciente del riesgo es imputable al hecho de la víctima, lo que se erige en causa ajena, fracturando el ligamen causal.
Discurre con citas doctrinarias sobre los recaudos de la responsabilidad y las causales eximitorias, insistiendo que en el supuesto de autos media una interrupción de la causalidad, solicitando la revocación de la sentencia, eximiéndolo así de la responsabilidad que se atribuye, con costas, planteado a todo evento la atribución de un porcentual de culpa a la accionante.
Propicia al par la reducción de los montos atribuidos a las partidas resarcitorias reclamadas.
Así considera desmedido el monto reconocido por “incapacidad sobreviniente” en cuánto no obedece a parámetros razonables, indicado que la suma otorgada no se corresponde con el grado de discapacidad apreciado por las pericias.
Alude a la impugnación que oportunamente planteara en fecha 6-6-2012, señalando que el experto confiere causalidad con el hecho a patologías degenerativas relativas a enfermedades columnarias (cervicalgia y síndrome lumbosacro doloroso), cuestionando tal vinculación, ello en cuánto resultan dolencias crónicas derivadas de malos movimientos o posturas o una presunta caída, adicionando que la suma comporta un enriquecimiento sin causa, solicitando su drástica reducción.
Impugna la suma conferida por “daño moral” para lo cual señala que habitualmente el monto de esta partida no alcanza al 20% de la reconocida al rubro principal, pues se determina conforme pautas de conducta de una persona común, sin atender a las secuelas afectivas, sin que tampoco pueda ser fuente de beneficio o de enriquecimiento injusto ni tener un sentido sancionatorio, trayendo citas dogmáticas diversas, propiciando su inclusión en el rubro relativo al “daño psicológico”, ello por no conformar éste una categoría autónoma.
Se queja igualmente de la suma reconocida por los “gastos terapéuticos”, admitiendo la innecesariedad de constancias más sosteniendo que en virtud de la inexistencia de prueba dicha suma resulta excesiva.
Postula que el “daño moral” no devengue intereses, fundando el criterio mediante citas jurisprudenciales que refieren que su monto de determina al momento de la sentencia y hasta el efectivo pago, lo que implica que el sentenciante lo ha definido en valores actualizados.
Se agravia de la imposición de costas, ello en orden al criterio de responsabilidad de la actora que sustentara, considerando que en el caso, al prosperar parcialmente, no debe seguirse el principio consagrado en el art. 68 del Cód. Proc.
Agravios de la aseguradora:
Controvierte el monto atribuido a la “incapacidad sobreviniente”, transcribiendo referencias doctrinarias y considerando que frente a la indemostración de elementos objetivos que acrediten las condiciones personales de la víctima aprecia excesiva la suma reconocida, solicitando su morigeración.
Cuestiona el monto atribuido por “daño moral”, reeditando la modalidad dogmática en la fundamentación, solicitando su descenso por infundado, sosteniendo que debe atenderse en él a la existencia de alteración disvaliosa del espíritu.
Objeta la imposición de costas, apreciando que dado el modo en que prospera la demanda el verdadero derrotado resulta la actora, ello en tanto sus reclamos han progresado por montos sensiblemente menores, debiendo serles impuestas las costas al reclamante abusivo, ello pues su conducta impuso a su parte la obligación de resistir su pretensión. Quejas de la actora:
Se agravia de la suma conferida por “incapacidad sobreviniente” aportando a modo argumental citas diversas sobre su significado y ponderación cuestionando el reconocimiento de $ 1.000 por punto de discapacidad, haciendo referencia comparativa a la evolución de los ingresos del sueldo básico de un empleado de comercio, la cotización de la hora en la prestación de servicios domésticos y la variación en el valor del “bono verde” o derecho fijo instituido por la ley 8480 desde noviembre de 2012 a diciembre de 2013, plasmando las resoluciones respectivas, marcando que el incremento alcanzó a un 23%, ello para destacar que las indemnizaciones “no suben ni por asomo, porque los jueces siguen otorgando lo mismo año a año”, indicando que la diferencia no se compensa con el reconocimiento de intereses calculados a la tasa pasiva, lo que redunda en que el demandado se enriquece a costa de la actora.
Destaca que de este modo que a los damnificados, marginados por su incapacidad, tampoco se les imparte una justicia que resarza su desvalimiento, extremo que desprestigia a la justicia, requiriendo así una fijación ajustada a la realidad actual, marcando que a través de un simple cálculo el resarcimiento asciende a $ 60.000, ello a partir de la multiplicación de los ingresos mensuales por 13, aplicando sobre tal suma el porcentual de incapacidad peritado, proyectando el resultado en el número de años de vida útil, solicitando la elevación de esta partida.
Controvierte el rechazo de la “incapacidad psicológica”, destacando que oportunamente impugnó la pericia respectiva en cuánto no diagnosticó el porcentual de discapacidad en el área.
Aduce para ello que la experta no ha realizado un análisis profundo de los hechos referidos por la damnificada y ni siquiera ha evaluado la posibilidad de una incapacidad temporal, desarrollando razones genéricas relativas a la reacción que provocan hechos una alternativa de esta naturaleza en cuánto a la producción de afecciones psíquicas, haciendo referencia al concepto de “trauma” y al funcionamiento del aparato psíquico, fundando sus asertos a través de citas y postulando el reconocimiento de un desvalimiento temporario en el área, ello en cuánto el accidente produjo una importante modificación en su vida, con detrimento de su paz anímica, lo que le hace sostener la existencia de una discapacidad psicológica de carácter permanente, o, cuánto menos, temporal lo que no fue contemplado por la perito, y que resulta resarcible.
Objeta la cuantía del “daño moral”, transcribiendo citas doctrinarias, afirmando la existencia de dolores corporales, temor por el peligro corrido, pérdida de conocimiento, curaciones, intervenciones quirúrgicas, molestias en el tratamiento, padecimientos en la internación hospitalaria, postración física, temor a las secuelas e incertidumbre en el restablecimiento, transcribiendo decisiones diversas en relación a su ponderación, solicitando elevar el rubro significativamente.
Cuestiona también la tasa de interés autorizada en tanto no contempla la pérdida del valor de la moneda ni repara el daño generado, ello por el retraso en el cumplimiento de la obligación respectiva, extremos que desvirtúan la función resarcitoria que llevan también los intereses, haciendo referencia al porcentual de inflación, comparándolo con el de la tasa pasiva.
Señala el beneficio que comporta la misma para el acreedor, apuntando que en los depósitos bancarios del tipo los intereses se acumulan al capital a su renovación, ello sin necesidad de petición alguna, lo que no sucede en el caso, debiendo el acreedor soportar el perjuicio que determina la no incorporación de los mismos al capital cada 30 días.
Hace referencia a decisiones judiciales diversas que advierten este detrimento, habilitando la tasa activa, reeditando sus planteos comparativos relacionados con los ingresos de un dependiente de comercio, del servicio doméstico y del “bono verde”, reeditando lo que plasmó a fs. 706 vta. in fine/ 707, solicitando asimismo que ante la eventualidad de denegarse la aplicación de la tasa activa, se admita la tasa pasiva digital.
II. la impugnación que aporta EDENOR S.A. en relación a la responsabilidad que le fuera atribuida no puede prosperar.
Es que en el planteo exonerativo que produce, pretendiendo trasladar el reproche exclusivamente a las codemandadas ARGENCOBRA S.S. y ELECTRONORTE S.R.L., también condenadas, desatiende un principio básico cuál es el de inoponibilidad consagrado en el art. 1199 del Cód. Civil, con lo que aún cuándo en el contrato por el cuál delega los trabajos se establecieran cláusulas que liberaran su responsabilidad por los daños a terceros, las mismas resultan inoponibles a la víctima.
A su turno y en orden a la admisión plasmada en su contestación respecto del acometimiento de trabajos por terceros (fs. 274 vta.) receptado por la sentenciante e indiscutido por la apelante, lo cierto es que tal como se señala el reproche a su respecto se inscribe en el marco del art. 1113 apartado segundo parte segunda del Cód. Civil, norma establece concretamente la responsabilidad indistinta “del dueño o guardián” de la cosa que intervino en la causación de un daño. Ello ha llevado a la mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia a sostener que cuando ambas cualidades no están en cabeza de una misma persona sino en dos sujetos distintos, la responsabilidad de ambos frente a la víctima resulta ser también “concurrente” o “indistinta”. De este modo, dentro del ámbito de la responsabilidad objetiva el tema de “la transferencia de la guarda” sólo tiene relevancia si se trata de responsabilizar al ”guardián”, más no para exonerar al “dueño”, ya que éste, por vía de principio, siempre responderá haya habido o no transferencia de la guarda. El dueño podrá eximirse sólo si prueba que la cosa fue usada contra su voluntad, supuesto que no se da en el caso. Y al ser la responsabilidad indistinta frente a la víctima del dueño y del guardián, se posibilita a aquélla dirigir su acción por el todo contra cualquiera de éstos o contra los dos, lo que no excluye la acción recursoria del caso por parte del dueño contra el guardián, si es él quien indemniza el daño.
En torno a la caracterización del factor de atribución que lo involucra, vale acercar algunas consideraciones que restan operatividad revocatoria a sus razones. Es que como quedara expresado estamos emplazados en la “responsabilidad objetiva” prevista en el texto del citado art. 1113 del Cód. Civil en atención a la participación en el evento de una cosa portadora de riesgo, tal la que se deriva de la admitida y acreditada existencia de un pozo en la vereda efectuado con el objetivo de colocar dos buzones de energía eléctrica en Avda. Presidente Perón entre Charlone y Belgrano de San Miguel por parte de la accionada, ello a efectos de mejorar instalaciones y el servicio prestado (ver informe fs. 389/392, testimonios fs. 550,590 592 y arg. Art. 354 inc. 1° del Cód. Proc.), respondiendo frente a los daños causales el dueño o guardián de una manera “objetiva”.
En tal contexto se deja de lado la concepción de la “culpa”, que pasa a constituir un elemento ajeno al caso, pesando sobre la víctima la carga de demostrar: a) la existencia del daño b)el riesgo o vicio de la cosa c) la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño y d) que el demandado es el dueño o guardián de la cosa (SCBA Acuerdos 49766 del 13-4-93; 47075 del 6-4-93 entre otros). En este ámbito la culpa o negligencia del dueño o guardián no constituyen elementos exigidos por la norma para la atribución de la responsabilidad (SCBA Ac. 36391 del 23-9-86; 40464 del 13-4-89; 82266 6-11-02) lo que expone inoperante la argumentación direccionada a destacar a su respecto la inexistencia de culpa o negligencia.
Y vale también señalar al respecto que para la exoneración o atenuación de responsabilidad objetiva el accionado debe acreditar que la conducta de la víctima, o de un tercero por quien no deba responder, ha interrumpido total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA ac. 36966 del 11-12-86; 65396 del 5-4-00), con lo que el concepto de “culpa de la víctima” está dirigido en rigor a la conducta de ésta como factor interruptivo de la relación de causalidad (arg. art. 901 Cód. Civil SCBA Ac. 71560 del 15-3-00; 75756 del 4-4-01).
Más tal aportación causal eximitoria o atenuadora por la mediación de la conducta de la víctima reclama su irrupción con las características del “casus”, en cuánto debe mostrar las notas de la imprevisibilidad e irresistibilidad propias de él para desalojar o concurrir con la causalidad atribuible a la “cosa” portadora de riesgo, recaudos que ni siquiera se insinúan en el caso (arg. arts. 512-513-514-901-902-1111 y 1113 del Cód. Civil y 375 del Cód. Proc.).
Y en orden a las invocaciones recursivas ha de apuntarse que la aceptación de riesgos, como factor que permite atribuir el daño a la propia víctima, se configura cuando una persona asume un riesgo anormal o extraordinario y su conducta es idónea para dañarla, no resultando una causal autónoma de exclusión de responsabilidad sino como una aplicación del hecho de la víctima, como causa o como concausa del daño, caracterizándose como una participación activa de la víctima en una situación de peligro especial, enfrentándolo desaprensivamente (Zavala de Gonzalez, Matilde obra citada 4º Cap IV “La relación de causalidad” “El hecho de la víctima).
De este modo, no existe aceptación de riesgos que libere de la responsabilidad por la sola intervención de la víctima, particularmente cuándo como en autos su conducta estuvo restringida a desplazarse normalmente por la vereda. Y el conocimiento que una persona tiene del peligro o del riesgo a que se expone no importa su aceptación, salvo que haya habido culpa en su conducta, la que tampoco aparece siquiera insinuado en autos. De allí que la llamada “aceptación de riesgos” se haya considerado como “una figura inútil, carente de sentido, que debe ser rechazada de plano, pues conduce en la mayoría de los casos, a soluciones reñidas son la justicia y la equidad y lleva en sí mismo la semilla de las denominadas cláusulas de irresponsabilidad, que en este caso sería implícita o tácita, no de las palabras, sino de los comportamientos ( Pizarro “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa” pág. 474; “Causalidad adecuada y factores extraños” en Derecho de Daños primera parte pág. 269; Mosset Iturraspe “La aceptación de los riesgos. Retroceso en la responsabilidad civil por actos ilícitos” LL1978-D-1067).
En tal entendimiento, frente a la indemostración de una puntual conducta en el damnificado que en cuanto “hecho de la víctima” resulte causalmente susceptible de quebrar la causalidad desenvuelta por la presencia del pozo al que cayera, es dable habilitar sin desmedro alguno la plena responsabilidad de EDENOR S.A. en su carácter de dueño del emprendimiento encomendado a las coaccionadas (fs. 273 vta. y arg. arts. 512-901-902-1109 y 1113 apartado segundo párrafo 2º del Cód. Civil y 375 del Cód. Proc.).
III. Ratificado así el reproche cabe ingresar al tratamiento de los recursos planteados por las partes en relación a las partidas resarcitorias que impugnan.
Y al respecto aprecio que las razones aportadas por la aseguradora se muestran formalmente insuficientes.
Es que la suma conferida por “incapacidad sobreviniente” no aparece en la memoria concreta y razonadamente criticada, cuál es carga del apelante, exhibiendo tal pieza la impropia y acotada forma de una solicitud de reconsideración, sin el rango crítico exigible (arg. art. 260 del Cód. Proc.).
Ello pues la carencia de elementos objetivos que acrediten las condiciones personales a que hace referencia la recurrente no invalida la procedencia de su reconocimiento, ello mediando la acreditación de la lesión y sus secuelas (fs. 389/392 y pericia fs.545/547 y explicaciones de fs. 568), considerando el parámetro que comporta la edad de la damnificada (poder fs.5) así como las referencias relativas a su desenvolvimiento socio-económico que aporta el beneficio para litigar sin gastos (fs. 26/28).
Por tanto, aún en este discreto contexto la determinación cuantitativa queda habilitada, capitalizando para ello la directiva del art. 165 del Cód. Proc.
Igual suerte debe correr el tramo correspondiente al “daño moral” en el que ofrece una fundamentación dogmática y en el cuál también se desatiende del mandato legal de formular una crítica “concreta y razonada”. Es que no resultan hábiles a este respecto las manifestaciones imprecisas y genéricas, ni los razonami
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.