Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 72040
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el señor juez Lami dijo:
I. La sentencia de fs. 299/306 rechazó la demanda con costas a la actora y difirió la regulación de honorarios profesionales (letrados y peritos), para su oportunidad.
II. La nombrada interpuso contra ella recurso de apelación a fs. 313, fundándolo a fs. 322/328. La memoria solamente recibió a fs. 330/332 oportuna réplica del Instituto Superior Palomar de Caseros S.A (uno de los codemandados) mientras que los restantes, Sr. Daniel Bugallo y la citada en garantía: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. la incontestaron.
III. La recurrente sostiene -en forma general- que la sentencia es arbitraria pues carece de fundamentación. Aduce que se omitió el cabal tratamiento de las pruebas producidas y que las declaraciones de los testigos fueron erróneamente interpretadas.
Refiere que el accidente se produjo por la negligente actitud del codemandado Bugallo (profesor a cargo de la actividad durante la cual se produjo el evento dañoso) y que se desestimó la acción, prescindiendo de la responsabilidad del nombrado y del premencionado instituto educativo (del cual éste es dependiente).
Destaca que el principio de la responsabilidad civil por la actitud irregular del agente conlleva la presunción de culpabilidad, supuesto donde se invierte la carga de la prueba. Es por ello –dice- que el Sr. Bugallo debió haber demostrado y no lo hizo, que no hubo culpa de su parte en el hecho dañoso. Esto así considerando que fue quien planificó y desarrolló la actividad durante la cual se produjo el accidente, que estaba a cargo de la materia, de la elección del lugar, terreno, duración, control del equipo y demás medidas de seguridad.
Afirma que el lugar elegido (para colacionar el cuarto año de la carrera terciaria de profesorado de educación física), es utilizado por personas que realizan esta actividad en la alta competitividad de deportes ciclísticos y que ello no es un dato menor, habida cuenta de que por esa circunstancia: tránsito por camino de montaña, con dificultad, curva y contracurva y a gran velocidad, debió el codemandado Bugallo haber fiscalizado las bicicletas demostrando de esta manera todo su empeño en el cabal cumplimiento de su obligación de control del equipo utilizado en esa travesía.
Relata que las bicicletas de cada uno de los intervinientes fueron trasladas desarmadas desde Buenos Aires hacia Mendoza y, al llegar a destino y momentos antes de comenzar la actividad con el citado profesor, el nombrado las armaba a fin de dar inicio a la travesía. Principalmente -afirma- se encargaba de colocar las ruedas de las bicicletas por la dificultad que representaba para las alumnas el armado y ajuste de ruedas. Aduce que la actividad programada para ese día consistía básicamente en descender con la bicicleta prácticamente sin pedalear dado que por la pendiente de la montaña era necesario sobre todo ir frenando. Sostiene que mientras se encontraba descendiendo cerca de una curva cerrada y en virtud del suelo pedregoso y sinuoso, propio de la alta montaña, intentó frenar suavemente pero lejos de obtener el resultado deseado, perdió el control de la misma y salió despedida hacia adelante, que el rodado debía hallarse en perfectas condiciones y ello no aconteció.
Aduce que al ser el profesor responsable por el riesgo creado, tenía a su cargo demostrar que el accidente aconteció por causas ajenas a su obligación o de fuerza mayor o que, por su inmediatez e imprevisibilidad, le fue imposible evitar.
Sostiene que, como responsable primario de la actividad a realizar el día del accidente, a más de la impericia que se desprende de la elección del lugar, debió ejercer el debido control del armado, como así cerciorarse del correcto funcionamiento de todas las bicicletas lo que afirma no aconteció así.
A renglón seguido destaca el resultado de las pericias que se le practicaran donde se determinó una incapacidad psíquica del 25% con necesidad de tratamiento psicoterapéutico por el tiempo mínimo de un año. También, que en la experticia médica efectuada por un cirujano plástico se determinó un 26% de incapacidad de la total vida con carácter parcial y permanente. Que el premencionado profesional sostuvo que las cicatrices estaban comprendidas dentro de los parámetros médico legales de la “deformación permanente del rostro”.
La quejosa sostiene que la magistrada de la anterior instancia desintegró los elementos probatorios, considerándolos en forma aislada y cita jurisprudencia y doctrina para avalar este aserto.
Refiere que algunos testimonios son falaces. Y cita como ejemplo de esta afirmación que algunos de los testigos manifestaron que la travesía era un trabajo práctico obligatorio para promocionar mientras que otros (entre ellos, los empleados del instituto y compañeros del codemandado Bugallo) sostuvieron que ella era optativa).
Alude esencialmente a que algunos de ellos declararon en orden al armado de las bicicletas; verbigracia las testigos González y Lescano que esa tarea estaba a cargo del profesor. Además, la última de las nombradas destacó que cuando se produjo el hecho que presenció –por hallarse detrás de la bicicleta de la actora- vió que la rueda trasera del rodado estaba frenada.
Concluye que, de todos modos, armara quien armara los rodados, la supervisión estaba en manos del profesor, habida cuenta de su función de fiscalización de la actividad.
Finaliza sus impugnaciones manteniendo la reserva del caso federal oportunamente formulada.
IV. Por su parte, el instituto codemandado como principal, solicita que el recurso sea declarado desierto porque la recurrente –a su entender- se limita a efectuar meras afirmaciones dogmáticas. Sostiene para esto que esa actitud no encuadra en las exigencias previstas en la ley para ser considerada idónea. Luego de este pedimento contesta las críticas formuladas al decisorio en crisis. Con carácter previo considero que la memoria presentada a fs. 322/328 exhibe la suficiencia técnico- recursiva requerida por el artículo 260 del Código Procesal y, por esta circunstancia, desestimo la solicitud del establecimiento educativo replicante a la que me refiriera “supra”.
V. Yendo ahora al examen de la cuestión, adelanto que el recurso debe prosperar.
En primer lugar y tal como lo sostiene la sentenciante al fallar, corresponde aplicar al sublite las normas del Código Civil Velezano, teniendo en consideración que el hecho dañoso que origina el presente reclamo acaeció el 2.10.2009 (conf. art. 7 del Código Civil y Comercial; Kemelmajer de Carlucci, Aída: “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, pág. 100 y sgtes., Rubinzal Culzoni Edit., año 2015).
El artículo 1113, primer párrafo, del Código Civil de mención, invocado por la recurrente al promover la acción, resulta aplicable al sublite. Esto pues en autos se demandó al principal por el hecho del dependiente (profesor de educación física del establecimiento educativo). Lo antedicho, sin perjuicio de destacar que las contestaciones de la demanda se realizaron sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1117 del mismo plexo legal, inaplicable en la hipótesis de autos (ver fs. 56/62, fs. 77/82).
En el caso de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente (responsabilidad indirecta), la particularidad reside en que el perjuicio es causado por el dependiente y, frente a ello, un tercero (el ppal.) es llamado a responder frente a la víctima.
Esto implica desplegar conceptualmente la responsabilidad indirecta del principal por el daño causado por sus dependientes, factor de atribución de responsabilidad que se nutre en la necesidad de garantizar a los terceros, comprendido el contratante (arts. 1111 ap. Primero y 1198 del Código Civil), por la acción eventualmente dañosa de las personas que actúan en el interés de otros (conf. esta Sala en causa 71067 del 30 de mayo del corriente año 2017; Bustamante Alsina: Teoría General de la Responsabilidad Civil Capítulo XVI, “Sectores de Aplicación del Factor Garantía”).
Aquí el codemandado Daniel Bugallo resulta ser el dependiente, al laborar en el instituto codemandado como profesor de la materia “Vida en la Naturaleza” en el ciclo terciario de la carrera de profesorado de educación física en el Instituto Superior Palomar de Caseros S.A. (ver punto III de fs. 23, punto III de fs. 88 vta. y fs. 210); fs. 59 vta. punto IV y fs. 117 vta./118 último párrafo) y, como veremos más adelante infringió al no observarlo el deber de seguridadínsito en su función de coordinación (dirección y vigilancia) de la actividad que motivó el accidente de autos.
Entre las escasas probanzas producidas en autos destaco que la Dirección Provincial de Gestión de Educación Privada (D.I.P.R.E.G.E.P.) informó a fs. 206/218 los contenidos de la materia Perspectiva Ambiental III (cuarto año), a cargo del docente de mención describiendo a fs. 214 el Trabajo Práctico Deportes en la Naturaleza (cuya organización a cargo de los alumnos) lo es sobre la base de la coordinación y supervisión de las actividades por parte del profesor de la cátedra. También allí refirió que en uno de los diez días de esta salida a Cuyo-Mendoza, prevista en la unidad nro. 6 como trabajo práctico obligatorio, se programa una carrera de aventura donde se mencionan varias pruebas, mountain bike, entre otras.
En el sublite se acreditó la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño sufrido (ver considerandos del fallo de fs. 302 vta./303) punto sobre el que las partes se hallan contestes pero, tal como lo manifiesta la recurrente en la memoria, habida cuenta de la naturaleza de la responsabilidad civil de la que se trata, la carga de la prueba estaba a cargo del profesor codemandado, y no como erróneamente estableciera la sentenciante al fallar.
Es por ello que en el marco jurídico descripto y como refiriera en párrafos anteriores, el nombrado profesor, debía demostrar haber efectuado y supervisado el armado de todas las bicicletas como era su deber pero, muy por el contrario, Bugallo alegó que esta tarea no era de su incumbencia (ver negativas efectuadas en el punto II de la contestación de fs. 77/83 y los disímiles o encontrados testimonios glosados a fs.186 y sgtes.; arts. 354 y 375 del ritual).
Cabe resaltar también que el Sr. Bugallo alegó que la actividad de diez días era optativa para los alumnos del profesorado cuando, según informe de la D.I.P.R.E.G.E.P., la misma resulta obligatoria como trabajo práctico de evaluación.
La conducta observada por el dependiente codemandado no se compadece con las circunstancias de la obligación de seguridad asumida por él, siendo que su responsabilidad es objetiva en el marco del deber de seguridad conexo a la prestación contractual (art. 1198, Cód. Civil). Observando también que la obligación de reparar que el artículo 1113 antes citado contempla en el caso del dependiente –reitero- reside en la idea de garantía (factor de atribución objetivo; conf. Bueres-Highton: “Código Civil”, Tomo 3 A, Obligaciones, pág. 477, Depalma Edit. 1999).
Señalo que, aun cuando los testimonios no resultan coincidentes en punto a quien armó las bicicletas pues la de cada uno de los integrantes del grupo (cuyo número se desconoce), llegó desarmada a Mendoza (ver testimonio de fs. 184/185, 189), lo cierto es que la supervisión, fiscalización y control de la actividad se encontraba bajo la órbita del profesor a cargo de ella , por lo que el daño se produjo en ocasión del trabajo del dependiente, en función o con motivo de ésta (ccdte. Art. 43; 901 y sgtes. del Código Civil Velezano; Parellada: “Responsabilidad y dependencia”. Derecho de daños, cit. En pág. 490 de la ob. citada anteriormente; Mosset –Iturraspe, Jorge: “Responsabilidad por daños”, Tomo III, pág. 449, Rubinzal Culzoni Edit. Año 1998), resultando responsables en forma concurrente el principal y el dependiente (doctr. Art. 1753 in fine Del Código Civil y Comercial).
En nada empece al aserto que formulo, que la actora hubiera estado circulando con su bicicleta una hora y cuarto antes del momento en que se produjera el accidente. Ello toda vez que el mismo aconteció cuando bajaban desde el paredón del dique hacia Valle Grande por una suave pendiente (según testimonio del Sr. Cassero de fs.189), mientras que nada se dijo en orden a las características y/o dificultades del tramo anterior recorrido, por lo que bien puede inferirse que en el mismo no fuera necesario acudir tanto a los frenos. Téngase en cuenta - además- que el codemandado Bugallo nada aportó para eximirse de la responsabilidad que tenía de fiscalizar el estado de los biciclos, ni siquiera acompañó un plano acerca de todo el trayecto a recorrer el día en la travesía que él programara, limitándose simplemente a negar en el responde que estuviese a su cargo el armado o supervisión de las condiciones de las bicicletas, lo que no se condice con su función de profesor responsable de la actividad.
Avala este aserto lo manifestado por la judicante en el considerando sexto donde la Sra. Juez refiere que no se acreditó la intervención del demandado Bugallo en dicha tarea cuando – justamente- era deber suyo, de no armarlas, fiscalizar acabadamente el estado de todos los biciclos intervinientes antes de la actividad y no lo hizo (art. 512 y su doctrina, 1113 primer párrafo del Código Civil).
La apuntada circunstancia resulta suficiente para hacerlo responsable del hecho dañoso y, consecuentemente, al principal.
No escapa a mi análisis que también fueron disímiles las respuestas respecto del terreno transitado en el momento del accidente pues algunos testigos refirieron que era un camino de pavimento un tanto desgranado (ver fs. 189, respuesta a cuarta pregunta) mientras que otros alegaron que era de ripio (ver fs. 186 vta. respuesta a décimo quinta pregunta). Considero que esta última respuesta se adecua mejor a las características del terreno en el momento del hecho, habida cuenta de las lesiones sufridas por la actora (ver fotos de fs.3/10, informe de fs. 16 y experticia realizada a fs.253/257) de la cual no encuentro mérito alguno para apartarme; arts. 163 inciso 5to. Segundo párrafo y art. 474 y su doctrina del Código Procesal).
La aludida inferencia no se halla empalidecida ni debilitada por la desestimación que la judicante de la instancia anterior hiciera de la declaración testimonial de la señorita González. La magistrada no la consideró idónea en razón de que la nombrada al cerrarla manifestó que la actora antes del accidente venía circulando con su bicicleta hacía aproximadamente una hora antes cuando antes de ello declaró que la actora tenía frenada la rueda de atrás en el momento del hecho dañoso (ver fs. 186 vta. respuesta a pregunta décimo séptima).
Y si bien la realidad demuestra que en la mayoría de los supuestos de responsabilidad objetiva existe al menos un mínimo de reproche subjetivo, la ley hace abstracción de ello y la víctima se ve favorecida pues no tiene que demostrar la culpa del responsable para ser indemnizada.
Es que la obligación de la que se trata tiene doble justificativo (factor de atribución “antes” y culpa o negligencia “después”), pero habida cuenta del espacio geográfico en el que habría de desarrollarse la actividad, el profesor a cargo debió acreditar haber tomado todos los recaudos, obrando con el mayor cuidado y previsión (art. 512 y 902 y su doctrina del Código Civil) , lo que –reitero- no aconteció en la especie conforme resulta de sus propios dichos y de los vertidos por algunos de los testigos que declararan en la causa (ver fs. 184/187vta.).
En tales condiciones lleva total razón la recurrente en cuanto sostiene que la judicante invirtió “erróneamente” la carga de la prueba (art. 1113 y su doctrina del Código Civil y 375 del ritual).
Finalmente, las conclusiones que virtiera antes no resultan alteradas por el tenor de las posiciones que absolviera la actora, conforme al pliego glosado a fs. 182. Ello pues, si bien la nombrada respondió a la posición cuarta que perdió el control de la bicicleta que conducía pues no pudo frenarla en la pendiente mientras que, a la primera ampliación refirió que el día del accidente venía conduciendo su bicicleta desde hacía más de una hora de antelación al momento del siniestro (ver fs. 183), ello no tiene entidad suficiente como para invalidar el factor de atribución de responsabilidad desarrollado anteriormente. Agrego a lo anterior la circunstancia de lugar inferida en párrafos anteriores, ya que no resulta igual conducir en una pendiente que en un camino amesetado. Téngase en cuenta el particular énfasis puesto de manifiesto en la respuesta del testigo Cassero al relatar el momento en que se produjera el accidente (ver fs. 189 y vta.) y la declaración de la señorita González en punto a que la actora tenía la rueda trasera frenada, lo que necesariamente habría de incidir en la pérdida de control del biciclo por desperfectos técnicos no imputables a la actora.
Concluyo entonces que los codemandados Bugallo y el Instituto Superior Palomar de Caseros S.A. son responsables del daño y deben responder por ello, contrariamente a lo fallado en la primera instancia cuya resolución postulo revocar por no resultara mi criterio ajustada a derecho (art. 1113 primer párrafo y su doctrina del Código Civil; doctr. art. 1753 in fine del C.C. y Comercial). Esta condena debe hacerse extensiva a la compañía aseguradora La Meridional S.A. dentro de los límites de la franquicia pactada en la póliza (art. 118 de la Ley 17.418).
VI. Paso ahora a analizar la procedencia y cuantía de cada uno de los rubros peticionados por la actora como resarcimiento del daño que el accidente le produjera. La nombrada misma calculó el monto total de la indemnización en la suma de $ 109.400, o lo que en más o menos resultara de la prueba con más actualización monetaria, intereses hasta su efectivo pago y las costas del pleito. Dicho monto resultaría de la sumatoria de los distintos rubros gastos médicos, farmacia, curaciones, gastos por traslados y varios. Daño físico, estético (incapacidad sobreviniente), daño psiquíco y tratamiento psicológico, daño moral, lucro cesante y pérdida de chance.
GASTOS MEDICOS, DE FARMACIA CURACIONES Y TRASLADOS:
En el supuesto subexamine la actora ingresó en el Hospital Teodoro Schestakow de la provincia de Mendoza el día en que se produjo el hecho dañoso (2.10.2009) y allí le efectuaron las primeras curaciones. Le suturaron las heridas cortantes en el rostro (recibió 8 puntos) y también –según se desprende de las fotografías glosadas a fs. 3/10- le colocaron un cuello ortopédico, saliendo del nosocomio al día siguiente (ver informe de epicrisis de fs. 19) Otras constancias de la causa dan cuenta que en el mes de diciembre del mismo año 2009 y en enero de 2010, le fue realizada una ecografía de partes blandas y una tomografía axial de cerebro y columna cervical sin contraste en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, concretamente en la Corporación Médica de San Martín (ver fs. 14/18), por derivación de PROME, cobertura a la que el instituto codemandado se encuentra adherido ( ver fs. 11/16). Esto así sin perjuicio de señalar que, según constancias de fs. 193/5, la entidad asistencial citada en primer término refiere que el único antecedente en sus registros es el que acompaña y del que surge que la actora fue atendida el 12.10.09 por sutura del rostro.
La índole de las lesiones sufridas (heridas cortantes y escoriaciones en el rostro y la rodilla) seguramente requirieron de curaciones que permiten presumir la existencia de gastos farmaceúticos; verbigracia el recomendado a fs. 15 y ello más allá del tratamiento intrahospitalario recibido (art. 163 inciso 5to, segundo párrafo, del Código Procesal).
En esa inteligencia y toda vez que es jurisprudencia pacífica, también de este Tribunal, que este tip
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