Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 68212
En General San Martín, a los días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con la Señora Vicepresidente de esta Excma. Cámara, Dra. María Silvina Pérez, con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 73.991, caratulada “BIDEGAIN DE RAED, MARÍA DIANA Y OTRO. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Scarpati, Pérez.-
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la sentencia dictada en autos?
A la cuestión propuesta la señora juez Scarpati dijo:
I. Que la sentencia de fs. 1635/1654 que rechaza la demanda interpuesta respecto del Banco de la Provincia de Buenos Aires es apelada por la actora. La misma expresa sus agravios mediante la memoria 1674/1684, ratificada a fs. 1687, replicada por Julio José Demarco y el Banco de la Provincia de Buenos Aires a fs. 1691/1692 y 1693/1699, respectivamente.
Se queja la recurrente de que el juzgador solo haya tenido en cuenta la información penal preparatoria y el sumario administrativo para excluir al Banco del reproche, en cuánto empleador de Billone a ese momento, marcando que tales actuaciones fueron impulsadas por las insistentes y profusas denuncias de su parte, haciendo referencia a la carta documento que se remitiera en fecha 30-11-2000 e intimaciones de fs. 13/18.
Menciona lo que surge de la contestación de demanda de la entidad, en la que se admite que la denuncia y otras actuaciones se impulsaron ante las irregularidades observadas respecto de las acusaciones, procediéndose a la denuncia esta empleada, en cuánto no supo dar razón de penal. Acotan al par que los presentantes fueron víctimas de amenazas y presiones telefónicas para que desistieran de su propósito, apuntando que nunca se los citó ante la instancia fiscal.
En cuanto al sumario administrativo dicen que también su Secretario, Rubén José Martín, se comunicó telefónicamente con ellos para disuadirlos de la formulación de su denuncia, aludiendo a la exposición civil de fs. 37 y designación de fs. 172.
Señala que el sentenciante destacó la carencia de impulso procesal útil respecto de dichas actuaciones para esclarecer los hechos, observando que en todo caso la pasividad es atribuible a la Fiscalía, en su carácter de instructora de los ilícitos, y hasta al mismo Banco, más no a su parte.
Destaca la actividad del Banco en cuánto al inicio de la investigación penal y la exoneración administrativa de la indicada Billone, extremos que denotan su irregular conducta laboral, indicando que era una vendedora junior y ayudante de firma de la entidad demandada.
Transcribiendo el tramo decisorio respectivo endilga al juzgador el desconocimiento de la prueba documental y las restantes diligenciadas por su parte.
Puntualiza que del informe pericial y las declaraciones testimoniales aportados por la contraria surge que la Billone se encargaba de la atención de los clientes, siendo agente-vendedor (fs.831/873 y fs. 1051/1066/1067/1586), añadiendo que si bien el documento agregado por su parte a fs. 8 no posee membrete bancario, sí lo tienen las anotaciones aclaratorias del mismo.
En cuanto al instrumento de fs. 8 de fecha 29-9-1999, expresa que si bien no cumple con los recaudos de un título de crédito, cuál es el pagaré, acredita que la demandada Billone recibió de los actores la suma de $ 15.000 (U$S 15.000 en ese entonces) pagadero en determinado plazo y bajo cierta modalidad, integrándose con documentación bancaria con membrete oficial, agregada como documental (fs. 9).
Indica que en la pericia producida a instancias de la demandada se aclaran las anotaciones asentadas en la documentación con membrete oficial, allegada por la su parte, así como su coincidencia con los datos del mencionado instrumento de fs. 8, complementándolo en cuánto aquél no resultaba autosuficiente, pues no reviste el carácter de pagaré.
Afirma que considerarlo como un préstamo personal a Billone no resulta ajustado a la realidad de los hechos. Es que los presentantes son clientes de la entidad, canalizando las operaciones a través de la indicada, ello en el ámbito y horarios bancarios, con dinero extraído del mismo banco casi un día antes, ello para destinarlo a otra operación bancaria aconsejada por la propia empleada.
Sostiene que no se acreditaron los motivos que justifiquen que hayan realizado un préstamo a la indicada Billone, a quien los recurrentes no conocían como para arriesgar sus ahorros, y que tampoco medió la codicia propia de una operación usuraria ventajosa para ellos. Por el contrario, de la documental de fs. 9 se percibe que en ese marco resultaba una operación desventajosa, pues durante dos años no se percibirían intereses y el dinero estaría además sujeto a devaluación, ello por los avatares económicos ocurridos, a más de no contar con la posibilidad de canalizar un reclamo por la vía ejecutiva.
Aprecia que en el curso ordinario de las cosas la versión auténtica es la que los recurrentes formularon. Esto es que la nombrada Billone resultó una empleada infiel del banco que tomó dinero de clientes, con argucias y mala fe.
Indica que la aludida se desempeñaba en una oficina individual, por lo que nada impedía que la operatoria se realizara en la sede bancaria, tal como ocurrió, como lo demuestran las testimoniales de fs. 1556, 1557 y 1558.
Descalifica la relación familiar que se adjudica a la accionante, señalando que la confianza existente con Billone estaba emarcada en la relación cliente-empleada, apuntando que nada se acreditó respecto al esgrimido vínculo de amistad entre los reclamantes y la misma.
Alude a los reconocimientos que surgen de la confesional prestada por Billone, señalando que la pericia contable confirma que el 22-9-1999, esto es un día antes de la mencionada maniobra, Billone intervino como empleada co-firmante de la operatoria de rescate de la suma de $ 15.000, por parte de los accionantes y en concepto de venta de cuotas-partes correspondientes a inversiones Provifondos S.A., lo que indica que conocía la disponibilidad dineraria de sus clientes, posibilitando consumar la maniobra irregular.
Aprecia acreditada la materialidad de los hechos imputados a la dependiente Billone y a su empleadora, ello con consideración de la confesional ficta de la misma y en orden a lo dispuesto por el art. 1113 primer apartado, sustentado así la responsabilidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Señala que éste no fue un hecho aislado, pues otras graves irregularidades comisionadas a Billone se produjeron en virtud de su manejo de los fondos bancarios, aludiendo a lo que surge de fs. 207 y siguientes, al sumario administrativo (fs. 1092/1094) y a los términos de la contestación producida por el Banco (ver fs. 310/316 y lo que surge a fs. 660/661).
Esgrime que la actividad desplegada por el banco relativa a la formulación de la denuncia penal así como la aplicación de exoneración a la indicada comportan notorios indicios, en cuánto demuestran su irregular conducta para con los clientes a su cargo, cuestionando la motivación del fallo exculpatorio que categorizó la pretensión como responsabilidad objetiva del principal por el hecho del dependiente, sin producir un concienzudo examen de las pruebas, desatendiéndose las esenciales, tal la documental y confesional, y desconsiderando los indicios, tales como las cartas documentos, el sumario administrativo y lo que surge de las declaraciones testimoniales.
Afirma que tal plexo acredita que Billone trabajó como empleada de la entidad bancaria demandada a la fecha del hecho y atendió la cuenta comercial de la actora hasta su traslado a la sucursal José León Suarez, (fs. 1556), haciendo referencia también a lo que emerge de la testimonial aportada.
Insiste en que el documento de fs. 9 , que no es un pagaré y no resulta autosufiente, deja constancia de que Billone recibió de los actores la suma de $ 15.000 pagadera en determinado plazo y modalidad, y que el mismo se integró con documentación bancaria con membrete oficial, reiterando lo que surge de la pericia en cuánto a la coincidencia con los datos del documento de fs. 9.
Alude a la confianza de su parte respecto de la nombrada empleada en cuánto cliente-vendedora de cuenta de un banco oficial, circunscripta a la sucursal Gral. San Martín, poniendo de manifiesto que la intención exculpatoria estaba destinada a evitar males mayores, tal la prosecución de la investigación penal iniciada por el banco ante la Unidad Fiscal N° 4.
En cuanto a la carta documento de fs. 13 de fecha 24-10-2000 en la que el juzgador funda la hipótesis del préstamo, marca que no pudo ser notificada a su destinataria, afirmando que el reclamo lo era en su condición de empleada de la entidad demandada, no como simple particular.
Insiste en la condición de Billone, esto es la de empleada de la planta permanente hasta su exoneración de fecha 14-10-2003 (fs. 1468/1469) y la de clientes que les correspondía a ellos, señalando que aquélla perpetró una escandalosa y perjudicial maniobra, valiéndose de la buena fe y de la falta de experiencia de los presentantes. Que en la ocasión actuó en ejercicio de sus funciones, cuál era captar fondos de los clientes para la adquisición de productos y servicios bancarios, actuando en provecho propio mediante argucias y engaños.
Plasma citas diversas relativas a la aplicación del texto del art. 1113 párrafo primero, apuntando que en su contexto el comitente carga con una deuda de responsabilidad no redimible a través de la acreditación de su diligencia en la elección o en la vigilancia del dependiente autor del daño, acudiendo a la conocida simbología de que el dependiente resulta “el brazo extendido del principal”.
Destaca la posición de nuestra Casación en la interpretación de la responsabilidad objetiva del principal respecto del hecho del dependiente, con mención del art. 43 del Cód. Civil capitalizando la aplicación de una responsabilidad objetiva fundada en el riesgo, solicitando la revocación de la decisión.
II. El recurso interpuesto no debe prosperar.
Es que más allá del esfuerzo argumentativo que porta la memoria, lo cierto es que el proceso guarda absoluta correspondencia probatoria con el argumento medular en que el sentenciante funda la carencia de legitimación sustancial de los codemandados, puntualmente la que el recurrente pretende extender al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma acertadamente el juzgador que “… no se ha acreditado en forma idónea, ni siquiera indiciaria que los hechos denunciados como protagonizados por los demandados y Billone hayan tenido lugar en el lugar de trabajo de esta última en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ni haya tenido vinculación alguna con la actividad laboral que la misma efectuaba en dicha sede…”.
Esto implica sostener la carencia de nexo causal entre la demostrada actuación de la demandada Billone y la esfera de desempeño de la misma en interés de su principal (arg. art. 901 y 1113 párrafo primero del Cód. Civil), ausencia vincular que injustifica la responsabilidad indirecta reprochada.
Tal como lo sostiene, ni la documental que se trae en prueba de la dación dineraria (fs. 8/9), ni lo que surge del sumario administrativo sustanciado N°11210 (fs. 1091/1494) autorizan a trasladar la carga obligacional al Banco demandado.
Es que la circunstancia de que la accionada Billone resultara dependiente de la entidad – revistando el cargo de ayudante de firma en la Gerencia Comercial de la Sucursal Gral, San Martín a septiembre de 2000 (pericia fs. 831/837 y explicaciones fs. 876/878 punto 6°)- ni que los actores operaran con la misma como titulares de una cuenta de ahorros y una corriente y concretaran algunas ocasionales inversiones en Provifondos (fs. 831 punto 2° , 4°, 5°) autoriza a atribuir la responsabilidad la entidad financiera.
Nótese que esta responsabilidad indirecta prevista en el art. 1113 párrafo primero del Cód. Civil, ello en virtud de la actuación de Billone exige el cumplimiento de recaudos medulares que derivan de la adecuada interpretación de su texto.
Uno de ellos apunta precisamente a la necesidad de que el acto acaezca obrando el dependiente en ejercicio o en ocasión de las funciones (Llambías “tratado de Derecho Civil. Obligaciones” Ed. Perrot 2° ed. Bs. As. 1973 t IV-A-p 238 N° 2442)
Lo dicho reclama que la actividad dañosa del dependiente debe desarrollarse en el terreno de su incumbencia. Es decir que el acto tiene que ocurrir al tiempo en que el dependiente se encuentra desarrollando las funciones o tareas encomendadas (Acuña Anzorena “Responsabilidad del Comitente” en “Estudios sobre la Responsabilidad Civil” Ed. Platense La Plata p. 268).
Esto implica la exigencia de obrar en la incumbencia propia pero desarrollar la actividad para otro (Llambías “obligaciones” t IV A-p 278 N° 2465 b). Así el poder del principal se desarrolla en el ámbito de una tarea que en su propio interés delegó en el subordinado, cuya actividad se cumple entonces por cuenta ajena (Zavala de González “La Responsabilidad del Principal” p. 78).
Por tanto, la actividad dañosa del dependiente, tal resulta la imputación, debe desarrollarse en el terreno de incumbencia. Es decir que el acto tiene que ocurrir al tiempo en que el dependiente se encuentra desarrollando las funciones o tareas que le fueron encomendadas; lo que significa que el ejercicio de la función se da cuando el agente obra en la zona y esfera real de su propia incumbencia; esto es “en los casos en que no ha actuado personalmente, sino funcionalmente, es decir como dependiente del patrón. (Cazeaux-Trigo Represas “derecho de las Obligaciones t V p. 43 N° 2574; Zavala de Gonzalez “La Responsabilidad del Principal” o. cit. p. 124) En consecuencia, estos actos de abuso y ejecución anormal para ser tales deben realizarse durante el tiempo y en los lugares en que se ejercita la función. De otro modo no se puede pretender trasladar la responsabilidad al comitente.
Y a este respecto todo indica que la actividad desplegada por la condenada Billone resultó signada por el mero interés individual y personal (pericia – puntos demandados fs. 835vta./836 d),e), f) y g)).
En tal sentido y en primero término no se ha demostrado que la entrega por parte de la actora Bidegain de la suma dinero a que alude en su demanda lo haya sido en el ámbito de la entidad y durante el horario de atención respectiva; y nada aportan las testimoniales en tal sentido (fs. 1566, 1567 y 1568).
Tampoco puede inferirse que la suscripción del pseudo pagaré de fs. 8 y la nota de fs. 9 responden a una actuación obrada por Billone en ejercicio de sus funciones. Y aquí apunto que la presencia de membrete en la nota aclaratoria de fs. 9 puede muy bien responder a la frecuente utilización de papelería de la empleadora, tal como lo sostienen los codemandados (arg. art. 384 del Cód. Proc.).
Tales antecedentes exhiben la actuación de Billone como una gestión crediticia, contraída de modo absolutamente personal.
Y la actuación obligacional de Billone se muestra de algún modo ratificada a través de los propios términos con que la actora la emplaza mediante la carta documento de fs. 13. Ello en cuánto direcciona de modo personalmente prioritario el reclamo a su respecto; ello más allá de las ulteriores referencias que produce respecto de su condición de empleada del Banco de la Provincia y de un futuro reclamo a éste (arg. art. 384 del Cód. Proc.).
A su turno todas las actuaciones relativas al sumario instruido a Billone concurren igualmente a puntualizar que su conducta respecto de la actora no integra el puntual plexo fáctico en que se funda la sanción dispuesta. Es que la exoneración decidida estuvo referida exclusivamente a otras irregularidades, excluyéndose puntualmente la consideración del “préstamo” efectuado por Bidegain a su empleada (ver puntualmente fs. 1256/1257 Resolución 941/01 y 1461/1463 – igualmente fs. 1091, 1092/1094, 1105; 1121; 1213; 1465/1468; 1481/1483 y resolución fs. 1493/1494).
Todo el contexto probatorio conduce a inferir que la demandada Billone no ha actuado en interés del comitente, sino en su beneficio personal, desplegando actos ajenos a la función, quedando en mi criterio excluida toda posibilidad de reproche al principal por los hechos personales del agente que no se muestran relacionados con el interés de aquél.
Y cabe señalar también que este contexto probatorio no permite tampoco proyectar la doctrina de la apariencia, ello para hacerla operar en el marco de la normativa de protección al consumidor (CNC Sala G 2006-03-29 “Lanza, Marta c. Cuevas Mauricio” LL 2006-C-802 y comentario Antonio J. Rinessi “Doctrina de la Apariencia en la Relación de Consumo”).
Lo impide la inacreditación absoluta de que la entrega dineraria se habría concretado o bien dentro de las instalaciones de la entidad o en un contexto que habilitara en la actora confianza y seguridad respecto de la entrega ejecutada como consumidora o usuaria de servicios financieros. Mas nada autoriza a inferir la existencia de una relación de consumo, y consecuentemente la existencia de un efectivo quebrantamiento de la confianza a tutelar de modo privilegiado en ella.
Más no cabe soslayar que la omitida mención del tipo de operatoria base de la entrega dineraria (arg. art. 330 inc. 4° del Cód. Proc.) se muestra concordante con la categorización sostenida por la actora en su solicitud de explicaciones de fs. 854/860. Es que en esta presentación alude puntualmente a la aplicación de la suma a una “mesa de dinero” (fs. 857 vta. párrafos segundo, tercero y último), destino al que también se refieren actuaciones del sumario administrativo agregado (fs. 1230/1231 y 1247).
Desde esta perspectiva, a que cabe dar virtualidad (arg. arts. 34 inc. 5° apartado d) del Cód. Proc.) tampoco corresponde responsabilizar a la entidad demandada, en cuánto resultaría una operación ajena a ella.
Es que más allá de la norma sustancial, cabe marcar que a los Bancos, conforme su carácter profesional, se les extiende la responsabilidad por tratarse de colectores de fondos públicos y dado el interés general que estos servicios se presten adecuadamente para clientes y consumidores. De allí que deban ajustarse a una estándar especial de responsabilidad agravada (Mosset Iturraspe, José “Responsabilidad de los Pprofesionales” Rubinzal-Culzoni Santa Fe 2001, p 73; C.N.Com. Sala A 18-2-2010 “Gabay, Isaac Elías c. Banco Itaú” LL On Line Ar/6370/2010 ver comentario Carlos Gercovich “Responsabilidad de las Entidades Financieras: Las Actividades Ilegales E Ilícitas No Generan Derechos”; arg. art. 42 C.N.; 38 C Provincia de Buenos Aires y ley 24240).
Más, quien voluntariamente se colocó fuera de la ley no puede pretender protección legal, ni judicial.
Colocar capital en una “mesa de dinero” implica aplicarlo fuera del control fiscal del Estado y al margen de la supervisión del Banco Central, con lo que los inversores en tal concepto no tienen legitimación. En tal caso no hay daño jurídicamente resarcible, toda vez que fueron los propios actores quienes de manera voluntaria actuaron al margen de la normativa legal propia de estas operaciones, no autorizada por el Banco Central, exponiéndose al aspirar a mayores ganancias que las que ofrece el sistema financiero formal.
En esta operatoria, mal pueden pretender gozar de las garantías de las operaciones legales, cuándo ellos mismos las han soslayado (CS 2010-09-28 “Lipnizky, Leonardo Jorge y ot.” LL 2001-B-379).
Por tanto, conforme el criterio que llevo expuesto, de contar con la adhesión de mi colega, juez Perez, corresponderá co
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