Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124111
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, trece de noviembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia dictada a fs.427/443 vta no es justa (arts. 168, 171 de la de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc.4°, 68, 163 inc. 6°, 260, 261, 266, 272, 274, 330, 354, 375, 384, 456, 474 del C. Proc.; 3, 1113 del Cód. Civil; 7 del C. C. y C.; 41 ley 24.449; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Revocar el apelado pronunciamiento en lo que ha sido motivo de recurso y agravios. II) Rechazar, en consecuencia, la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promoviera Gustavo Raúl Viviani en contra de Nicolás Falcone y “Federación Patronal Seguros SA”. III) Imponer las costas de ambas instancias a los codemandados Gómez y Soto Aliaga en su condición de vencidos. IV) La regulación de honorarios se practicará una vez que se cuente con la de la precedente instancia.
En la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de noviembre de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “VIVANI GUSTAVO RAUL C/GOMEZ LUCAS Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS", (causa nº 124111), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 427/443 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En la cuestionada sentencia la Sra. Juez de la anterior instancia admitió la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promoviera Gustavo Raúl Vivani contra Erika Soto Aliaga, Lucas Francisco Gómez y Nicolás Falcone y los condenó a abonar la suma de $ 58.942, ello en el plazo de diez días de encontrarse consentido el decisorio, con más los intereses desde el 28/3/2012 y hasta su efectivo pago. Extendió la condena a la citada en garantía “Federación Patronal SA ", conforme las condiciones del contrato suscripto con su asegurado Nicolás Falcone. Impuso las costas a la demandada vencida y a la citada en garantía y difirió la regulación de honorarios hasta tanto obre liquidación aprobada en autos.
Contra esa forma de decidir apeló el codemandado Falcone y su citada en garantía (ver fs. 452), quien expresó agravios a fs. 469/471 (ver sistema augusta), los que no merecieran réplica de la contraria.
II. En síntesis que se formula, el recurrente afirma que, si bien la iudex a quo ha resuelto atinadamente la cuestión referente a la exclusión de cobertura respecto del co-demandado Gómez, no ha dado adecuada solución al fondo del debate propuesto, ya que aún cuando nadie ha discutido que los daños en la vivienda del actor tuvieron su origen en la colisión previa acaecida entre un Peugeot 205 y una camioneta Hilux, en las calles 63 y 15, endilgó la responsabilidad a todos los intervinientes en el accidente vial, cuando acreditó que su asegurado no generó el siniestro.
En otras palabras, manifiesta que desde el inicio expresó que el rodado bajo la conducción de su asegurado –Peugeot 205- tenía prioridad de paso en la encrucijada pues circulaba por la calle 63, es decir lo hacía por la derecha de la Toyota Hilux, que transitaba por calle 15, con lo cual gozando de la prioridad de paso establecida en el art. 57 inc. 2 de la ley 11430 y el 41 de la ley 24.449, no se le podía endilgar responsabilidad alguna en el accidente salvo que se acreditara el exceso de velocidad que oportunamente se había esgrimido.
Ello así y como su parte alegó que la violación de la prioridad de paso por parte del conductor de la Toyota Hilux interrumpió el nexo causal entre el accionar de su asegurado y los perjuicios que sufriera el actor y, ni el conductor ni el propietario de la camioneta aludida han probado alguna eximente de responsabilidad en el acaecimiento del suceso, la sentencia debe ser revocada, rechazándosela contra Falcone y su aseguradora .
Subsidiariamente y a todo evento, cuestiona el monto acordado por daño moral y los intereses que el decisorio contempla.
III. Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos atañe a un daño acontecido y consumado durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento del hecho en las circunstancias aludidas (ésta Sala causas 118.692 RSD 133/15; 118.370 RSD 137/15; e.o.).
Debe puntualizarse que llega firme a esta instancia revisora el contexto fáctico de tiempo y espacio en el que se desarrollaron los hechos que justifican el pleito. De modo que la competencia de apelación parte de los daños sufridos en el frente de la propiedad del actor, producto del impacto en el mismo de una camioneta Toyota Hilux, patente HME 905, conducida por Lucas Francisco Gómez, que con carácter previo había colisionado en la intersección de las calles 63 y 15 con un Peugeot 205, patente BJE 676, al mando de Nicolás Falcone.
Del mismo modo, escapa a la crítica, el sentido de circulación de cada uno de los rodados, quedando establecido que la parte codemandada Falcone circulaba por la derecha (arts. 34, inc. 4º, 163, inc. 6º, 260, 330, inc. 4º y 354, C. Proc.).
Ello impone que la responsabilidad objetiva por el riesgo creado que se juzga en la especie (art. 1113, segundo párrafo del Código Civil), deba analizarse en forma compatible con las precisas regulaciones de tránsito que también rigen los hechos, por cuanto tanto el actor como los codemandados Gómez y Soto Aliaga, han alegado un exceso de velocidad en aquél rodado que en el particular tenía prioridad de paso en la emergencia.
En esos andariveles, ya ha dicho este Tribunal al analizar el texto del artículo 57, apartado 2º de la ley 11.430, casi idéntico en su redacción al art. 41 de la ley 24.449 aplicable al caso de autos, que el mismo era categórico al disponer que, el conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en toda circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su izquierda, por una vía transversal; destacando que tal prioridad es absoluta, especificando en qué situaciones la misma se pierde (esta Sala, causa nº 116817, RSD 31/14).
Su quebrantamiento por parte del codemandado Gómez –conductor de la camioneta Hilux- provocó, sin lugar a dudas, la interrupción del nexo causal entendido desde el ámbito de la responsabilidad objetiva; ello sin perjuicio de la condición de embistente que el vehículo Peugeot 205 pudiera ostentar, o del mayor grado de avance en el cruce de calles que la camioneta pudiera haber alegado.
Pues, en tal sentido fue indicado por este Tribunal -con distinta y actual integración- que ya sea que se trate de hechos acaecidos en vigencia de la ley 5.800 o de la 11.430 que, la aplicación de la regla "derecha antes que izquierda", que también se mantiene en el ahora vigente artículo 41 de la ley Nacional 24.449, indica que el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y tiene la obligación de ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presenta por una vía pública situada a su derecha sin discriminar quien llegó primero a la bocacalle. Y ello es así, pues esa norma juega como cuña del civismo en el desplazamiento urbano de los automotores desde que objetivamente exige que quien llega a una bocacalle debe ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por su derecha. De lo contrario esa preciosa regla de tránsito (y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es más, el desplazamiento vehicular por las calles se sembraría de inseguridad en cada esquina, donde la prioridad no estaría dada por una regla objetiva (la de las manos de circulación) sino por una regla de juego arbitraria y hasta salvaje, cual sería que quien llega primero al punto de colisión y resultara impactado, es quien se libera de culpas (Cám. 1ra. Sala III, La Plata, causa 215.577 Reg. sent. 187/93). Con ello queda claro, que no ha de acudirse a mediciones o visualizaciones de precisión métrica, a los efectos del valimiento de esta norma, pues como se vio así se operaría su caducidad, y con lo cual quedaría escindida la aplicación de la regla en cuestión, generatriz de culpa y consecuente responsabilidad ante su violación, la cual no depende de la condición del arribo simultáneo o primerizo (art. 1113 del C. Civil; esta Sala, causas 112.634, RSD 194/10;119324, RSD. 15/16).
Este señalamiento da respuesta a los argumentos utilizados en la demanda y en la réplica que a la misma formulan los co-demandados Gómez y Soto Aliaga (ver fs. 83 vta., 105 y 113) sobre la contingencias en que el accidente se produjo, puesto que la consolidada doctrina judicial construida en torno a la prioridad de paso, es suficiente, por regla, para suponer el quiebre del nexo de causalidad exigido por el artículo 1113, apartado segundo, última parte, del Código Civil.
Es que -como también ha dicho esta Sala- la norma es clara en cuanto señala que “Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas…” al que arriba al cruce por la derecha, no importando quién llegue antes al mismo o cuánto hubiere avanzado en su cruce, desde que lograr cualquiera de ambos objetivos sólo dependerá de la mayor velocidad que se imprima a la marcha del vehículo (causa nº 116817, RSD 31/14).
Oportunamente -y en forma reiterada-, ha decidido la Corte Provincial (causa Ac. 58.668, sent. del 11-III-97) que, de acuerdo a lo que disponía el artículo 71 de la ley 5800 y continuó en el 57 de la ley 11.430, quien circula por la derecha tiene prioridad de paso sin que quepa discriminar quién fue el que llegó primero a la bocacalle. Agregándose que el texto de la norma citado por último es suficientemente claro al disponer que quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar la misma hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso; lo que no está condicionado al arribo simultáneo a la encrucijada desde que ello impondría -en el hecho- la colocación de sensores para constatarlo.
No modifica las cosas el exceso de velocidad que al conductor del Peugeot 205 se le endilga tanto por parte del actor como por parte de los codemandados Gómez y Soto Ayala, pues la orfandad probatoria que exhibe el proceso en torno a dicho dato es palmaria, a poco que se advierta que, se tuvo por desistida de la prueba pericial idónea y, también, aquella prueba testimonial que, al menos indiciariamente, pudiera haber arrojado luz sobre tal extremo, el que –por ende- permanece indemostrado.
Ello así, en la medida que no existe dato certero alguno en torno a la velocidad que el Peugeot 205 desplegara en las instancias previas a producirse la aludida colisión, como dicho rodado se presentó a la derecha del codemandado Gómez, dicha prioridad debió ser respetada por el nombrado.
Se deriva del desarrollo antecedente que ciertamente la solución en crisis no se corresponde a la norma y la jurisprudencia imperantes, de modo que el ataque ensayado debe abrirse paso (esta Sala causa 117.794, RSD 58/15), pues es la inicial situación de carecer de prioridad de paso la que coloca al codemadado Gómez como principal responsable de los daños en reclamo, y no obstante que también es pacífico que dicha regla, en modo alguno representa un 'bill de indemnidad' que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo, a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda –en este caso el codemandado Falcone- , no se ha producido en autos la actividad de acreditación necesaria que permita aseverar que el codemandado de mención hubiere abusado de la preeminencia de la que gozaba en forma previa a la colisión (arts. 375, 384, 456 y 474, C. Proc.; ests Sala, causa 115063, RSD 7/18).
Lo anteriormente expuesto, determina que el recurso en tratamiento deba merecer tutela jurisdiccional, revocándose la sentencia atacada y rechazándose la demanda incoada en contra de Nicolás Falcone y su citada en garantía Federación Patronal SA, con costas en ambas instancias a los co-demandados Gómez y Soto Aliaga por resultar vencidos (art. 68, 274 del CPCC).
Voto pues por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde, revocar el apelado pronunciamiento en lo que ha sido motivo de recurso y agravios. Y en consecuencia rechazar la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promoviera Gustavo Raúl Viviani en contra de Nicolás Falcone. Haciendo extensivo el rechazo a la citada en garantía “Federación Patronal Seguros SA”. Las costas de ambas instancias se imponen a los codemandados Gómez y Soto Aliaga en su condición de vencidos (art. 68, 274 del C. Proc.). La regulación de honorarios se practicará una vez que se cuente con la de la precedente instancia.
ASÍ LO VOTO.
El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, trece de noviembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia dictada a fs.427/443 vta no es justa (arts. 168, 171 de la de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc.4°, 68, 163 inc. 6°, 260, 261, 266, 272, 274, 330, 354, 375, 384, 456, 474 del C. Proc.; 3, 1113 del Cód. Civil; 7 del C. C. y C.; 41 ley 24.449; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Revocar el apelado pronunciamiento en lo que ha sido motivo de recurso y agravios. II) Rechazar, en consecuencia, la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promoviera Gustavo Raúl Viviani en contra de Nicolás Falcone y “Federación Patronal Seguros SA”. III) Imponer las costas de ambas instancias a los codemandados Gómez y Soto Aliaga en su condición de vencidos. IV) La regulación de honorarios se practicará una vez que se cuente con la de la precedente instancia. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia