Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124095
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, trece de noviembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
En el precedente acuerdo ha quedado establecido que la apelada sentencia es justa (arts. 168 y 171, Constitución Provincial, 34 inc. 4°, 68, 69, 163 inc. 6°, 260, 266, 272, 330 inc. 3, 332, 384, 546 C. Proc.; 1078 del C. Civil; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 164/172 vta. en todo lo que fuera motivo de recurso y agravios. II) Imponer las costas de Alzada a la demandada apelante. III) Las regulaciones de honorarios se difieren para su oportunidad..
En la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “NAVALES BERNARDO GABRIEL C/ RACUNTI SANDRA MARINA S/DAÑOS Y PERJUICIOS", (causa nº 124095), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el decisorio dictado a fs. 164/172 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la sentencia cuestionada el Sr. Juez de la anterior instancia admitió la demanda de daños y perjuicios promovida por Bernardo Gabriel Navales contra Sandra Marina Racunti. Dispuso que la demandada realice las obras necesarias a fin de colocar un elemento fijo, opaco o translúcido que cubra la superficie expuesta y de una altura no inferior a 1,8 metros medidos desde el solado, con aprobación de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de La Plata, bajo apercibimiento de autorizar al actor a realizarlo a costa de la demandada. Condenó a pagar también la suma de $ 23.000, con más intereses. Impuso las costas al vencido y difirió la regulación de honorarios.
II. Contra esa forma de decidir apeló la parte demandada a fs. 174, recurso que, concedido a fs. 175 fue fundado a fs. 179/182, con réplica a fs. 184/186 vta.
III. En su expresión de agravios, la demandada afirma -en lo sustancial-, que el decisorio viola el principio de congruencia, toda vez que la pretensión del actor fue la de indemnización de daños y perjuicios, no la del cumplimiento de una obligación de hacer.
A continuación sustenta su argumento con sumarios de jurisprudencia.
Seguidamente, y luego de reseñar la estructura de justificación del atacado decisorio, cuestiona que se haya tomado en cuenta para la condena por daño moral una declaración testimonial prestada en el beneficio de litigar sin gastos que concluyó por caducidad, puesto que no pudo responder la vista del artículo 81 del código adjetivo. Asimismo explica que dicha declaración, prestada por un hermano, es la única acreditación producida, lo que resulta insuficiente a esos fines.
En forma subsidiaria objeta la imposición de costas, dado que, afirma, la demanda prosperó solamente por el cerramiento dispuesto y el 5, 33 % de lo requerido.
Al responder, el accionante controvierte las razones esgrimidas, y justifica cada una de las conclusiones del decisorio, señalando las actuaciones donde se sustenta la sentencia.
También se opone a los agravios subsidiarios, explicitando que la condena en costas fue adecuadamente discernida.
IV. Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos comprende a circunstancias consumadas durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento de los hechos (esta Sala causas 121.672, RSD 131/17; 119.749, RSD 108/17).
V. Como es sabido, el principio procesal de congruencia impone la correlación o conformidad entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto (cfr. GUASP, "Derecho Procesal Civil", Madrid, 1956, p. 55, nº 4, ap. III; esta Sala, causa 106.696, RSD: 57/06).
Es en este sentido que el Superior Tribunal Provincial, en numerosos pronunciamientos ha dicho que, “…como regla general, debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos.” (SCBA, Acs 33929 S 30-11-1984, 45236 S 19-3-1991, e/o; esta Sala, causa 117261, RSD 67/14).
Puede leerse en la demanda propuesta: “…se solicita se establezca de modo alguno la construcción de un cerramiento con algún elemento fijo opaco o traslúcido que no permita inmiscuir el vecino en mi intimidad”. (v. fs. 29 vta. In fine y 30, primer párrafo).
Consecuentemente, la decisión que ordena que la parte condenada realice las obras necesarias a fin de colocar un elemento fijo, opaco o translúcido que cubra la superficie expuesta y de una altura no inferior a 1,8 metros medidos desde el solado, con aprobación de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de La Plata, bajo apercibimiento de autorizar al actor a realizarlo a su costa, se ciñe perfectamente al principio de congruencia que rige nuestro ordenamiento procesal (arts. 34, inc. 4°, 330, inc. 3°,y 163, inc. 6°, Proc.).
Desde las razones explicitadas, he de proponer a mi distinguida colega de Sala desestimar estos los agravios (art. 266, C. Proc.).
V. Respecto a la prueba que sostiene la procedencia del daño moral, debe precisarse en primer lugar que el testimonio cuya valoración es cuestionada fue prestado en estos autos (v. fs. 158), y no en el beneficio de litigar sin gastos, como equivocadamente sostiene el apelante.
En otro orden, tampoco se comparte que dicha declaración sea insuficiente para el otorgamiento de la partida indemnizatoria.
En rigor, mediante la respuesta dada acerca de la vista directa desde el inmueble vecino hacia las dependencias de la casa del reclamante, fue acreditada la interferencia en la intimidad del hogar de éste, siendo esta última circunstancia -con acierto-, la que conduce a la verificación del daño moral.
Asimismo, fue valorada la conducta pertinaz de mantener el estado de cosas como evidencia de la afectación moral, y en tal sentido fue señalado: “…una vez realizadas las referidas construcciones contrarias a la ley, la Sra. Racunti no adoptó las diligencias necesarias para hacer cesar dicho estado irregular, forzando al Sr. Navales a un intercambio epistolar -que, basado en razones de experiencia, con seguridad fue precedido de comunicaciones personales como afirma el actor a fs. 29 pto c-, como así también a contratar los servicios de un escribano a fin de constatar los hechos fundantes de su reclamo, y finalmente a recurrir a los estrados en busca de obtener una solución que la Sra. Racunti no brindó en forma voluntaria”.
De manera que también concurrieron otras justificaciones -que arriban firmes a esta instancia decisoria-, a lo que debe agregarse que el hogar de un hombre es su fortaleza. No ya en un sentido arcaico; pero si para significar que allí es donde toda persona humana debe y puede encontrar en lo material, en lo psíquico y en lo espiritual -seguridad, serenidad, sosiego, descanso, abrigo, intimidad, esparcimiento, placer, lugar apto para el normal desarrollo de sus actividades personales y amicales-. De ahí que toda acción u omisión ajena que atenta contra estas necesidades propias del ser hombre y alteren su razonable goce, deben considerarse productoras de daño moral que obliga su resarcimiento por parte del sujeto activo (esta Sala, causa 95.031, RSD 49/06; art. 1078 del C. Civil).
Desde esta perspectiva, propicio la confirmación de esta parcela decisoria (arts. 260, 332, 384, 456, C. Proc.).
VI. Sobre los agravios dirigidos a cuestionar la imposición de costas, señalo que, como lo difunde la Suprema Corte de Justicia de esta provincia, siguiendo el pensamiento chiovendiano, que su adjudicación debe efectuarse merced al principio objetivo de la derrota, atribuyéndose a éstas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar (Chiovenda, "La condena en costas", Madrid, 1928, p. 232; DJBA, t. 36 p. 347; JA 1952-II-303, cit. en Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, "Códigos...", T. II, p. 363; esta Sala causas B-79.862, reg. sent. 48/95, A-43.782, reg. sent. 176/96, e/o; art. 68, C. Proc.). De tal modo, las costas son erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Ramiro, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30), siendo principio general en la materia que el "objetivamente" derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (DJBA, tº. 47 p. 26; idem, tº 51 p. 236; ibidem, tº 63 p. 209; Ac. y Sent. 1956-IV-497; e.o, esta Sala causas 82.072, reg. sent. 34/96, 103.505 RSD 17/05). Así entonces, es dable destacar que, por vencido ha de considerarse a quien intenta que la justicia acoja su pretensión y no lo logra (esta Sala, causas B-64.749 reg. sent. 133/88, B-66.976 reg. int. 485/89, B-83.509 reg. sent. 156/96 y 87.753 reg. sent. 286/96).
Ello no cambia porque la condena haya sido impuesta en menor medida que la pretendida por su oponente, dado que, con el alcance de la responsabilidad discernida, el demandado tiene la calidad de vencido en los términos del art. 68 del ordenamiento procesal (arts. 68, 69, 260, 266 y 272, C. Proc.).
Por de lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Sala, causas B-79.059, reg. sent. 195/94; B-79.453, reg. sent. 237/94; A-43.391, reg. sent. 282/94; B-80.266, reg. int. 51/95, 92.189 reg. sent. 291/00, 97624 reg. 27/02, 100948 reg. sent. 151/03, 102.650 reg. int. 157/04, 102.106 reg. sent. 306/04, 104.536 reg. sent. 181/05, 120.480 RSD 138/16; e.o.).
Por las razones expuestas doy mi voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos la Dra. Larumbe votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Logrado el necesario acuerdo de opiniones al votar y decidir la cuestión que antecede corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 164/172 vta. en todo lo que fuera motivo de recurso y agravios. II) Las costas de Alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68 del C. Proc.). III) Las regulaciones de honorarios se difieren para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
En un todo la Dra. Larumbe adhirió al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose por el tribunal la siguiente:
La Plata, trece de noviembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
En el precedente acuerdo ha quedado establecido que la apelada sentencia es justa (arts. 168 y 171, Constitución Provincial, 34 inc. 4°, 68, 69, 163 inc. 6°, 260, 266, 272, 330 inc. 3, 332, 384, 546 C. Proc.; 1078 del C. Civil; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 164/172 vta. en todo lo que fuera motivo de recurso y agravios. II) Imponer las costas de Alzada a la demandada apelante. III) Las regulaciones de honorarios se difieren para su oportunidad.. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia