Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123470
FS
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXIV
Causa N° 123470; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - LA PLATA
NICOLA, IRMA INES C/ ALANIZ, EMMANUEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctores Silvia Patricia Bermejo y Leandro Adrián Banegas para dictar sentencia en la Causa 123470, caratulada: "NICOLA, IRMA INES C/ ALANIZ, EMMANUEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 312/321?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por la Sra. Norma Inés Nicola contra el Sr. Emmanuel Alaniz, condenando a este último al pago -en el plazo de diez días de quedar firme el decisorio- la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL ($203.000). Asimismo, rechazó la excepción de falta de cobertura opuesta por la citada en garantía Liderar Compañía General de Seguros S.A. haciéndole extensiva la condena en virtud a lo dispuesto por el artículo 118 de la ley 17.418. Rechaza la actualización monetaria solicitada por la accionante e impone costas a la demandada y citada en garantía en su calidad de vencidas.
Finalmente dispone como interés aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago.
II. Contra esa forma de decidir, interponen recurso de apelación la actora (fs. 328) y la citada en garantía (fs. 326), los que fueron concedidos libremente (fs. 329 y fs. 327, respectivamente). Ambas partes los sustentan en tiempo y forma (fs. 333/355 la citada en garantía y 336/339 parte actora). Corrido el pertinente traslado, fue contestado por la accionante (fs. 341/344) y por Liderar Compañía General de Seguros S.A. (fs. 346/347).
En su expresión de agravios la aseguradora citada solicita la apertura a prueba en esta instancia, mientras que la legitimada activa, corrido el traslado de ley, pide su rechazo. La resolución denegatoria de fs. 348/350, dispone asimismo el llamamiento de autos para sentencia.
III. La accionante, por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Gisela Lilian Fernández, se agravia de la cuantificación del daño psíquico dispuesto por la sentencia de primera instancia.
Considera que al ponderarlo el juez de grado utiliza una metodología que no logra resarcirlo en su justa medida.
Advierte que, a su entender, no se contempló la incapacidad estimada por el perito médico psiquiatra interviniente, tomando sólo en consideración el tratamiento sugerido por la experta como único elemento para justipreciarlo.
Entiende que de la pericia obrante a fs.185/188 surge que la actora padece un 20% de incapacidad parcial y permanente debido al hecho, circunstancia que no es mencionada en el fallo.
Se queja también del monto asignado en tratamiento psicológico y psiquiátrico, considerando que asciende como mínimo a la suma de $51.600.-
Agrega que se encuentra acreditada incuestionablemente la idoneidad del informe pericial psiquiátrico tanto por el Juez de Primera Instancia como por la contraria.
Asimismo, la actora se duele del monto indemnizatorio otorgado por rubro daño moral por considerarlo exiguo.
Argumenta que el iudex a quo ha omitido realizar una justa valoración de las pruebas rendidas y que debió realizarse un análisis integral tomando principalmente como punto de partida la prueba pericial médica, traumatológica y médica psiquiatra.
A su turno, la citada en garantía objeta la extensión de la condena en función a que la póliza del demandado se encontraba suspendida por falta de pago.
Ataca la ponderación de la indemnización por incapacidad considerándola elevadísima. Manifiesta que la actora peticionó la mitad de ese monto en su demanda, que sólo presenta cervicobraquialgia post-traumática la que le genera un 10% de incapacidad parcial y permanente, que no se encuentra acreditado que la legitimada activa haya practicado deportes ni que la incapacidad generada le haya impedido seguir cumpliendo con su función docente.
También se queja del monto otorgado en concepto de daño psíquico por entender que el daño moral y el psicológico resarcen una misma situación lesiva por lo que implica lisa y llanamente una doble indemnización por igual concepto.
Finalmente, critica el importe otorgado en concepto de gastos médicos y de farmacia por la suma de $10.000.- argumentando la falta de acreditación de comprobantes y que además quedó probado que la Sra. Nicola era beneficiaria de la obra social IOMA, circunstancia no valorada por el sentenciante.
IV. En forma liminar, en conformidad con lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3, CC; 7, CCCN).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña la distinguida doctrinaria Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, al tratar los rubros cuyos montos debaten los recurrentes, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala, causa 121.394, sent. del 1/6/2017).
V. En virtud a que la sentencia de grado no ha recibido embates respecto de la mecánica del hecho y la responsabilidad asignada, corresponde abordar los montos indemnizatorios objetados.
Primeramente, se analizará la reparación por daños físico y psíquico, como su ponderación dentro de la esfera del daño patrimonial.
Respecto de la cuantificación por incapacidad física, la actora la considera baja (fs. 356/359) y la citada en garantía alta (fs. 353/355).
Para abordar este extremo, resulta necesario determinar si el menoscabo sufrido genera un desmedro permanente en la aptitud productiva del individuo. Si no quedara acreditado este extremo, sólo podrá considerársela como daño extrapatrimonial.
Una vez estimada su permanencia, debe tenerse en consideración su cuantía en términos de incapacidad. Es decir, fijar un porcentual o proporción.
Por último, es menester considerar y relacionar las variables relevantes en el caso particular como la edad, profesión u ocupación, aptitudes físicas, deportivas, expectativa de vida de la víctima entre otras características.
En el caso, el perito médico actuante concluye que la Sra. Nicola Presenta Cervicobraquialgia post traumática la que le genera una incapacidad parcial y permanente de 10% (fs. 201/202).
Agrega que “… un traumatismo como el descripto, puede producir esguinces de las articulaciones intervertebrales con irritación de fibras nerviosas, contracturas musculares reflejas, rectificación de la columna e inflamación de los nervios raquídeos regionales emergentes con trastorno sensitivo-motrices y dolor en los territorios afectados de los miembros superiores” (fs. 201/202).
Estima asimismo una incapacidad deportiva del 20% (fs. 201/202).
La experticia mereció observaciones efectuadas por la legitimada activa (fs. 204/205), las que fueron aclaradas a fs. 210.
Si bien la pericia de fs. 201/202 estima la incapacidad física parcial y permanente en un 10%, el mismo experto en sus aclaraciones de fs. 210 dice “…La incapacidad otorgada de 8% parcial y permanente, resulta de la T.O….”.
Estamos entonces ante dos porcentuales de incapacidad por una única dolencia determinados por una misma experticia (10% a fs. 201/202, 8% a fs. 210).
Para juzgar sobre este punto tendré en cuenta que ambas presentaciones configuran, desde el punto jurídico y práctico, partes integrantes de un único informe, valorándolo de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14-XI-2007).
Al apreciar los dictámenes los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26-X-1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998), las reglas de la sana crítica indican que para apartarse del dictamen pericial suficientemente fundado, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22-7-2008; 115.511, sent. del 26/03/2013).
Ahora bien, cuando se vislumbran contradicciones como la descripta, su apreciación acorde con la sana crítica de conformidad con el análisis de la pericia in extenso determinará la cuantificación del daño a reparar.
Al analizar el informe encuentro que del mismo surge con claridad el detrimento en la salud de la Sra. Nicola y, por tanto, el monto de incapacidad asignado a fs. 201/ 202 se corresponde con las lesiones sufridas.
Asimismo, al determinar el porcentual realiza una explicación y un detalle médico que no logra conmover la citada en garantía en sus agravios, ni modificar su consideración y extensión.
Destaca una mayor musculatura posterior del cuello y dolor a la palpación de ambas zonas musculares paravertebrales, movilidad de la columna cervical disminuida, con dolor en flexo tensión, lateralización y rotación tanto de movilidad actividad y pasiva. Agrega que sufre alteraciones de la sensibilidad en la mano izquierda como también limitaciones para realizar actividad física (fs. 201/202), las que se corresponden a la incapacidad de 10% fijada a fs. 201/202.
Por ende, no encuentro razón alguna obrante en la causa para apartarme de las conclusiones determinadas por el experto (art. 384 y 474 CPCC) y su extensión.
Sentado ello, deben ponderarse las características personales de la actora. Queda acreditado que la legitimada activa tenía 51 años al momento del hecho y que se dedicaba a la docencia (pericia medica fs. 201/202 y pericia psiquiátrica fs. 185/188), sin embargo le asiste razón a la citada en garantía en su queja en cuanto que la incapacidad deportiva no debe tomarse en consideración en este extremo, pues no ha quedado acreditada la práctica de deportes más que por las afirmaciones de la propia actora (art. 375 CPCC). En tanto la posibilidad de hacer deportes como una forma de distracción o actividad amateur integran el esparcimiento usual de cualquier persona, no provoca en la vida de la señora Nicola una minusvalía adicional a la física ponderada. Además y especialmente el porcentaje informado no se dijo que fuera permanente, por lo que no puede estimarse como minusvalía física, sino, a todo evento, como moral o lucro cesante si se evidenciaron los presupuestos.
En consecuencia, en virtud al porcentual de incapacidad sufrido y acreditado, su carácter de parcial y permanente y las características personales de la actora al momento del hecho, antes descriptas, adelanto que la suma otorgada en la instancia de origen luce reducida por lo que ha de propiciarse su elevación la que será determinada a continuación en este voto.
VI. Asimismo, ambas partes se duelen de la indemnización por daño psicológico otorgada por el iudex a quo. La actora considera que en el rubro sólo recepta los gastos por tratamiento, sin referirse al porcentaje de incapacidad denunciado por la perito y la citada en garantía cuestiona que debió estar comprendido en el daño moral, sino se incurre en doble indemnización.
Acorde resolvió esta Sala, en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (esta Sala, causas 97.753, sent. del 27-6-2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16-8-2005; 104.884, sent. del 18-8-2005, entre otras).
Ahora bien, resulta central en este apartado determinar el carácter permanente de las lesiones y de la merma psíquica para determinar y encasillar su procedencia.
En tal sentido, esta Sala tiene dicho que cuando de la pericia se advierte que pese a la patología descripta y a la calificación asignada, de su contenido resulta la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC) o, en su caso, si así se acredita, como lucro cesante.
A contrario sensu, ante la determinación de una dolencia psíquica de carácter permanente cabe considerarla como integrante del daño patrimonial.
En la pericia médico-psiquiatra agregada en autos la experta dictaminó que la actora presenta un trastorno por stress post-traumático crónico, que le genera una incapacidad parcial y permanente de 20%.
Refiere asimismo que la accionante se vio imposibilitada de desarrollar su vida normal y de relación y que el cuadro puede agravarse, presentar mayor restricción de su vida social y aislamiento (fs.185/188 vta; arts. 384, 747 CPCC).
Por ello, no ha de prosperar la queja de la citada en garantía por cuanto la existencia del daño patrimonial se encuentra acreditada con la determinación expresa del carácter permanente de la lesión a la psiquis de la actora (art. 1068, CC; 165, 330, 354 inc. 1, 384, 374 CPCC).
El juez de grado bajo el título “Daño psíquico” (punto “B” de fs. 312/321) omite hacer referencia al porcentual de incapacidad, limitándose a la fijación de indemnización mediante el cálculo de gastos por tratamiento psicológico y psiquiátrico. En este aspecto le asiste razón a la actora.
Como se dijo, la pericia psicológica arroja un 20% de incapacidad parcial y permanente por lo que concluyo que las sumas otorgadas por el a quo deben elevarse y para su fijación debe tomarse como base ese porcentual de invalidez y demás condiciones personales de la actora.
En base a lo aquí expresado y a los efectos de su cuantificación, debe ponderarse que la víctima posee incapacidades múltiples –en este caso física y psíquica- circunstancia que debe tenerse en especial consideración para la justipreciación de ambos daños.
En los casos como el presente, el total de la minusvalía sufrida no se obtiene mediante la sumatoria de cada una de las incapacidades dictaminadas, sino que en orden decreciente se calcula la mayor y sólo sobre el porcentaje de incapacidad residual se continúa con las demás (Simonin, “Tratado de Medicina Legal. Incapacidades múltiples”; “SALICA Hayde c/ IPACO S.A. s/ Daños y Perjuicios”. Esta sala causas 117.405 sent. del 28/5/2015, RSD 58/15; 123.032 sent. del 8/2/2018, RSD 25/18, entre otras).
Corresponde entonces determinar, teniendo en cuenta las incapacidades del 20% (psicológica y psiquiátrica) y 10% (física), que la Sra. Alaníz producto del hecho ventilado en autos sufrió una incapacidad parcial y permanente en la esfera patrimonial del 28%.
En consecuencia, aprecio que la suma otorgada en la instancia de origen para la incapacidad física aparece elevada tal como argumenta la accionada y para la psíquica luce reducida, por lo que ha de propiciarse la estimación de $64.000 (PESOS SESENTA Y CUATRO MIL) por incapacidad física y $160.000 (PESOS CIENTO SESENTA MIL) en concepto de minusvalía psíquica. La elevación se propicia toda vez que las sumas reclamadas en la demanda lo son en virtud de lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir y de conformidad que lo normado por el art. 165 CPCC (arts. 165, 260, 261, 330, 375, 384, 474, CPCC.; 1068, 1069, CC.).
VI. Relacionado con el punto anterior y en virtud al agravio de la legitimada activa respecto la cuantificación de los gastos por tratamiento psicológico y psiquiátrico, como a su valoración conjunta con el daños psicológico, adelanto que le asiste razón en su queja.
Ello no sólo porque el Juez de grado no tuvo en consideración la incapacidad parcial y permanente de la actora, cuestión ya desarrollada, sino porque en el abordaje de ese rubro únicamente se refirió a la necesidad de efectuar tratamientos paliativos.
En la pericia se dispone la necesidad de la actora de realizar un tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico con administración de antidepresivos y ansiolíticos (fs. 185/188, punto “f”, arts. 384, 474 CPCC).
Informa que el costo de la sesión psicológica y psiquiátrica semanal es de entre $250 y $750 cada una y que el valor de medicación mensual ronda los $900. La duración estimativa del tratamiento es de un año de psicoterapia y dos años de psicofarmacológico (fs.185/188).
He de tomar para la determinación del monto total un valor de la sesión para ambas especialidades de $500, la que surge del promedio de los costos especificados por la experta (entre $250 y $750).
Al recomendarse un tratamiento psicoterapéutico de frecuencia semanal por el lapso de un año, 48 semanas en definitiva, arroja como resultado la suma total de $24.000. Además, la terapia psicofarmacológica de dos años, estableciendo una sesión mensual y medicamentos, corresponden $21.600.
Ello deviene en una suma total de $45.600, monto por el cual habría de proceder el rubro en cuestión. Por consiguiente, en tanto le asiste razón a la actora apelante que la suma de $40.000 en verdad se la ha admitido por tratamiento y que es reducida, se propone elevarla en los términos referidos (art. 1068 CC; 7, 1746 CCCN; 165, 384, 474, CPCC).
VII. En relación al daño moral la actora se agravia por considerarlo reducido.
Nuestra Suprema Corte lo ha interpretado como la lesión a los derechos que afecten al honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civil) y su estimación se encuentra suj
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