Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 125198
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada de fs. 283/293 y su aclaratoria de fs. 297, y en su consecuencia, se reducen las sumas otorgada por daño moral, a la de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) y la dispuesta para gastos médicos y farmacológicos a la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($7.600); dejando sin efecto la indemnización por reparación al vehículo, que se rechaza; y se confirma la fijada en concepto de privación de uso del vehículo. Conforme ello, el total de la condena -teniendo en cuenta el rubro otorgado por tratamiento psicológico y que no fue recurrido- asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($429.800), aplicándose las tasas de interés fijadas por la sentencia de grado, Las costas de la Alzada se imponen por su orden (art. 68, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXV
Causa N° 125198; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº17 - LA PLATA
HUARTE LEONEL C/PIZZO MARIO ALBERTO S/DAÑOS Y PERJUICIOS
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 125198, caratulada: "HUARTE LEONEL C/PIZZO MARIO ALBERTO S/DAÑOS Y PERJUICIOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 283/293 y su aclaratoria de fs. 297?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Leonel Huarte contra Mario Alberto Pizzo, condenando a este último a abonar la suma de Pesos un millón trescientos siete mil doscientos ($ 1.307.200), con más los intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha de la mora -26 de abril de 2012- y hasta la fecha de la sentencia; y, en caso de mora en el cumplimiento de esta -vencidos los diez días y desde tal fecha hasta el efectivo pago- se aplicará la tasa de interés que fijen las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina o en su ausencia por la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a depósito a treinta días. Todo ello, en el plazo de diez días de quedar firme el fallo, bajo apercibimiento de ejecución. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía "Liderar Compañía General de Seguros SA" e Impuso las costas del proceso a la parte demandada y citada en garantía en su carácter de vencidos, postergando la regulación de honorarios hasta la oportunidad en que exista base regulatoria determinada, aplicándose a los efectos la doctrina legal de la SCBA en el caso "Morcillo" (fs. 283/293). Ante el pedido de la citada en garantía (fs. 294/296) aclara que la sentencia definitiva en el punto 2° de la parte resolutiva y hace extensiva la condena a la citada en garantía "Liderar Compañía General de Seguros S.A.” conforme las condiciones de la póliza (fs. 297).
II. Contra esa forma de decidir interponen recurso de apelación la citada en garantía (fs. 294) y el demandado por intermedio de su gestor (art. 48 CPCC, fs. 306) ratificado en tiempo y forma (fs. 321). Los mismos fueron concedidos libremente (fs. 295 y 307 respectivamente) y fundamentados en tiempo y forma (fs. 312/313 la citada en garantía y 314/315 la demandada); corrido el pertinente traslado fue contestado por el actor (fs.317/319). Luego se llamó Autos para Sentencia (fs. 320).
III– Los escritos de expresión de agravios de los apelantes cuentan con idénticos fundamentos, por lo que se expondrán de forma conjunta.
Se quejan, por la cuantía de los rubros indemnizatorios otorgados por el sentenciante.
En primer lugar de lo otorgado en concepto de daño moral por ser una suma excesiva e infundada y que se basa fundamentalmente en el daño estético del actor.
Refiere que si esas lesiones hubieran resultado tan traumáticas Huarte debiera haber sufrido incapacidad psicológica lo que no se acreditó en la pericia practicada.
Insiste que siendo la estética la única incapacidad y que podría ser morigerada con cirugías, la indemnización en este apartado resulta abultada.
En segundo lugar, se duelen de la suma otorgada en concepto de reparación de vehículo toda vez que han negado la legitimación del actor para peticionarla y éste no la ha demostrado.
Dice en el mismo sentido que el presupuesto acompañado por el accionante ha sido negado y no fue corroborado por prueba alguna, ni se ha consultado al perito por este punto.
Asimismo, se disconforman de lo otorgado al accionante por gastos médicos, farmacológicos y de traslado, en virtud a que no se han acompañado comprobantes de las erogaciones realizadas por lo que debe rechazarse el rubro en cuestión.
Por los mismos fundamentos, se agravia de la procedencia de la privación de uso, solicitando su rechazo.
IV. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento – 26 de abril de 2012 -(arts. 3, CC; 7, CCCN).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Se ha juzgado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, al tratar los rubros cuyos montos se debaten, se aplicarán los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala, causa 121.394, RSD 106/17, sent. del 1/6/2017, entre otras).
V– Llega firme a esta instancia y no es materia de agravios la existencia del hecho y la responsabilidad del demandado, limitándose los agravios a la procedencia y cuantía de los rubros reconocidos en la sentencia.
VI– Los recurrentes se disconforman de la indemnización por daño moral.
Con relación a este perjuicio cabe puntualizar que conforme lo establece el artículo 1078 del Código Civil, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses.
Se entiende entonces que el responsable en el siniestro debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (SCBA. AC: 35579, del 22-4-86; esta Sala, causa 96.891, sent. del 2-4-2002, RSD 46/2002).
Ahora bien, el a quo toma como elemento central para establecerlo el daño estético fijado en la pericia obrante en autos a fs. 225/231.
De la experticia referida se desprende una incapacidad del actor en su aspecto estético de 30%, sin detalle de su permanencia o transitoriedad, por lo cual, a falta de determinación expresa sobre carácter perenne cabe tratarla dentro de la faz extra patrimonial (v. fs. 231).
Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que "El daño o lesión estética no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso", afirmando asimismo que ante la ausencia de indicios de que el menoscabo sufrido provoque o haya provocado perjuicios patrimoniales, debe ser considerado al establecer el daño moral (conf. CSJN Causa "Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires Provincia de y otros s/ daños y perjuicios". Sent. del 29/06/2004).
Ahora bien, su cuantificación no cabe determinarla en función al porcentual de incapacidad referido sino a una multiplicidad de factores referidos a los quebrantes personales sufridos por el señor Huarte, conforme sus características personales.
Nuestra Suprema Corte lo ha interpretado como la lesión a los derechos que afecten al honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civil) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues no depende de éste sino de la índole del hecho generador (SCBA., C 78280, sent. del 18-VI-2003).
Dable es indicar que la determinación de las sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas (SCBA., C 98039, sent. del 18-III-2009).
Para su determinación depende “… Del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica –daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (S.C.B.A., Ac. 41.539, sent. del 21-XI-1989, publicado en D.J.B.A. 1990-138, 15, en “Acuerdos y Sentencias” 1989-IV-219; Ac. 55.648, sent. del 14-VI-1996; Ac. 56.328, sent. del 5-VIII-1997, publicado en “El Derecho” 182-134, “Acuerdos y Sentencias” 1997-IV-9; Ac. 59.834, sent. del 12-V-1998; Ac. 64.247, sent. del 2-III-1999, “Acuerdos y Sentencias” 1999-I-360; Ac. 82.369, sent. del 23-IV-2003).
Por ello, en atención a la edad del actor al momento del hecho, a cómo incidió en su ánimo la alteración de su vida cotidiana, al reposo y rehabilitación que le provocó el daño sufrido, a las lesiones estéticas transitorias, a cómo repercutió en su tranquilidad y paz de espíritu el dolor provocado por las consecuencias del accidente en su aspecto y a que no se ha configurado en el presente incapacidad ni física (pericia fs. 184/189), ni psicológica (fs. 238/240) de carácter permanente, considero elevada la suma otorgada por la Magistrada de grado, por lo que propongo su reducción a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-). (arts. 1078, CC; 3, 1741, CC; 330, 354 inc. 1, 384, 474, CPCC).
VII– Se agravian los accionados asimismo por la procedencia de los gastos de reparación del motovehículo por dos cuestiones centrales: 1) quien reclama no acreditó su legitimación y 2) no se acreditan los daños mediante prueba idónea.
En la primera de sus consideraciones en el punto, no asiste razón a los quejosos.
Es que cuando alguien reclama la indemnización de los gastos de reparación de un vehículo en calidad de usuario basta con su obligación como tal de velar por la conservación de la cosa dada en uso y su responsabilidad frente al propietario. De ahí que resulta justo y razonable reconocerle legitimación para demandar por los gastos de reparación y por los cuales habrá de responder ante quien le otorgó el derecho o facultad de usarlo (art. 1110 CC).
En autos queda probado que el actor era usuario del rodado al momento del accidente y que mantiene ese carácter, toda vez que lo alega expresamente al requerir indemnización por privación de uso (fs. 42/55 vta.).
Ahora bien, en el segundo de sus argumentos, asiste razón a los recurrentes.
Ello toda vez que tanto el presupuesto (fs. 15) como las fotografías del rodado siniestrado (fs. 5/12) fueron negados por el demandado y citada en garantía en sus contestes (fs. 96/102 y fs. 86/92 respectivamente) y tampoco se ha producido prueba pericial al respecto.
Es que la reparación de este rubro es admisible cuando los daños aludidos hayan sido determinados por peritaje mecánico sobre el vehículo a fin de establecer el carácter de los desperfectos y analizar los trabajos necesarios para realizar su reparación. En ausencia de éste dictamen el actor debió acreditar tantos los daños como el costo de reparación por otros medios de prueba, lo que no hizo (arts. 386, 474 CPCC).
Por ello, cabe hacer lugar al embate de los demandados y dejar sin efecto la indemnización fijada por el a quo por este rubro.
VIII– En el mismo sentido que lo dispuesto en el apartado anterior conforme lo dispuesto por el art. 1110 del Código Civil, resulta procedente confirmar la indemnización por privación de uso fijada por la señora Juez de grado, toda vez que ha sido prudentemente cuantificado en orden a uso normal y ordinario de un vehículo como el que usaba el actor al momento del accidente.
IX. Sobre la valoración de los gastos médicos reconocidos por la sentencia de grado, los demandados se agravian por no existir comprobantes que prueben las erogaciones realizadas por el actor.
Para determinar la procedencia del rubro debe estarse al actual art. 1746 del CCCN que en su parte pertinente dispone “… Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad…”.
De la letra del mencionado artículo se deprende que los gastos médicos y farmacológicos se presumen a partir de la producción de un daño mensurable, y no requieren de una prueba expresa, excepto que su monto sea oneroso y requiera de una demostración especial.
Es decir que probado el daño físico -aunque sea transitorio- se presume que el actor realizó erogaciones en medicamentos y traslados para el tratamiento de las dolencias, siempre que revistan el carácter de prudentes, en tanto que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas.
No resulta óbice que el legitimado activo haya sido tratado por profesionales y centros asistenciales con cobertura de su obra social toda vez que los gastos efectuados no se limitan a esas atenciones puntuales, sino a las erogaciones producidas en este aspecto a partir de las dolencias padecidas.
En función a lo expuesto considero que resulta procedente la indemnización por gastos médicos y farmacológicos. Ahora bien, considero elevado el monto reconocido por la sentencia de grado, por lo que propongo su reducción a la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($7.600).
X. En tal entendimiento, he de propiciar hacer lugar a los recursos y modificar la sentencia en crisis en cuanto a la suma admitida por daño moral, la que postulo se reduzca a la de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000); propongo revocar la indemnización por reparación al vehículo, confirmar la fijada en concepto de privación de uso del vehículo y reducir la dispuesta para gastos médicos y farmacológicos a la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($7.d600). Por consiguiente, de lograr mayoría esta propuesta, la suma total de condena, teniendo en cuenta el rubro otorgado por tratamiento psicológico y que no fue recurrido, será la de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTONS ($429.800), aplicándose las tasas de interés fijadas por la sentencia de grado, con costas de la Alzada por su orden, en función a que el actor no interpuso recurso alguno (art. 68, CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos por los demandados y en su consecuencia modificar la sentencia apelada de fs. 283/293 y su aclaratoria de fs. 297, reduciendo las sumas otorgada por daño moral, a la de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) y la dispuesta para gastos médicos y farmacológicos a la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($7.600); dejando sin efecto la indemnización por reparación al vehículo, que se rechaza; y confirmar la fijada en concepto de privación de uso del vehículo. Conforme ello, el total de la condena -teniendo en cuenta el rubro otorgado por tratamiento psicológico y que no fue recurrido- será la de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($429.800), aplicándose las tasas de interés fijadas por la sentencia de grado, con costas de la Alzada por su orden (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada de fs. 283/293 y su aclaratoria de fs. 297, y en su consecuencia, se reducen las sumas otorgada por daño moral, a la de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) y la dispuesta para gastos médicos y farmacológicos a la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($7.600); dejando sin efecto la indemnización por reparación al vehículo, que se rechaza; y se confirma la fijada en concepto de privación de uso del vehículo. Conforme ello, el total de la condena -teniendo en cuenta el rubro otorgado por tratamiento psicológico y que no fue recurrido- asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($429.800), aplicándose las tasas de interés fijadas por la sentencia de grado, Las costas de la Alzada se imponen por su orden (art. 68, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia