Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125665
AUTOS
CONSIDERANDO: I.- Que el Sr. Juez de la instancia anterior resolvió a fs. 157 que el proceso debía retrotraerse hasta la providencia de fs. 69, a fin de notificar debidamente a la parte demandada su declaración de rebeldía. Para así decidir tuvo en cuenta que en la cédula dirigida a Lidia Inés Barrera (fs. 70) no se habría dado cumplimiento con los art. 338 del CPCC y el art. 190 inc. c) del Ac. 3397/08, encontrándose en juego con ello la garantía de defensa en juicio. Deducida la apelación por la parte actora a fs. 163, a fs. 165/169 se acompaño memorial de agravios, donde expuso las razones que justificarían la revocación de la medida. Puso de resalto lo que consideró como errónea aplicación por el a quo de las normas que regulan las notificaciones, tanto del código procesal como del acuerdo 3397/08.
A su vez, entendió que la mentada providencia agrede de modo manifiesto el principio de preclusión, toda vez que ordena retrotraer el proceso hasta la etapa postulatoria. II.- Esta Sala ha propiciado la vigencia del principio de preclusión en el desarrollo de los procesos -en consonancia con lo sostenido por el actor-, aunque su aplicación a rajatabla no puede enervar otro principio no menos importante como el de la defensa en juicio, que es de raigambre constitucional (esta Sala, causas 117.997, RSD 1/15, 120.806, RSD 50/17, 124.842 RSD 3/19 e. o.). Se ha dicho que “la preclusión es una institución general que tiene frecuentes aplicaciones en el proceso, y que consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esta facultad en el juicio o en una fase del juicio” (Chiovenda, Giuseppe, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, trad. por E.
Gómez Orbaneja, 2da. edic., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, Tomo I, pág. 385; esta Sala, causas 113.294 RSD 17/12; 115.335; RSD 53/15, 121.395 RSD 30/95). También que "… los efectos de la preclusión no sólo aprehenden a los justiciables, sino que también gobierna la actividad del órgano jurisdiccional (esta Cámara, Sala I, causas A-40.487, reg. int. 376/88; A-40.549, reg. int. 435/88 y A-40.582, reg. int. 517/88, entre otras; esta Sala, causas B-82.382, reg. int. 110/96, 89.041, reg. sent. 40/99, 106.032, reg. int. 146/09; Cámara Primera, Sala Tercera, causa 223.492, reg. sent. 14/96). Por otro lado, ha dicho que "… en el proceso civil rige el principio dispositivo, lo cual importa confiar a la actividad particular de los litigantes tanto el estímulo de la función judicial, la afirmación de los antecedentes de hecho, como la aportación de los materiales de prueba sobre los cuales, en definitiva, ha de recaer la decisión jurisdiccional (MORELLO-PASSI LANZA-SOSA-BERIZONCE, "Códigos Procesales…", T° 1, pp. 378/379; esta Sala, causas 92.136, reg. sent. 199/00, 118.900, reg. sent. 127/15).
En tal sentido, nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que: "El tipo procesal dispositivo y el principio de congruencia nos señalan que son las partes las que someten al órgano jurisdiccional las cuestiones litigiosas y que éste ejerce su poder de decisión en el marco estricto del thema decidendum" (SCBA, causa A 72.983, del 29/11/17, por mayoría). Asimismo, esta Sala se ha expedido acerca del rol del juez como director del proceso. Así, en relación al artículo 34 inciso 5 del Código Procesal, ha dicho que "… ese artículo le da al juzgador el rol de director del proceso, dotándolo de ciertas facultades o atribuciones amplias para conducir y ordenar la causa, mas no puede inferirse de ello un poder discrecional, contrapuesto a principios procesales a los cuales debe atenerse estrictamente (Lopez Mesa, Marcelo J.
(Director y Comentario al artículo 34). Rosales Cuello, Ramiro (Coordinador). "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires". Ed. La Ley, Avellaneda, Bs. As., 2014. Tomo I, pág.270, jurisprudencia allí citada. Esta Sala, causa 121.249, RSD 31/17, 118.947 RSI 150/18). III. El caso traído muestra que se encuentran en tela de juicio las facultades y principios citados en el considerando anterior, y la supuesta colisión entre el principio de defensa en juicio -subrayado por el Juez de origen- y el de preclusión -referido por la actora-. Ello exige ponderar su adecuada aplicación y en el caso particular, debido a la trascendencia e implicancia de los principios en juego, apartarse de la regla genérica de inapelabilidad consagrada por el art. 494 del CPCC.
IV. Como se dijo en la síntesis que precede, el a quo ha fundado expresamente su decisión en lo previsto en los artículos 338 del ritual y 190 inc. c del Acuerdo 3397/08. El primero de ellos, refiere al modo de citación del demandado en los juicios ordinarios y se encuentra a continuación de las previsiones sobre la demanda, sus requisitos, ampliación y eventual traslado. Es por ello que luego, el art. 190 inc. c) del referido Acuerdo alude a las condiciones que han de observarse en las cédulas libradas al domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte a fin de notificar el traslado de demanda o bien, la citación de los artículos 94 y 524 del CPCC. En cuyo caso, se aplicará el procedimiento establecido por el inc. c-1) o 2).
Pero en el caso traído a resolver no se trata de ninguno de los supuestos citados, sino más bien de la notificación del auto que declara la rebeldía en los términos del art. 59 del ritual. En tal caso, no habiendo norma específica, corresponde la aplicación del art. 189 del Acuerdo 3397/08 previsto para las ocasiones en que, en general, se libren cédulas al domicilio denunciado y bajo responsabilidad de la parte. En tal caso, "el notificador deberá:.... c) si no fuere atendido, o se negasen a recibirla, fijar la cédula en el domicilio indicado en la puerta de acceso de la casa, oficina, local comercial o industrial, unidad funcional de edificio de propiedad horizontal, barrio cerrado o en la tranquera de acceso a propiedad rural".
Debiendo regirse el notificador por la norma antedicha, nada puede reprochársele en su actuación del 20/12/14, en la medida que: dejó constancia de haberse constituido en el domicilio indicado en la cédula, que nadie respondió a sus llamados y que por ello la dejó en la puerta de acceso, siempre dejando aclarado que la notificación se diligenció "bajo responsabilidad de la parte actora", por ser el modo en que el órgano dispuso se practicara aquella. En función de lo expuesto, cabe concluir que la notificación ha sido correctamente realizada y respetando el procedimiento establecido por el art. 189 inc. c) del Ac. 3397/98, aplicable al caso. V.- No se vislumbra transgresión alguna al principio de defensa en juicio y por tanto, la providencia recurrida habrá de ser revocada.
Las costas se impondrán por su orden, habida cuenta la ausencia de sustanciación (art. 68 del CPCC). La regulación de honorarios quedará diferida para su oportunidad. POR ELLO, se hace lugar al recurso de apelación deducido a fs. 163 y se revoca la providencia de fs. 157. Costas por su orden. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase
Fin de la sentencia