Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133992
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de Julio de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PALMAS MONEO FEDERICO NORBERTO C/ SACELLA MIGUEL ANGEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " (causa: 133992 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva de fs. 110/114 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida a raíz de un accidente de tránsito por Palmas Moneo Federico Norberto contra Empresa Línea Siete S.A. y la citada en garantía Argos Mutual de Seguros del Transporte Público, a quienes condenó a abonar dentro del plazo de diez días la suma de $ 974.000, con más intereses. Las costas se impusieron a los accionados en su condición de vencidos.
1.2. Apelaron la actora y la demandada y citada, quienes expresaron agravios, los sólo fueron contestados por la actora.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 20/11/2018, esto es bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.), dicha normativa rige en el caso de autos (art. 7, C.C.C.N.).
Sentado ello, pasaré a analizar los agravios.
2.2. Los agravios.
2.2.1. La actora critica la cuantía indemnizatoria por incapacidad física, incapacidad psicológica y daño moral, la que considera insuficiente.
En cuanto a la Indemnización por incapacidad física e incapacidad psicológica, entiende que el monto fijado resulta notoriamente bajo, a los efectos de una reparación plena, comprensiva de los diversos planos con que debe computarse el vocablo “incapacidad”.
Sostiene que las lesiones reclamadas surgen de la pericial médica realizada en autos, que de la suma aritmética de incapacidades arriba a un total del 54,2%.
Agrega que, en la experticia psicológica se expresa que el hecho de autos ha provocado el desencadenamiento de un cuadro psicopatológico denominado como Trastorno por estrés postraumático crónico conforme al Baremo para daño neurológico y psíquico de los Dres. Mariano N. Castex & Silva, presentando un cuadro de 2.6.7 PTSD o DESARROLLO PSIQUICO POST TRAUMÁTICO y le corresponde un porcentaje de incapacidad psicofísica global actual del 25 %".
Sostiene que de ambas pericias surge que el actor posee una incapacidad del 79,20% y -con cita de jurisprudencia de esta Sala- pide la aplicación de la fórmula polinómica elaborada por el Dr. Hugo A. Acciarri hasta la edad de 65 años. Pide $ 14.000.000, a valores actuales.
Con respecto al Daño Moral, pide su elevación a la suma de $ 6.000.000.
2.2.2. Por su parte, las demandada y citada en garantía, luego de cuestionar la responsabilidad atribuida en la sentencia, se quejan de los montos indemnizatorios, los que estiman elevados.
2.2.2.1. Consideran que surge perfectamente acreditado con la prueba rendida en autos que la ocurrencia del hecho sobrevino por la culpa exclusiva del actor, para lo cual invocan el carácter de embestido del micro, lo que los lleva a concluir que es el conductor de la moto el que ha provocado el accidente, cuya conducta consideran que no ha sido correctamente analizada, tras lo cual concluyen pidiendo el rechazo de la demanda.
2.2.2.2. Subsidiariamente se agravian del monto otorgado por incapacidad física, al que consideran elevado y carente de un razonamiento cierto, alejado por completo de las reglas de la sana crítica.
Sostienen que se ha otorgado una indemnización desmedida, pide la adecuación del porcentaje de incapacidad y reducción dl monto acordado.
2.2.2.3. Como TERCER AGRAVIO critican el monto otorgado por daño moral ($200.000) al que consideran elevado por no guardar correlación con la incapacidad de la víctima.
Invoca la siguiente jurisprudencia: “La reparación del daño moral tiene carácter punitorio y no resarcitorio” (C.N.Civ. Sala A 25/11/69, Sala E, 22/5/72) y a partir de allí -y con cita de doctrina autoral- sostiene que el agravio moral sólo es procedente en los casos de delitos civiles, ya que si se trata de cuasidelitos, al faltar intención no existe agravio u ofensa.
III. Tratamiento de los agravios.
3.1. Responsabilidad.
3.1.1. Liminarmente corresponde destacar que cuando en la producción del daño interviene una cosa que presenta riesgo o vicio -tal como sucede en la colisión de automotores-, el dueño y/o el guardián responden de manera objetiva, siendo responsables concurrentes del daño causado por las cosas (arts. 172, 1757 y 1758, 1769, C.C.C.N.).
El segundo párrafo del art. 1757 del C.C.C.N., no sólo establece que la responsabilidad es objetiva, sino que no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.
Aclara el art. 1722 del C.C.C.N. que, el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad; y que, en tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición en contrario.
Por su parte, el art. 1279 del C.C.C.N., establece que la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño; y el art. 1731 del mismo código, que dispone que, para eximir de responsabilidad, total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito. Estas normas reiteran, en esencia, lo que establecía el derogado art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, por lo que la doctrina elaborada al respecto sigue vigente en lo esencial.
Completa el cuadro, el art. 1769, titulado “Accidentes de tránsito”, que establece que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos.
Por lo tanto, la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por el precepto para realizar la imputación. Aun cuando se probase la falta de alguno de tales supuestos, ello carece de incidencia para impedir su responsabilidad, porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la última parte del segundo párrafo de la norma del art. 1113 citado -actuales arts. 1757, 1769, 1729 y 1731, C.C.C.N.-, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero haya interrumpido total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (conforme doctrina sentada por la SCBA, bajo la vigencia del Código Civil, en las causas Ac. 40.464, 13/6/89; Ac. 42.358, 17/4/90; Ac. 43.189, 22/10/91; Ac. 49.583, 5/5/92; Ac. 46614, 26/5/93; Ac. 61.908, 15/7/97; Ac. 64.363, 10/11/98; Ac. 71.560, 15/3/2000; Ac. 75.756, 4/4/2001; Ac. 88.159, 20/12/2006; arts. 1726, 1727, 1729, 1731 y 1734 y 1744, C.C.C.N.).
Esto último requiere un análisis integral del comportamiento de todos los protagonistas (conf. SCBA, Ac. 38.745, 10/5/88; Ac. 39.105, 28/2/89; Ac. 41.166, 10/9/91; Ac. 55.922, 6/9/94; Ac. 58.349, 16/6/98; Ac. 68.819, 12/7/2000; Ac. 83.140, 3/12/2003; C. 102.351, 25/3/2009; arts. 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1744 y 1769, CCCN), ya que de lo contrario no se podrían contemplar las eximentes legales invocadas por los accionados.
3.1.2. Frente a la colisión entre una moto conducida por el actora y un ómnibus de la línea de transporte demandada, vehículos en movimiento que asumen la condición de cosas generadoras de riesgo, el factor de atribución de responsabilidad es objetivo (arts. 1722, 1757 y 1769, C.C.C.N.), por lo tanto, quien generó el daño debe responder, salvo que se pruebe alguna eximente legal (arts. 1722, 1729, 1731, 1734, 1757 y 1769, C.C.C.N.).
El juez de primera instancia consideró -en base a los fundamentos de la pericia mecánica- que la motocicleta embistió con su zona frontal izquierda el lateral medio del micro ómnibus, en oportunidad que este último estaba realizando una maniobra de giro -venía por la calle 600 o 41 del lado de Berisso y al llegar a la intersección con la Ruta 11, gira a la izquierda para ingresar a dicha ruta- y que el agente desencadenante, fue el micro ómnibus al girar a la izquierda y cruzar la mano descendente de la Ruta Prov. N° 11 para tomar la mano ascendente de dicha ruta por donde circulaba la motocicleta, invadiendo la mano de circulación de la motocicleta. Y, luego de estimar la ausencia de prueba sobre la eximente invocada por el demandado, concluyó que correspondía hacer lugar a la demanda.
Tal conclusión, que emerge de la prueba de autos (ver causa penal y pericia de fs. 88/99), no logra ser desvirtuada por el mero carácter de embistente de la moto, ya que -tal como lo expresa el perito a fs. 95- la intromisión del micro en la trayectoria de la moto ha sido el agente desencadenante, esto es el agente productor de la embestida al poner en marcha los hechos mecánicos que concluyeron en el siniestro.
En cuanto a la prioridad invocada por el apelante, destaco que la prioridad del que viene por la derecha se pierde cuando se vaya a realizar una maniobra de giro para ingresar a otra vía -tal como es el caso del ómnibus- (art. 41, ley 24.441), por lo que dicha defensa no es atendible (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Lo mismo sucede cuando indica que la conducta del conductor de la moto no ha sido correctamente analizada, ya que no indica cuál es el error de razonamiento incurrida (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Frente a ello y a la ausencia de alguna eximente legal probada y aplicable, emerge la responsabilidad de la demandada (arts. 7, 1716, 1717, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 1746, 1749, 1751, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 401 y 474, C.P.C.C.; 1, 36, 41, 64 y 77, ley 24.449, aplicable conf. ley 13.927; 118, ley 17.418).
3.2. Quantum debeatur.
Establecida la responsabilidad del demandado, corresponde analizar los daños y perjuicios reclamados.
3.2.1. Lesiones físicas y psíquicas. Incapacidad sobreviniente. En primer lugar corresponde destacar que bajo el vocablo incapacidad he de computar a los efectos de una reparación plena o integral -que ha sido receptada expresamente por el art. 1740, C.C.C.N. y encuentra base en los arts. 17 y 19, C.N.- a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral o productiva); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, hogareño, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño estético; y e) el daño o incapacidad psíquica o psicológica (ver en este sentido voto del Dr. Roncoroni en las causas L. 70.185, del 23/10/2002 y Ac. 90.471, del 24/5/2006). Dicho criterio amplio ha sido receptado por el art. 1740 del C.C.C.N., que establece que la reparación del daño debe ser plena y por el art. 1738, del C.C.C.N. que realiza una enumeración meramente ejemplificativa de la indemnización que es contenido del resarcimiento por daños, y descarta la aplicación de la jurisprudencia invocada por el recurrente, que limita la reparación a las lesiones que afectan la capacidad productiva.
Ello, sin perjuicio de que el daño a la persona ("daño a la persona misma") puede obrar sus consecuencias en dos planos de interés jurídico, igualmente tutelables (indemnizables): el material y el moral. En tal sentido, la afectación estética, al igual que la incapacidad física y la psíquica, pueden influir en uno y en otro aspecto, o no. Esta repercusión es una cuestión concreta propia de cada caso. De ahí que, distinguir el daño estético, físico y psíquico a los fines de resarcir la incapacidad resultante, obra solamente como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión contenida en la demanda (o en la reconvención) en la medida que no se superpongan, ya que no se trata estrictamente de daños autónomos: uno y otro convergen (o pueden convergir) para determinar la secuela de incapacidad, que es lo indemnizable (daño causado).
A su vez, todos los sufrimientos o privaciones que el damnificado haya padecido en sus más "altos afectos" (plano extrapatrimonial), pueden ser también valorados para la reparación del daño moral (es útil en este rumbo, acudir a la segunda parte del art. 1738 del C.C.C.N., que le asigna la calidad de bienes jurídicos tutelables a los derechos personalísimos de la víctima, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y al proyecto de vida de la persona, que viene a reafirmar reafirma lo que sostenía la jurisprudencia). Y no hay en esto doble indemnización por la misma causa, sino que se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1, convención Americana sobre Derechos Humanos) (conf. esta Cámara, Sala I, causas B-87.389, del 31/10/98, RSD. 64/98, según voto del Dr. Sosa; 95.640, del 13/9/2001, según voto del Dr. Marroco).
Cabe agregar que la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento -lo cual ha sido designado en el nuevo código como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738)- (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90, “Ac. y Sent.” 1990-II, 539; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima -contemplado en el nuevo código en el art. 1738- (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 96.838, 24/8/2011, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 95.167, 5/12/2012), siendo reparaciones que no resultan excluyentes entre sí (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94).
Sentado ello, paso a tratar la incapacidad física sobreviniente reclamada en autos.
3.2.1.1. Lesiones físicas y psíquicas del actor. A raíz del accidente se reclamó la suma de $ 500.000 por daño físico y $ 12.000 por daño psíquico, que se sujetó a lo que en más o en menos surja de la prueba de autos (ver fs. 23, 23 vta., 25 y 25 vta.). He de tratar ambos reclamos en conjunto, como “incapacidad sobreviniente”, sin perjuicio de que el costo de tratamiento, por no ser un daño en la persona, sea tratado aparte (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
El perito médico Oscar Roberto GATTI, luego de relatar las circunstancias fácticas de autos, identificar al reclamante, referir las lesiones padecidas (fractura expuesta de tibia con colocación de clavos y excoriaciones, que generó alargamiento de una de sus piernas, cicatrices de 20 cm. x 20 cm. y 12 cm. x 2 cm. a raíz de la cirugía realizada -reconstrucción de la tibia y peroné- que conforman un 17,20% de incapacidad, fractura con acortamiento de miembro y desalineación ósea -hueso peroné- más limitación de movilidad: 37%, que por el sistema de incapacidad restante hacen un 47,84% de incapacidad -la suma aritmética da 54,20%-) (ver pericia a fs. 70/74, que no ha sido objeto de explicaciones y ha sido receptada por el juez en la sentencia apelada).
Por su parte, tengo presente, lo informado por la perito psicóloga que, por el hecho de autos, el actor presenta un cuadro psicopatológico denominado como Trastorno por estrés postraumático crónico, con un porcentaje de incapacidad psicofísica global del 25%, el que en su oportunidad no fue objeto de impugnación alguna y merece la convicción del suscripto (arts. 163, 164, 260, 261, 384 y 474, C.P.C.C.).
Destaco que las críticas de la demandada en orden al porcentual invalidante otorgado y lesiones padecidas no pasan de ser una mera discrepancia subjetiva con lo expresado por el perito y, por lo tanto, no son atendibles (arts. 163, 164, 260, 261, 384 y 474, C.P.C.C.)
En consecuencia, como incapacidad sobreviniente corresponde reparar un 60,97% (37% + 15,75% + 8,22% conforme el sistema de incapacidad restante producto de computar un 37%, 25% y 17,20%) de incapacidad parcial y permanente (arts. 163, 164, 357, 384 y 474, C.P.C.C.).
3.2.1.2. Con tal piso de marcha (60,97% de incapacidad), debo analizar la reparación otorgada, que ha sido cuestionada por ambas partes.
Para ello es debo acudir al art. 1746 que establece que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. …”, lo cual lleva a realizar cálculos o aplicar fórmulas matemáticas a fin de determinar el valor presente de una renta futura no perpetua, constituyendo un parámetro orientativo (de lo contrario no habría “evaluación”) que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad (esta Sala, causa 121.819, 5/10/2017, “Lastiris, Aldo c/Flores Valsechi, Diego Ariel s/Daños”, RSD. 226Z/2017).
Y si bien recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015), esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y, por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos, como en el caso de la muerte de un recién nacido (tal como se juzgó en la causa Ac. 83.961, 1/4/2004) o como ocurriría de tratarse de un trabajador de 66 años donde, según la fórmula “Vuoto” se arribaría a un resultado negativo (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015).
No debe perderse de vista que, en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto (SCBA, L. 34.068, 27/12/84; L. 36.401, 26/8/86; L. 37.437, 2/6/87; L. 52.908, 23/11/93; L. 94.556, 7/4/2010, “Schidt”; C. 106.323, 19/9/2012, “V., N.B.”), lo cual se facilita con la utilización de fórmulas matemáticas en la reparación del daño patrimonial físico (lo cual comprende, en su caso, el daño psíquico y/o estético).
Ahora bien, la idoneidad de las fórmulas matemáticas para obtener el quantum de la indemnización debida, depende no sólo de la correcta elección de sus componentes, sino de la precisión con que se haya determinado la entidad del daño producido (disminución de ganancias), lo cual no descarta la valo
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