Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132684
En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de Febrero de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia única en los autos acumulados caratulados: “PEREZ, HUGO EDUARDO c/MONTE, GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRO/A s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, causa 132.684, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia definitiva de fecha 11/8/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones, se dictó sentencia de primera instancia, donde:
a) Hizo lugar a la demanda y condenó a Gustavo Alejandro Monte junto a la citada en garantía "Federación Patronal Seguros SA", en la medida del seguro, a pagar la suma total de $6.800.000, a favor de Hugo Pérez, Marcela Hughes y Romina Cuartucci, en la forma distribuida en los considerandos (valor vida: $ 650.000 para Hugo Pérez; $ 2.080.000 para Marcela Esther Hughes y $ 2.500.000 para Romina Cuartucci; Daño moral: 630.000 para Hugo Pérez; $ 310.000 para Marcela Esther Hughes y $ 630.000 para Romina Cuartucci), en el término de diez (10) días de quedar firme o consentida, con más los intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho -9 de diciembre de 2019- y hasta la de la sentencia de primera instancia (11/8/22) y, desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a depósito a treinta días.
b) Impuso las costas a los demandados en su condición de vencidos.
1.2. Apeló la parte accionante y la demandada y citada en garantía, quienes expresaron agravios, siendo sólo contestados los de la actora.
1.3. Se dictó “autos para sentencia”, providencia que se encuentra firme y consentida.
II. Los agravios.
2.1. Los actores consideran exiguo el importe otorgado en concepto de “valor vida” y “daño moral”, cuestionan el rechazo de los rubros “daño psíquico y tratamiento psicológico” y “gastos de sepelio”, que incluía el reconocimiento de gastos de inhumación, mantenimiento de sepultura y traslados.
El demandado y la citada en garantía consideran excesivo el importe fijado en concepto de “valor vida” y “daño moral”.
III. Tratamiento de los agravios.
3.1. Antecedentes. Si bien, tal como apunta la sentencia apelada -en incuestionada consideración- la causa penal formada a raíz del hecho de autos (IPP 06-00-050207-19/00) aun se encuentra en trámite, como el daño atribuido en autos descansa en un factor objetivo (riesgo de la cosa), no media prejudicialidad ni impedimento para el dictado de esta sentencia (art. 1775, inc. “c”, C.C.C.N.).
3.2. Responsabilidad.
3.2.1. No se discute la responsabilidad atribuida en la sentencia, ni que con fecha 9/12/2019 la camioneta Toyota Hilux conducida por el demandado Monte impacto frontalmente -producto de una maniobra de esquive imprudente e imperita- a quien en vida fuera Eduardo Daniel Pérez -ocasionándole lesiones que produjeron su muerte-, quien cumplía servicios en la Autovía Buenos Aires-La Plata, a la altura del km 49, como agente de la Policía Bonaerense y se encontraba realizando tareas en la zona contigua a la calzada (“banquina”) (arts. 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
3.3. La reparación.
3.3.1. Siendo que arriba firme la atribución de responsabilidad, queda por analizar -en el marco de la cuestión litigiosa y agravios vertidos-, si la indemnización cuestionada se ajusta a derecho (arts. 1, 2, 3, 7, 1708, 1709, 1716, 1717, 1726, 1727, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1745, 1746 y cctes., C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 266, 272, 330, 331, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.).
3.3.2. Como el accidente que originó estos actuados ocurrió el 9/12/2019, esto es bajo la vigencia del Código Civil y Comercial (C.C.C.N.), esta será la norma la que ha de regir la determinación del resarcimiento (arts. 3, Código Civil; 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
3.3.3. En la tarea de fijar el alcance y cuantía de la indemnización, he de atenerme a la normativa que regula la función resarcitoria (arts. 1716 y siguientes, C.C.C.N.) y al daño resarcible (arts. 1737 y siguientes, C.C.C.N.), conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, con los principios de equidad y justicia, acotados, por un lado, por el principio de reparación plena, y por otro, con el que impide lucrar con el daño sufrido, de manera tal que el perjudicado no quede ni más pobre ni más rico de lo que hubiera sido de no acaecer el evento dañoso (conf. arts. 1, 2, 1737, 1738, 1739 y 1740, C.C.C.N.; CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, “Derecho de las Obligaciones”. Editora Platense, 1969, 1ª edición T. I, pág. 247).
3.3.4. Daño resarcible.
3.3.4.1. Valor vida.
3.3.4.1.1. El iudex a quo luego de expresar que se encuentra acreditado que Eduardo Daniel Pérez formaba parte de la Policía Bonaerense con jerarquía de “teniente”, quien percibió como último sueldo durante el mes de noviembre de 2019 la suma de $ 28.601,47, consideró que la chance o probabilidad concreta de los padres de obtener ayuda y apoyo del hijo, de acuerdo a la edad y expectativa de vida de los interesados, era de $ 650.000 en favor de Hugo Pérez y $ 2.080.000 en favor de Marcela Esther Hughes (con cita del precedente L. 81.957, del 27/12/2006). En cuanto a Romina Cuartucci, conviviente de la víctima, estimó que la privación de la ayuda económica que la víctima fatal le hubiera aportado ascendía a la suma de $ 2.500.000 (con cita del precedente “Grippo” de la CSN, del 2/9/2021).
3.3.4.1.2. Ambas partes cuestionan dicha reparación, su fundamentación y determinación, unos por baja (los actores) y otros por alta (demandada y citada).
3.3.4.1.3. Dando inicio al tratamiento de este rubro, se impone destacar que el “derecho a la vida” debe reputarse incluido entre los derechos implícitos tutelados por el art. 33 de la Constitución Nacional. No obstante, el mismo ha sido explícitamente tutelado por el art. 4, apartado 1, del Pacto de San José de Costa Rica. Por otra parte, la tutela del derecho a la vida de quien ha sido privado de ella injustamente debe conectarse con el adecuado amparo que merece la familia a raíz del hecho dañoso, que resulta del art. 14 bis de la Carta Magna y del art. 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, hay disposiciones específicas que reglan la responsabilidad civil en caso de muerte: los arts. 1084 y 1085 del Código Civil y art. 1745 del C.C.C.N., que coexisten con los principios generales de nuestro derecho de daños (arts. 901 a 907, 1068, 1077, 1078 y 1079, Cód. Civil; 1, 2, 1708, 1709, 1716, 1717, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1734, 1736, 1737 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1745, 1747 y 1748, C.C.C.N.; conf. Iribarne, Héctor Pedro, “De los Daños a la Persona”, 1ra. reimpresión corregida, ed. Ediar, Bs. As., 1995, págs. 180, 186 y 187).
El art. 1745 -al igual que los arts. 1084 y 1085 del Código Civil- es un precepto de carácter particular -aunque no puede interpretarse aisladamente- y, por referirse a una situación límite como es el fallecimiento de una persona, establece una indemnización especial sobre la base de un daño que, por la índole del hecho generador y las consecuencias que normalmente causa la muerte de una persona integrante de la familia, la ley presume existente mientras no se demuestre lo contrario, teniendo derecho a ampararse en ella el cónyuge o conviviente y los hijos menores de veintiún años con derecho alimentario (conf. SCBA, Ac. 36.983, 13/9/88; L. 43.530, 27/2/90; Ac. 35.428, 14/5/91; Ac. 44.006, 21/5/91; Ac. 45.499, 3/11/92; Ac. 51.243, 10/8/93; L. 68.615, 30/5/2001; Ac. 45.499, 3/11/92; Ac. 51.183 bis, 20/2/96; Ac. 63.364, 10/11/98; L. 77.894, 3/4/2008).
Los legitimados activos presumidos, es decir respecto de quienes rige la presunción legal iuris tantum de daño, son el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de 21 años o con derecho alimentario, respecto de quienes la ley presume que dependían económicamente del muerto y están habilitados para requerir la reparación del daño presunto (a diferencia del art. 1084 derogado que sólo se refería a los “hijos del muerto”, sin especificar, lo que había generado conflictos interpretativos). Los restantes legitimados eventuales (hijos mayores, ascendientes, etc.) deberán acreditar el perjuicio (conf. Galdos, Jorge Mario, “La responsabilidad civil", t. II, Rubinzal Culzoni, 2021, págs. 551/552).
La suma de dinero que fuere necesaria para alimentos a que hace referencia el art. 1745 del C.C.C.N., tiende a reemplazar el apoyo económico que este último les prestaba o debería prestar durante su vida. En consecuencia, no se trata de que el obligado indemnice de acuerdo a sus recursos, ni que los damnificados perciban de conformidad con sus necesidades, sino del otorgamiento de una reparación sustitutiva de contenido alimentario en función del tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las del reclamante.
De la calidad exigida por el art. 1745 participa la Sra. Cuartucci, en su condición de conviviente, y la presunción legal no ha sido destruida por la prueba obrante en autos, lo que lleva a tener por acreditada la presencia de un daño por fallecimiento, para cuya cuantificación corresponde aplicar el art. 165 “in fine” del C.P.C.C. que permite fijar el importe del perjuicio cuya existencia ha sido comprobado, aunque no resulte justificado su monto.
En cuanto a la legitimación de los padres, siendo que los agravios de la demandada y citada se limitan al importe fijado, solicitando su morigeración, dicha temática quedó superada (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Sentada la legitimación de los actores, corresponde analizar si el monto indemnizatorio fijado ($ 2.500.000 para la conviviente, $ 650.000 para el padre y $ 2.080.000 para la madre), se ajusta a derecho.
La ausencia de prueba sobre las consecuencias patrimoniales que provoca el fallecimiento de una persona en el seno familiar, ha llevado a nuestra Suprema Corte provincial a expresar que la vida humana no tiene valor económico per se¹, porque no está en el comercio ni puede cotizarse
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1. Una cosa es admitir que la vida humana y las aptitudes personales tengan un valor económico, en consideración precisamente a lo que producen o pueden producir en el orden patrimonial para el propio sujeto u otros, y, otra muy distinta es afirmar que la vida humana constituye de por sí un valor económico ya que no tiene valor alguno por si misma, sino por su aptitud o posibilidad de producir beneficios económicos (SCBA, Ac. 35.428, 14/5/91, “Barca de Carretoni, Zunilda Esther contra Maciel, Mario Alberto. Daños y perjuicios”; Ac. 41.216, 21/5/91, “Nequecaur, María Elida y ot. c/Cuacci, Alicia Mabel s/Daños”; Ac. 50.522, 26/10/93, “Cejas, Félix Ramón y otros c/Idraste, Rubén Oscar y otros s/Daños”).
Aunque ello no significa que la vida no vale, sino que no tiene un valor comercial (arg. arts. 16 y 51, C.C.C.N.). No se trata de que la vida sea susceptible de evaluación pecuniaria sino de que el daño proveniente del fallecimiento sea apreciable pecuniariamente (arts. 1737, 1738, 1739 y 1745, C.C.C.N.). Tal como expresa Galdós, no hay “valor vida” -en el sentido de valor económico intrínseco- para el Derecho argentino, sino repercusiones provenientes de la extinción de una vida (Galdós, Jorge Mario, “La Responsabilidad Civil”, t. II, Rubinzal-Culzoni, pág. 535).
Más recientemente, la SCBA, por mayoría, ha flexibilizado la concepción puramente materialista de la vida humana, incorporando una visión más integral de los valores en juego, y ha considerando que el valor integral de la vida humana no se debe circunscribir al puro aspecto patrimonial. Consideró que no parece razonable buscar la medida solamente patrimonial de un valor que por naturaleza es esencialmente no patrimonial. La vida presenta numerosas aristas y relevancias de orden biológico, social, cultural, etc., de las cuales la económica es sólo una de ellas. El hombre no es solamente el "productor" o el "trabajador" y su valía no remite exclusivamente a esa aptitud. Como se dijera en el II Congreso Internacional de Derecho de Daños, celebrado en Buenos Aires en el ya lejano 1991, la persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y pueda obtener, sino por lo que es y en la integridad de su proyección y, consecuentemente, la reparación debe ser plenamente adecuada a la magnitud de lo que ésta representa, descartando las indemnizaciones simbólicas. Porque el enfoque meramente patrimonialista del daño se encuentra divorciado de las pautas axiológicas que informan el derecho en nuestros días.
en dinero. Es un derecho de la personalidad, el más eminente de todos, empero, no obstante, la importancia que tiene para el hombre su vida, no constituye un bien en el sentido de objeto material o inmaterial susceptible de valor, ya que no tiene valor comercial (arts. 15 y 16, C.C.C.N.; 2311 y 2312, Código Civil). Y si bien tiene un valor inconmensurable, debe indagarse el daño derivado de su pérdida, esto es los intereses frustrados con la muerte, lo que lleva a ponderar su valor económico en consideración a lo que produce o puede producir (conf. SCBA, Ac. 35.428, 14/5/91, J.A. 1992-III, 335, "DJBA" 142-115; "Ac. y Sent." 1991-I, 697; Ac. 41.216, 21/5/91, "Ac. y Sent." 1991-I, 739; Ac. 50.522, 26/10/93, "DJBA" 146-25).
En efecto, la supresión de una vida, aparte del desgarramiento en el mundo afectivo que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora y productora de bienes (conf. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en
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Y que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres (conf. CSN, Fallos: 292:428, 435, considerando 16; asimismo: Fallos: 303:820, 822, considerando 2°; 310:2103, 2111, considerando 10, y 312:1597, 1598, entre muchos otros) (CSN, A 2652. XXXVIII. "Recurso de Hecho: Aquino Isacio", sent. del 21/9/2004, E.D. 209-559, cit. por SCBA, A. 70.603, 28/10/2015, "Rolón, Hermelinda contra Municipalidad de La Plata. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", conforme voto del Dr. de Lázzari que hizo mayoría; A. 73.209, 26/12/2018, “Dell Orefice, Hugo R. y otros c/Municipalidad de Pergamino y otros s/Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad”, conforme voto del Dr. de Lázzari que hizo mayoría).
causa P.38.XLIII; in re “Ponce, Abel Astilve y otros c/E.F.A. s/Daños y perjuicios”, 21/10/2008, Fallos 331:2271) y servicios. O sea que lo se llama "valor vida" no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante que esa fuente de ingresos se extingue (conf. CSN, Fallos 316:912; 317:728, 1006 y 1921; 318:2002; 320:536; 322:1393; 323:3614; 324:1253 y 2972; 325:1156 y 1277; 329:3403 y 4944; 331:2271; causas V.523.XXXVI, in re "Valle", sent. del 10/4/2003; F.286.XXXIII, in re "Ferrari de Grand", sent. del 24/8/2006; SCBA, Ac. 97.184, 22/9/2002; C. 108.764, 12/9/2012; esta Sala, causas 107.311, 19/4/2007, “S., O. L. c/ B., V. L. J. s/ Daños y perjuicios”, RSD. 68/2007).
Aunque no debe perderse de vista que "el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales", ya que no se trata "de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" ("Aquino", votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio y Highton de Nolasco, Fallos 327:3753, 3765/3766, 3787/3788 y 3797/3798 y sus citas; y "Díaz", voto de la Jueza Argibay, Fallos 329:473, 479/480 y sus citas) (SCBA, L. 90.305, 22/12/2008).
Un ser humano no solo vale por lo que gana y entrega a los suyos, sino que también un ser humano vale per se, porque es un único y maravilloso fenómeno, dotado de potencialidades que, aunque no generen ingresos, ganancias o cualquier otra forma de lucro, representan una presencia que provoca sensaciones de seguridad de protección o de amparo, cuya privación o alteración debe integrar este rubro (SCBA, C. 97.184, 22/9/2010; C. 108.764, 12/9/2012; C. 110.499, 26/3/2014; 11/2/2015, “P., M. G. y otros c/Cardozo, Martiniano Bernardino y otros s/Daños”).
Y ello no implica comprender “valores espirituales”, ya que los mismos integran las consecuencias no patrimoniales o morales (art. 1741, C.C.C.N.).
En este sentido no pierdo de vista que un conviviente -en los términos del art. 509 del C.C.C.N.-, además de proporcionar sus ingresos al grupo familiar comparte normalmente innumerables labores de gestión y mantenimiento del hogar, que se pueden englobar en una serie de servicios “no rentados” (cuidado, educación y traslado de los hijos, limpieza, mantenimiento y equipamiento de la casa, compra de alimentos, etc.), que comprenden la obligación alimentaria. Es innegable que las tareas cotidianas que realiza un compañero de vida tienen un valor económico y constituyen un aporte al sostenimiento del grupo familiar (ver en este sentido art. 660, C.C.C.N.).
Por último, también debe tenerse en cuenta que la muerte del conviviente importa la privación de la asistencia que el supérstite podría recibir (arts. 519 y 520, C.C.C.N.).
En función de lo expuesto, para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse criterios exclusivamente materiales ni solamente fórmulas matemáticas, más sí es menester considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular tanto en relación con la víctima (capacidad productiva, cultura, edad, estado físico e intelectual, profesión, ingresos, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida, entre otras) como con los damnificados (grado de parentesco, asistencia recibida, cultura, edad, educación, condición económica y social, etc.) (conf. CSN, Fallos 310:2103; 316:912; 317:728 y 1006; 320:536; 323:3616; 329:4944; causas F.286.XXXIII, in re "Ferrari de Grand", sent. del 24/8/2006; B.606.XXXIV, in re "Bianchi y ot.", sent. del 7/11/2006; SCBA, L. 90.305, 22/
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