Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Se declara mal concedido el recurso de apelación incoado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires por extemporáneo;
2Se admite el recurso de apelación interpuesto por derecho propio por los abogados Pablo Ernesto Robson y Gabriel Marcial Alejandro Pujol y, en consecuencia, se revoca la resolución de fecha 11/04/2024, dejándose establecido que para la fijación de los estipendios en cuestión, deberán utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (“Jus”) previstas en el decreto-ley 8904/77 y en la ley 14.967, según la fecha en que se efectuaron los trabajos profesionales de los abogados y la vigencia de cada cuerpo normativo arancelario; y 3) se rechaza el recurso de nulidad impetrado por Manuel Bochatón, como administrador provisorio de la sucesión del otrora letrado Atilio Ramón Bochaton. Costas de Alzada por su orden.
LEO - JE
Causa: 134166
La Plata, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
los honorarios, por la demanda admitida, respecto de los letrados 1) Jorge Claudio Larrondo, en la suma de $365.000, 2) Gabriel Marcial Pujol, en la suma de $385.000, 3) Atilio Bochaton, en la suma de $40.000, 4) José María Vera, en la suma de $300.000, 5) Jorge Horacio Díaz, en la suma de $10.000, 6) Diego Daniel Robbiani, en la suma de $8.000, 7) Pablo Robson, en la suma de $60.000, 8) el perito psiquiatra Lucas Achilli, en la suma de $185.000, 9) la perito contadora Marisol Falbo, en la suma de $150.000, 10) la perito cirujana plástica Elvira Tomassoni, en la suma de $180.000, 11) el perito médico urólogo Paulo Fracinelli, en la suma $185.000.
Asimismo, por la acción desestimada con imposición de costas a la actora, determinó los estipendios en favor de los abogados 12) Marcelo Breglia, en el monto de $210.000, 13) Mario Griguolo, en el monto de $200.000, 14) Gabriel Marcial Pujol, en el monto de $165.000 y en el importe de $200.000 por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta, 15) Atilio Bochaton, en el monto de $165.000 y y en el importe de $200.000 por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta, y 16) Selva Andrea Bielecki, en el monto de $165.000, por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta; en todos los casos, con más los aportes legales respectivos, e IVA en caso de corresponder, ordenándose su liquidación en forma independiente a los emolumentos fijados.
Dicha resolución motivó el alzamiento de los letrados 1) José María Vera, 2) Pablo Ernesto Robson, 3) Gabriel Marcial Alejandro Pujol (por derecho propio y en su carácter de administrador provisorio de la sucesión del Dr. Jorge Claudio Larrondo), 4) Manuel Bochaton (como administrador provisorio de la sucesión del Dr. Atilio Ramón Bochaton) y 5) la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As, mediante los recursos de apelación interpuestos y fundados, respectivamente, en las mismas presentaciones del 12/04/2024, 17/04/2024, 30/04/2024, 14/05/2024 y 11/02/2025; los cuales fueron concedidos con fechas 16/04/2024, 18/04/2024, 03/05/2024, 16/05/2024 y 14/02/2025.
2. Extemporaneidad del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires
Por una razón de orden lógica, en primer término se abordará el tratamiento del remedio deducido por la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As; a cuyo efecto, cabe señalar que siendo la jurisdicción apelada de orden público, es deber del Tribunal examinar -aún de oficio- la procedencia del recurso, o su forma de concesión, pues el orden de las apelaciones y de las instancias pertenece al sistema de la ley, y no a la voluntad de los justiciables (conf. SCBA, Ac. 31.821 del 08/02/1983).
En esa inteligencia, se observa que la representación provincial se anotició espontáneamente de la fijación de estipendios practicada el día 11/04/2024, mediante la presentación del 14/06/2024, en la que hizo expresa mención al aludido auto regulatorio, como así también de haber cotejado los domicilios electrónicos allí agregados para su notificación automatizada (ver punto I párr. 4°).
Consecuentemente, y con el mismo espíritu que inspirara la resolución de esta Sala del 27/06/2024, toda vez que el recurso de apelación del 14/02/2025 fue incoado fuera de término, en función de la fecha de notificación antes indicada (14/06/2024); corresponde declararlo mal concedido por extemporáneo (arts. 155 y 244 CPCC).
3.1. En su escrito recursivo, el abogado José María Vera apeló por bajos los emolumentos determinados en su favor.
3.2. Luego, los letrados Pablo Ernesto Robson y Gabriel Marcial Alejandro Pujol (ambos por derecho propio) recurrieron igualmente por bajos los honorarios regulados a su respecto.
A su vez, se agraviaron por haberse omitido la indicación del monto del juicio, las etapas cumplidas por cada letrado, y el tiempo empleado en la solución del litigio.
También se quejan en cuanto a la falta de distinción de las tareas desarrolladas durante la vigencia del decreto-ley 8904/77 y de la ley 14.967, conforme la doctrina de la Suprema Corte de Justicia Provincial sentada en el precedente “Morcillo”, y el consecuente justiprecio en la unidad arancelaria “Jus” para las labores efectuadas bajo el actual régimen arancelario.
3.3. El mencionado profesional Gabriel Marcial Alejandro Pujol, en su condición de administrador provisorio de la sucesión de Jorge Claudio Larrondo, también apeló por bajos los estipendios fijados al causante.
3.4. Posteriormente, Manuel Bochatón, como administrador provisorio de la sucesión de Atilio Ramón Bochaton, recurrió la remuneración dispuesta en favor del citado abogado fallecido, habiendo solicitado la aplicación de la ley 14.967 para la cuantificación de sus emolumentos devengados por los trabajos realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma.
Adujo que a través de la aplicación del decreto-ley 8904/77, los honorarios de los abogados devienen irrisorios, afectándose así el derecho alimentario y la dignidad de éstos.
Asimismo, criticó el incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 15 de la normativa arancelaria, habiendo insistido en la inexistencia del justiprecio en la unidad arancelaria “Jus”.
Por tanto, solicitó que se decretara la nulidad del auto regulatorio, de acuerdo con lo previsto expresamente en el art. 15 de la ley 14.967.
Inicialmente, debe señalarse que el presente decisorio está destinado a resolver sólo y únicamente los embates deducidos respecto de la ley arancelaria aplicable y de la nulidad de la regulación de honorarios por la falta de cumplimiento de los recaudos prescriptos en el art. 15 de la ley 14.967.
En segundo término, esta Sala ha dicho que si bien en la actualidad se encuentra vigente la ley 14.967 de honorarios de abogados y procuradores, su aplicación temporal debe ser interpretada a la luz del art. 7 del Código Civil y Comercial (conf. CC0201 LP 137584 RS 319/2024 S 10/09/2024; CC0201 LP 138738 RS 28/2025 S 13/02/2025, CC0201 LP 139811 RS 265/2025 S 12/08/2025).
En este sentido, el aludido precepto prevé que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario…”.
Dicha irretroactividad se vió reforzada con el veto efectuado por el Poder Ejecutivo al artículo 61 de dicho cuerpo normativo, el cual prescribía la aplicación de las disposiciones de la ley a todos los procesos en que al tiempo de su promulgación, no existiera una resolución firme regulando honorarios.
De ahí que asiste razón a los apelantes Pablo Ernesto Robson y Gabriel Marcial Alejandro Pujol -y no así al restante recurrente Manuel Bochatón-, en cuanto a que cabe adoptar como criterio de aplicación el tiempo en que se realizó la tarea profesional ya que a partir de las realización de las tareas profesionales se devengó el derecho al cobro de honorarios, derecho que en dicho momento estaba determinado en su alcance por el decreto ley 8904/77.
En consecuencia, si el trabajo profesional que generó la subsiguiente regulación de honorarios se realizó bajo la vigencia del decreto-ley 8904/77, será esta norma la que determine la escala arancelaria, la unidad arancelaria (ius) y la forma de arribar a la cuantificación del arancel profesional.
Tal es el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en Fallos 319:1915 (mantenido en Fallos:320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250; 329:1066, 1191 y 3148).
Ello se compadece con la línea hermenéutica sostenida en diversos precedentes de la Suprema Corte provincial, al resolver cuestiones similares (causas A. 70.603, "Rolón”, sent. del 28/10/2015; I. 73.016, “Morcillo” res. del 8/11/2017).
Por el contrario, si ello aconteció con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967 (20/10/2017), ésta será la normativa aplicable (conf. SCBA, I. 73016, “Morcillo”, RSI. 547/17, I, 08/11/2017).
En efecto, conforme la actual doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia Provincial en el precedente “Morcillo” antes citado, la regulación de estipendios debe efectuarse según las pautas establecidas por la norma vigente al momento en que fueron realizados los trabajos respectivos (SCBA, L. 124.197, S, 30/08/2021), con lo cual se evita la aplicación retroactiva de una norma susceptible de afectar derechos adquiridos y se tutela la seguridad jurídica.
Es decir, si las labores profesionales se ejecutaron estando en vigor el decreto-ley 8.904/77 deben utilizarse las previsiones allí instituidas; correspondiendo aplicar la ley 14.967 y sus pautas, para las labores desarrolladas a partir de su fecha de entrada en vigencia (21/10/2017).
Así lo expresó el Máximo Tribunal de Justicia Provincial en el fallo mencionado: “...De tal modo, corresponde dejar establecido que a los fines de la regulación de honorarios en este caso, en el que los trabajos se realizaron estando en vigor el decreto ley 8904/1977, habrán de utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (ius) allí instituida, cuyo quantum el Tribunal fijó mediante el Acuerdo N°3871, dictado el día 25 de octubre del corriente…”.
Como corolario de todo lo expuesto, corresponde revocar la apelada resolución de fecha 11/04/2024, dejándose establecido que para la fijación de los estipendios en cuestión, deberán utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (“Jus”) previstas en el decreto-ley 8904/77 y en la ley 14.967, según la fecha en que se efectuaron los trabajos profesionales de los abogados y la vigencia de cada cuerpo normativo arancelario, sin perjuicio de que si la regulación se efectuó bajo la vigencia de la nueva normativa, los honorarios se fijen en JUS por tratarse de una situación donde no operó el consumo jurídico y es aplicable el art. 15 inc. “d” al disponer que el monto debe ser expresado en la unidad arancelaria Jus, cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago, lo cual importa una deuda de valor (art. 772, C.C.C.N.).
Tal criterio es reafirmado con la actitud de la SCBA que sigue estableciendo un valor del Jus conforme el decreto ley 8904/77 y otro con las pautas de la ley14.967.
4.2 Nulidad
En tercer lugar, y a un lado el momento en que fueron llevadas a cabo las labores por parte del letrado Atilio Ramón Bochaton y la aplicación del régimen legal arancelario que de ello se deriva, se valora que resulta insuficiente el planteo de nulidad impetrado por Manuel Bochatón (administrador provisorio de la sucesión del referido otrora profesional), basado en el incumplimiento de los incisos “b” y “c” del artículo 15 de la ley 14.967, toda vez que no se ha explicado en qué medida han incidido en su perjuicio la omisión de los antecedentes del proceso, la falta de precisión de las pautas del artículo 16 tenidas en cuenta para la determinación de los emolumentos, y del detalle de las tareas realizadas por el causante beneficiario de la regulación.
Desde otroángulo, se aprecia que el monto del juicio puede inferirse de lo indicado por la magistrada de la anterior instancia en el pronunciamiento en crisis, en tanto allí se consignó que: “Conforme liquidación aprobada en autos…”.
Por lo demás, el recurso de nulidad sólo procede en caso de que los vicios de que adolezca la resolución en cuestión, no puedan ser reparados al tratarse el recurso de apelación en el que se encuentra comprendido aquél (art. 253 CPCC).
Dicho supuesto se configura cuando la fundamentación del decisorio se encuentra afectada de tal manera que ello se proyecta sobre la posibilidad de impugnarlo, donde la solución nulitiva deviene insoslayable (arts. 34 inc. 5, 163, 253 y 384 CPCC).
Por tanto, siendo que, en la especie, los defectos de estructura apuntados como causales de nulidad pueden válidamente abordarse en el marco del recurso de apelación; es lo cierto que la nulidad pretendida queda desplazada, lo que conlleva a su desestimatoria (arts. 163, 164, 253 y 384 CPCC).
Respecto a las costas de Alzada, deben imponerse en el orden causado, en función de la forma en que se resuelve y la falta sustanciación de los intentos revisores con los restantes profesionales interesados (arts. 68 y 69 CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, 1) se declara mal concedido el recurso de apelación incoado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires por extemporáneo; 2) se admite el recurso de apelación interpuesto por derecho propio por los abogados Pablo Ernesto Robson y Gabriel Marcial Alejandro Pujol y, en consecuencia, se revoca la resolución de fecha 11/04/2024, dejándose establecido que para la fijación de los estipendios en cuestión, deberán utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (“Jus”) previstas en el decreto-ley 8904/77 y en la ley 14.967, según la fecha en que se efectuaron los trabajos profesionales de los abogados y la vigencia de cada cuerpo normativo arancelario; y 3) se rechaza el recurso de nulidad impetrado por Manuel Bochatón, como administrador provisorio de la sucesión del otrora letrado Atilio Ramón Bochaton. Costas de Alzada por su orden. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.
Vuelvan los autos al Acuerdo a fin de tratar los recursos de apelación deducidos contra los honorarios regulados.
Fin de la sentencia