Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75570
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.75.570 "VAZQUEZ RENE NESTOR C/ CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 19 de junio de 2019.
I. René Néstor Vázquez promovió demanda contencioso administrativa contra la Dirección General de Cultura y Educación y La Caja de Ahorro y Seguro (Caja de Seguros SA), con el objeto de que se declare la nulidad del contrato de seguro colectivo por incapacidad física total y permanente que acordaren entre las codemandadas y que fuere ofrecido por la primera y tomado por varios empleados públicos, entre ellos el actor. Lo anterior, en razón de que el reclamo que interpusiere para hacerse del beneficio estipulado aparentemente fue rechazado por La Caja.
El peticionante denuncia que dicha contratación violó el decreto 785/04 al no haberse instrumentado a través de Provincia Seguros SA, sociedad estatal que presuntamente gozaba de exclusividad para llevar a cabo ese tipo de actividades cuando se tratase de personal de la administración. Así también, que se habría violado un supuesto recaudo que mandaba a la concurrencia de al menos tres oferentes para llevar adelante la licitación; para finalmente alegar una falta de servicio genérica por parte del Estado con sustento en el art. 1112 del derogado Código Civil.
Para más, entiende que en la especie los codemandados incumplieron el deber de información que pesaba sobre ellos en virtud del régimen de defensa del consumidor (cfr. arts. 42, Const. Nac.; 38, Const. prov. y ley 24.240), dado que en su recibo de haberes se incorporó un código de descuento específico con destino a La Caja, pero los términos y condiciones del seguro nunca habrían sido debidamente puestos en su conocimiento.
En lo tocante al remedio judicial, el accionante requiere que se le abone el monto máximo asegurado de veinte sueldos brutos o, alternativamente, lo que corresponda por su alegada discapacidad funcional del 66.50%. Solicita asimismo la imposición de la multa prevista en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).
II. Por considerar que el de autos era un contrato administrativo y, además, se daba en el marco de una relación de empleo público, el demandante dedujo su acción ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata.
No obstante, al concluir que el caso estaba regido por el derecho privado y/o laboral, el juez interviniente -con cita a precedentes de este Tribunal que estimó aplicables por analogía- se declaró incompetente de manera oficiosa y ordenó remitir los actuados al fuero laboral departamental para que allí sea ventilada la cuestión litigiosa (fs. 34/35).
En este estado resultó sorteado el Tribunal de Trabajo N°5, cuyos integrantes también se rehusaron a conocer en el asunto. Distinguiendo el presente de la jurisprudencia invocada por el a quo , afirmaron que del escrito postulatorio no surgía que se pretendiese el cobro de una indemnización derivada de una incapacidad laboral en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni se sostenía que los demandados hayan ocasionado la incapacidad que el actor dice padecer. Contrariamente, dijeron que lo que se perseguía era el cumplimiento del contrato junto a una reparación por daños y perjuicios con fundamento en la LDC, "...así como que se evalúe (y eventualmente sancione) a la Provincia por incumplimiento de deberes emanados de su calidad de autoridad pública" (fs. 37).
Consecuentemente, no hallando comprometida la competencia que le atribuía el art. 2 de la ley 11.653, el tribunal laboral planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV.1. Sobre la base de lo expuesto, cabe ponderar que en el sub lite el actor persigue la nulidad de un contrato de seguro por incapacidad total y permanente que tomase a través de su entonces empleadora, la Dirección General de Cultura y Educación, cuyo beneficio a la postre no habría sido abonado por la cocontratante Caja de Ahorro y Seguro. Entre otras cosas, se alega que dicho contrato -que se tilda de administrativo- fue gestado en violación al ordenamiento legal vigente, a la par de haberse obviado el deber de información que venía impuesto por la LDC, en su relación con los términos específicos del seguro.
Así planteado, de un lado los hechos del caso son distinguibles de la línea jurisprudencial en virtud de la cual el juez en lo contencioso administrativo fundó su incompetencia, en la medida en que en ellos la demanda contra el Estado o la aseguradora se servía íntegramente de disposiciones de la LRT, LCT o un CCT.
Pero de otro, la controversia se asemeja -ya sea por las partes involucradas como por la cuestión debatida- al precedente "Gagliardi" (causa B. 73.596, resol. de 15-IV-2015) citado por el tribunal de trabajo, en el cual se concluyó que la demanda por incumplimiento contractual vinculada a un seguro de vida colectivo, también celebrado entre la mentada Dirección General y La Caja para ser ofrecido a empleados públicos, estaba regida primariamente por el derecho privado y por ende resultaba ajena - ratione materiae - al ámbito de competencia asignado al fuero contencioso administrativo (cfr. art. 4 inc. 1, CCA).
IV.2. Sin perjuicio de esto último, no deben perderse de vista las particularidades del argumento avanzado en esta causa -mas no en la anterior- acerca de la supuesta inobservancia del decreto 785/04 y el rol que allí se le asigna a Provincia Seguros SA para intermediar en distinta clase de coberturas en el marco de las relaciones de empleo público provincial. Así tampoco, los vicios que se denuncian en relación al procedimiento de contratación del Estado con La Caja en el cual no habría mediado concurrencia de oferentes.
Frente a todo ello, sin que quepa expedirse acerca de la naturaleza jurídica del contrato de referencia, es evidente que las singularidades del litigio conducen a adentrarse en el análisis de puntos regidos por el derecho administrativo, todo lo cual recomienda que sea el juez especializado en derecho público quien conozca y decida en el juicio ejerciendo su competencia constitucionalmente conferida (art. 166 in fine , Const. prov.; 1, CCA y doctr. causa B. 73.561, "Municipalidad de Lobería", resol. de 23-IX-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber al Tribunal de Trabajo N°5 departamental, lo que aquí se decidió.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 298
Fin de la sentencia