Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76494
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al que se remitirán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 2, segunda parte, Const. prov., 4 inc. 1 y 7 inc. 1 CCA).
Asimismo, líbrense oficios al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 y a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, ambos del mismo departamento judicial, para que tomen conocimiento de lo aquí resuelto.
B.76.494 “COHELLO OSCAR ALFREDO C/ OBRA SOCIAL CONDUCTORES DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Oscar Alfredo Cohello dedujo ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°11 una pretensión indemnizatoria contra la Obra Social "Conductores del Transporte de Pasajeros", las clínicas privadas "Boedo SRL" e "Indepedencia SA", los médicos Carlos Alberto Henríquez Castellón y Nicolás Mastoris, las compañías "TPC Seguros SA" -citada en garantía por el primero de los profesionales y la institución médica de responsabilidad limitada- y "Seguros Médicos SA" -citada en garantía-, con el objeto de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que habría sufrido debido al tratamiento médico negligente al que fue sometido en dichos establecimientos.
Asimismo, el accionante, a raíz de los primeros auxilios que denuncia haber recibido por el servicio de salud provincial y en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, citó -en calidad de tercero- al Hospital "Cecilia Grierson" de la localidad de Guernica (cfr. resulta del documento adjunto al escrito electrónico de fecha 25-III-2019).
II. En lo que aquí interesa, el juez de primera instancia de la capital hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la Provincia de Buenos Aires a fojas 445/453 y vuelta. Así, en atención a la finalidad que persigue el artículo 94 del Código Procesal y al dictamen fiscal de fojas 466/468, entendió que las actuaciones debían ser ventiladas en la justicia provincial y declinó su competencia, ordenando, en consecuencia, que la actora se expidiera respecto a la jurisdicción donde debían radicarse las actuaciones (véase decisorio de fecha 4-IX-2018).
Esta última, poniendo de resalto el domicilio del "...principal accionado (Clínica Boedo) y sus dependientes demandados", escogió el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y, en ese orden, los obrados recayeron -previo pase por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de aquella jurisdicción territorial (cfr. surge del documento adjunto al oficio electrónico de fecha 26-X-2019)- en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del mismo departamento judicial.
A su turno, el titular de este órgano, con sustento en la previsión del artículo 2 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo referente a la responsabilidad estatal -dado que se "..reclama el cobro de sumas de dinero contra el Ministerio de Salud" provincial- e invocando jurisprudencia de este Tribunal, decidió declararse incompetente para entender en la causa (resol. electrónica de fecha 12-II-2019).
Por ello, y tras la prosecución de varios actos procesales, los autos fueron girados al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del departamento judicial homónimo. Su titular se declaró incompetente en razón de no advertir, de los hechos y el derecho invocado por la actora, que en autos se le endilgue responsabilidad alguna a la Provincia, como, tampoco, que se encuentre comprometida la función administrativa. En suma, por entender que se trata de un caso que encuadra en el supuesto del artículo 4 inciso 1 del código adjetivo, le devolvió los obrados a su par preactuante (véase interlocutorio electrónico de fecha 4-III-2020).
Este último, reafirmando su postura primigenia, planteó la contienda negativa de competencia y, por tanto, decidió elevarla a esta Suprema Corte para que sea dirimida (art. 7 inc. 1, CCA).
III. En primer orden, dada la forma en la que ha quedado circunscripta la controversia, corresponde aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de la jurisdicción provincial para conocer en autos (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. Nac.; doctr. causas B. 72.275, "Flores", resol. de 24-IV-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018 y B. 75.963, "Kiffer", resol. de 6-XI-2019; CSJN, Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", resol. de 29-IV-2004 y A.216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
Sentado ello, cabe recordar, conforme tiene dicho esta Corte, que la intervención en calidad de tercero dentro de un proceso judicial de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, no constituye por sí solo un motivo dirimente para suponer que se halla afectado el ámbito competencial atribuido al fuero contencioso administrativo, toda vez que en ningún momento debe dejar de atenderse al origen del caso en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de aquellas personas (cfr. arts. 166, in fine , de la Constitución provincial y 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causa B. 72.606, "Valdivia", resol. de 11-IX-2013).
Bajo esa premisa, y a diferencia de otros precedentes -de análoga plataforma fáctica- en los que se había determinado la competencia del fuero especializado (véase causa B. 75.495, "Aguirre", resol. de 12-XII-2018 y sus citas), se advierte -de los pasajes procesales del sub examine (v.gr. apdos. I y IV del escrito liminar y II, párr. VI, del documento adjunto al escrito de fecha 27-III-2019)- que la actora atribuye responsabilidad a distintos sujetos que revisten carácter privado (centros médicos, obra social, aseguradoras y profesionales de la salud) y no al Estado provincial que, en representación del nosocomio donde fue atendida inicialmente, comparece al proceso como tercero obligado.
IV. De allí que -en línea con el criterio adoptado por la jueza de grado- en tanto el caso no tiene su origen en el ejercicio de la función administrativa (doctr. causas B. 75.263, "Calderón", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.399, "López", resol. de 7-XI-2018 y B. 75.611, "Castro", resol. de 13-II-2019, e.o.), corresponde declarar que el asunto aquí traído debe ser resuelto por el Fuero Civil y Comercial (art. 4 inc. 1, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al que se remitirán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 2, segunda parte, Const. prov., 4 inc. 1 y 7 inc. 1 CCA).
Asimismo, líbrense oficios al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 y a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, ambos del mismo departamento judicial, para que tomen conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:15:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:21:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 18:03:23 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 08:29:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia