Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78872
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.872 “POSNIK ELENA CELIA C/ MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. La señora Elena Celia Posnik promueve demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Esteban Echeverría y el señor Sebastián Alejandro Molina, con el objeto de obtener una indemnización por las lesiones que alega haber padecido como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 2 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 13:45 horas, en la intersección de las calles Constanzo y Avenida Fair, de la localidad de Monte Grande. Asimismo, solicita se cite en garantía a Provincia Seguros SA.
Relata que aquel día se encontraba detenida a la espera del semáforo que habilitara su circulación a bordo del vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend, dominio AC274MN, de su propiedad, sobre la calle Herminio Constanzo en la intersección con la Avenida V. Fair de la localidad de Monte Grande, cuando fue embestida en la parte trasera izquierda de su rodado por un camión marca Ford modelo F14000, que contaba en sus laterales con los logos de identificación de la Municipalidad de Esteban Echeverria, conducido por el señor Molina.
Explica que el 5 de noviembre de 2021 se radicó una denuncia que dio lugar a las actuaciones “Molina, Sebastián Alejandro s/ Lesiones culposas – art 94. IPP N° PP07-03-018392-21/00”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 y el Juzgado de Garantías N°2, ambos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Finalmente, arguye que la compañía Provincia ART –a la que se encuentra afiliada por su condición de docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- solo cubrió parcialmente los tratamientos a los cuales debió someterse, como consecuencia de los daños presuntamente ocasionados a su persona en el infortunio acaecido.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyo magistrado se inhibió de entender en el pleito tras considerar que se pretendía hacer efectiva la responsabilidad del Estado por la actuación ilícita de uno de sus dependientes (v. resol. de 9-V-2023).
De esta manera, los obrados fueron remitidos al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular también se rehusó a conocer en el litigio, pues estimó que la controversia se encontraba regida por normas del derecho laboral -dado que se trataba de un accidente in itinere - y que, por ello, se hallaba expresamente excluida de su ámbito de discernimiento (v. resol. de 22-V-2023).
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En esa pieza, puntualizó que “esta parte dirige su acción resarcitoria contra los sujetos que ocasionan el hecho antijurídico, a saber: Molina Sebastián Alejandro (conductor y dependiente del titular dominial del vehículo embistente), la Municipalidad de Esteban Echeverría, en su carácter de empleador y titular dominial del vehículo que me embistió y/o contra quien resultare en definitiva propietario, usufructuario, poseedor o civilmente responsable del vehículo Marca Ford, Modelo Ford F14000, Dominio CWB888”. Por esto, sostuvo que se trataba de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado en derecho público (v. presentación electrónica de fecha 29-V-2023).
No obstante ello, el expediente fue girado al Tribunal de Trabajo N°3 de aquel departamento judicial. A su turno, sus integrantes no aceptaron la competencia que les fuera endilgada en razón de la materia.
Para así decir, y en línea con el planteo formulado por la demandante, destacaron que el “reclamo no se encuentra fundado en normativa de linaje laboral -como sostiene la propia accionante en la presentación de fecha 09/06/2023 solicitando la declinación de competencia- y siendo que el carácter con el que se incorpora a la citada en garantía Provincia Seguros SA tampoco tiene como objeto que la mencionada responda ante una cobertura de carácter laboral”. Adunaron que “no se reclama ni se plantea la inconstitucionalidad de la Ley 24.557, la cual es referenciada por el Contencioso al momento de fundar su incompetencia” ( sic , v. resol. de 19-VI-2023).
De tal modo, plantearon formalmente la contienda negativa y la sometieron ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el tratamiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
Así, la actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso si para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Bajo tales premisas, esta Corte ha resuelto que compete al fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de las controversias en las que se pretende el cobro de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito en los que resulta involucrado un vehículo de propiedad estatal, cuando el hecho ocurre con motivo o en posible ocasión del ejercicio de la función administrativa. Así por ejemplo, como cuando un patrullero que, afectado a la realización de los cometidos específicos de seguridad pública legalmente establecidos, colisiona con otro automóvil (causas B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015 y B. 75.866, "Haase", resol. de 10-VII-2019); o cuando una ambulancia estatal se ve involucrada en un siniestro vial ocurrido mientras se encontraba afectada a la realización de tareas evidentemente ligadas con la salud pública (causa B. 72.819, "Covey", resol. de 12-IV-2017).
En el caso, si bien en el escrito de demanda no se alega que el vehículo propiedad de la comuna o quien lo conducía al momento del accidente se encontrara afectado a un cometido público, centrándose la pretensión expuesta contra la municipalidad por el mero hecho de ser ella la dueña del automóvil, en esta etapa liminar del juicio es necesario ponderar que en el sub examine se trata, en esencia, de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del municipio y, en virtud de la presunción sentada en el art. 1 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, la cuestión -en definitiva- debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (causas B. 74.936, "Barrios", resol. de 28-II-2018 y B. 76.194, “Cavallo”, resol. de 30-X-2019).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe conociendo en la litis .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 y al Tribunal de Trabajo N°3, ambos del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:09:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:52:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:28 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:56 hs. bajo el número RR-732-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia